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  • Frigerio avanza con una reforma laboral para bajar la “industria del juicio” en Entre Ríos

    Frigerio avanza con una reforma laboral para bajar la “industria del juicio” en Entre Ríos


    El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, avanza con una reforma del Código Procesal Laboral provincial con un objetivo que su administración plantea como prioritario: contener el fuerte crecimiento de los juicios vinculados a accidentes y enfermedades laborales y ponerle así un freno a lo que en el oficialismo y el sector empresario describen como la “industria del juicio”.

    La iniciativa pone la lupa principalmente sobre las pericias médicas, un engranaje central de los litigios por Riesgos del Trabajo. Pero los cambios van más allá: el proyecto también modifica el sistema de honorarios de los peritos y elimina una exigencia económica que actualmente deben cumplir los empleadores condenados para poder apelar.

    La discusión aparece en momentos en que la provincia muestra uno de los mayores aumentos de litigiosidad laboral del país. Según estadísticas de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), durante 2025 se iniciaron 2.502 juicios por Riesgos del Trabajo en Entre Ríos, un 25% más que en 2024. Y en los doce meses comprendidos entre septiembre de 2025 y agosto de 2026 la cantidad de nuevas causas aumentó 38%, el mayor crecimiento entre las nueve principales jurisdicciones relevadas.

    El ministro de Gobierno y Trabajo entrerriano, Manuel Troncoso, reconoció que la litigiosidad “se disparó estrepitosamente” durante los últimos dos años y sostuvo que el fenómeno es “multicausal”. Desde la administración provincial aseguran que pretenden debatir la reforma antes del receso legislativo de verano.

    Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de un Cuerpo Especializado de Profesionales Médicos que dependerá directamente del Poder Judicial y actuará en los juicios derivados del régimen de Riesgos del Trabajo. En principio estará integrado por tres peritos médicos, que tendrán sede en Paraná, pero podrán intervenir en todas las jurisdicciones de Entre Ríos. Serán seleccionados por concurso público de antecedentes y oposición y mantendrán una relación de dependencia con el Poder Judicial.

    La diferencia con el esquema que cuestiona el Gobierno está en cómo cobrarán esos profesionales. Los médicos del nuevo cuerpo recibirán una remuneración fija y no tendrán sus ingresos atados al porcentaje de incapacidad reconocido al trabajador ni al monto final de una indemnización.

    El proyecto sostiene que esa desvinculación económica busca fortalecer la independencia de las pericias y evitar que el profesional pueda tener un interés patrimonial relacionado con el resultado del juicio. En los fundamentos de la reforma, el Ejecutivo argumenta que la remuneración de un perito “no debe depender directa ni indirectamente” del porcentaje de incapacidad que determine.

    Para los casos en los que deba recurrirse a otros peritos, la reforma también cambia la manera de fijar sus honorarios. Ya no podrán calcularse a partir del monto reclamado, la condena, un acuerdo o el porcentaje de incapacidad. El juez deberá tomar en cuenta factores como la complejidad, extensión, calidad y utilidad de la tarea realizada, con un tope equivalente a ocho juristas.

    Otro cambio de peso es que los médicos deberán utilizar obligatoriamente la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales vigente a nivel nacional —el denominado baremo— y tendrán que explicar técnicamente qué parámetros utilizaron para llegar a sus conclusiones. El Gobierno entrerriano apunta de esa manera a reducir las diferencias entre pericias sobre cuadros similares y a establecer criterios más uniformes. En 2025, Nación actualizó esa tabla mediante el decreto 549/2025.

    La reforma incluye además una modificación que impacta directamente sobre los empleadores que reciben una sentencia adversa. Hoy, para que se conceda una apelación en determinados procesos laborales, el empleador condenado debe depositar previamente el capital de la condena junto con una suma estimada para intereses y costas, o presentar bienes suficientes para que sean embargados.

    En sus fundamentos, el Ejecutivo de Frigerio sostiene que la condición económica puede terminar diferenciando a las empresas según su capacidad financiera: aquellas que tienen liquidez o bienes disponibles pueden recurrir al fallo, mientras que otras podrían quedar fuera de una segunda instancia por no disponer de esos recursos.

