Tag: Entre Ríos

  • “El sistema de salud está quebrado”: la dura advertencia de las obras sociales provinciales

    “El sistema de salud está quebrado”: la dura advertencia de las obras sociales provinciales


    Los representantes de las obras sociales de las provincias se reunieron este miércoles en la ciudad de Buenos Aires para analizar las dificultades que afrontan para lograr financiamiento y coberturas en distintas especialidades y advirtieron que “el sistema de salud hoy está quebrado”.

    Y eso ocurre “no solo con las obras sociales, sino que con las prepagas también”, señaló durante la reunión de la junta directiva del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales (Cosspra), el representante de la ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor.

    En la reunión, que se realizó en un hotel de Monserrat, los referentes de las obras sociales de las 24 provincias analizaron la situación actual del sector con miras al Quinto Congreso Nacional que realizaran a fines de octubre, en Puerto Iguazú, Misiones.

    A modo de encuentro preparatorio para el Congreso previsto para el 28 y 29 de octubre, los directivos provinciales debatieron sobre cuestiones a resolver como las complicaciones para el financiamiento eficiente de las obras sociales, la cuestión de la discapacidad, tratamientos prolongados y enfermedades poco frecuentes.

    El presidente del Consejo, el mendocino Carlos Funes (de Osep) remarcó que los representantes de las obras sociales provinciales que se reunieron este miércoles eran “responsables de 7,2 millones de personas” afiliadas en todo el país a los distintos servicios de salud.

    En ese sentido, destacó la relevancia del sector sanitario para las estrategias de desarrollo y sostuvo que en general “siempre se habla de la economía y de la importancia de los sectores productivos pero no se habla de la salud” para salir adelante.

    El anfitrión del encuentro, el porteño Alejandro Amor (de Obsba) reclamó a su vez “una decisión política contundente” para mejorar la situación actual del sector porque, alertó, “el sistema de salud hoy está quebrado y no sólo las obras sociales, sino que afecta a las prepagas también¨.

    Y, sostuvo que además afrontan “un problema estructural de financiamiento” porque actualmente “los trabajadores del sector municipal de las distintas dependencias de la Ciudad no pasan a planta permanente”, con lo cual no llegan a afiliarse a las obras sociales que se ven impedidas de contar con el aporte de sus ingresos.

    El tema de la discapacidad también figuró entre las preocupaciones de los directivos de las obras sociales y, en ese sentido, el vicepresidente del Consejo, el misionero Lisandro Benmaor (de IPS) llamó a “hacer una hoja de ruta para que el Gobierno Nacional tome cartas en este asunto”.

    Ante ello, Amor apuntó a la necesidad de “financiamiento nacional” en el tema y dijo que si bien está garantizado “el compromiso solidario de nuestra parte” no está claro “hasta donde alcanza el servicio de nuestra prestación sin la ayuda del Gobierno”.

    El Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales funciona con la adhesión de todas las provincias desde hace unos 40 años y es una institución civil sin fines de lucro, que agrupa a todas las obras sociales que brindan cobertura en salud a más de siete millones de afiliados.

    Como sistemas solidarios de salud, las obras sociales funcionan con el aporte que hace cada trabajador del estado afiliado en relación a su ingreso en distintos estamentos de la administración pública y buscan garantizar el acceso igualitario a la salud para este sector de los empleados públicos que, según la Cosspra, representan el 16 % de la población argentina.

    El consejo nació con un interés federal para vincular las obras sociales de las provincias y coordinar convenios de atención recíprocos entre las cinco regiones que la integran: NOA, NEA, Centro, Cuyo y Sur.

    Cobertura de salud, prevención y regulación, los temas para el nuevo Congreso

    En la reunión de este miércoles, los directivos de las obras sociales comenzaron a diseñar la agenda de actividades del Congreso de octubre y adelantaron que se centrará en los desafíos que atraviesan al sistema sanitario y a la seguridad social, con eje en la prevención y la regulación de las políticas de salud a nivel federal.

    Directivos del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales en su reunión en Buenos Aires

    En ese marco, el mendocino Funes señaló que se dejó el carácter bianual del Congreso por la velocidad de los cambios que atraviesa el sector. Y, apuntó que “dos años era mucho tiempo. Pasan tantas cosas que hay que tomar decisiones y el Congreso es un buen espacio para reunir a todas las partes”.

    Por eso, para el encuentro en Puerto Iguazú planean armar mesas de debate sobre cobertura de salud, prevención, sistemas de salud y aportes del futuro, regulación y control, además de un espacio específico para analizar la federalización de las políticas sanitarias con participación de ministros de Salud provinciales.

    También tendrán un lugar destacado la integración del sistema y las estrategias para reducir la fragmentación, junto con el análisis del financiamiento, el rol de los distintos actores y los posibles cambios en materia de aseguramiento.

    La prevención será otro de los ejes. Se abordarán tanto las estrategias de prevención primaria y secundaria como el seguimiento de enfermedades crónicas, entre ellas la diabetes, y la prevención en personas mayores, con una mirada puesta también en la calidad de atención y la sustentabilidad del sistema.

    El Congreso incorporará, además, una perspectiva internacional sobre regulación y control de los sistemas sanitarios, a partir de la presentación de un modelo de supervisión y utilización de datos para orientar la toma de decisiones.

    De la reunión, también participaron los representantes de las Obras Sociales Provinciales de los distintos rincones del país: Martín Baccaro, por Salta; Miguel Arnaudo, por Chubut; Claudia Ortiz, por La Rioja; David Arias, por Jujuy; Ivanna Porro, por Río Negro; Fernando de Carlo, por Tierra del Fuego; Graciela Muratore, por Santiago del Estero; Graciela Barbosa, por Formosa; Rafael Meneses, por Chaco; la Dra. Cecilia Sarmiento, por San Juan; Juliana Gatica, por San Luis; Valeria Ovadilla, por Neuquén; Homero Giles y Nils Picca, por la provincia de Buenos Aires; Nolasco Salazar, por Santa Fe; Elena Hurtado, por Tucumán; Leopoldo Marchetti, por Catamarca; Natalia Lucazevich, por Corrientes; Fabio Kulhawy, por La Pampa; Mariano Gallegos por Entre Ríos; y las autoridades de ObSBA, Eduardo Barragán, Christian Devia y Martín Ibañez.

  • Entre Ríos eliminó las pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores

    Entre Ríos eliminó las pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores

    2 de septiembre 2026 – 17:48

    El proyecto fue impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio y obtuvo 30 votos positivos y ninguno negativo en la Cámara de Diputados local. El sistema garantizaba un pago equivalente al 75% de la remuneración correspondiente al cargo.

    La Cámara de Diputados de Entre Ríos sancionó definitivamente este miércoles la ley impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio que deroga el régimen de pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores, vigente desde 1965. La iniciativa fue aprobada por 30 votos afirmativos y ninguno negativo.

    La norma pone fin a más de seis décadas de un régimen establecido por la Ley 4.506, que otorgaba a quienes hubieran ejercido la Gobernación o la Vicegobernación una pensión equivalente al 75% de la remuneración correspondiente al cargo.

    Rogelio Frigerio celebró la aprobación

    Frigerio había enviado el proyecto a la Legislatura al comienzo de su gestión, como parte de una agenda orientada a reducir los privilegios asociados a la función pública y avanzar hacia una administración más austera y transparente.

    “Pusimos fin a más de 60 años de pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores. Alicia Aluani y yo vamos a ser los primeros alcanzados por esta decisión. Un compromiso más que asumimos y cumplimos”, afirmó el mandatario después de la sanción.

