Luego de que el Gobierno decidiera retirar el capítulo de la Ley de Tierras, el peronismo anunció que “aún no tiene la versión final” del proyecto de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que se debate este jueves a las 14:00 en el Senado.
El bloque del Frente de Todos planteó que la norma vuelva a comisiones para que vuelva a iniciar el proceso legislativo para su tratamiento final. “Estamos hablando de leyes, no de la lista del supermercado”, aseguró la senadora nacional de la provincia de Buenos Aires Juliana Di Tullio.
El bloque peronista también concentra su estrategia en impedir que se modifique la Ley de Manejo del Fuego, unproyecto que elimina las restricciones para cambiar el uso de un suelo incendiado suelo. Esto implica la venta o división tierras por 30 y 60 años. La hipotética aprobación de la ley facilita el incendio intencional para el desarrollo inmobiliario.
Senadores de Chubut y Córdoba ya habían anticipado la posibilidad de tampoco acompañar ese capítulo, teniendo en cuenta que la Patagonia es una de las regiones más suceptibles a incendios forestales, por lo que esperaban sumar algunas otras voluntades antes del inicio de la sesión.
La senadora nacional por Río Negro Ana Marks aseguró que en su provincia sufrieron “la pérdida de 60.000 hectáreas incendiadas. Hay una herramienta fundamental para evitar la especulación inmobiliaria sobre esos territorios quemados que mañana la quieren eliminar“.
“Una gran victoria del pueblo argentino y una gran derrota del Gobierno”, definió la senadora tras la decisión del oficialismo de retirar el capítulo sobre la venta de tierras a extranjeros, luego de que algunos gobernadores y senadores de la oposición dialoguista manifestaran su rechazo.
Por otro lado, Di Tullio presentó una impugnación por presunto conflicto de intereses contra el libertario entrerriano Joaquín Benegas Lynch, luego de que trascendiera que posee un emprendimiento dedicado a la venta de terrenos a extranjeros.
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El senador libertario Joaquín Benegas Lynch, hermano de Bertie y guitarrista de la banda de Javier Milei, es fundador y director de una empresa que se dedica a la tasación, administración y comercialización de campos y que ofrece asesoramiento a inversores extranjeros interesados en adquirir tierras rurales en la Argentina y otros países de América Latina. En medio del debate en el Senado por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, su vínculo con Glocal Terra SRL abrió un nuevo frente de conflicto y motivó un pedido para que el legislador se abstenga de participar de la discusión y la votación del proyecto.
La denuncia fue presentada por la senadora de Unión por la Patria Juliana Di Tullio ante la Presidencia del Senado. La legisladora sostuvo que existe un “severo conflicto de intereses” y pidió que Benegas Lynch no intervenga en el debate parlamentario, no firme dictámenes ni emita su voto sobre la iniciativa
Benegas Lynch fundó Glocal Terra en 2020 junto a su esposa, Eloisa Perea Muñoz y tiene domicilio en la avenida Santa Fe al 700, en la Ciudad de Buenos Aires. La firma se presenta como especializada en el asesoramiento de inversores y en la administración de campos, con servicios que incluyen la búsqueda, tasación y gestión de propiedades rurales.
Según la información publicada por la propia empresa, Glocal Terra cuenta con experiencia en transacciones sobre más de 3 millones de hectáreas en América Latina. “Nuestra cartera y servicios de búsqueda incluyen terrenos agrícolas exclusivos y fuera del mercado, tierras forestales, grandes extensiones de terrenos protegidos y fincas de lujo”, detallan.
La empresa de Benegas Lynch también detalla que brinda servicios vinculados con propiedades cuyos dueños residen en el extranjero. De hecho, la web está en inglés. En su presentación, explica que actúa “en nombre y bajo la dirección de los propietarios de las tierras” y que supervisa explotaciones agrícolas arrendadas y gestionadas, además de elaborar informes y propuestas sobre esas propiedades.
En la sección dedicada a la “valoración de terrenos”, Glocal Terra afirma que su equipo “tasó más de 400.000 hectáreas en América Latina, incluyendo tierras de cultivo, ranchos, explotaciones forestales, fincas de conservación y propiedades rurales”.
La propia empresa sostiene además que el sector privado genera beneficios a largo plazo para las comunidades. En ese sentido, cuestiona las políticas e intervenciones de los gobiernos locales sobre la actividad privada y las vincula con efectos negativos sobre la economía. “Las políticas, regulaciones e intervenciones de los gobiernos locales en el sector privado tienen un impacto negativo en la economía, lo que se traduce en un aumento de la pobreza y, como consecuencia directa, en problemas de nutrición infantil. Esto es lo que dificulta el éxito de las futuras generaciones”, asegura en su web la empresa del funcionario libertario.
En esa misma línea, Glocal Terra destaca en su presentación su compromiso con programas vinculados a la nutrición y la educación infantil. “Dado que las buenas ideas requieren un cerebro sano, la nutrición infantil es fundamental”, sostiene la compañía, que luego destaca la labor de distintas organizaciones no gubernamentales y asegura que “nadie lo hace mejor en Latinoamérica que CONIN”.
Y agrega: “Si una parte de nuestras ganancias puede apoyar programas educativos que nos beneficien a todos para vivir en un mundo mejor y más libre, contribuyendo al mismo tiempo a nutrir a las futuras generaciones como fuerza impulsora para ello, entonces nuestras ganancias nos ayudarán a ir más allá”, sostiene Glocal Terra.
Di Tullio sostuvo que la situación configura una “directa y manifiesta colisión” entre el interés público que debe resguardar el legislador y su interés económico privado. Según planteó en su presentación, cualquier modificación o flexibilización de la normativa sobre tierras podría tener un impacto sobre el negocio de la empresa con la que está vinculado el senador.
