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  • Bullrich busca consenso con ministros provinciales para destrabar la reforma de la ley de Salud Mental

    Bullrich busca consenso con ministros provinciales para destrabar la reforma de la ley de Salud Mental

    La presidenta del bloque de senadores de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, mantuvo reuniones con ministros provinciales de salud y funcionarios nacionales para poder alcanzar un consenso sobre el proyecto de reforma de la ley de Salud Mental, que tiene como puntos centrales la autorización de  las internaciones “involuntarias” y la  incorporación a las adicciones a las drogas como una enfermedad de salud mental.

    Bullrich junto a la presidenta de la comisión de Salud, Ivana Arrascaeta, se reunió por Zoom con los ministros de salud de la ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos; Santa Fe; Mendoza; Corrientes; Chubut; Chaco y Jujuy.

    Indicaron que este martes a la mañana mantendrá encuentros con los ministros de salud de Salta; Santa Cruz; Río Negro; Tucumán; San Juan; San Luis; Neuquén y Misiones y a la tarde con los ministros de Buenos Aires,  Tierra del Fuego; Formosa; Santiago del Estero; La Pampa; Córdoba; Catamarca y de La Rioja.

    Bullrich destacó la necesidad de actualizar una ley que presenta “dificultades concretas para intervenir de manera temprana en situaciones graves”, ya que “la salud mental no puede seguir esperando”.

    Sostuvo que el objetivo de la reforma es “dar herramientas reales a las familias, fortalecer el trabajo interdisciplinario y permitir que el sistema pueda actuar antes de que las situaciones terminan en tragedias”.

    El Gobierno envió el 18 de abril el proyecto al Senado y tras dos reuniones informativas, realizadas el 28 de abril y el 12 de mayo, aún no se pudo alcanzar un acuerdo político entre todos los bloques, que están proponiendo diversos cambios al proyecto del Gobierno.

    En ese contexto, Bullrich llevó a cabo este lunes reuniones con los responsables de los ministerios de Salud para intentar destrabar el proyecto de reforma de salud mental.

    PROPUESTAS DE REFORMA

    Entre los cambios que se analiza establecer que en los casos de internación involuntaria se deberán requerir la firma de dos profesionales, de los cuales uno debe ser médico y en lo posible psiquiatra, en lugar de fijar  que solo lo podía hacer un psiquiatra como se establecía en el proyecto del Gobierno.

    Se mantendría que solo se podrán concretar las internaciones involuntarias  “ante riesgo grave de daño para la vida o la integridad física propia o de terceros”  y en los casos excepcionales se ampliará el plazo de 48 horas para especificar los motivos de la decisión a la justicia.

    Otro punto que se podría agregar es establecer un plan de egreso desde el diagnóstico como requisito de internación y tener una notificación con anticipación al representante legal, cónyuge conviviente, padres o hijos para coordinar las condiciones de egreso.

    También se evalúa incorporar un  artículo específico referido a consumo problemático de sustancias de menores donde se establecerá que deberán ser atendidos por equipos con formación infanto-juvenil.

    Otro punto que se analiza es mantener la prohibición de  la creación de manicomios y la internación crónica por problemática de salud mental y se eliminan los artículos referidos a la ley 26.827 sobre Comité de Tortura.

  • Senado. Bullrich busca consenso en ministros provinciales para avanzar con cambios a la ley de Salud Mental

    Senado. Bullrich busca consenso en ministros provinciales para avanzar con cambios a la ley de Salud Mental

    Con el objetivo de acelerar la firma del dictamen de comisión del proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental, la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich (Capital), encabezó este lunes el primero de una serie de reuniones con ministros de salud de las provincias, nucleados en el Consejo Federal de Salud (Cofesa).

    El acercamiento con los funcionarios busca destrabar y agilizar el consenso parlamentario para un proyecto que ha generado un importante debate y gran expectativa en el ámbito sanitario nacional.

    En el encuentro de esta tarde también participó el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, quien se sumó al encuentro virtual en el que tomaron parte con los jefes de las carteras sanitarias de la Capital Federal, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Chubut, Chaco y Jujuy.

    La ronda de consultas continuará este martes por la mañana con representantes de Salta, Santa Cruz, Río Negro, Tucumán, San Juan, San Luis, Neuquén y Misiones.

    Ese mismo martes, por la tarde, Bullrich terminará la búsqueda de puntos de acuerdo para modificar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo con los ministros de Salud de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, La Pampa, Córdoba, Catamarca y La Rioja.

    La reforma de la ley de Salud Mental fue girada por el gobierno de Javier Milei a mediados de abril último y ya fue debatido, con la presencia de una gran cantidad de expositores, en dos reuniones de un plenario de las comisiones de Salud y de Legislación General por el que desfilaron más de 70 especialistas y profesionales invitados a dar su punto de vista sobre la iniciativa.

    En la últimas semanas, el proyecto continuó debatiéndose al nivel de asesores y senadores en la búsqueda de una redacción que consiguiera el mayor consenso posible de todas las fuerzas políticas con representación en el Senado.

    A partir de esa discusión fueron incorporándose modificaciones al texto enviado por el Poder Ejecutivo, hasta que se alcanzó un borrador de dictamen, que es el texto que el oficialismo busca terminar de acordar con los ministros de salud provinciales.

    Entre las modificaciones realizadas hasta el momento figuran medidas de prevención, promoción, tratamiento y rehabilitación, así como la definición de un “piso federal obligatorio” de derechos que ningún distrito podrá perforar.

    Asimismo, se adoptan formalmente las denominadas Reglas Nelson Mandela como lineamientos esenciales para el tratamiento de las personas privadas de la libertad en el ámbito de las políticas públicas de salud mental.

    Otro de los cambios acordados es la delimitación de las adicciones dentro de la salud mental, precisando de forma directa la relación entre este ámbito y el consumo problemático de sustancias, el cual pasa a formar parte de los tratamientos formales.