    La derogación tendrá un efecto inmediato sobre las actuales autoridades provinciales: tanto Frigevitalicia rio como la vicegobernadora Alicia Aluani serán los primeros mandatarios entrerrianos que finalizarán sus funciones sin adquirir el derecho a una pensión por haber ocupado esos cargos.

    “Desde el primer día venimos eliminando los privilegios de la política y ordenando el Estado para ponerlo nuevamente al servicio de los entrerrianos”, sostuvo Frigerio. Y agregó: “Estoy convencido de que, si queremos cambiar la forma de gobernar, el cambio tiene que empezar por quienes tenemos la responsabilidad de hacerlo”.

    La eliminación del beneficio se suma a otras medidas implementadas por la administración provincial desde diciembre de 2023. Según el Gobierno entrerriano, durante la gestión se redujo prácticamente a la mitad la cantidad de cargos políticos y se eliminó un nivel completo de la estructura jerárquica del Estado.

    También se eliminaron los gastos reservados y se adoptaron medidas sobre sobresueldos y acumulación de remuneraciones. A esto se sumaron una reducción de las adscripciones y nuevas herramientas destinadas a transparentar la nómina de empleados, los salarios y las declaraciones juradas de los funcionarios.

    En paralelo, la gestión de Frigerio impulsó una reforma política y electoral, la implementación de la Boleta Única de Papel, una Ley de Transición de Gobierno y distintas iniciativas vinculadas con la ética pública, el acceso a la información y la transparencia administrativa.

  • Frigerio puso fin a las pensiones vitalicias para gobernador y vice de Entre Ríos

    Frigerio puso fin a las pensiones vitalicias para gobernador y vice de Entre Ríos

  • Martín Llaryora anunció una nueva ley de Promoción Industrial con beneficios fiscales para pymes y empresas

    Martín Llaryora anunció una nueva ley de Promoción Industrial con beneficios fiscales para pymes y empresas

    El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció que enviará a la Legislatura un nuevo proyecto de ley de Promoción Industrial, que contempla diversos beneficios fiscales para pymes industriales y compañías del sector, incluyendo eximición de IIBB y recompensas para las firmas que contraten trabajadores.

    Llaryora dio a conocer la noticia al presidir un acto en la sede de la Unión Industrial de Córdoba (UICba) en el marco del Día de la Industria. “Qué mejor manera de celebrar el Día de la Industria con mejoras necesarias para acompañar a este importante sector productivo de Córdoba”, dijo el mandatario.

    El jefe provincial indicó que la nueva Ley de Promoción Industrial Unificada para ampliar el beneficio de Ingresos Brutos Cero con el objetivo que puedan acceder pymes industriales que $4.500 millones anuales, elevando el límite actual de $3.200 millones.

    “Así, más empresas cordobesas tendrán mejores condiciones para invertir, ampliar su producción y sostener y generar empleo privado formal”, afirmó.

    A la vez, anticipó que simplificarán el acceso a los beneficios: “Las pymes que realicen una inversión en activos fijos equivalente o superior al 1,20% de la base imponible de Ingresos Brutos del ejercicio anterior podrán incorporarse mediante un trámite automático, más ágil y dinámico”.

    “Queremos menos burocracia y más herramientas para producir. El Estado tiene que acompañar a quienes arriesgan, invierten y generan trabajo, facilitando su crecimiento y no poniéndoles obstáculos”, completó Llaryora.

    Los anuncios fueron realizados en el marco del Día de la Industria.

    Los anuncios fueron realizados en el marco del Día de la Industria.

    La nueva ley establece además un Régimen General para proyectos de mayor impacto, con 10 años de exención del 100% en los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario. Paralelamente, señaló que durante un año se aplicará un subsidio equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil por cada nuevo trabajador incorporado.

    “Los proyectos que se instalen en Parques Industriales o se radiquen en las zonas estratégicas del norte y sur-sur provincial podrán acceder a beneficios fiscales durante 15 años y a dos años de subsidio por cada nuevo puesto de trabajo”, indicó.

    La semana pasada, Llaryora se reunió en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Diego Santilli. El mediterráneo estuvo acompañado por Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), sus pares de la Región Centro.

    Allí analizaron un esquema de alivio en las tarifas de las industrias mediante la modificación del esquema de Gran Usuario de las Distribuidoras (GUDI), un sistema que abarca a aquellas firmas que consuman una potencia mayor o igual a 300 Kw.

    Críticas al Gobierno en el Día de la Industria

    El acto central por el Día de la Industria estuvo a cargo de la Unión Industrial Argentina (UIA), que apuntó sus cañones contra la administración libertaria.

    En un evento que tuvo muy escasa presencia de funcionarios del Gobierno nacional, Martín Rappallini, el titular de la entidad, pidió respeto para los que producen y alertó sobre la caída de la actividad y la destrucción de puestos de trabajo.

    “Debemos dejar atrás las descalificaciones y las agresiones hacia quienes producen. Podemos tener diferencias, incluso debatir qué políticas necesita la Argentina, pero el respeto tiene que ser parte fundamental de nuestra convivencia democrática”, dijo el Rappallini, en una indirecta alusión al presidente Javier Milei, que en reiteradas ocasiones insultó a empresarios, y al ministro Luis Caputo, que trató de “tarados” a los que proponen políticas para favorecer a la industria.

    En un contexto en el que algunos sectores del empresariado industrial piden elevar el tono, el titular de la UIA propuso “construir un puente” para atravesar la transición económica “de la estabilización hacia el crecimiento” y habló de la necesidad de contar con instrumentos que permitan sostener la actividad sin comprometer el orden macroeconómico. “La economía no puede medirse solamente por la inflación”, dijo Rappallini.

    El acto por el Día de la Industria.

    El acto por el Día de la Industria.

    En ese sentido, dijo que ese puente implicaría “reconstruir el crédito, acelerar la reducción del costo argentino, combatir la competencia desleal y el contrabando, garantizar el abastecimiento de la energía a precios competitivos en todo el territorio nacional, facilitar la baja de la morosidad, generar la infraestructura necesaria para exportar y consolidar la modernización laboral”.

    Más duro fue Guillermo Moretti, número dos de la UIA, quien afirmó en referencia al Gobierno: “Esta gente no conoce el país, no sabe lo que es una fábrica”.

    “Debe saber mucho de finanzas porque sus finanzas personales aumentaron un año un 37% en dólares. Y a la Argentina en ese año la endeuda. ¿Por qué no usará lo mismo que usa para él para nuestro país?”, lanzó.

  • Uruguay confirma que va a relocalizar la planta de hidrógeno verde que era rechazada por la Argentina

    Uruguay confirma que va a relocalizar la planta de hidrógeno verde que era rechazada por la Argentina


    El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, confirmó este miércoles que el presidente Yamandú Orsi dispuso “relocalizar” la planta de hidrógeno verde que la empresa HIF Global planeaba instalar en la localidad de Paysandú, frente a la entrerriana de Colón, lo que generó un reclamo ante la justicia argentina.

    Lubetkin hizo el anuncio poco antes de una conferencia de prensa junto al canciller Pablo Quirno, quienes participan en Montevideo de una reunión de cancilleres del Mercosur.

    “El presidente de la República nos dio instrucciones precisas para relocalizar esa planta”, sostuvo el ministro uruguayo ante la prensa y destacó que ambas partes están “haciendo esfuerzos grandes para ser muy concretos y no hablar tanto” y para “evitar todo tipo de problemas”.

    Y, añadió que se recibieron solicitudes del canciller argentino y de autoridades de Entre Ríos y Colón para evitar “la contaminación visual” que representaría la instalación de esta planta.