    La eliminación del depósito no significa, sin embargo, que una sentencia quede sin garantías. El texto mantiene la posibilidad de que los jueces dicten embargos preventivos u otras medidas cautelares para asegurar un eventual cobro. El argumento oficial es que esas herramientas permiten evaluar cada expediente individualmente sin imponer una barrera económica automática para apelar.

    Ese punto será uno de los más sensibles del debate legislativo porque toca el equilibrio entre la protección del crédito laboral y el derecho de los empleadores a revisar una sentencia.

    El respaldo de las aseguradoras

    La iniciativa consiguió rápidamente el respaldo de la UART, que la presentó como un “primer paso concreto y necesario” para modificar el funcionamiento de los litigios por Riesgos del Trabajo en Entre Ríos.

    La entidad viene reclamando cambios en distintas jurisdicciones para que las pericias médicas utilicen criterios homogéneos y para que los honorarios profesionales no estén vinculados con el resultado económico de una demanda. Según sus estadísticas, el índice de judicialidad entrerriano pasó de 69 a 87 demandas cada 10.000 trabajadores cubiertos durante 2025.

    El fenómeno no es exclusivo de Entre Ríos. A nivel nacional, las ART contabilizaron 136.979 nuevos litigios en los doce meses terminados en agosto de 2026 y proyectaron más de 138.000 causas para todo el año. En agosto hubo casi 15.000 nuevos expedientes, con fuertes aumentos también en Santa Fe y la provincia de Buenos Aires.

    Frigerio intenta ahora intervenir sobre ese escenario desde las facultades provinciales, sin modificar el régimen laboral de fondo, que depende de legislación nacional. El proyecto se concentra específicamente en las reglas procesales que rigen dentro de la Justicia entrerriana: quién hace las pericias, bajo qué criterios, cómo cobra y qué condiciones deben cumplirse para revisar una sentencia.

    La apuesta del Gobierno es que esas modificaciones reduzcan los incentivos económicos que, según su diagnóstico, favorecen la judicialización y den mayor previsibilidad a empleadores y aseguradoras.

  • El gobierno de Entre Ríos avanza con una reforma laboral para terminar con la industria del juicio en la provincia

    El gobierno de Entre Ríos avanza con una reforma laboral para terminar con la industria del juicio en la provincia

    El gobierno de Entre Ríos anunció que enviará una reforma laboral para terminar con la industria del juicio en la provincia. El gobernador Rogelio Frigerio busca avanzar con los cambios en el Código Procesal Laboral y así reducir la litigiosidad, ordenar el sistema de pericias médicas y generar mayor previsibilidad a empresas, trabajadores y aseguradoras.

    El proyecto introduce cuatro modificaciones centrales al sistema de justicia laboral provincial. La primera es la creación de un Cuerpo Especializado de Profesionales Médicos dependiente del Poder Judicial, cuyos integrantes serán seleccionados por concurso público. La clave del diseño es la remuneración: sus miembros cobrarán un sueldo fijo, de modo que sus ingresos no variarán según el porcentaje de incapacidad que determinen ni según el monto de una eventual indemnización. El objetivo es desacoplar el resultado de la pericia del beneficio económico del perito.

    El segundo cambio es la aplicación obligatoria del baremo nacional para determinar incapacidades laborales. Hasta ahora, la ausencia de un criterio uniforme habilitaba evaluaciones dispares entre peritos, lo que generaba incertidumbre para todas las partes. Con la reforma, los profesionales deberán fundamentar técnicamente sus conclusiones dentro de ese marco común, con el fin de unificar criterios y reducir las diferencias entre evaluaciones.

    La reforma elimina la obligación del depósito previo de la condena como requisito para la apelación de los empleadores

    El tercer eje modifica la forma en que se calculan los honorarios periciales. En el sistema actual, esos honorarios se calculan en función del monto reclamado, de la condena o del porcentaje de incapacidad reconocido, lo que genera un incentivo directo para inflar los valores. La reforma establece que la retribución se determinará por la complejidad, la calidad y la utilidad del trabajo realizado, con un límite máximo fijado de antemano.

    El cuarto punto elimina la obligación de depositar previamente el monto de la condena, los intereses y las costas —o de ofrecer bienes suficientes a embargo— como requisito para que un empleador pueda apelar una sentencia laboral. La modificación apunta a garantizar el acceso a una segunda instancia judicial sin suprimir las medidas cautelares destinadas a asegurar el eventual cumplimiento del fallo.