La legisladora fundamentó su pedido en los principios establecidos por la Constitución Nacional y en las disposiciones de la Ley 25.188 de Ética en la Función Pública. También señaló que, de acuerdo con el acta constitutiva citada en su escrito, Benegas Lynch figura como socio gerente de Glocal Terra SRL.
“Cualquier modificación, flexibilización o regulación de la normativa vigente impacta directamente en el volumen de negocios, la facturación y los beneficios de la empresa a la que se encuentra vinculado, viciando de parcialidad cualquier posición o voto que emita sobre la materia”, sostuvo Di Tullio.
El antecedente con Pampa Partners
La relación de Benegas Lynch con el negocio de las tierras no comenzó con Glocal Terra. Antes de crear su propia empresa, el senador estuvo al frente de Pampa Partners, una firma vinculada al fallecido empresario estadounidense Douglas Tompkins que participó de operaciones de compraventa de tierras.
Tompkins, empresario y conservacionista estadounidense, adquirió junto con su fundación grandes extensiones de territorio en distintos puntos de la Argentina y Chile con el objetivo declarado de destinarlas a la conservación ambiental. Ahora, el vínculo de Benegas Lynch con una empresa que asesora y gestiona operaciones vinculadas a tierras rurales quedó bajo la lupa de la oposición y de algunos sectores aliados al oficialismo, precisamente cuando el Senado discute un proyecto que vuelve a poner en el centro del debate los límites y las condiciones para la propiedad privada y la participación de extranjeros en el mercado de tierras.
Tras la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de retirar el controvertido capítulo referido a la venta irrestricta de tierras rurales a capitales extranjeros dentro del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el senador nacional radical por Corrientes, Eduardo Vischi, defendió la versión modificada de la iniciativa y apuntó contra la estrategia comunicacional de la Casa Rosada.
Luego de participar en un plenario junto a la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, el legislador argumentó que la gestión central no supo explicar el alcance real de las reformas introducidas al texto original. Según el parlamentario, la opinión pública quedó anclada en el debate de la propuesta primaria sin apreciar las flexibilizaciones alcanzadas en la negociación con los bloques aliados para preservar el federalismo y el derecho de propiedad.
“Lo que se está planteando es que las provincias puedan tener la plena potestad de llevar adelante el desarrollo de la planificación estratégica de su territorio”, aclaró el referente radical, vinculando esta prerrogativa con las facultades otorgadas por la Constitución Nacional sobre el dominio originario de los recursos naturales.
Autonomía provincial y el impacto en las zonas de frontera
Para Eduardo Vischi, la regulación sobre el uso del suelo debe estar en manos de los gobernadores por conocer de cerca las asimetrías productivas de cada región. “No es lo mismo 1.000 hectáreas en la pampa húmeda que 1.000 hectáreas en Formosa o Corrientes“, explicó, señalando que en el Norte Grande se requieren inversiones que oscilan entre los 5.000 y 10.000 dólares por hectárea para equiparar la rentabilidad del centro del país.
En ese marco, puso el foco sobre la situación particular del territorio correntino, donde entre el 80% y el 90% de la superficie está alcanzada por el régimen de seguridad fronteriza.
El senador cuestionó que la zona continúe bajo la órbita de “una ley del siglo pasado” concebida bajo hipótesis de conflicto bélico con países limítrofes, esquema que a su criterio actuó como un freno histórico para la llegada de capitales.
Si bien delimitó que el Estado Nacional debe conservar el control exclusivo sobre áreas estratégicas, pasos fronterizos y seguridad interior, sostuvo que la administración central no debe trabar el desarrollo productivo provincial.
Asimismo, rechazó las posturas que estigmatizan las inversiones internacionales: “No porque un extranjero vaya a comprar un territorio en frontera se va a dedicar al narcotráfico”, enfatizó en declaraciones a Infobae.
En esa línea, el legislador aseguró que “lo que se intentó implantar es que el hecho de que un extranjero compre una tierra termina siendo algo nocivo y negativo, como que prácticamente vendría a ser como una cuestión de invasión”, sin tener en cuenta que las empresas deberán someterse estrictamente a las leyes que rigen en el país.
El caso Benegas Lynch
Por último, consultado sobre las acusaciones formuladas por la senadora de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio, contra el legislador libertario Joaquín Benegas Lynch por un presunto conflicto de intereses derivado de su actividad en el mercado inmobiliario rural, Vischi mantuvo una postura cautelosa.
“Si no es una actividad ilícita, no entiendo que haya ahí un conflicto de intereses”, expresó el correntino, aunque aclaró que no sigue el detalle del expediente y que se deberá “analizar en el fino si realmente existe una incompatibilidad” reglamentaria.
Lejos de importarle las contradicciones, el senador libertario Joaquín Benegas Lynch olfateaba, con un alto grado de certeza, que el gobierno de Javier Milei le crearía las condiciones para seguir creciendo en sus negocios. Es por eso que, en 2025, poco antes de asumir en la Cámara Alta, en un reportaje con el periodista entrerriano Federico Malvasio, confesó: “El campo tuvo un 70 por ciento de presión fiscal sobre la rentabilidad. En ese marco, los únicos argentinos que han podido comprar campos son políticos o sindicalistas; muy poca gente que venga del sector privado con fondos genuinos. Ya se empiezan a ver otros aires con Javier (Milei)”.