    Con una inversión total prevista de 5.385 millones de dólares, estaba previsto que el proyecto de HIF se instalara a 15 kilómetros de Paysandú y a tres kilómetros de la costa de Colón e incluyera un parque de energía solar, uno eólico y una planta para producir hasta 876.000 toneladas de metanol por año a partir de hidrógeno verde.


    Según datos de HIF, el proceso de obtención de la autorización ambiental por parte de Uruguay se inició en el primer trimestre de 2024; en el cuarto trimestre de 2025 se obtuvo la viabilidad ambiental de ubicación (VAL); y el pasado 13 de marzo la empresa presentó ante el Ministerio de Ambiente de Uruguay la solicitud de autorización ambiental previa de la planta de combustibles.

    La demanda que se tramita en tribunales argentinos fue presentada el pasado 12 de marzo por los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay y el senador nacional Adán Bahl, de la provincia argentina de Entre Ríos, fronteriza con Uruguay. Se trata de una demanda civil de prevención de daños y perjuicios.

    Noticia en desarrollo … con información de EFE

  • En medio de las negociaciones con LLA, el PRO advierte por el desempleo y la situación de las provincias

    En medio de las negociaciones con LLA, el PRO advierte por el desempleo y la situación de las provincias

    Como es habitual, la escudería fundada por Mauricio Macri sentó posición sobre la coyuntura a través del informe mensual de la Fundación Pensar. El mismo se titula “Una Argentina partida” y aborda distintos componentes económicos, con eje en la situación laboral de las jurisdicciones subnacionales, definiendo las ganadoras y las perdedoras de modelo libertario.

    Al respecto, pone el acento en que, a mayo de 2026, el país registraba aproximadamente 241.000 asalariados privados registrados menos que en noviembre de 2023, una caída del 3,8% y que solamente Neuquén (+7,6%), Río Negro (+3,4%) y San Juan (+0,4%) habían logrado superar los niveles de empleo privado registrados al inicio del período.

    En la misma tónica, señala que la actividad económica presenta una fractura similar, ya que en 2024 solamente cinco jurisdicciones registraron crecimiento: Neuquén (+11,3%), Córdoba (+4,5%), Santa Fe (+3,1%), Entre Ríos (+0,4%) y La Pampa (+0,4%). En el otro extremo se ubicaron Tierra del Fuego (-13,1%), Formosa (-12,9%), Jujuy (-9,5%), San Luis (-8,8%) y Chaco (-6,3%).

    Vaca Muerta, el motor del crecimiento neuquino.

    Vaca Muerta, el motor del crecimiento neuquino.

    De acuerdo al informe de Pensar, los casos fueguino y santacruceño son los que revisten mayores señales de alerta, ya que conservan indicadores relativamente altos en algunas dimensiones, “pero muestran una trayectoria negativa en actividad, empleo, situación fiscal o seguridad”. Por el contrario, reporta mejoras sociales “importantes” en varias provincias del Norte, que todavía conviven “con una baja densidad empresarial y escaso empleo privado formal”.

    “Las provincias del centro rural y de la región cordillerana se posicionan como las mejor ubicadas para capturar los beneficios incipientes. En contraste, los grandes centros urbanos (GBA, Córdoba y Santa Fe), más dependientes del mercado interno, enfrentan un escenario menos favorable“, subraya el documento. Señala, además, que el nuevo mapa productivo encuentra realidades muy diferentes: “La informalidad alcanza el 60% del empleo en Tucumán y San Juan, el 56% en Formosa, el 55% en Santiago del Estero y el 53% en Corrientes”.

    Acto seguido, detalla que las provincias con mayor peso de los sectores pujantes se encuentran en una “situación más ventajosa”, debido a que el mayor dinamismo productivo se traduce en más recaudación de tributos propios y regalías (los ingresos de Neuquén aumentaron 9% real en el último año, vs 1% las provincias en su conjunto). Y completa: “A esto se suma que las inversiones aprobadas bajo el RIGI se concentran en las provincias con mejores perspectivas, profundizando la divergencia”.

    Por otra parte, los datos arrojan una importante dispersión en el achicamiento del gasto. San Luis redujo el gasto real 28%, Catamarca y La Rioja 21%, Salta y San Juan 16%, Buenos Aires 15% y Mendoza 14%. En sentido contrario, Neuquén aumentó 16%, Chubut 5% y CABA 3%. Entre Neuquén y San Luis hay 44 puntos porcentuales de diferencia en la estrategia de gasto. El consolidado cayó alrededor de 12%.

    Ganadores y perdedores

    Pensar destaca que Córdoba es la jurisdicción con la combinación más equilibrada entre crecimiento, situación fiscal, educación y evolución social, mientras que CABA sobresale como “el caso de mayor fortaleza estructural del país”.

    Asimismo, Río Negro se consolida como un nuevo polo de inversión y empleo y San Juan aparece como una de las provincias con mayor potencial de transformación por el desarrollo minero, la creación de empleo privado y la mejora de sus indicadores educativos. Santa Fe, por su parte, muestra una recuperación productiva y social significativa.

    Entre Ríos, afirma, presenta una trayectoria de avance moderado pero consistente, ya que fue una de las únicas cinco jurisdicciones que lograron crecer en 2024. Por último, Chubut conserva una de las bases económicas y sociales “más fuertes del interior del país”.

    Más allá de los datos, el informe pone en valor a los gobernadores de la escudería amarilla: Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut) y Jorge Macri (CABA), tres caciques que el año próximo intentarán defender sus terruños y que deberán definir si cierran filas con La Libertad Avanza (LLA) o juegan de manera autónoma.

    Por el contrario, el trabajo remarca a San Luis y a Formosa como casos de orden en las cuentas públicas pero sin un crecimiento acorde, consecuencia de la falta de una base privada o productiva que acelere la expansión. A la par, identifica a Chaco, Corrientes, Tucumán, Misiones, Santiago del Estero y La Rioja como “atrapadas en una bajísima densidad empresarial (pocas empresas por habitante) y alta informalidad laboral”.

    Presión a La Libertad Avanza

    El informe amarillo llega en plenas negociaciones entre La Libertad Avanza y la escudería de Mauricio Macri. Semanas atrás, las partes conformaron una mesa de diálogo que se reúne cada 15 días en la Casa Rosada. La parte violeta es representada por Martín y Eduardo “Lule” Menem, mientras que el macrismo tiene como interlocutores a Cristian Ritondo y Fernando de Andreis. Diego Santilli, en tanto, oficia como el nexo y maestro de ceremonias.

    El objetivo de las conversaciones es acercar posiciones con miras a un acuerdo electoral nacional para el 2027. El oficialismo tiene como norte la reelección de Javier Milei, mientras que en el PRO coquetean con una candidatura del exministro de Economía Hernán Lacunza, quien ya anticipó sus intenciones de competir. Por ahora, se lee como un elemento de negociación para presionar al oficialismo.

    Para sellar un acuerdo, en los cuarteles macristas pretenden respeto y apoyo a los gobernadores amarillos: Rogelio Frigerio, Ignacio Torres y Jorge Macri, todos con posibilidad de reelección. Buscan, además, licuar el poder de Karina Milei para administrar la lapicera y tener incidencia en las decisiones centrales. Frigerio y Macri (Jorge) cerraron filas con los violetas en 2025, mientras que Torres es uno de los apuntados para hacerlo el año próximo.

    Pilar Ramírez y Karina Milei, en una recorrida por CABA.

    Pilar Ramírez y Karina Milei, en una recorrida por CABA.