    En este sentido, se reflota el concepto de “padecimiento” dentro del marco legal y se incorpora la figura de las directivas anticipadas dentro de la Ley de Derechos del Paciente, permitiendo que cualquier persona exprese su consentimiento o rechazo a tratamientos por adelantado.

    En lo que respecta a la modalidad de abordaje, el proyecto determina que los equipos interdisciplinarios se conformarán atendiendo a la disponibilidad de recursos humanos específicos de cada jurisdicción. Además, se reconoce la consulta por canales virtuales como una herramienta válida para ampliar la cobertura territorial y asegurar el acceso a la atención en zonas remotas.

    En cuanto al régimen de internaciones, se impulsan importantes modificaciones, como la exigencia de la firma de dos profesionales del servicio asistencial, uno obligatoriamente debe ser médico, preferentemente psiquiatra. Esto regirá tanto para internaciones voluntarias como involuntarias, limitando estas últimas a situaciones de riesgo grave de daño para sí mismo o para terceros.

    Para las internaciones excepcionales, se prevé la intervención asincrónica del médico psiquiatra en un plazo de 48 horas y se agrega la exigencia de un “Plan de Egreso” desde el mismo momento del diagnóstico. Al respecto, se fijan límites temporales a las internaciones prolongadas que superen los 180 días corridos y se exige notificar el alta con anticipación razonable a los parientes o representantes legales.

    El tratamiento de la niñez y adolescencia tendrá un artículo enfocado en el consumo problemático de sustancias en menores de edad. Los tratamientos serán guiados por equipos con formación infanto-juvenil y en dispositivos físicamente separados de los adultos. Se dispone, además, la coordinación entre las provincias y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF).

    Por último, el proyecto ratifica la prohibición absoluta de crear nuevos manicomios o de sostener internaciones crónicas bajo el modelo asilar, apostando en su lugar por habilitaciones de establecimientos especializados respetuosos de la dignidad del paciente.

  • Salud mental: libertarios modifican el texto original y Bullrich busca convencer a ministros provinciales

    Salud mental: libertarios modifican el texto original y Bullrich busca convencer a ministros provinciales

    La jefa de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, ya tiene en la mira un proyecto del Gobierno que, a diferencia de otros, podría traer novedades. Es el de salud mental: tras ser resistido al inicio por el kirchnerismo y observado en algunos distritos, la porteña se reunió hoy -y continuará mañana- con los ministros provinciales del área para sondear las opiniones en todo el país y anunciar los cambios que se le aplicaron al articulado original, con el fin de sumar la mayor cantidad de voluntades.

    El proyecto es analizado por las comisiones de Salud; y de Legislación General de la Cámara alta. Algunos de sus representantes participaron junto a Bullrich y el ministro de Salud nacional, Mario Lugones, en cónclaves realizados hoy por zoom con los titulares de dicha cartera de CABA, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Chubut, Chaco y Jujuy.

    Los tres libertarios continuarán mañana con los ministros de Salta, Santa Cruz, Río Negro, Tucumán, San Juan, San Luis, Neuquén y Misiones, mientras que por la tarde será el turno de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, La Pampa, Córdoba, Catamarca y La Rioja. Todos están nucleados en el Consejo Federal de Salud (COFESA). A fines de julio pasado, Infobae publicó el primer semáforo que utilizó el Gobierno para saber los puntos con consenso y los más complicados de negociar.

    Para la sección de derechos y garantías se incorporarían acciones de prevención, tratamiento, rehabilitación e inclusión comunitaria. A partir de ese piso, cada provincia podría subir la vara. También habría mejores precisiones en cuanto a consumo de sustancias y en los diagnósticos, junto con la restitución del concepto de “padecimiento”. En tanto, se detalló la modalidad de “teleconsulta” como herramienta para ampliar la cobertura territorial, así como la integración del equipo “interdisciplinario” y el consentimiento o rechazo de tratamientos por adelantado.

    Senadores - Casa Rosada - Manuel Adorni - Mario Lugones

    Para la internación, se requerirá la firma de dos profesionales del servicio asistencial, uno de los cuales deberá ser médico. A modo preferencial, un psiquiatra. En cuanto a internación involuntaria, la misma tendrá luz verde ante riesgo grave de daño para la vida o la integridad física propia o de terceros. Para las excepcionales, se admite la intervención asincrónica del psiquiatra en un plazo ampliado a 48 horas. También, se añade en el plan un límite de 180 días corridos -o acumulados en dos años por repetición de internaciones- y se regula el alta con notificación anticipada a familiares o representantes legales.

    En otro tramo del borrador se reformulan los derechos de los familiares a recibir información y orientación: se establece un deber de cuidado con definición precisa de “pariente” y se garantiza un respaldo estatal para quienes carecen de red familiar. Luego del alta, se prevén hasta seis meses de tratamiento ambulatorio con seguimiento judicial cada 30 días, de carácter obligatorio.

    Sobre poblaciones específicas y controles, el texto incorpora un artículo dedicado a niños y adolescentes con consumo problemático de sustancias, que incluye equipos especializados. Por otra parte, se prohíbe de forma expresa la creación de manicomios y la internación crónica; y se regulan las inspecciones con protocolos de dignidad y confidencialidad.

    Este medio contó, semanas atrás, que LLA escaneó la potencial voluntad de acompañamiento unánime -cambios mediante-, en un tema que suele ser delicado, para que la ley pase a Diputados con el mayor apoyo posible. Tras algunos contactos con el kirchnerismo, el oficialismo entendió que no había acuerdo cercano y ahora busca un guiño total de sus aliados. No obstante, Bullrich y Lugones se ocupan por estas horas se resumir a todos los ministros de salud provinciales las modificaciones realizadas como último paso antes de ir por la firma de un dictamen.