Ahora, con la lupa puesta sobre su firma Glocal Terra SRL, con la que se dedica a rastrear clientes extranjeros que quieran comprar tierras en Argentina, en realidad queda expuesto, una vez más, cómo se cruzan intereses particulares y políticos. Una fuente calificada en Entre Ríos lo definió como un “lobista” que, en los hechos, “al menos en La Paz administra la fortuna de su esposa, Eloisa Perea Muñoz”. Con ella comparte el control de Glocal, cuyo listado de clientes interesados en tierras de Argentina, Paraguay y la región se mantiene bajo siete llaves.
No es secundaria la mención a la ciudad entrerriana de La Paz ya que ahí comenzó su idilio en 2007 cuando desembarcó como integrante de la inmobiliaria Pampa Partners, que estaba vinculada a The Conservation Trust Land (hoy se llama Rewilding Argentina), fundación creada por el polémico estadounidense Douglas Tompkins.
El empresario norteamericano, según sus detractores, con Greenpeace a la cabeza, utilizaba la pantalla ecologista para acumular tierras en países extranjeros como Argentina y Chile, llegando a apoderarse del acceso al agua ya que debajo de las tierras que adquirió estaba el Acuífero Guaraní. Quienes lo estimaban destacaban su función en pos del medio ambiente.
En 2006, José Luis Niella, un sacerdote católico y activista social, dijo que la gente pobre de la región de los Esteros del Iberá ya no tiene acceso a las tierras donde sus antepasados vivieron libremente durante generaciones. Lo acusaron de cortar caminos estatales. En Chile las críticas tenían un tono similar. El entonces senador Antonio Horvath sostuvo que “en Chile hay lugares donde Tompkins ha comprado tierras desde la frontera en el mar, separando al país en dos”.
El socio de Benegas Lynch en Pampa Partners era Eduardo José Chorén, quien hoy está al frente de Estancia Lagunas Blancas SA, establecimiento agropecuario de 3000 hectáreas ubicado en Santa Elena, departamento de La Paz. Lagunas Blancas había sido propiedad del mencionado Tompkins. El Directorio de Lagunas Blancas quedó compuesto aparte de Chorén, por José Joaquín Aguirre, quien tiene pasaporte estadounidense, y por José Antonio Cilley.
Luego de que Tompkins muriera por hipotermia en 2014, su viuda, Kristine McDivit, comenzó a desprenderse de diferentes tierras. A fines de 2015, donó al Estado argentino 150 mil hectáreas para la creación de un Parque Nacional en los Esteros del Iberá. El traspaso se dio en un encuentro con el presidente Mauricio Macri.
The North Face y Esprit fueron las dos marcas que convirtieron a Douglas Tompkins en multimillonario. Ambas firmas del rubro de la ropa deportiva fueron vendidas por el empresario en los 80. Con los millones obtenidos de la venta de ambas compañías, el norteamericano comenzó su conversión al ecologismo. Compró tierras en Chile y Argentina. Acá, se quedó con la reserva natural Iberá, un área de más de 500.000 hectáreas. Debajo de esas tierras se encuentra el Acuífero Guaraní, considerado una de las reservas de agua dulce más grandes del mundo. El proyecto de conservación impulsado en esa región fue fuertemente cuestionado por ambientalistas y comunidades que denunciaron que el empresario, en realidad, venía para apropiarse de esa reserva natural.
Joaquín Benegas Lynch, quien tiene una nula actividad legislativa en el casi año que lleva como senador nacional, siguió la escuela de Tompkins y constituyó Finca Luracatao S.A, la cual posee una extensa superficie territorial en los Valles Calchaquíes (Salta), abarcando zonas de los departamentos de Cachi y Molinos. Allí, quedó en el centro de una puja con las comunidades originarias por la explotación de una mina de oro, en la que la empresa del senador nacional aparece como titular del dominio.
Su socio en Finca Luracatao es Manuel José Biedma, funcionario del Ministerio de Transporte durante el gobierno de Mauricio Macri. También aparece en el directorio Cecilia Durán López Lecube y sus hijos Margarita María Freixas López Lecube y José López Lecube.
El amor por La Paz hizo que Benegas Lynch sedujera a su padre para que invirtiera en la ciudad y creara Concepción Agro SA. Esta empresa funciona en Entre Ríos, y tiene como socio al abogado porteño Agustín Seratti. Con él también tiene el control de Maita Agro Meras S.A.
Justamente, en La Paz, los pobladores locales se sorprendieron al ver que Joaquín Benegas Lynch y su entorno conformaron una especie de comunidad cerrada que tiene desde una escuela a su propio circuito cultural y, obviamente, seguridad privada.
El periodista Federico Malvasio, en un excelente artículo sobre el grupo que tiene como uno de sus integrantes a Benegas Lynch, lo describió así: “Joaquín fue un ferviente militante de la candidatura a gobernador de Sebastián Etchevehere en 2023. Antes había incursionado en política en las movilizaciones contra la Resolución 125, que fijaba un sistema de retenciones móviles que abrió un enfrentamiento político entre el sector rural y el gobierno nacional de entonces. Ese conflicto organizaría, luego, la política argentina hasta la actualidad. El hijo del prócer del liberalismo argentino Alberto Benegas Lynch fue un activista en los piquetes y, más acá, en 2020, fue uno de los principales convocantes a Santa Elena cuando el dirigente social Juan Grabois ingresó a uno de los campos de la familia Etchevehere como protesta ante un reclamo judicial de Dolores, la hermana de Sebastián y Luis Miguel, el ex ministro macrista, por la herencia familiar”.
Siguiendo con el listado de firmas que orbitan en derredor de Joaquín Benegas Lynch, aparece la que administra con la familia de su esposa y tiene ineludibles reminiscencias con la de Tompkins: Pampa Invesment SAS. La componen, también, Fernando Perez Muñoz, su ex socio en Pampa PartnersEduardo Choren y el abogado Fernando Mazzinghi.