    La Libertad Avanza

    El chubutense ya condicionó una eventual confluencia. “El rejunte no tiene ningún tipo de sentido si es solo para ganar una elección”, advirtió. Se descuenta que las escuderías revalidarán las alianzas de octubre pasado, con especial énfasis en la provincia de Buenos Aires. Por el contrario, el tablero porteño es uno de los más complejos. El primo del expresidente aspira a buscar un nuevo mandato, pero los hermanos Milei tienen otros planes, que ni siquiera la caída en desgracia de Manuel Adorni parece trastocar.

    La titular de la bancada de LLA en la Legislatura, Pilar Ramírez, y hasta la senadora Patricia Bullrich son algunos de los nombres que barajan en la Casa Rosada para disputar la Capital Federal. Macri viene atendiendo la agenda violeta como un gesto para acercar posiciones. La marca presidencial lanzó recorridas por CABA que involucran a funcionarios de primera línea, como Luis Caputo, Santilli y la propia secretaria general de la Presidencia. Como mucho de lo que pasa en el Gobierno, el acercamiento con el oficialismo de la Ciudad dependerá de la voluntad de Javier y Karina Milei.

  • ¿Jorge Macri-Pilar Ramírez es la fórmula de consenso en CABA? La especulación del PRO y la respuesta de LLA

    ¿Jorge Macri-Pilar Ramírez es la fórmula de consenso en CABA? La especulación del PRO y la respuesta de LLA

    El diputado macrista afirmó que la definición de los candidatos porteños quedará en manos de su partido, imaginó fórmulas compartidas en los 24 distritos del país y condicionó la eliminación de las primarias a la existencia de una alternativa clara

    En paralelo a la discusión electoral que comenzó entre La Libertad Avanza y el PRO para avanzar en un frente común, con dos reuniones en Casa Rosada en menos de 15 días encabezadas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, uno de los focos de atención es la situación en la Ciudad de Buenos Aires. En este marco, el diputado nacional Fernando De Andreis, hombre de confianza de Mauricio Macri, alimentó en las últimas horas la especulación de un acuerdo con una fórmula integrada por el actual jefe de Gobierno, Jorge Macri, y la legisladora porteña libertaria Pilar Ramírez.

    “Si hay un acuerdo, el candidato es el que defina el PRO”, señaló el diputado en una entrevista en A24 y, ante la consulta del periodista Luis Novaresio sobre una posible fórmula Jorge Macri-Pilar Ramírez, respondió sin matices: “Sí”.

    Esta postura tiene como marco un proceso político que LLA comenzó en CABA para diferenciarse del PRO, con recorridas y actividades de la propia Pilar Ramírez junto a los principales ministros del gobierno nacional, y cuestionamientos directos a la gestión porteña de Jorge Macri. Luis Caputo la acompañó a la inauguración de la sucursal 100 de una reconocida heladería en Las Cañitas; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, estuvo a su lado en una visita a una fábrica de muebles en Villa Lugano; y el propio Santilli se sumó a una recorrida en Belgrano.

    Inclusive, el legislador Juan Pablo Arenaza fue más allá el pasado viernes: “Queremos gobernar Buenos Aires con nuestro propio candidato”, señaló en Infobae en Vivo.

    En esta línea, un importante dirigente libertario del distrito porteño, consultado por Infobae, rechazó la especulación del PRO y aseguró: “No estamos pensando en eso para nada; que el PRO defina su candidato, que el nuestro lo vamos a discutir nosotros”. “Tenemos muchos temas interesantes de gestión para hablar antes; cuando te quedás sin temas, empezás a hablar de candidaturas”, cuestionó.

    Distinta fue la lectura desde la sede del gobierno porteño, en la calle Uspallata de Parque Patricios. “Fernando es uno de los que integra la mesa de acuerdo que definió el PRO y LLA, por supuesto que tiene autoridad para plasmar sus ideas. Después, cuando tenga que informarse algo a nivel partido, se hará orgánicamente como siempre”, sostuvo a este medio un importante funcionario que, a su vez, no descartó la posibilidad de una fórmula compartida con LLA: “Si es parte de un acuerdo, podría ser”.

    El legislador porteño de La Libertad Avanza, Juan Pablo Arenaza, opina sobre el estilo de liderazgo del presidente Javier Milei, al que describe como un “clima de época”. Además, analiza la posibilidad de un acuerdo con el PRO y critica la gestión actual en la Ciudad de Buenos Aires.

    El último encuentro entre representantes de ambas fuerzas, el pasado jueves, se celebró en un clima distendido, poco después de que el oficialismo obtuviera dos victorias en el Congreso: la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la aprobación de la ley de Inocencia Fiscal II.

    La reunión, que duró poco menos de dos horas, fue encabezada por Santilli junto a Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem, y contó con la presencia de Ritondo y De Andreis por parte del PRO. Según se informó, Santilli abrió el encuentro con un repaso del estado de la economía, con datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). “Nos llevamos una dosis de tranquilidad. Vemos que hay trece de los quince indicadores que mide el EMAE que están creciendo”, describió De Andreis al salir.

    Aunque no se conversó sobre candidaturas puntuales, sí iniciaron el debate para formalizar un frente electoral en toda la Argentina, aunque se reservó el repaso de los distritos que gobierna el PRO, como la Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos y Chubut, para otro encuentro.

    Según precisó Ritondo, ya hay 17 distritos en los que hay un acuerdo prácticamente cerrado o las conversaciones están muy avanzadas, incluidos los casos de aliados radicales como Alfredo Cornejo en Mendoza y Marcelo Orrego en San Juan. Respecto de la Ciudad, el jefe del bloque PRO fue cauteloso pero dejó abierta la puerta: “Trabajaremos para ir juntos en todo el país, no para ir en un distrito sí y otro no”, aunque aclaró que “falta muchísimo para eso”.

  • Una condenada por un fraude millonario al Estado denunció a un histórico dirigente del PJ

    Una condenada por un fraude millonario al Estado denunció a un histórico dirigente del PJ


    La causa por las compensaciones impositivas fraudulentas dentro de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), que investigó maniobras de corrupción realizadas durante una década, abrió un nuevo frente judicial. Una de las ex funcionarias condenadas por el fraude denunció penalmente al ex titular del organismo Marcelo Casaretto y a cinco integrantes de la conducción que lo acompañaron durante su gestión.

    La presentación fue realizada por María Estrella Martínez de Yankelevich, ex jefa del Departamento Despacho de ATER, quien el 21 de agosto pasado admitió su responsabilidad en los hechos y fue condenada en un juicio abreviado. Ahora, la ex funcionaria sostiene que las operaciones por las que fue responsabilizada no podrían haberse realizado sin conocimiento y autorización de los niveles superiores del organismo.

    Además de Casaretto -dirigente del PJ provincial y ex diputado nacional-, la denuncia alcanza a Damián Alcides Zoff, ex director de Impuestos; César Del Castillo, ex director de Fiscalización Tributaria; Germán Gietz, ex director de Informática; Federico Borra, ex director Jurídico; y Manuel Valiero, ex director de Interior.

    El planteo de Martínez de Yankelevich introduce así un nuevo interrogante en un expediente que hasta ahora había concentrado las responsabilidades penales en quienes intervinieron directamente en la instrumentación de las operaciones fraudulentas.

    La investigación reconstruyó un mecanismo mediante el cual se incorporaba información falsa al sistema tributario provincial para generar créditos fiscales inexistentes a favor de determinados contribuyentes. Esos saldos ficticios permitían posteriormente compensar y cancelar obligaciones impositivas reales, aunque el dinero correspondiente nunca ingresaba al Estado entrerriano.

    Las maniobras investigadas abarcaron el período comprendido entre 2004 y 2014 y quedaron distribuidas en tres grandes expedientes. El perjuicio calculado fue de unos $8 millones para las operaciones realizadas entre 2004 y 2007; otros $20 millones entre 2008 y 2011; y más de $18 millones correspondientes al período 2012-2014.