  • El Gobierno adjudicó 8 tramos de rutas 
nacionales por un plazo de 20 años

    El Gobierno adjudicó 8 tramos de rutas nacionales por un plazo de 20 años

    El Gobierno formalizó la adjudicación de la concesión de ocho tramos de rutas nacionales, en el marco del proceso de privatización de la empresa estatal Corredores Viales, mediante la Resolución 1379/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

    La medida, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, aprueba lo actuado en la segunda etapa de la licitación pública comunicando las empresas que pasarán a administrar ocho tramos estratégicos de la Red Federal de Concesiones – Etapa III.

    El proceso licitatorio determinó a los ganadores para la construcción, explotación, administración y mantenimiento de las rutas de jurisdicción nacional bajo el régimen de concesión por peaje por un plazo de 20 años.

    Los corredores concesionados en esta ocasión suman más de 3.900 kilómetros, atravesando distintas regiones del país, y completan un total superior a los 9.000 kilómetros adjudicados entre los distintos tramos licitados.

    En esta última etapa, las rutas concesionadas atraviesan las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Misiones y Chaco.

    Los consorcios ganadores y las tarifas adjudicadas

    1. Tramo Centro: adjudicado a la oferta presentada por Afema S.A. – Pablo Federico e Hijos S.A. – Guido Mogetta S.A., por una tarifa de $1.399.
    2. Tramo Centro Norte: adjudicado a José Cartellone Construcciones Civiles S.A., con una oferta de $2.175.
    3. Tramo Mesopotámico: adjudicado a la firma IEB Construcciones S.A. – Trading MRG S.A.U., con una tarifa de $3.564,99.
    4. Tramo Noroeste: adjudicado al consorcio Autovía Construcciones y Servicios S.A. – Vapeu S.R.L. – Guigivan S.R.L., por un valor de $2.285.
    5. Tramo Litoral: adjudicado a JCR S.A. – Néstor Julio Guerechet S.A., por una tarifa de $2.876,04.
    6. Tramo Noreste: adjudicado a Carlos e Enriquez S.A. – Hormi S.A., con un valor de $2.950.
    7. Tramo Chaco-Santa Fe: adjudicado a José Eleuterio Pitón S.A. – Rovial S.A. – Obring S.A., por una tarifa de $3.520
    8. Tramo Cuyo: adjudicado a Laugero Construcciones S.A. – Green S.A. – Corporación del Sur S.A., con una tarifa de $3.090,2462.

    La Comisión Evaluadora declaró inadmisible la propuesta presentada por el consorcio Lemiro Pablo Pietroboni S.A. – Merco Vial S.A. – Frontera S.A. para los tramos Centro Norte y Noroeste. Además, se desestimaron ofertas de peso, entre las que se destaca la de la firma CPC S.A., que había pujado por la totalidad de los ocho tramos de la licitación.

    Asimismo, se aplicó el régimen de incompatibilidades previsto en los pliegos generales, los cuales limitan la cantidad de tramos que un mismo oferente puede adjudicarse individualmente para fomentar la competencia.

    Esta adjudicación se enmarca en la Ley Bases, que declaró a la empresa Corredores Viales como “sujeta a privatización”. Posteriormente, el Decreto 97/2025 autorizó el procedimiento para su privatización total bajo la modalidad de concesión de obra pública.

    El objetivo de estas concesiones no solo abarca el mantenimiento y reparación de las calzadas, sino también la ampliación de la infraestructura y la posibilidad de realizar explotaciones complementarias que generen ingresos adicionales.

    Con esta modalidad, el Ejecutivo busca delegar en el sector privado la gestión de importantes nodos viales en busca de aplacar las crecientes quejas por el estado de las rutas que presentan falta de mantenimiento y se vuelven inseguras para transitar.

  • Ocho tramos Se completó la adjudicación de 3.920 km de rutas por peaje: los consorcios ganadores

    Ocho tramos Se completó la adjudicación de 3.920 km de rutas por peaje: los consorcios ganadores

    El Ministerio de Economía dio a conocer los consorcios a los que se adjudicaron las obras de mantenimiento por peaje de los ocho tramos que integran la tercera y última etapa de la Red Federal de Concesiones, con lo que completó la concesión de 9.000 kilómetros de rutas nacionales.

    Los adjudicatarios de los tramos  Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco-Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico, que en total suman 3.920,21 kilómetros, están detallados en la resolución 1379/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial.

    Las adjudicaciones de los tres tramos de la Red Federal de Concesiones se realizan en el marco de la política del presidente Javier Milei de transferir al sector privado la realización de la mayor parte de las obras que con anterioridad llevaba a cabo el Estado.

    Seguridad vial y costos logísticos

    Asimismo, tienen lugar en medio de varios reclamos de provincias, transportistas y entidades de defensa del usuario sobre el estado de las rutas nacionales, que presentan un nivel de deterioro con consecuencias tanto en la seguridad vial como en los costos logísticos de las empresas, en un país donde dos tercios del total de las mercaderías se traslada por medio de camiones.

    La culminación del proceso licitatorio había sido anunciada el viernes 21 de agosto en sendos posteos por los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quienes destacaron respectivamente que representa “más inversión privada, más eficiencia y mejores rutas para todos los argentinos” y que de esa manera “queda completa la transferencia al sector privado de la red troncal de rutas nacionales, un paso imprescindible para la producción y la seguridad vial”.

    Los tramos adjudicados

    Los tramos fueron licitados para la “construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento, prestación de servicios al usuario y la realización de nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje”, de acuerdo con lo indicado en el primer artículo de la resolución.

    Los recorridos atraviesan once provincias: Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.  