Meses atrás, en abril, en La Paz, se sorprendieron al enterarse que Joaquín Benegas Lynch había comprado una casona tradicional, cuyo valor de mercado rondaba el medio millón de dólares. Medios locales se dejaron atacar un tanto menos por la sorpresa al cotejar que la nueva propiedad no formaba parte de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. Lo definieron como un lobista, que “naturalmente va a aprovechar los espacios que pueda ocupar para defender sus intereses”.
Ayer, a última hora, en su cuenta de X, el senador nacional se enojó con el periodismo y salió a defender “la del argentino que quiere vender su campo y elegir a quién”. Una buena manera de garantizarle a sus clientes de Glocal Terra que no los iba abandonar.
La senadora Juliana Di Tullio presentó una impugnación contra el legislador de La Libertad Avanza, Joaquín Benegas Lynch, por considerar que existía un conflicto de intereses para participar del debate del capítulo de la Ley de Tierras incluido originalmente en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El planteo fue dirigido a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, aunque pocas horas después el oficialismo decidió retirar ese apartado de la iniciativa al no reunir los votos necesarios para aprobarlo.
En la presentación, Di Tullio solicitó que Benegas Lynch se abstuviera de debatir y votar las modificaciones a la Ley 26.737, que regula la propiedad de tierras rurales por parte de extranjeros. La senadora argumentó que el legislador mantiene una actividad privada directamente vinculada con ese mercado y que una eventual flexibilización de la norma podría generar un beneficio económico para la empresa de la que forma parte.
A través de sus redes sociales, la dirigente de Unión por la Patria difundió el contenido de la impugnación con fuertes críticas al senador libertario. “¡Mirá vos! Un senador de La Libertad Avanza nos quiere vender la tierra argentina a los extranjeros”, escribió. También sostuvo que presentó el planteo porque Benegas Lynch es “socio gerente de una empresa dedicada a venderle tierras argentinas a inversores extranjeros” y afirmó que “no es complicado de entender: juez y parte”. Además, aseguró que “usar la banca del Senado para beneficiar el bolsillo propio no solo viola la Constitución y la Ley de Ética Pública, sino que es traición a la Patria”.
El eje del planteo apunta a la participación de Joaquín Benegas Lynch en Glocal Terra, una empresa especializada en la tasación, administración y comercialización de campos en distintos países de América Latina. Según la información publicada por la propia compañía, ofrece asesoramiento tanto a propietarios como a inversores extranjeros interesados en adquirir o administrar tierras rurales.
Di Tullio sostiene que esa actividad configura un interés económico incompatible con la discusión parlamentaria sobre una ley que precisamente regula el acceso de extranjeros a la propiedad de tierras en la Argentina. Por ese motivo, invocó la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública y reclamó que el senador no participara de la discusión ni de una eventual votación sobre ese capítulo.
La presentación también remarca que la Constitución exige que los funcionarios actúen con imparcialidad y sin utilizar el cargo para favorecer intereses particulares. Bajo ese argumento, la senadora consideró que Benegas Lynch debía apartarse del tratamiento del proyecto para evitar cualquier sospecha sobre su actuación legislativa.
El capítulo fue retirado antes de la sesión
La impugnación coincidió con un cambio de estrategia del oficialismo. Durante la jornada del miércoles, La Libertad Avanza resolvió eliminar del proyecto el capítulo que modificaba la Ley de Tierras, luego de comprobar que no contaba con el respaldo suficiente para aprobarlo en el Senado.
Ese apartado proponía flexibilizar el régimen vigente sobre la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, una de las reformas más cuestionadas del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La resistencia de senadores dialoguistas y de varios gobernadores terminó obligando al Gobierno a dar marcha atrás para preservar el tratamiento del resto de la iniciativa.
De esa manera, la impugnación presentada por Di Tullio quedó referida a un capítulo que finalmente no llegará al recinto. Sin embargo, la legisladora sostuvo que el episodio vuelve a poner sobre la mesa el debate acerca de los conflictos de intereses y los límites que deben respetar los representantes cuando intervienen en proyectos que podrían impactar sobre sus actividades privadas.
Hasta el momento, Joaquín Benegas Lynch no respondió públicamente al planteo. Mientras tanto, el Senado continuará con el tratamiento del resto de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que mantiene las reformas sobre desalojos, expropiaciones, manejo del fuego y modernización de los registros inmobiliarios.
A horas de la sesión de este jueves en la que el Gobierno busca la media sanción del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, un nuevo foco de tensión se generó en el Senado al trascender que el senador de La Libertad Avanza Joaquín Benegas Lynch tiene una empresa dedicada a gestionar la venta de tierras argentinas a extranjeros.
La noticia provocó la reacción del peronismo y la cristinista Juliana Di Tullio presentó un pedido a Victoria Villarruel solicitando la abstención e inhabilitación inmediata del legislador libertario para intervenir, debatir, firmar dictámenes y emitir su voto respecto de la propuesta impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
Al parecer, Benegas Lynch aparece como el fundador y socio gerente de Glocal Terra SRL, una compañía que se dedica al asesoramiento de inversores y administración de campos que comenzó a funcionar en 2020 con domicilio en la avenida Santa Fe al 700, en la Ciudad de Buenos Aires.
Según destaca en su sitio web, la firma participó en operaciones vinculadas con más de 3 millones de hectáreas en América Latina, además, de intervenir en la administración de 85.000 hectáreas de bosques y proyectos de créditos de carbono en Argentina y Chile.
Benegas Lynch también estuvo al frente de Pampa Partners, una empresa vinculada al empresario estadounidense Douglas Tompkins, dedicada a negocios inmobiliarios rurales.