    Se trata de aproximadamente $46 millones a valores nominales de aquellos años. Si se realiza una actualización estimativa mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), diferenciando cada uno de los períodos, la cifra rondaría actualmente los $14.700 millones, equivalentes a unos US$9,7 millones al tipo de cambio mayorista de agosto de 2026.

    La investigación judicial se inició en junio de 2014. Con el avance de la pesquisa se incorporaron operaciones correspondientes a años anteriores y la investigación terminó retrocediendo hasta 2004.

    En diciembre de 2017 se definió la situación procesal de 180 imputados. Casi nueve años después, el 21 de agosto de 2026, el vocal Alejandro Diego Grippo, del Tribunal de Juicios y Apelaciones Nº 6 de Paraná, dictó sentencia mediante un procedimiento de juicio abreviado. Entre los condenados quedaron Martínez de Yankelevich y Abelardo Daniel Gaggión.

    Fue después de esa sentencia cuando la ex jefa de Despacho decidió avanzar contra quienes ocupaban los principales cargos de conducción del organismo.

    Casaretto se defendió públicamente tras esta nueva denuncia penal que lo menciona. Sostuvo que fue él quien descubrió y denunció en 2014 la maniobra de compensaciones fraudulentas en ATER. También afirmó que las acusaciones en su contra ya habían sido descartadas por la Justicia y que durante su gestión se recuperó “todo el dinero” defraudado.

    En su presentación, Martínez de Yankelevich no desconoce la responsabilidad que ella misma admitió ante la Justicia, pero asegura que la operatoria excedía ampliamente sus posibilidades de actuación. Afirma que “jamás” podría haber realizado las maniobras sin la “aprobación y consentimiento expreso y claro” de Casaretto y de las máximas autoridades de ATER.

    La denunciante sostiene además que los directores conocían los mecanismos mediante los cuales se modificaba la información de los contribuyentes y tenían intervención en el circuito administrativo por el que expedientes y resoluciones llegaban hasta quienes finalmente cargaban las operaciones en el sistema.

    Uno de los puntos que pide investigar se remonta a 2012. Según su versión, un auditor y el entonces director de Interior habrían advertido a Casaretto acerca de movimientos detectados en las cuentas corrientes de determinados contribuyentes. Martínez de Yankelevich asegura que el entonces director ejecutivo hizo “caso omiso” de ese aviso.

    También sostiene que Casaretto y los integrantes de su conducción disponían de claves informáticas con niveles de autorización superiores que permitían realizar movimientos sobre las cuentas de los contribuyentes y efectuar compensaciones. En respaldo de esa hipótesis menciona una pericia informática que, según afirma, habría expuesto vulnerabilidades en el sistema utilizado por el organismo.

    La ex funcionaria solicitó, además, que la Justicia investigue su propia evolución patrimonial y la de Gaggión, Casaretto y los otros cinco ex directores. También pidió ser citada para ratificar la denuncia, ampliar sus dichos y precisar cuál habría sido, según su versión, la participación de cada uno.

    La presentación deberá atravesar ahora una nueva instancia judicial para establecer si existen elementos que permitan abrir una investigación sobre los ex funcionarios señalados.

    Casaretto, contador público y dirigente del peronismo entrerriano, desarrolló buena parte de su carrera dentro del Estado. Comenzó en 1993 como director de Relaciones con las Provincias del Ministerio de Economía de la Nación y posteriormente ocupó distintos cargos provinciales. Fue ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos de Entre Ríos durante la gobernación de Jorge Busti, senador provincial y asesor de la Gobernación y la Vicegobernación.

    Entre 2011 y 2015, durante la segunda gobernación de Sergio Urribarri, estuvo al frente de ATER, período que coincide con una parte de las operaciones fraudulentas investigadas. Luego fue asesor durante la gestión de Gustavo Bordet, presidió el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) y, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023, ocupó una banca como diputado nacional por el Frente de Todos.

  • Análisis. ¿A quién le grita Milei?

    Análisis. ¿A quién le grita Milei?

    El sistema político sigue invertebrado. La organización política que conocimos a partir del conflicto con el campo, organizada en dos bloques, hasta las elecciones del 2021, se descalabró. Habrá que ver cuánto tuvo que ver la pandemia en los estados de ánimo que llevaron a ese descalabro. Pero lo cierto es que uno busca objetos que estaban y hoy no están más. Y el cerebro trata de registrar objetos nuevos que no termina de interpretar. Es por lo tanto muy difícil hacer predicciones electorales para el año que viene si uno mira la oferta: si uno mira el menú que ofrece la clase política para satisfacer al electorado. Para competir por el poder.

    El peronismo está en una crisis con varios niveles. Por un lado, hay una crisis dentro del kirchnerismo, nada menos que en el conurbano bonaerense, que fue la principal plataforma de poder de esa minoría dominante dentro del peronismo durante más de 20 años. Ahí está el conflicto inesperado entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner. La expresidenta que sigue, aún desde la prohibición de competir electoralmente, dominando la estructura kirchnerista y por lo tanto ejerciendo una influencia, menos determinante que la tradicional pero todavía muy condicionante, sobre el comportamiento de todo el peronismo.

    Pero hay otra dimensión en la crisis del peronismo que no tiene nada que ver con el fenómeno más importante, que es el kirchnerismo. Tiene que ver con el despliegue territorial de ese partido, que se ha ido reduciendo. Probablemente sea el síntoma más importante de esta crisis peronista, que es una de las más graves desde 1983. Cuando Cristina Kirchner reeligió con el 54% de los votos en 2011, la acompañaban 20 gobernadores peronistas. Hoy hay sólo nueve, de los cuales siete perdieron las elecciones parlamentarias del año pasado. Esa es la crisis del peronismo que algunos intentan superar con movimientos de renovación y ahí tenemos a Juan Manuel Olmos en la Capital Federal, a Victoria Tolosa Paz en la provincia de Buenos Aires, Guillermo Michel en Entre Ríos, la ascendente Natalia De La Sota en Córdoba. No sabemos qué destino tendrá esa renovación frente a un kirchnerismo que sigue siendo muy influyente.

    El Pro también está desarticulado de quienes eran sus aliados: el radicalismo y la Coalición Cívica. También desarticulado interiormente, con dirigentes que han sido capturados por Javier Milei de manera más o menos explícita. Algunos se fueron con el Presidente, como el caso de la senadora Patricia Bullrich. Otros están sirviendo a Milei desde una identidad confusa, como el jefe de Gabinete Diego Santilli o Cristian Ritondo. Esto sin ir a la larga lista de dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) que fueron funcionarios de Mauricio Macri. Con mayor o menor compromiso partidario, empezando nada menos que con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, el canciller, Pablo Quirno, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili o el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger.

    También está en problemas el propio oficialismo: en la medida en que declina la adhesión a Milei en las encuestas, se va instalando dentro de LLA una incógnita respecto a si está tan asegurada la reelección del Presidente. Esa duda aparece a pesar de que Milei cuenta con un activo muy importante en política. Un activo con el que contó en su momento Cristina Kirchner. Consiste en poner en la góndola de la política un producto nítido. Que puede tener más o menos adhesión, puede ser más o menos discutible o repudiable, pero se entiende qué es, qué ofrece. La oposición a Milei parece estar todavía en una Torre de Babel que no encuentra las palabras para enfrentar a esta experiencia que tiene al primer mandatario como líder.