    El detalle de los adjudicados en el primer orden de mérito (ante eventuales desistimientos, la resolución también precisa los ubicados en segundo término) son los siguientes:

    •  Tramo Centro (rutas 9, 19 y 34; 681,92 km en Santa Fe y Córdoba): Afema S.A. – Pablo Federico e Hijos S.A. – Guido Mogetta S.A, ofertó $1.399.
    • Tramo Centro Norte (ruta 34; 536,43 km en Santiago del Estero y Santa Fe): José Cartellone Construcciones Civiles S.A., ofertó $2.175.
    • Tramo Mespotámico (rutas 18 y 12; 276,11 km en Entre Ríos): IEB Construcciones S.A. – Trading MRG S.A.U, ofertó $3.564,99.
    • Tramo Noroeste (rutas 9, 34, 66 1V66 y AO16; 596,52 km en Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero): Autovía Construcciones y Servicios S.A. – Vapeu S.R.L. – Guigivan S.R.L., ofertó $2.285.
    • Tramo Litoral (rutas 12 y 16; 546,74 km en Chaco y Corrientes): JCR S.A. – Néstor Julio Guerechet S.A., ofertó $2.876,04.
    • Tramo Noreste (rutas 12 y 105; 456,22 km en Misiones y Corrientes): Carlos E. Enriquez S.A. – Hormi S.A., ofertó $2.950.
    • Tramo Chaco-Santa Fe (ruta 11; 497,18 km en las dos provincias): José Eleuterio Pitón S.A. – Rovial S.A. – Obring S.A., ofertó $3.520.
    • Tramo Cuyo (ruta 7; 329,09 en Mendoza): Laugero Construcciones S.A. – Green S.A. – Corporación del Sur S.A., ofertó $3.090,2462.

    Todas las ofertas son sin IVA y por un plazo de 20 años.

    En un comunicado, Economía recordó que “este nuevo modelo se desarrollará sin subsidios del sector público, dejando atrás esquemas deficitarios y avanzando hacia un sistema más eficiente, orientado a mejorar la calidad de la Red Vial Nacional”.

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    El proceso licitatorio determinó a los ganadores para la construcción, explotación, administración y mantenimiento de las rutas de jurisdicción nacional bajo el régimen de concesión por peaje por un plazo de 20 años.

    Los corredores concesionados en esta ocasión suman más de 3.900 kilómetros, atravesando distintas regiones del país, y completan un total superior a los 9.000 kilómetros adjudicados entre los distintos tramos licitados.

    En esta última etapa, las rutas concesionadas atraviesan las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Misiones y Chaco.

    Los consorcios ganadores y las tarifas adjudicadas

    • Tramo Centro: adjudicado a la oferta presentada por Afema S.A. – Pablo Federico e Hijos S.A. – Guido Mogetta S.A., por una tarifa de $1.399.
    • Tramo Centro Norte: adjudicado a José Cartellone Construcciones Civiles S.A., con una oferta de $2.175.
    • Tramo Mesopotámico: adjudicado a la firma IEB Construcciones S.A. – Trading MRG S.A.U., con una tarifa de $3.564,99.
    • Tramo Noroeste: adjudicado al consorcio Autovía Construcciones y Servicios S.A. – Vapeu S.R.L. – Guigivan S.R.L., por un valor de $2.285.
    • Tramo Litoral: adjudicado a JCR S.A. – Nestor Julio Guerechet S.A., por una tarifa de $2.876,04.
    • Tramo Noreste: adjudicado a Carlos e Enriquez S.A. – Hormi S.A., con un valor de $2.950.
    • Tramo Chaco-Santa Fe: adjudicado a José Eleuterio Pitón S.A. – Rovial S.A. – Obring S.A., por una tarifa de $3.520
    • Tramo Cuyo: adjudicado a Laugero Construcciones S.A. – Green S.A. – Corporación del Sur S.A., con una tarifa de $3.090,2462.

    La ley que Caputo ignora

    El ICL tiene una afectación específica establecida por normativa: un porcentaje de lo recaudado debe destinarse al mantenimiento de las rutas nacionales a través de Vialidad Nacional. Desde diciembre de 2023, el Ministerio de Economía retiene esos fondos sin ejecutarlos en obra pública vial. Ya acumula $ 1,4 billones inmovilizados. El desvío no es una omisión administrativa: es una política deliberada que consolida el superávit fiscal con dinero que legalmente no le pertenece al Tesoro.

    Cuando se lo consultó por esta situación, el vocero presidencial Adrián Ravier no cuestionó la retención sino que la justificó: sostuvo que “el ministro Caputo lleva a cabo un proceso de transformación que ha tenido éxito en otros países, donde las rutas nacionales se hacen con inversiones privadas”. La declaración equivale a reconocer que el Gobierno optó por reemplazar la inversión pública garantizada por ley con concesiones privadas que los propios usuarios solventarán a través de peajes.

    Las consecuencias de la desinversión trascienden los siniestros viales. Si se considera que hoy circulan por la red nacional 128 millones de toneladas de carga y que las proyecciones para 2035 estiman un volumen de 194 millones de toneladas, el deterioro de la infraestructura vial implica un costo creciente sobre toda la cadena productiva: encarece el transporte, frena la competitividad y compromete el abastecimiento de insumos críticos para sectores que el propio Gobierno exhibe como motor del crecimiento. La retención del ICL no es solo una irregularidad legal: es un ajuste que recae sobre la infraestructura común para sostener un superávit que la propia deuda externa hace insostenible.


  • El Gobierno adjudicó ocho corredores viales de casi 4.000 kms y avanza con la concesión de rutas nacionales por 20 años

    El Gobierno adjudicó ocho corredores viales de casi 4.000 kms y avanza con la concesión de rutas nacionales por 20 años

    El Ministerio de Economía formalizó la adjudicación de ocho tramos de rutas nacionales a operadores privados por un plazo de 20 años, como parte de la tercera etapa de la Red Federal de Concesiones. La decisión quedó establecida en la Resolución 1379/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

    La norma lleva la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, quien había anticipado la adjudicación la semana pasada. Según detalló el funcionario, esta etapa comprende más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales, distribuidos en ocho corredores y con inversión privada.

    Privatización de rutas: el Gobierno adjudicó ocho corredores viales por 20 años

    “El sector privado realizará la operación y el mantenimiento de las trazas viales sin erogaciones del Estado Nacional“, sostuvo el Gobierno al comunicar la adjudicación. Los trazados incluidos atraviesan las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Chaco, Misiones y Mendoza. Los corredores fueron organizados en los tramos Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco-Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico.