    La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) respaldó la iniciativa y la calificó como un “primer paso concreto y necesario” frente al crecimiento sostenido de la litigiosidad en la provincia. Con la reforma, el gobierno entrerriano apunta a construir un sistema con pericias independientes, reglas uniformes y menos incentivos para judicializar, con el propósito de reducir costos y generar mayor previsibilidad para quienes trabajan, producen e invierten en Entre Ríos.

    Entre Ríos Frigerio

    El contexto que motivó la iniciativa es concreto: según datos de la UART, en 2025 se iniciaron 2.502 nuevos juicios por Riesgos del Trabajo en la provincia, un 25% más que el año anterior. Entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, ese crecimiento llegó al 38%, la cifra más alta entre las nueve principales jurisdicciones del país. La suba se produce pese a que los índices de siniestralidad laboral disminuyen de manera sostenida, lo que indica que el aumento de demandas no responde a un incremento real de accidentes.

    Ese fenómeno no es exclusivo de Entre Ríos. A nivel nacional, según un informe de la UART, los juicios por accidentes de trabajo alcanzaron 14.966 en agosto de 2026, un 11,3% más que un año antes. En los primeros ocho meses del año se acumularon 87.553 nuevas demandas, y la proyección para el cierre de 2026 supera los 138.000 juicios, lo que marcaría un nuevo récord histórico.

    La entidad señaló que la brecha entre la evaluación de las Comisiones Médicas y lo que resuelve la Justicia alimenta el problema de fondo. “Aún cuando las Comisiones Médicas determinan que un caso ya fue cerrado y la persona atendida y recuperada sin incapacidad, al judicializarse, en la casi totalidad de los casos los peritos judiciales, luego avalados por los jueces laborales, reconocen algún porcentaje de incapacidad. Eso termina generando un incentivo muy fuerte a reclamar, incluso en casos ya resueltos por la vía administrativa”, señaló una fuente sectorial.

    La UART viene reclamando la constitución de Cuerpos Médicos Forenses en todas las provincias del país como medida estructural para revertir esa dinámica, y la reforma de Entre Ríos avanza precisamente en ese sentido.

  • Los gobernadores y Diego Santilli compartirán una cumbre para discutir sobre puertos, rutas, minería y Vaca Muerta

    Los gobernadores y Diego Santilli compartirán una cumbre para discutir sobre puertos, rutas, minería y Vaca Muerta

    Gobernadores de distintas escuderías políticas participarán la semana próxima junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, de la segunda Cumbre de Logística Federal, un espacio destinado a discutir los desafíos que atraviesa la Argentina en su conjunto y las provincias en particular en materia de infraestructura, transporte y conectividad, entre otros puntos. También podría participar el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

    Como anticipó Ámbito semanas atrás, el evento se realizará el viernes de 16 de octubre a las 9 en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC) y será organizado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en el marco de la Estrategia Federal Logística, que busca acercar a las provincias a financiamiento internacional con una hoja de ruta compartida en distintas materias.

    La jornada, titulada “Hacia una logística competitiva para el desarrollo federal”, reunirá a al menos siete mandatarios subnacionales, pero se espera que se sumen más con el correr de los días. Hasta el momento, confirmaron Axel Kicillof (Buenos Aires), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Elías Suárez (Santiago del Estero).

    Además de la apertura institucional, que estará a cargo de Ignacio Lamothe, secretario general del CFI, y del cierre, la cumbre se dividirá en cinco paneles, en los que disertarán representantes de los sectores público y privado.

    Los ejes del encuentro

    El primero se titulará “Logística sin nudos” y abordará las principales obstáculos para un funcionamiento eficiente del sistema logístico argentino. El panel buscará identificar cuellos de botella regulatorios, institucionales y operativos, y discutir cómo simplificar procesos y mejorar la coordinación entre los distintos actores.

    El segundo, llamado “La velocidad que genera valor”, contará con la presencia de Alejandro Jasiukiewicz, Country Manager de DHL; Sebastián Villar Guarino, Gerente General de la Unidad de Negocios Ezeiza y Cargas de Aeropuertos Argentina; Iván Amas, Director de Negocios de Andreani; Federico Alexay, Director de Transporte para Argentina y Uruguay de Mercado Libre; y Silvina Prette, Senior Manager Clearance and Ground Operations Argentina de FedEx.