    Por lo tanto, como es muy difícil descifrar la oferta de un sistema tan desarticulado lo que nos queda para entender lo que puede llegar a pasar es analizar la demanda. Ver cuáles son las expectativas, los estados de ánimo, los comportamientos: las modificaciones de la sociedad frente a la política. Qué es lo que esa sociedad pretende frente a la dirigencia. Y ahí nos encontramos con un fenómeno muy importante, que es una transformación muy lenta de la sociedad. Un cambio que tiene que ver con el empobrecimiento de los argentinos y que rige en profundidad la política.

    Es imposible entender la política de los últimos 30 años sin ver este fenómeno que ayer fue representado en un artículo de LA NACION, escrito por el consultor Guillermo Oliveto, quien se encarga de analizar los comportamientos de la sociedad a través del consumo y los ingresos. Los modos de vida. Oliveto presenta un gráfico que muestra cómo está hoy la pirámide social. Allí nos habla del miedo a caer de clase social. En el segundo trimestre de 2026, el segmento de la clase alta, que es el grupo de gente que tiene un ingreso promedio del total familiar de $14.000.000. Para pertenecer a esa clase social, que es el 5% de la Argentina, una crema muy acomodada, excepcional; allí hay que tener un ingreso mensual promedio de $9.000.000. Después está la clase media alta, representada por el 17% del país, cuyo ingreso promedio es de $6.500.000, con un piso de $4.500.000. Sigue la clase media baja, que integra el 26% y que tiene ingreso promedio del total familiar de $3.000.000, con un piso de $2.500.000. En otro escalón está la clase baja que, aclara Oliveto, no es gente pobre, representada por el 30%, cuyo ingreso total familiar es de $2.500.000, y un piso promedio de $1.500.000. En esa cifra queda establecida la línea de pobreza. Por debajo de ese $1.500.000 estamos en la pobreza, que afecta al 22% de los hogares. El ingreso promedio familiar es de un millón de pesos por mes.

    Es muy revelador comparar esta pirámide con la que presentó Oliveto en junio del año pasado. En la actualidad, para ser de clase alta se necesita un ingreso familiar de $14.000.000, tres millones más que a mediados de 2025. El piso del segmento más privilegiado era entonces de $6.500.000 y ahora son nueve millones. Pero la clave de esta comparación es mirar la clase baja superior, que todavía no es pobre. Ese segmento el año pasado estaba en un 26% y ahora en 30%. Eso es lo que cambió. Porque la pobreza disminuyó: pasó del 26% al 22%. ¿Cómo se interpreta la disminución de los más pobres y el aumento de los que son clase media baja sin ser pobres? Mediante el ascenso de la clase baja a la clase baja superior por dos razones. La política antiinflacionaria, que en un país donde muchísima gente, probablemente nueve millones de personas, no tiene un sindicato que les defienda el salario porque están fuera del mercado laboral formal, se convierte en la mejor política social. Y la otra razón es el descenso de gente de clases superiores a la clase media baja: hay un movimiento dentro de estos números.

    Esto es importante porque mueve la política y presenta una imagen de la Argentina, que es una imagen bastante estable, lamentablemente. Pero que nos cuesta asimilar, sobre todo porque es perturbadora y dolorosa: es la imagen de un país que se ha convertido en una máquina de generación de pobreza. Hay que buscar mucho y aún así resulta muy difícil de encontrar en el mundo un país que hoy tenga más pobres que hace 25 años. Es casi imposible encontrarlo en América Latina. Por ejemplo, la pobreza en Perú tiene alzas y bajas. Pero si miramos el 2024 contra el 2010 hay un descenso nítido. En Brasil, el descenso es más notorio: hoy es de 20,6% y estaba en 32% en 2010. En Uruguay es estable cayendo: 5,9%. Y en Chile también, drásticamente cayó, donde en 2010 estaba la pobreza por encima del 20% y hoy es de 4,5%, aún habiendo atravesado distintos tipos de gobiernos. Es decir, la pobreza es una enfermedad que se va volviendo antigua. Otra cuestión es la desigualdad. Pero en la región hubo un avance muy notorio en términos de combates exitosos a la pobreza. En la Argentina no. Hoy, proporcionalmente, tenemos más pobres que los que teníamos hace 25 años.

    El nivel de integración social se ha vuelto más lamentable. Si nos remontamos al año 1973, el Índice de Gini, que mide el nivel de desigualdad que hay entre los ingresos de los más ricos y los ingresos de los más pobres, era de tres puntos. Para hacerlo más comprensible: en el ‘73, los niveles de desigualdad de la Argentina eran los de Francia de aquel momento. Hoy son los de un Perú que, es cierto, mejoró bastante, pero que sigue siendo un país extraordinariamente desigual. En esa dirección fue caminando la Argentina.

    Si miramos el sistema previsional, saliendo de la cámara lenta, y vemos lo que pasa en este momento, entre febrero y mayo se perdieron en el mercado formal 89.000 puestos de trabajo. También resulta interesante recordar la comparación con los otros países de la región. Porque la dramatización, la campaña que hace Milei y su Gobierno a favor del ajuste tiene un efecto visual que deja la impresión de que todos los dramas sociales comenzaron con el Presidente, cuando con él, muy probablemente se estén agravando. Muy probablemente la Argentina que salga de la gestión libertaria va a ser más desigual que la que estábamos acostumbrados a vivir. Pero no es un invento de Milei este proceso de deterioro.

    Más allá de la destrucción de esos 89.000 puestos laborales, también aumenta el mercado informal o el cuentapropismo. Este fenómeno, que tiene que ver con el achicamiento todavía más intenso de lo que se conocía tradicionalmente como la sociedad salarial a un país con mayor informalidad, y con trabajos de menos calidad, aunque sean en blanco, está modelando la agenda de las elecciones del año que viene. Y esto se advierte en distintas dimensiones, por ejemplo que muchos economistas ortodoxos, que están acostumbrados a hablar a fondos de inversión y bancos empiezan a tratar cada vez más el deterioro sociolaboral. Porque en ese problema, aparece luego la disminución del consumo, la caída de la recaudación, y de allí nuevamente al problema fiscal, que es el que Milei quiere corregir.

    Miguel Kiguel es uno de esos economistas. Según su último informe de Econviews, en el primer trimestre de este año hubo una desocupación del 108%, que se compensa con monotributistas. Kiguel y su equipo se tomaron el trabajo de hacer una investigación que, como toda aproximación, es imperfecta, sobre las búsquedas en Google.

    Allí compararon, por un lado, búsquedas en plataformas -como Rappi, Pedidos Ya y Uber- y cuentapropistas registrados en la encuesta permanente de hogares que hace el Indec. Así, registraron que hay una relación bastante directa entre los que buscan trabajo en las plataformas y el aumento de los cuentapropistas. Pero hay una característica: en el último tramo medido por las búsquedas en Google hay una caída. ¿Se da porque se frenó ese proceso de transferencia del empleo formal a este nuevo tipo, que es de más baja calidad? ¿O sucede que el mercado ya está saturado y no absorbe más gente? Se va pintando una nueva Argentina, en cámara lenta. El aumento de este tipo de empleo empezó en 2022.

    Otro fenómeno revelador es el de gente que cocina para vender la comida y, eventualmente, trasladarla, es decir, una modalidad precaria de delivery. En el primer trimestre de 2023, esas personas eran 82.000 y, hoy, son 190.000, según el Indec. Esto es importante por el impacto en la configuración social en general y por la repercusión fiscal. En la medida en la que se achica el universo del empleo formal y de calidad -representados por sindicatos que han perdido enorme poder en la Argentina-, este fenómeno impacta en el sistema previsional porque un monotributista cubre, con lo que aporta, el 3% de una jubilación promedio, mientras que un trabajador formal cubre el 31%. Si uno achica el número de los formales y agranda el de monotributistas, se va a generar un déficit mayor y va a haber menos financiamiento.