    La concesión contempla la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de las rutas, además de la prestación de servicios a los usuarios y el desarrollo de nuevas actividades complementarias que permitan generar ingresos adicionales. Todo se realizará bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje.

    En cuanto a las adjudicaciones, el Tramo Centro fue asignado a AFEMA S.A. – Pablo Federico e Hijos S.A. – Guido Mogetta S.A., con una tarifa de $1.399 sin IVA. El Tramo Centro Norte quedó a cargo de José Cartellone Construcciones Civiles S.A., por $2.175 sin IVA, mientras que el Tramo Mesopotámico fue adjudicado a IEB Construcciones S.A. – Trading MRG S.A.U., por $3.564,99 sin IVA.

    Para el Tramo Noroeste, la oferta seleccionada correspondió a Autovía Construcciones y Servicios S.A. – Vapeu S.R.L. – Guigivan S.R.L., por $2.285 sin IVA. En el Tramo Litoral resultó ganadora la propuesta de JCR S.A. – Néstor Julio Guerechet S.A., por $2.876,04 sin IVA, mientras que el Tramo Noreste fue adjudicado a Carlos E. Enriquez S.A. – Hormi S.A., por $2.950 sin IVA.

    El Tramo Chaco-Santa Fe quedó en manos de José Eleuterio Pitón S.A. – Rovial S.A. – Obring S.A., por $3.520 sin IVA. En tanto, el Tramo Cuyo fue otorgado a Laugero Construcciones S.A. – Green S.A. – Corporación del Sur S.A., por $3.090,2462 sin IVA. Todos los contratos tendrán una vigencia de 20 años.

    La resolución también detalló las propuestas que fueron consideradas inadmisibles y luego rechazadas. Entre ellas figuran las presentadas por Lemiro Pablo Pietroboni S.A. – Merco Vial S.A. – Frontera S.A. para los tramos Centro Norte y Noroeste.

    También fueron desestimadas las ofertas de INMAC S.A. – Tecnoedil S.A. Constructora – Rowing S.A. para los tramos Centro Norte y Noreste. La UTE había reconocido, luego de la apertura de los sobres económicos, la existencia de errores en sus propuestas. La Comisión Evaluadora consideró que esa situación comprometía la seriedad e inalterabilidad de las ofertas económicas y recomendó su exclusión.

    Además, fueron rechazadas las presentaciones de CPC S.A. en los tramos en los que participó, junto con propuestas específicas de Autovía Construcciones y Servicios S.A. – Guigivan S.R.L. y de José Cartellone para el Tramo Noreste.

    El proceso de privatización de los corredores viales comenzó con el Decreto 97/2025, dictado en febrero del año pasado, que autorizó la privatización total de Corredores Viales S.A. y habilitó al Ministerio de Economía a avanzar con las licitaciones. La primera etapa, correspondiente a la precalificación de los oferentes, fue aprobada en julio de 2026.

    De acuerdo con la resolución, el dictamen de evaluación de las ofertas económicas no recibió impugnaciones dentro de los plazos establecidos en los pliegos.

    Con la adjudicación de esta tercera etapa, el Gobierno sostiene que completó la concesión de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, distribuidos en 16 tramos estratégicos. Según había señalado Caputo, por esos corredores circula cerca del 80% del tránsito nacional y la previsión oficial es que los 16 tramos estén “todos en obra” a partir de fines de septiembre.

    Los ocho corredores adjudicados

    La medida alcanza a ocho corredores: Centro, Centro Norte, Mesopotámico, Noroeste, Litoral, Noreste, Chaco-Santa Fe y Cuyo. Las concesiones tendrán una duración de 20 años.

    • Para el Tramo Centro, la concesión quedó en manos de AFEMA S.A. – Pablo Federico e Hijos S.A. – Guido Mogetta S.A., con una tarifa ofertada de $1.399 más IVA.
    • El Tramo Centro Norte fue adjudicado a José Cartellone Construcciones Civiles S.A., con una tarifa de $2.175 más IVA.
    • En el Tramo Mesopotámico, el ganador fue IEB Construcciones S.A. – Trading MRG S.A.U., con una tarifa de $3.564,99 más IVA.
    • El Tramo Noroeste quedó para Autovía Construcciones y Servicios S.A. – VAPEU S.R.L. – GUIGIVAN S.R.L., que ofertó $2.285 más IVA.
    • Para el Tramo Litoral, la adjudicación fue para JCR S.A. – Néstor Julio Guerechet S.A., con una tarifa de $2.876,04 más IVA.
    • El Tramo Noreste será operado por Carlos E. Enriquez S.A. – HORMI S.A., que ofertó $2.950 más IVA.
    • En el Tramo Chaco-Santa Fe, la concesión quedó en manos de José Eleuterio Pitón S.A. – ROVIAL S.A. – OBRING S.A., con una tarifa de $3.520 más IVA.
    • Finalmente, el Tramo Cuyo fue adjudicado a Laugero Construcciones S.A. – GREEN S.A. – Corporación del Sur S.A., con una tarifa de $3.090,2462 más IVA.

    El Gobierno busca ampliar el esquema a 9.000 kilómetros

    La Etapa III representa otro avance dentro de un programa más amplio: la Red Federal de Concesiones prevé incorporar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales estratégicas, por las que circula aproximadamente el 80% del tránsito del país, según informó el Gobierno.

    El Ejecutivo también remarcó que el nuevo modelo no contará con subsidios del sector público. “El nuevo sistema no contará con ningún subsidio por parte del sector público”, señaló el comunicado oficial, que planteó como objetivo abandonar “esquemas deficitarios” y avanzar hacia un sistema orientado a mejorar la calidad de la red vial.