    Posteriormente, a las 12.15, será el turno de “Agroindustria argentina: logística para llegar al mundo”, donde expondrán Luis Zubizarreta, Director de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA); Lorena Basso, Presidenta de Semillas Basso y Presidenta de la Federación Internacional de Semillas; y Guillermo Barbero, Gerente de Logística de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).

    “Vaca Muerta: logística para potenciar el crecimiento” acaparará la atención del sector energético. Allí se debatirá sobre los desafíos logísticos que plantea el crecimiento de la producción energética argentina, con foco en Vaca Muerta y su proyección internacional. Acto seguido, se desarrollará “Desafíos logísticos para la cadena de valor minera”, con la participación de Pablo Bittar, CEO de Holcim; Carlos Carrillo, External Affairs Principal Advisor de Rio Tinto; José Alioto, Head Corporate Affairs & Communications de Glencore.

    El Consejo Federal de Inversiones es un lugar de reunión habitual para los gobernadores.

    El Consejo Federal de Inversiones es un lugar de reunión habitual para los gobernadores.

    Por último, habrá un cierre donde se compartirán los consenso generales y los desafíos identificados. Esta será la segunda Cumbre Federal de Logística. La primera tuvo lugar en 2024. Ahora, el foco estará puesto sobre la promoción proyectos para negociar con los organismos bilaterales de crédito financiamiento a 10 o 15 años, con el desafío de incluir la voz de la política en las negociaciones.

    La Estrategia Federal de Logística surgió en el 2021, cuando los 10 gobernadores del Norte Grande solicitaron asistencia técnica del Consejo Federal de Inversiones para la iniciativa del Corredor Bioceánico. Desde entonces, la propuesta decantó en una radiografía mucho más abarcativa, que sintetizó las necesidades e inquietudes de cada región.

    Actualmente, contempla más de 1.150 proyectos y busca brindar asesoramiento técnico y normativo a los distritos, entre otros objetivos. Pasos internacionales, puertos, caminos rurales y vías férreas son algunos de los principales ítems que incluye la hoja de ruta.

    Al presentar la estrategia en 2024, el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, había comentado a Ámbito: “Ahora hablamos del boom del litio. Cuando haya que mover ese boom del litio, vamos a tener que estar preparados; si no, un montón de cosas que decimos que van a pasar en la Argentina no van a pasar”.

    “Nos parece sumamente importante que los gobernadores hayan dicho ‘tenemos que pensar cómo producimos, cómo movemos lo que producimos, qué volumen tiene eso y cómo lo estamos moviendo hoy y cómo lo podríamos mover mejor’. Ese sería, a grandes rasgos, el trabajo; cuáles son las oportunidades de mejora de este proceso”, graficó por entonces.

    Ignacio Lamothe, Gerardo Zamora, Rogelio Frigerio e Ignacio Torres, durante la primera Cumbre Federal Logística, en 2024.

    Ignacio Lamothe, Gerardo Zamora, Rogelio Frigerio e Ignacio Torres, durante la primera Cumbre Federal Logística, en 2024.

    En esta ocasión, el evento llega en pleno debate por el futuro de las rutas nacionales, el Belgrano Cargas y la Hidrovía. El Gobierno nacional avanza con su estrategia de traspasar rutas, de manera temporal, a las provincias. Algunas de las concesiones más importantes son las rutas 22 y 151 a Río Negro. Se trata de dos trazas clave para Vaca Muerta, que quedarán en manos de la provincia. También la ruta A012, cedida a Santa Fe, una arteria fundamental para la conexión con los puertos rosarinos.

    Al respecto, se destaca la presencia de Diego Santilli, embajador de la Casa Rosada ante los mandamases, quien viene intentando aceitar la relación con un doble objetivo inmediato: aprobar el Presupuesto 2027 y conseguir la suspensión de las PASO, en el marco de la reforma electoral. La foto de Javier Milei en Paris con 13 líderes fue un paso importante en esa línea, ya que fungió como deshielo en una relación llena de desconfianzas cruzadas.

    Paralelamente, los norteños esperan que el Gobierno cumpla con el acuerdo alcanzado para implementar zona cálida, un régimen de subsidio a las tarifas eléctricas para zonas cálidas y muy cálidas, que regiría entre noviembre y abril. El oficialismo puso ese ítem a cambio de los votos necesarios para el recorte de zona fría. Los mandatarios ya cumplieron su parte en el Congreso y aguardan la devolución.