    Es un problema grave porque las jubilaciones son el corazón del problema fiscal en la Argentina. Algunos creen que no hay salida para cualquier reforma, como la que lleva adelante Milei, si no se toca el sistema previsional. Y otros piensan que el Ejecutivo va a terminar tocándolo -y que el Presidente lo analiza para un segundo mandato- y se va a requerir una nueva Corte Suprema que defienda al gobierno que toque de las cautelares que va a generar ese tipo de reformas. Es un problema muy complejo que se alimenta básicamente con este cambio en el perfil del tipo de trabajador que hay en la Argentina.

    Cuesta ajustar la cabeza a esta nueva realidad de pauperización, que tiene un efecto emocional sobre la política: en muchos países, entre ellos la Argentina, hay excluidos. Incluso en los países más ricos. Se trata de gente que está afuera del sistema y no puede acceder al bienestar como correspondería. En general, cada vez son menos, porque se tiende a achicar el nivel de pobreza. Sin embargo, en muy pocos países hay, además de excluidos, expulsados. Es una peculiaridad de la Argentina. Es gente que estuvo y ya no está dentro del sistema, que mentalmente se siente con derecho a determinado acceso a la salud o la educación, y ya no lo tiene. Probablemente se crio en una familia que estaba en esa pirámide por encima de donde está hoy.

    Los que estudian los programas de estabilización observan que uno de sus efectos es que la inflación disimula el lugar que uno ocupa en la sociedad, desde el punto de vista de la escala social. Baja el agua y pareciera que se tomara una foto y se descubriera que uno está más abajo de lo que estaba cuando empezó la película. Eso genera un resentimiento. La política logra en este caso meterse en serio en la vida de las personas. Se trata de gente que tiene que cambiar a sus hijos a un colegio más barato, probablemente de menor calidad. Lo mismo sucede con las universidades y con los planes de las obras sociales.

    Esto sucede a lo largo de bastante tiempo. La gente va pasando de la clase media a la clase media baja. Probablemente no toca fondo pero cambia notoriamente su nivel de vida y eso inspira los sentimientos que genera la política hoy en mucha gente.

    En la última encuesta de Hugo Haime se reflejó que creció la bronca. El 40% de la gente se dice “triste y desanimada”, mientras que el 38% con “bronca”. De esta manera queda en evidencia que el problema de la representación -la relación entre esa gente y los dirigentes, de los que espera una solución para su estilo de vida- empieza a ser conflictiva.

    Hubo estados de ánimo que condujeron a Milei. El Presidente se mostraba enfurecido y muchos se sentían representados con él por su bronca. En ese momento conectaba muy bien, hoy en día no sabemos si puede hacerlo.

    Según la encuesta de Haime, el 34% de los consultados dice que quiere mantener este modelo, un número alto teniendo en cuenta los resultados en términos de ingresos y salario real. Por otro lado, un 65% quiere cambiarlo. El 11% considera que hay que mantener el modelo como está; un 22% haría algunas modificaciones; el 23% lo cambiaría manteniendo algunas cosas; y el 42% -que coincide con el número de los que no votaron a Milei- lo cambiaría totalmente.

    Si uno mira la contraposición entre el 34% que quiere mantener el modelo y el 65% que no, puede sacar una conclusión apresurada: el que gane la próxima elección va a tener que cambiar de cuajo la política económica. Si se generara esa presunción, los inversores temerían involucrarse con el país.

    Sin embargo, Haime preguntó qué cosas habría que mantener de la política del Gobierno y un 55% coincidió en la inflación baja y controlada. Esa es la prioridad. El 33% respondió “que no haya piquetes en las calles” y el 32% el “control de los planes sociales”. Luego aparecen el dólar, la apertura económica, el superávit fiscal y otros puntos que se asemejan al votante de Milei.

    Daría la impresión que, de acuerdo a todas las encuestas, la inflación baja y el control de la calle son los dos méritos que más se les reconocen al gobierno de Milei.

    Haime descubrió que el 81% de los que creen que hay que mantener el modelo considera que lo más importante es la inflación, mientras que, de los que plantean que habría que sostenerlo con algunas modificaciones, el 70% coincide en esa prioridad. A su vez, de los que dicen que hay que cambiarlo, el 60% de los que sostienen que hay que mantenerlo con algunos cambios cree que lo más importante es la baja de la inflación y, de los que proponen un nuevo sistema en su totalidad, el 37% tiene esa postura. Ahí hay un activo que explica por qué la obsesión de Milei con ese asunto.

    Se puede empezar a entender por qué el Presidente todavía está dispuesto a sacrificar otras variables de este experimento económico con tal de que la inflación no se dispare. Puede ser la respuesta para los que dicen que un leve aumento inflacionario podría dar más dinamismo.

    En una encuesta de Pulsar, que lidera Augusto Reina, se preguntó con qué partido o espacio político simpatizan más los argentinos y quedó registrado que, en 2023, el 37% no se identificaba con ninguno. Ahí estuvo el triunfo de Milei. Ahora, en 2024 se redujo al 25% pero subió al 35% en 2025 y al 42% en 2026. Está creciendo ese número.

    El universo de los que no se identifican con nadie puede hacer caer en la trampa a muchos políticos porque daría la impresión de que, entonces, ese grupo está en el centro ideológico. Los investigadores de Pulsar, en cambio, sostienen que no hay que caer en esa suposición, sino que esa gente no necesariamente quiere algo en el medio. Ahí hay gente de izquierda que no quiere al kirchnerismo y gente de derecha que no simpatiza con Milei. Por eso no es fácil encontrar a algún candidato que los conquiste. Es gente que sigue ideologizada pero no tiene pertenencia ni filiación. No renunciaron a un punto de vista para ver la realidad. No hay homogeneidad.

    El Gobierno mira el desencanto y balbucea algunas respuestas en la medida en que se lo permite el dogma de Milei: mantener la inflación a raya por medio de una política monetaria restrictiva que esté acompañada por una política fiscal de ajuste.

    Este domingo, Jorge Liotti publicó una columna en LA NACION en la que explicó lo que intenta, con mucha timidez, hacer el Ministerio de Economía para reactivar la economía y reducir la insatisfacción de los que no creen en el modelo.

    La primera iniciativa del Gobierno es estudiar un piso salarial para asistir a la clase media baja. La base que quiere poner es de $1.000.070, cuando la línea de la pobreza es de $1.500.000. Además, es confuso porque, si bien hacemos la comparación entre personas y hogares, lo que le entraría en los bolsillos a los argentinos en el caso de la mínima es alrededor de 860 mil.

    El Gobierno no quiere dar esa orden, sino inducir a través de las paritarias. Pero ya interviene más expresamente en el mercado del salario. Propondría a quienes les cueste pagar el sueldo por las cargas sociales, que completen con una suma no remunerativa, es decir, “un poco en negro”, pero que figure en el ingreso, hasta llegar a un sueldo bruto de $1.000.070. Eso está pensado para la construcción, maestranza y determinados niveles bajos del sector de la salud.

    Otra iniciativa que fue muy divulgada la semana pasada fue la de fondear a los bancos, ofrecerles dinero a través de licitaciones y que accedan a fondos de la Anses -por medio del Fondo de Garantía de Sustentabilidad- para que den créditos para la primera vivienda, con una tasa que debe ser UVA más 7,5%. Es una novedad interesantísima porque estamos hablando del gobierno de Milei, hiperliberal austríaco, que permite que Luis Caputo intervenga sobre la tasa de interés y oriente el crédito hacia un sector determinado.