    El control de los contratos quedará a cargo de Vialidad Nacional, que supervisará su cumplimiento bajo un esquema de control por resultados, con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad y niveles adecuados de servicio para los usuarios. La adjudicación de esta tercera etapa se suma a las anteriores licitaciones de la Red Federal de Concesiones y constituye uno de los principales pasos del Gobierno en su estrategia de reducir la participación directa del Estado en la operación y mantenimiento de la infraestructura vial.

  • El Gobierno adjudicó 8 corredores de rutas nacionales: cuáles son, qué compañías ganaron y por cuánto tiempo tendrán la concesión

    El Gobierno adjudicó 8 corredores de rutas nacionales: cuáles son, qué compañías ganaron y por cuánto tiempo tendrán la concesión

    El Gobierno anunció la adjudicación de 8 corredores de rutas nacionales por un periodo de 20 años. Esta decisión se oficializó la madrugada de este lunes 24 de agosto con la Resolución 1379/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial con la firma de Luis Caputo.

    La normativa indica que se les da permiso a estas empresas para la “construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento, prestación de servicios al usuario y la realización de nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje en el marco de la ley 17.520”.

    La adjudicación se dividió en ocho corredores asignados a diferentes compañías:

    – “TRAMO CENTRO: OFERTA N° 15: AFEMA S.A. – PABLO FEDERICO E HIJOS S.A. – GUIDO MOGETTA S.A.: pesos mil trescientos noventa y nueve ($ 1.399) sin IVA”.

    – “TRAMO CENTRO NORTE: OFERTA N° 40: JOSÉ CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.”.

    – “TRAMO MESOPOTAMICO: OFERTA N° 10: IEB CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA – TRADING MRG S.A.U.: pesos tres mil quinientos sesenta y cuatro con noventa y nueve centavos ($ 3.564,99) sin IVA”.

    – “TRAMO NOROESTE: OFERTA N° 38: AUTOVÍA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. – VAPEU S.R.L. – GUIGIVAN S.R.L.: pesos dos mil doscientos ochenta y cinco ($ 2.285) sin IVA”.

    – “TRAMO LITORAL: OFERTA N° 35: JCR S.A. – NÉSTOR JULIO GUERECHET S.A.: pesos dos mil ochocientos setenta y seis con cuatro centavos ($ 2.876,04) sin IVA”.

    – “TRAMO NORESTE: OFERTA N° 2: CARLOS E ENRIQUEZ SA – HORMI S.A.: pesos dos mil novecientos cincuenta ($ 2.950) sin IVA”.

    – TRAMO CHACO-SANTA FE: OFERTA N° 48: JOSÉ ELEUTERIO PITÓN S.A. – ROVIAL S.A. – OBRING S.A.: pesos tres mil quinientos veinte ($ 3.520) sin IVA”.

    – “TRAMO CUYO: OFERTA N° 46: LAUGERO CONSTRUCCIONES S.A. – GREEN S.A. – CORPORACIÓN DEL SUR S.A.: pesos tres mil noventa con dos mil cuatrocientos sesenta y dos diezmilésimos ($ 3.090,2462) sin IVA”.

    Pavimentación de rutas

    El adelanto del ministro Caputo sobre las adjudicaciones de rutas

    El pasado viernes 21 de agosto, el ministro Luis Caputo adelantó que habían asignado los ocho corredores de rutas nacionales en un extenso posteo que subió a su cuenta oficial de X.

    “IMPORTANTE. Adjudicamos la Etapa III de la Red Federal de concesiones: más de 3.900 km de rutas nacionales, distribuidos en 8 tramos estratégicos, con inversión 100% privada”, escribió el funcionario. Y luego detalló: “Los tramos adjudicados son:

    – Centro: RN 9, 19 y 34. Santa Fe y Córdoba.

    – Mesopotámico: RN 12 y 18. Entre Ríos.

    – Centro Norte: RN 34. Santa Fe y Santiago del Estero.

    – Noroeste: RN 9, 34, 66, 1V66 y A-016. Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero.

    – Litoral: RN 12 y 16. Corrientes y Chaco.

    – Noreste: RN 12 y 105. Misiones y Corrientes.

    – Chaco–Santa Fe: RN 11. Santa Fe y Chaco.

    – Cuyo: RN 7. Mendoza”.

    Posteo Luis Caputo

    El ministro cerró su posteo afirmando: “Con esta adjudicación, completamos más de 9.000 km de las principales rutas nacionales que estarán todos en obra a partir de fin de Septiembre: 16 tramos estratégicos, por donde circula cerca del 80% del tránsito del país. Más inversión privada, más eficiencia y mejores rutas para todos los argentinos”.

  • Cómo era la maniobra en comedores escolares que destapó un escándalo de corrupción en la ciudad más pobre del país

    Cómo era la maniobra en comedores escolares que destapó un escándalo de corrupción en la ciudad más pobre del país

    La Justicia de la provincia de Entre Ríos avanza con la investigación contra la ex titular de la Dirección de Comedores de la ciudad de Concordia, Silvina Murúa, por el desvío de fondos para la compra de alimentos en 37 escuelas de esta localidad. En los últimos días, se conoció que las irregularidades superaron los $100 millones y ahora se supo cómo eran las maniobras para quedarse con el dinero.

    Todo se destapó en los últimos días, con un sistema que era utilizado hasta agosto de este año, con la entrega de tarjetas de compra SIDECREER que debían utilizarse para la compra de alimentos destinados al desayuno, almuerzo y/o merienda, dependiendo de cada institución. Este proceso tenía como espíritu que los encargados de los comedores escolares puedan realizar estas compras en los almacenes cerca de cada escuela.

    Sin embargo, una investigación llevada a cabo por la Dirección de Comedores de la provincia realizó una auditoría sobre los establecimientos educativos de la ciudad de Concordia y descubrieron que había diferencias entre lo que decían las facturas y los remitos de las compras en 37 instituciones. Estas irregularidades alcanzaron la suma total de $103.738.136.