Ante esta situación, Di Tullio presentó un escrito a la vicepresidenta alertando sobre la existencia de “una directa y manifiesta colisión entre el interés público que debe tutelar el legislador y su interés económico privado”.
En este sentido, la senadora peronista consideró que la posición de Benegas Lynch viola la Constitución y la Ley de Ética Pública. “Cualquier modificación, flexibilización o regulación de la normativa vigente impacta directamente en el volumen de negocios, la facturación y los beneficios de la empresa a la que se encuentra vinculado, viciando de parcialidad cualquier posición o voto que emita sobre la materia”, fundamentó.
El caso del senador libertario le agrega un condimento más a la sesión de este jueves en la que el oficialismo intentará darle media sanción al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada luego de que Patricia Bullrich accediera a bajar el polémico capítulo que intentaba modificar la Ley de Tierras eliminando todas las restricciones a la compra de terrenos rurales por parte de inversores extranjeros.
Además, el debate viene cruzado por el pedido de la senadora camporista Anabel Fernández Sagasti para que se la autorice a participar de la sesión de modo remoto por atravesar un embarazo de alto riesgo.
El pedido fue aceptado por la vicepresidenta Victoria Villarruel al igual que otro realizado por el radical Flavio Fama, quien se sometió a una intervención quirúrgica en la rodilla. Será el cuerpo quien decidirá si acepta ambas solicitudes.
Tras el embate opositor que derivó en que el Gobierno tuviera que dar de baja el capítulo de venta de tierras a extranjeros de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, en la Casa Rosada se quejaron de que el Congreso “se dejó llevar” por las campañas opositoras y trinaron porque esto complique la llegada de inversiones al país.
Para mañana, sin embargo, el oficialismo espera aprobar lo que queda de la ley de inviolabilidad. El Presidente ya estará en Quito. Es que Javier Milei partía esta noche, hacia las 20, rumbo a Ecuador y el jueves por la tarde tiene agendada una bilateral con su par Daniel Noboa. El viernes, en tanto, llegará a Colombia. Su partida hará que la vicepresidenta Victoria Villarruel no pueda presidir la sesión del Senado.
En la sede de gobierno dijeron este miércoles que las advertencias sobre una posible “extranjerización” de la Argentina generaron un “prejuicio” sobre los aliados que todavía tenían dudas. El tema tuvo tanto rodaje que hasta artistas que nunca se identificaron con el peronismo, como Tini Stoessel o Emilia Mernes, se manifestaron contra la ley.
Las publicaciones de Emilia Mernes y Tini Stoessel contra la ley del GobiernoInstagram
Voces de los aliados coincidieron en que caló el mensaje “contra la venta de la Argentina”, pero también repararon en que el Gobierno no fue activo en explicar su posición y reaccionó a último momento, cuando esa parte del articulado pendía de un hilo.
En La Libertad Avanza (LLA) del Congreso admitieron que se “perdió la batalla comunicacional” y que esto afectó a los socios: “Los aliados empezaron a preguntar ‘cómo vuelvo a la provincia’, influenciados por el discurso público”.
Los socios consideraron que el timing para debatir la ley tampoco fue el ideal: después del Mundial, con una fuerte incidencia en la agenda de la cuestión Malvinas y con un ferviente sentimiento argentino ante los actores internacionales que cargaron contra el país.
El capítulo de tierras le trajo dolores de cabeza a la gestión de Javier Milei. A principios de junio, su tratamiento se suspendió para negociar apoyo para pliegos judiciales; volvió a posponerse antes de las vacaciones para mañana 6 de agosto; y ahora se cayó ese apartado, pese a que la senadora Patricia Bullrich intentó hasta que pudo introducir cambios. Estas idas y venidas tuvieron su eco en Balcarce 50, con acusaciones cruzadas y cortocircuitos entre el karinismo, el caputismo, Bullrich y Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y cerebro intelectual del proyecto.
En sectores oficialistas y aliados entendían hoy que el peronismo supo imponer su posición mediáticamente y subir la presión social contra los senadores que votaran a favor. En las últimas horas, el pedido de la legisladora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti para votar online desde Mendoza por tener un embarazo de riesgo sumó más visibilidad a la cuestión y hoy se elevó la polémica tras conocerse que el libertario Joaquín Benegas Lynch es director de una empresa que se dedica a gestionar ventas de tierras a extranjeros.
En Desregulación, el ministerio que hizo nacer el proyecto, no consideraron que fuera malo el core de la ley, sino que pusieron el foco sobre la reacción del Congreso: “No se cae porque el argumento no cierra, se cae porque al Congreso todavía le cuesta discutir esto sin prejuicio. Tristemente para los argentinos, esa duda tiene precio. Hay miles de millones de dólares esperando reglas claras. Más de US$15.000 millones para actividades, como la forestal o el riego, podían venir a nuestros país. Esa plata no espera sentada: mientras nuestro Congreso se deja llevar por pancartas de ‘extranjerización’, los millones se radican en Brasil, Uruguay o Chile”.
Desde esa área insistieron ante la consulta de LA NACION: “El fondo del problema no es un artículo. Es un país que tiene tan arraigado que ser extranjero es ‘sospechoso’, que ni siquiera puede preguntarse con la cabeza fría si nos conviene que vengan a invertir y generar trabajo. Una lástima. Era una buena señal para dar y el Congreso la está dejando pasar”.
En esa misma tesitura, un secretario del Gobierno planteó que en la Argentina prendió el “miedo al capital extranjero” y contrastó: “¿Si [el empresario] Lázaro Báez tiene 400.000 hectáreas no hay ningún problema?”.