    Frente a la necesidad electoral y el clima social que se está generando, empieza a haber algunas licencias poéticas en la política del Gobierno frente al mercado. Sin embargo, no debe sorprender ya que ha mostrado pragmatismo más allá del discurso de Milei respecto al mercado de cambios, que sigue intervenido.

    El Gobierno negó por completo tener algo que ver con el mundo de los endeudados, ese gran problema de los que cubren gastos con la tarjeta para llegar a fin de mes o los que quedaron colgados del pincel por la suba de las tasas de interés. El Banco Central llegó al final al tema y lanzó recomendaciones antes de solicitar un crédito y respuestas a qué es un préstamo personal y qué variables analizar.

    Detrás no solamente está el haber ingresado de manera incorrecta al haber seguido señales que el mismo Gobierno emitía, sino un problema de educación financiera que lleva a la gente, sobre todo a los más humildes, a no tener noción de cuánto están pagando o van a terminar pagando.

    Se va generando una discusión interesante aún dentro del mismo Gobierno. Patricia Bullrich, que suele ser una voz disidente en determinados temas de la agenda oficial, le dijo a Milei en una reunión de gabinete que deberían mirar el tema de los endeudados porque esa gente está destinando al pago de la deuda un dinero que le resta al consumo. A lo mejor, si se atiende ese problema de alguna manera, se puede hacer que se deriven algunos fondos al consumo y haya mayor actividad. En el Ejecutivo saben muy bien que Milei está preocupado porque los resultados que él esperaba llegan más tarde o no llegan.

    Se va generando una agenda y un temario para la elección presidencial, que tienen que ver con los cambios de paladar de la gente y que las preocupaciones ya no son las mismas de antes. La inflación emerge como algo ya conquistado que debe mantenerse y que se espera que el próximo gobierno conserve, pero la gente quiere que, además, se le den otras cosas. Los que sostienen a Milei quieren el mismo modelo con más trabajo.

    Estas cuestiones llevan a que se discuta la política industrial, aunque al Gobierno no le guste esa palabra. Sostiene que no existe una política productiva, sino que la debe fijar el mercado. Sin embargo, existe el RIGI, donde a determinados sectores, como minería, petróleo y gas se les dan determinadas ventajas impositivas que a otros no.

    El Gobierno elige determinados sectores para favorecer y parece dirigista. Acá también es pragmático y no se aferra a los manuales de la escuela austríaca. Hay una novedad: la administración chavista de Venezuela, a cargo de Delcy Rodríguez, llegó a un acuerdo con Donald Trump para promover a las empresas estadounidenses de petróleo. Ese RIGI del chavismo es curioso porque cobra regalías del 16%, mientras que la Argentina cobra el 12%.

    En Venezuela, el impuesto a las ganancias se aplica en 34% y en la Argentina en 24%. La cuestión radica en que, con estos números, las empresas van a ese país; Trump lo firmó. Algún día quizás se discutirá si el gobierno de Milei no fue muy concesivo para conseguir inversiones que probablemente en algunos sectores -como la minería- vendrían igual. No hay muchos lugares en el mundo con litio y tierras raras. Para el año que viene empieza la discusión del modelo productivo.

    Frente a todo este panorama, que implica una sociedad que se va empobreciendo y cambiando su perfil socioeconómico, la vieja promesa argentina del progreso individual. que trajo tantos inmigrantes. ya no se cumple, sino que ocurre la contrapromesa: hijos que viven peor que sus padres y tienen menos acceso que ellos a los bienes. Ante eso, hay un programa de ajuste y estabilización que siempre tiene este tipo de costos, y un Gobierno que intenta dar una respuesta, aunque sea tímida.

    Pero Milei sigue defendiendo su modelo e insulta a los que sugieren cosas que hace el ministro Caputo. Con las actitudes de hoy, dos años atrás, el ministro hubiese sido un “mandril”, ya que interviene la tasa de interés para facilitar el mercado hipotecario.

    ¿Por qué hace eso Milei? ¿Porque es un dogmático y no ve la realidad, o hay una lógica detrás de esa crueldad? Daría la impresión de que al Presidente le preocupa un problema: el déficit. El financiamiento tal vez lo lleve, de un modo u otro, a tener que emitir un bono para poder pagar la deuda del año que viene, lo que el Gobierno se viene resistiendo a hacer. No logra que el sector financiero le baje la tasa de interés. A esa gente le habla. Para ellos grita e insulta Milei, que está pensando en un problema central de su gobierno: el problema fiscal no está resuelto y posiblemente vaya a tener que pedirle plata a ese sistema financiero que le pide sangre, sudor y lágrimas, para que él pueda garantizar que los bonos se paguen.

  • Nuevos montos Aumento y bono de $80.000 para la administración pública nacional: las nuevas escalas

    Nuevos montos Aumento y bono de $80.000 para la administración pública nacional: las nuevas escalas

    El Gobierno decretó el aumento escalonado del personal del Servicio Exterior de la Nación y el personal que se desempeña en un cargo extraescalafonario de la Administración Pública Nacional. También de tres cargos de la Escuela Nacional de Biblioteciarios y los cargos docentes y bedeles del Insituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), que depende del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

    Las actualizaciones salariales fueron establecidas a través del Decreto 834/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial y también incluye aumentos para el personal de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, PSA y el Servicio Penitenciario Federal.

     Retribución mensual correspondiente a los cargos de Rector o Rectora, Regente y Ayudante de Trabajos Prácticos de la Escuela Nacional de Bibliotecarios de manera escalonada y acumulativa:

     CARGOSRetribución mensual a partir del 01/09/2026A partir del 01/10/2026A partir del 01/11/2026A partir del 01/12/2026 RECTOR $230.572,12$234.722,42$238.477,98$242.055,15 REGENTE $202.549,07$206.194,95$209.494,07$212.636,48 AYUDANTE DE TRABAJOS PRÁCTICOS$123.210,35$125.428,14$127.434,99$129.346,51

     Adicionales Remunerativos y Bonificables aplicables a los cargos docentes y bedeles que se desempeñan en el Instituto Superiopr de Enseñanza Radiofónica (ISER), también escalonados.

     CARGOAdicional remunerativo y bonificable a partir del 01/09/2026A partir del 01/10/2026A partir del 01/11/2026A partir del 01/12/2026 DOCENTE $7.789$7.929$8.056$8.177 BEDEL $57.832$58.873$59.815$60.712

      Viáticos del Personal del Servicio Exterior de la Nación y Personal que se desempeña en un cargo Extraescalafonario de la Administración Pública Nacional:

     ZONA A partir del 01/09/2026A partir del 01/10/2026A partir 01/11/2026A partir 01/12/2026NOROESTE (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja)$82.230$83.710$85.049$86.325NORESTE (Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa y Chaco)$57.422$58.456$59.391$60.282CUYO (San Juan, Mendoza y San Luis)$82.230$83.710$85.049$86.325SUR (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur)$100.409$102.216$103.851$105.409REGIÓN METROPOLITANA (Ciudad y provincia de Buenos Aires)$57.422$58.456 $59.391$60.282CENTRO (Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe y La Pampa) $68.650$69.886$71.004$72.069

    Suma extraordinaria para empleados públicos

    Además de los aumentos escalonados, el Gobierno dispuso el pago de una suma extraordinaria de $80.000 que se acreditará en diciembre. 

    Será de carácter no remunerativo y no bonificable, se pagara por única vez al personal permanente y no permanente comprendido dentro del convenio. 

    noticias relacionadas

    El Gobierno aumentó los sueldos del personal de Fuerzas Armadas: cuánto cobran en septiembre

    Aumenta el transporte público: cuánto sale el boleto mínimo de colectivo, tren y subte

    Para atenuar impacto inflacionario, Milei suspende los aumentos en impuestos a los Combustibles