    Imagen de un comedor escolar. (Europa Press)

    Según pudo saber Infobae, esta maniobra habilitaba a que los apoderados pudieran disponer del dinero confiando en su buena voluntad. “Es una maniobra muy sencilla”, señaló una fuente que siguió de cerca la investigación. Fue acá que apareció el nombre de la coordinadora de la Dirección de Comedores en esta localidad, Silvina Murúa.

    De acuerdo con la acusación que lleva adelante la Unidad Fiscal de Concordia, a cargo de la fiscal Daniela Montangie, desde enero del 2024 el operativo estuvo a cargo de Murúa, junto a sus hermanos Adrián y Vanesa, y su cuñado Esteban Godoy, que eran parte de la misma entidad. Según señalaron, llevaban adelante maniobras de intimidación o persuasión de manera constante, habitual y reiterada para que los encargados de los comedores escolares realicen compras a una determinada firma.

    La empresa “Ahora Voy SRL”, que pertenecía a dos hermanos identificados como Iñaki P. y Martín P.; era donde se tenían que realizar todas las compras. Incluso, señalaban que muchas veces las tarjetas con sumas de dinero que superaban el millón de pesos quedaban en manos de estos y eran quienes disponían de los fondos. Por último, aparece un séptimo sujeto que no tenía una función formal dentro de la Dirección de Comedores, pero era quien llevaba grandes cantidades de dinero a Murúa.

    Investigan maniobras de corrupción en Concordia

    Infobae accedió a una serie de chats que tuvo Murúa con su hermana Vanesa, en donde habla de unos cuadernos que llevan “las de Paraná”, haciendo referencia a gente de la administración de Rogelio Frigerio. “Si ven el de Ruben nos descubren todo boluda”, es una de las frases que se lee en el intercambio.

    En esa línea, también aparece un intercambio entre la ex funcionaria e Iñaki, donde hablan del pago de un préstamo de una casa y de qué escuela puede sacar el dinero. La respuesta de Murúa da una cifra específica. La justicia investiga si se utilizó dinero destinado a los comedores para la compra de inmuebles, viajes y ropa.

    Justamente, la calificación legal que la Fiscalía atribuyó a estas conductas abarca tres figuras en concurso real: peculado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y asociación ilícita.

    Investigan maniobras de corrupción en Concordia

    El escándalo surge en la ciudad con el mayor porcentaje de personas pobres en todo el país. Según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC correspondientes al segundo semestre de 2025, Concordia registra un 49,9% de personas pobres y un 13,6% en situación de indigencia.

    En junio de 2025, una auditoría previa sobre 21 establecimientos ya había detectado $66.143.225 sin justificación adecuada de uso, lo que derivó en la remoción de Murúa por parte del gobernador Rogelio Frigerio.

    Las señales que dispararon la investigación más reciente surgieron al comparar las nóminas de beneficiarios con las partidas asignadas: aparecieron incrementos injustificados en la cantidad de alumnos registrados y diferencias entre el dinero girado y las necesidades reales de cada establecimiento.

    Los registros mostraban además casos en los que la totalidad de la partida era consumida en un solo día y una concentración de las compras en apenas tres proveedores. Ante el requerimiento de los auditores, se informó que los cuadernos de menú de octubre y noviembre de 2024 habían sido destruidos por roedores; días después fueron presentados nuevos cuadernos acompañados por remitos recién confeccionados.

    Murúa es de origen radical y fue impulsada por el diputado Marcelo López

    Murúa es de origen radical. Pertenece al grupo político del presidente del bloque oficialista de Juntos por Entre Ríos, Marcelo López. Según confirmaron fuentes gubernamentales a Infobae, fue el legislador (oriundo de Concordia) quien pidió la designación de Murúa en ese cargo.

    En una entrevista del año pasado, negó las acusaciones y afirmó haber sido ella quien alertó sobre las irregularidades desde el principio. Sostuvo que el 7 de marzo de 2025 realizó la primera denuncia por malversación de fondos junto al diputado Marcelo López, que en agosto amplió esa presentación y que, pese a haber advertido a funcionarios provinciales, nadie actuó.

    “Creo que hay muchos que sabían y no hicieron nada. Que miraron para otro lado. Y ahora, cuando todo explota, necesitan a alguien que caiga. Y me eligen a mí”, declaró en diálogo con un medio local.

  • Por temor al kirchnerismo. Los votantes de Pro apoyan una alianza nacional con LLA para 2027, según consultores

    Por temor al kirchnerismo. Los votantes de Pro apoyan una alianza nacional con LLA para 2027, según consultores

    “Pónganse de acuerdo porque en 2027 no se puede perder”. Así resumiría hoy un votante de Pro su postura frente a los líderes de su espacio y de La Libertad Avanza (LLA). Es que, de cara a las próximas elecciones presidenciales, la mayor parte del electorado amarillo desea que se conforme una alianza entre ambos partidos, según coincidieron los especialistas consultados por LA NACION.

    Aunque muchos preferirían competir con un candidato propio, el antikirchnerismo y el temor a que una oferta “populista” vuelva al poder pesan más que esa vocación identitaria y las diferencias que conservan con el Gobierno. Esta postura del electorado macrista está en sintonía con los movimientos recientes de la dirigencia de Pro.

    Tras meses de actos partidarios en los que el expresidente Mauricio Macri cuestionó al oficialismo, y después del lanzamiento de la precandidatura presidencial del exministro de Economía Hernán Lacunza, Macri y Karina Milei retomaron el contacto. De esa comunicación surgió una mesa de diálogo entre ambos espacios, que comenzó a reunirse semanas atrás −cuando los diputados nacionales de Pro Cristian Ritondo y Fernando de Andreis se encontraron con referentes libertarios en la Casa Rosada– y que, según anunciaron, se repetirá cada 15 días.