  • Negociación por las jubilaciones: la deuda de Nación con las provincias por las cajas previsionales pisa los 2.900 millones de dólares

    Negociación por las jubilaciones: la deuda de Nación con las provincias por las cajas previsionales pisa los 2.900 millones de dólares

    “El Gobierno pide mucho pero otorga poco”, desliza un gobernador de amplio expertise en negociaciones políticas de alta tensión. Se refiere al trabajo que lleva adelante el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con los mandatarios provinciales para obtener los votos en el Congreso que logren aprobar, entre otras cosas, el Presupuesto 2027. En ese marco, se coló en las conversaciones una cuestión no esperada: la deuda que el Estado nacional mantiene con las Cajas Previsionales de las provincias. El pasivo total por el corte de fondos asciende a 2.899.574.222 dólares (dos mil ochocientos noventa y nueve millones quinientos setenta y cuatro mil doscientos veintidós dólares).

    Este conflicto aparece frente a la estrategia parlamentaria que el Poder Ejecutivo impulsa para lograr la reforma electoral que elimine o suspenda las PASO. El congelamiento de las transferencias automáticas directas se consolidó a partir de enero de 2024, cuando la aplicación del DNU 280 barrió las partidas —no todas— que financiaban los sistemas previsionales no transferidos con el fin de lograr superávit fiscal en el primer trimestre de la gestión de Javier Milei.

    Diego Santilli con Gobernadores
    El jefe de Gabinete, Diego Santilli, es el hombre encargado de llevar adelante las negociaciones del Ejecutivo Nacional con los gobernadores provinciales para lograr la aprobación del Presupuesto 2027 y la Reforma Electoral, entre otras iniciativas clave para el oficialismo.

    Para coordinar esa unión de voluntades, el jefe de Gabinete recibió en Casa Rosada durante septiembre a once mandatarios de diversas fuerzas políticas. En esos encuentros, Santilli también buscó asegurar apoyos para el tratamiento de otras dos normas de máxima prioridad para el oficialismo: la contención parlamentaria del DNU 70/23 y el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. En diálogo con PERFIL, Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, afirmó que “el objetivo es que Nación reconozca los recursos que corresponden a Entre Ríos“, aunque aclaró que la provincia debe “hacer su parte”.

    La genealogía del bache previsional: el pacto fiscal de los noventa

    La compleja matriz de este conflicto nació en 1994 y fue una obra de ingeniería financiera del entonces ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo. Pese a que su plan de privatizaciones y reformas estructurales estaban en pleno apogeo, el padre de la Convertibilidad necesitaba controlar el déficit fiscal que la propia “política” generaba, con gastos que superaban de forma crónica lo que el Estado recaudaba. Esta situación, es de público conocimiento, ocasionaba fuertes discusiones entre el economista y el expresidente Carlos Menem.

    Fue entonces que el excanciller propuso en 1994 a las provincias traspasar sus cajas previsionales a la órbita de la Nación, para que fuera el Ejecutivo Nacional el encargado de abonar de forma directa las jubilaciones de los médicos, enfermeras, policías y demás empleados públicos de todo el país. A cambio, los gobernadores se desentendían de lidiar con un pasivo crónico originado por una histórica recaudación menor a la necesaria para sostener los pagos.

    A simple vista, se trataba de un win-win. Los gobernadores no debían lidiar con el desajuste financiero previsional y Cavallo se hacía de una masa de dinero gigantesca mes a mes. Ese flujo de recursos líquidos le permitiría tapar los agujeros fiscales que, para mediados de 1994, el exministro ya comenzaba a vislumbrar en el horizonte argentino.

    El llamado Compromiso Federal fue la primera presión del peronismo a la que debió ceder Fernando De la Rúa para garantizar la gobernabilidad y el Presupuesto 2000. Se firmó cuatro días antes de asumir la Presidencia.
    El llamado “Compromiso Federal” fue la primera presión del peronismo a la que debió ceder Fernando De la Rúa para garantizar la gobernabilidad y el Presupuesto 2000. Se firmó cuatro días antes de asumir la Presidencia y es el gérmen de la deuda previsional que hoy reclaman 13 gobernadores.