Desde sectores aliados afirmaron que el Gobierno no salió a defender la ley sino hasta el filo de la sesión. “Les ganaron la calle, no dieron la discusión. Había que explicarlo, pero con tiempo, no a último momento con Patricia [Bullrich] dando notas”, comentó un senador aliado, que además asumió el impacto en la gente: “Amigos no politizados tenían miedo de que la Argentina estuviera en venta. El timing tampoco acompañó. Estamos todos súper exasperados con la soberanía, con Malvinas, tras el Mundial. ¿Cómo vas a plantear este proyecto en este momento sin dar la batalla comunicacional?“.
Bullrich intentó hasta última hora conseguir apoyos para la leyRodrigo Néspolo
En las últimas horas, a la vez que se replicaron imágenes de los glaciares, las fronteras y los lugares más bellos del país en medios y redes sociales, el Gobierno sacó a sus espadas mediáticas a dar la versión oficial. Bullrich, según pudo saber LA NACION, también estuvo hasta la medianoche del martes al teléfono con senadores.
La jefa de la bancada de LLA quiso conservar algunos aspectos del capítulo, pero los socios no aceptaron. Entonces, y también para preservar el grupo de 44 integrantes de LLA y sus aliados, la parte de tierras se dio de baja. En la bancada libertaria destacaron la importancia de mantener ese número por el problema a futuro que podría generarles un desgranamiento en la cámara más difícil para Milei.
“El peronismo te ganó de mano y te instaló un título mentiroso sobre ‘extranjerización de tierras’. Y chau, te ganó la pulseada, porque tenés que salir a explicar y nadie te cree”, analizó un senador oficialista.
Uno aliado aportó: “La discusión pública incrementó un tabú que no existe en la ley. No se supo explicar y el kirchnerismo aprovechó. Justo tras el Mundial hay mucha argentinidad y se dio un combo que hizo que la oportunidad se corriera. Hay varios que a pesar de estar de acuerdo no acompañaron por el costo político”.
El conflicto generado por el decreto que buscaba desregular del servicio de practicaje en los puertos argentinos, con el que el Gobierno debió dar marcha atrás, y la caída del capítulo de extranjerización de las tierras, ambas iniciativas empujadas por Federico Sturzenegger, dispararon cruces en la interna oficial entre ala política y la intransigencia del ministro de Modernización y Transformación del Estado, que complicó las negociaciones con los sectores “aliados”. “Fueron dos tiros en el pie”, resumió una fuente oficial consultada.
En el entorno del “Coloso” lo defienden y aseguran que todas sus reformas están “validadas” por Javier Milei. Pero la seguidilla de derrotas políticas del oficialismo también dejó ver las grietas internas en el Gobierno, ya que desde distintos sectores se cuestionó el “timing” de esta reforma habida cuenta del “espíritu hiper-nacionalista” que alimentó el triunfó de la Selección ante Inglaterra en el Mundial y el despliegue de una bandera en reclamo de las Malvinas al término del partido.
“Los votos estaban cerca de alcanzarse para la sesión del 4 de junio pero se decidió quitar al tema para poder aprobar los pliegos judiciales, entre ellos el de Emilio Rosatti”, indicó una fuente oficial, al referirse al hijo del titular de Corte Suprema que sugirió el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. En otro sector del Gobierno minimizan esa lectura y aseguran que incluso en ese momento había diferencias con los “aliados” en cuanto a la redacción de la iniciativa. También el escándalo Adorni postergó su tratamiento cuando la “narrativa” nacionalista no había permeado lo suficiente en la sociedad.
Las críticas contra la radicalización de Sturzenegger en sus propuestas de reformas se escucharon en la mesa política de este martes. Es que “el desastre” que generó el parate de la operación de más de 140 buques de carga por el conflicto con los prácticos se produjo por el decreto ideado por el funcionario. Trabajaron a último momento para solucionar la situación funcionarios de Defensa, Seguridad -con la articulación entre la ministra Alejandra Monteoliva y su antecesora, Patricia Bullrich- y el equipo de la secretaría de Legal y Técnica. La redacción original depositaba en la Armada el “plan B” en caso que haya un conflicto sectorial, pero en la práctica esa fuerza no podía prestar un servicio que, en los hechos, lo termina tercerizando.
Cerca del ministro de Desregulación, en tanto, sostienen que sus ideas están “blindadas” por el Presidente, quien firmó tanto el “decreto como el proyecto de ley”, en este último caso, en referencia al anteproyecto que envío el Ejecutivo al Congreso.
El fracaso en el debate de la ley de Tierras obligó a la senadora Bullrich a retirar el capítulo 3 del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, referido a la venta a extranjeros de terrenos rurales. “La única que puso la cara fue Patricia“, argumentan cerca del ex ministra que, tras la caída del texto, se encargó de comunicar que se llegó a ese consenso con el “bloque de los 44” senadores, que suma a los integrantes de LLA con bancadas aliadas como el PRO y la UCR.
Es que en el ala política le endilgan a Sturzenegger complicar las negociaciones con los sectores dialoguistas, tal como ocurrió en 2024 con la ley Bases. En este caso, aseguran que la mayoría momentánea que se alcanzó este año para avanzar con la reforma laboral y la aprobación de pliegos judiciales podría peligrar con proyectos que sólo contemplen la tinta de “la batalla cultural” que le imprime el ministro desregulador.
En el Senado también llamó la atención la ausencia del senador Joaquín Benegas Lynch en la reunión convocada por Bullrich este miércoles por la tarde luego que trascendiera que era el fundador de la empresa Glocal Terra SRL, una firma que se dedicaría al asesoramiento de inversores -entre ellos, extranjeros- y administración de campos. “Esta ley respondía a algunos intereses”, cerró, con media sonrisa, una calificada fuente legislativa libertaria consultada.