    Mesa de diálogo entre Pro y el Gobierno: Cristian Ritondo, Eduardo "Lule" Menem, Diego Santilli, Fernando de Andreis y Martín Menem
    Mesa de diálogo entre Pro y el Gobierno: Cristian Ritondo, Eduardo “Lule” Menem, Diego Santilli, Fernando de Andreis y Martín MenemPresidencia

    A nivel nacional, alrededor del 60% del electorado amarillo prefiere un acuerdo con LLA, según indicó Federico Aurelio, presidente de la consultora Aresco. “Entre los votantes de Pro, hoy hay más acuerdo que desacuerdo”, sintetizó.

    La cifra desciende en la ciudad de Buenos Aires, bastión del macrismo. En la Capital, los votantes amarillos que apuestan por una alianza electoral y los que se oponen a ella representan una proporción similar.

    Por su parte, Mora Jozami, titular de la consultora Casa Tres –que trabaja habitualmente con Pro–, explicó que al electorado amarillo lo une, sobre todo, el deseo de que el kirchnerismo no vuelva al poder. No quieren que se repita el escenario de 2019, cuando Macri, derrotado por Alberto Fernández, no logró su “segundo tiempo”.

    “Una porción de ese electorado prefiere tener candidato propio por las diferencias que tiene con el Gobierno, pero ese deseo no es mayor que el miedo al kirchnerismo”, resumió Jozami.

    La misma disyuntiva que atraviesa al electorado se replica en la dirigencia de Pro. Por un lado, los mandatarios provinciales del espacio –Jorge Macri (ciudad de Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut)–, junto con el titular del partido en la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, impulsan un acuerdo con LLA en sus respectivos distritos.

    Del otro lado están quienes se oponen a esa estrategia y promueven un armado propio: Hernán Lacunza, que insiste en que no bajó su precandidatura presidencial; el jefe del bloque de Pro en el Senado, Martín Goerling; y la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, entre otros.

    Hernán Lacunza anunció su vocación de ser candidato a presidente por Pro
    Hernán Lacunza anunció su vocación de ser candidato a presidente por ProSantiago Filipuzzi

    En el medio, Mauricio Macri hace equilibrio entre ambas posiciones. Mientras cuestiona públicamente al Gobierno y busca mostrar músculo político propio, habilita que referentes del espacio reactiven el diálogo oficial con Balcarce 50.

    Federico Zapata, director de la consultora Escenarios, coincidió en el diagnóstico: “De cara al año que viene, el electorado de Pro prefiere un acuerdo. A este votante le entusiasma una oferta electoral conjunta que combine el liderazgo de Javier Milei con la tecnocracia y los equipos técnicos de Pro”.

    “Este electorado pide: ‘pónganse de acuerdo, intégrense, porque no se puede perder’”, sintetizó.

    Mauricio Macri saluda a Javier Milei en su asunción presidencial, con Axel Kicillof a su derecha
    Mauricio Macri saluda a Javier Milei en su asunción presidencial, con Axel Kicillof a su derechaAnibal Greco – LA NACION

    Zapata también señaló que el surgimiento de Milei produjo una “metamorfosis” en el núcleo amarillo, que pasó de ser un votante de centroderecha republicano a convertirse en uno más alineado con las transformaciones económicas radicalizadas que impulsa el Gobierno.

    Lucas Romero, titular de Synopsis Consultores, aportó números concretos. En julio, Pro alcanzó los diez puntos de intención de voto, su mayor nivel en el último tiempo. Tras el acercamiento con LLA, esa cifra cayó casi cuatro puntos, mientras que la libertaria creció dos. El consultor interpretó que ese traspaso podría corresponder a votantes que hubieran optado por Pro, pero que ante la posibilidad de un acuerdo eligen directamente a LLA.

    Los seis puntos restantes, explicó, serían el núcleo duro que votaría a un candidato propio de Pro y que no busca un acuerdo, sino mantener su independencia.

    Sin embargo, frente a un escenario de balotaje entre Javier Milei –lanzado a la reelección– y Axel Kicillof –que construye su proyección hacia una eventual candidatura presidencial–, el 71% de los votantes de Pro optaría por el libertario, el 23,7% votaría en blanco y apenas el 3% elegiría al candidato peronista.

    Romero lo resumió así: “Hay una parte del electorado de Pro que está de acuerdo con una alianza. Otra porción es reacia al acuerdo, pero votaría a Milei frente a Kicillof en un balotaje. Y hay un grupo minoritario que no quiere saber nada con Milei”.

    Cálculos electorales

    Juan Germano, director de la consultora Isonomía, identificó a un segmento particular del electorado: los “siperistas”, ciudadanos que coinciden con el rumbo económico del Gobierno –la baja de la inflación, el orden fiscal, el superávit–, pero cuestionan, sobre todo, las formas del Presidente.

    Según el consultor, este segmento tiene “perfume amarillo”: simpatiza con ese color político, aunque su voto dependerá de si percibe que apoyar a Pro pone en riesgo el rumbo general, es decir, si lo considera “electoralmente contraproducente”.

    Si ese votante terminará prefiriendo un acuerdo o no dependerá, según Germano, del rumbo de los próximos meses y de cómo se perciba la competitividad de los partidos: “El ‘siperista’ puede premiar o castigar al propio espacio según la posibilidad de ganar o de ser contraproducente”.

    Meses atrás, esta tensión ya se había hecho pública en la dirigencia. Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, planteó que una candidatura del expresidente dividiría a la derecha y sería funcional al kirchnerismo. Macri y Ritondo salieron al cruce: “Preguntale a Cristina si favorecimos al kirchnerismo”, ironizó el líder de Pro. “Nunca fuimos funcionales al kirchnerismo”, agregó el diputado.

    La Libertad Avanza selló acuerdos electorales con Pro para las elecciones legislativas de 2025
    La Libertad Avanza selló acuerdos electorales con Pro para las elecciones legislativas de 2025Ricardo Pristupluk

    Germano dejó, además, una advertencia final: “El ‘siperista’ es un un ciudadano que no necesariamente vota”.