El senador nacional Joaquín Benegas Lynch (La Libertad Avanza-Entre Ríos) es director de una empresa que se dedica a gestionar ventas de tierras a extranjeros en la Argentina, Uruguay, Chile, Perú y Paraguay. El legislador representaba uno de los votos favorables al proyecto del presidente Javier Milei conocido como ley de tierras, que incluye en sus puntos elevar de 15% a 25% el máximo de superficie que pueden adquirir personas y empresas que no son argentinas, que el oficialismo retiró del temario de la sesión de este jueves por carecer del apoyo para aprobarlo.
La firma de Benegas Lynch se llama Glocal Terra, y el senador es su fundador y director, según consta en la página de internet (íntegramente en inglés) de la empresa. Glocal Terra ofrece a sus clientes inversiones y cotizaciones de tierras.
“Actuando en nombre y bajo la dirección de propietarios de tierras residentes en el extranjero, supervisamos explotaciones agrícolas arrendadas y gestionadas, y elaboramos informes con observaciones actualizadas y propuestas de solución”, indica la firma que dirige el senador Benegas Lynch.
Joaquín Benegas Lynch (abajo, a la derecha) fue parte de la banda que acompañó a Milei en su show en el Movistar Arena, el año pasadopRESIDENCIA
Entre otros puntos, Glocal Terra asegura haber operado con más de 3.000.000 de hectáreas en “mercados latinoamericanos”. Al ofrecer el servicio de inversión, en su sitio web promociona “desde las tierras de cultivo más fértiles del cinturón sojero de la Argentina hasta plantaciones forestales de pino o eucalipto en Uruguay, pasando por cultivos de aguacate y cereza en Chile, explotaciones de uva y cítricos en Perú, haciendas ganaderas en Paraguay, los bosques de hoja perenne más extensos y agrestes de Chile, un haras en Buenos Aires o Santiago, una finca para la pesca con mosca en la Patagonia o un viñedo en Mendoza, y cualquier opción intermedia”.
En el apartado sobre cotizaciones de su página de internet, la empresa de Benegas Lynch informa que “ha valuado más de 400.000 hectáreas en América Latina, incluyendo tierras agrícolas, ganaderas y forestales, así como propiedades destinadas a la conservación y a estilos de vida específicos”. La empresa destaca, además, su “experiencia en la gestión de más de 85.000 hectáreas de terrenos forestales y en el manejo de créditos de carbono en Chile y Argentina.
En el equipo que acompaña a Benegas Lynch, hermano del diputado Bertie Benegas Lynch e hijo del economista Alberto Benegas Lynch (hijo), al que el presidente Javier Milei define como “el prócer del liberalismo”, hay profesionales dedicados a las distintas actividades productivas que promueve y a los países en los que ofrece tierras.
Al sintetizar cuál es la filosofía de la empresa Glocal Terra, se destacan ideas que La Libertad Avanza defiende. “Es un hecho que las empresas rentables del sector privado -especialmente cuando operan en el contexto de una sociedad libre y bajo sistemas no regulados- generan beneficios sostenibles y a largo plazo, tanto directos como indirectos, para la comunidad local y global”, se especifica.
Milei con los hermanos Benegas Lynch, Bertie y JoaquínX.com
En el apartado sobre la filosofía empresaria, Glocal Terra destaca el trabajo de ONG’s como Conin. Y puntualiza: “Si una parte de nuestras ganancias puede apoyar programas educativos que nos beneficien a todos —permitiéndonos vivir en un mundo mejor y más libre— y, al mismo tiempo, contribuir a nutrir a las generaciones futuras como motor de este cambio, entonces nuestros beneficios nos permitirán ir un paso más allá”.
Al presentar a sus candidatos en 2025, cuando Joaquín Benegas Lynch ganó su banca por Entre Ríos, La Libertad Avanza lo presentó con las credenciales de que “llegó a Entre Ríos trabajando en proyectos de inversión agropecuaria para luego fundar Glocal Terra, empresa dedicada al asesoramiento de inversores y administración integral de campos productivos”, además de estar “consustanciado con las ideas liberales desde toda su vida, heredando el legado liberal de parte de su abuelo y de su padre, Alberto”.
El dato, que entonces pasó desapercibido, cobró nueva dimensión este miércoles, publicado por LaPolíticaOnline, en la previa de la votación de la ley de propiedad privada, que iba a tener a Benegas Lynch entre sus protagonistas
LA NACION consultó al senador y a su entorno, pero al cierre de esta nota no había recibido respuestas.
Con dudas de quórum hasta último momento y en medio del clima eufórico por el pase de la Selección a la final del Mundial, el Senado realizó este jueves su última sesión antes del receso invernal y volvió a fracasar, por cuarta vez, en el intento de darle media sanción a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, pidió pasar a un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto al no lograr los votos para destrabar el capítulo más resistido del proyecto: la eliminación de los límites para que extranjeros compren tierras rurales. La moción se aprobó con 65 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención.
El oficialismo logró reunir el quórum recién a las 12.25, con la presencia de La Libertad Avanza, el PRO, los radicales, los misioneros y las senadoras Julieta Corroza y Flavia Royón. Ese primer objetivo se cumplió sin mayores sobresaltos, pese a que horas antes trascendió que el dictamen había sufrido una nueva modificación, la número quince, cuando los aliados presionaron para incorporar un artículo que habilitara a las provincias a crear su propio régimen de venta de tierras a extranjeros, algo que el oficialismo no aceptó.
El proyecto, redactado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, había obtenido dictamen el 20 de mayo, pero desde entonces acumuló modificaciones sucesivas sin volver a pasar por comisión. Es la cuarta vez que naufraga en el recinto: la primera fue el 4 de junio, cuando el oficialismo lo retiró del temario; la segunda, el 11 de junio, cuando el escándalo de Manuel Adorni impidió abrir la sesión; la tercera, el 25 de junio, cuando directamente no hubo quórum.
Esta vez, el borrador post dictamen que se manejaba establecía que las únicas restricciones para adquirir tierras rurales serían la prohibición para Estados extranjeros y para empresas con participación estatal foránea, salvo autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional, un esquema que también regiría para zonas de frontera. En ese texto además había desaparecido la mención al “silencio administrativo positivo” que preveían versiones anteriores. Ni siquiera con esos cambios el oficialismo consiguió cerrar las voluntades necesarias.
El contexto, según coincidieron desde distintos bloques en declaraciones a PERFIL, también influyó. Por un lado, un proyecto resistido que sufre cambios hasta último momento y que genera dudas entre los senadores aliados. Pero, por el otro, la épica mundialista, con banderas hasta del seleccionado que logró la hazaña ayer sobre la causa Malvinas, envalentonó la argumentación opositora respecto de la soberanía argentina. Darle media sanción a un proyecto así de sensible en este momento ya puso en duda a muchos aliados sobre si darían o no quórum.
Para colmo, la difusión de chats entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich, donde la vicepresidenta le endilgaba “poner en venta el país” con esa ley después de la victoria ante Inglaterra, sentó otro precedente incómodo en la Cámara Alta. Desde el entorno de la titular del Senado acusaron a Bullrich de difundir los chats, pero del otro lado señalaron al entorno de la vice.
Los pliegos que sí avanzaron: los jueces de las causas $LIBRA y Andis
Mientras el capítulo de tierras naufragaba, el Senado sí dio ingreso formal a una treintena de pliegos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo. Entre ellos se destacan los de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, propuestos para la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, el tribunal que revisa los fallos de primera instancia en las causas más sensibles para la administración libertaria, entre ellas ANDIS y $Libra, esta última con el propio Javier Milei y su hermana bajo investigación. Bertuzzi ya integra ese tribunal desde un traslado de 2018 dispuesto por el gobierno de Mauricio Macri y ahora concursó formalmente el cargo; Yadarola, por su parte, es cercano al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, e integró en 2022 la comitiva que viajó a Lago Escondido junto a jueces, exfuncionarios porteños y empresarios de medios.
Ese paquete de pliegos ahora deberá pasar por la etapa de impugnaciones y una audiencia pública en la Comisión de Acuerdos antes de poder volver al recinto, algo que podría retomarse recién los días 4 y 5 de agosto, ya con el receso de por medio.
Prórroga de cinco años para el juez que avaló la reforma laboral de Milei
La sesión dejó, de todos modos, una serie de resultados concretos para el oficialismo. El más relevante fue la prórroga por cinco años del camarista Víctor Pesino, de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que cumple 75 años el próximo 27 de julio y necesitaba el aval del Senado antes de esa fecha para no perder el cargo. Pesino había sido impugnado por la CGT por haber firmado el fallo que restituyó la vigencia de la reforma laboral y la resolución que dispuso la intervención de la UOM; aun así, el pliego se aprobó con el rechazo del peronismo.
Juez Víctor Pesino
También se aprobaron 26 ascensos diplomáticos de Cancillería por 67 votos a favor y ninguno en contra, aunque el senador Eduardo “Wado” de Pedro reclamó explicaciones sobre otros pliegos que quedaron afuera “de manera arbitraria”, algo que el titular de la Comisión de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto, negó vinculando la demora a atrasos “de hace muchos años”. Por unanimidad, con 67 votos, también se convirtió a San Miguel de Tucumán en Capital Simbólica de la República Argentina.
Un recinto teñido de celeste y blanco y las críticas del peronismo
El clima futbolero se coló en cada rincón de la sesión. Los senadores libertarios bajaron al recinto con una decena de camisetas de la Selección: algunos las colgaron en sus bancas, la salteña Emilia Orozco la lució puesta y el entrerriano Joaquín Benegas Lynch se sumó con una bufanda albiceleste. En la tanda de homenajes, el radical Flavio Fama pidió un aplauso para “un grupo de personas que están dando un ejemplo a los argentinos” y todo el recinto se puso de pie para ovacionar a los jugadores, en referencia al pase a la final contra España.
Antes del cuarto intermedio, la oposición había dejado planteada su posición. El senador José Mayans cuestionó al oficialismo por “venir con la camiseta de la Argentina” mientras, a su juicio, “se está entregando la soberanía”, y agregó que “más del 60% de los argentinos no aprueba el gobierno de Milei”.
Por fuera del recinto, el gobernador bonaerense Axel Kicillof pidió en redes que los senadores “no se dejen extorsionar” y “defiendan nuestra soberanía”, mientras que la UCR, a través de un comunicado de su conducción nacional, advirtió que el proyecto “compromete la soberanía nacional, el control de las fronteras y los recursos estratégicos del país”.
Para el 6 de agosto, cuando termine el receso invernal, el oficialismo ya anticipó que buscará sumar al temario la ley “Hojarasca”, que deroga normativas consideradas obsoletas y ya tiene media sanción de Diputados. La ley de propiedad privada, mientras tanto, arrastra ya quince versiones distintas y cuatro sesiones frustradas, en un antecedente que, según reconoce el propio oficialismo, empieza a desgastar la paciencia de los bloques dialoguistas que hasta ahora acompañaron al Gobierno en el Senado.