    La iniciativa generó lo que genera cualquier proyecto en la Argentina: una grieta. Aunque once provincias aceptaron el traspaso a la ANSES, un bloque de trece jurisdicciones rechazó la absorción centralizada para conservar el manejo de sus estatutos locales y los beneficios previsionales de sus empleados públicos. En aquel momento se las denominó “las trece rebeldes“.

    El 6 de diciembre de 1999, cinco años después de la invitación, ya sin Cavallo en el gobierno de Carlos Menem y con Roque Fernández a cargo de la cartera económica, se firmó el “Compromiso Federal” con las trece provincias “rebeldes”. El mecanismo no hizo otra cosa que ratificar que el Estado nacional seguiría financiando a través de la ANSES el déficit de esos sistemas mediante transferencias mensuales automáticas. Es decir, el Gobierno nacional haría con esos distritos lo mismo que hizo con los once que aceptaron la propuesta inicialmente.

    En los hechos, ese acuerdo fue el primer condicionamiento del peronismo hacia el gobierno de Fernando de la Rúa, y fue ejecutado apenas cuatro días antes de que asumiera como Presidente. La liga de gobernadores justicialistas hizo valer su peso parlamentario y político a cambio de un piso fijo de fondos coparticipables para financiar sus déficits internos, que para 1999, ya percibían fuera de control. Esa medida es la que hoy origina la deuda previsional millonaria en dólares.

    El frente del torniquete total: los distritos sin auxilio financiero de la Nación

    La interrupción de las transferencias mensuales de la ANSES a partir de enero de 2024 forzó una polarización en la toma de decisiones de las trece provincias sin sus cajas previsionales transferidas. Cuatro de ellas se encuentran bajo un corte total del 100% de los recursos nacionales: Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa y Formosa. En todos los casos abonan a sus jubilados mediante recaudación impositiva local e impulsaron demandas originarias ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

    La Provincia de Buenos Aires lidera el volumen del pasivo con un reclamo judicial consolidado que asciende a 1.493.506.494 dólares (mil cuatrocientos noventa y tres millones quinientos seis mil cuatrocientos noventa y cuatro dólares) por las transferencias recortadas a su instituto de previsión social (IPS).

    En la misma situación se posicionan los gobiernos de Santa Fe, con una demanda interpuesta por 469.310.390 dólares, y La Pampa, que reclama un stock histórico de 259.740.260 dólares.

    Tabla infográfica con el detalle de la deuda por Cajas Previsionales a las 13 provincias argentinas que reclaman a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la ANSES a de octubre de 2026
    Trece provincias no aceptaron pasar sus cajas previsionales a la Nación en la década de 1990. Esos distritos hoy reclaman una deuda de casi 2.900 millones de dólares.

    La excepción administrativa del bloque opositor la aporta Formosa, cuyo reclamo por 11.688.312 dólares se mantiene bajo la revisión de los montos reclamados por parte de la ANSES. En los demás casos, el tribunal, integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, administra los expedientes.

    Oxígeno discrecional: el mapa de las provincias con convenios de emergencia

    El universo de las provincias dialoguistas o aliadas al Gobierno nacional muestra un escenario diferente. A pesar de sostener las demandas vigentes en los tribunales por las deudas acumuladas en el pasado, estos distritos accedieron a puentes de asistencia financiera mensual a través de convenios de emergencia firmados con la ANSES y el Ministerio de Capital Humano.

    Ante la consulta de PERFIL, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, lo explicó al detalle. La administración entrerriana mantiene abierto un litigio judicial ante el Máximo Tribunal por un stock consolidado que asciende a 100.393.701 dólares, pero el mandatario provincial optó por una estrategia que combinó la vía legal con la negociación técnica ante la ANSES.

    “La estrategia provincial combinó durante estos años el reclamo judicial ante la Corte, el diálogo y los acuerdos con Nación y ANSES“, afirmó el mandatario provincial. Esta ingeniería de acuerdos sucesivos y parciales con el organismo nacional y el Ministerio de Capital Humano le permitió a la provincia acceder a flujos de asistencia.

    El titular del Ejecutivo entrerriano detalló ante este medio que “primero se establecieron anticipos mensuales de 2.000 millones de pesos; posteriormente se alcanzó un acuerdo por 48.000 millones de pesos, en ocho cuotas de 6.000 millones de pesos”. Las partidas actuaron como paliativos para el déficit previsional interno.

    La última actualización del flujo corriente hacia la provincia se selló mediante un convenio reciente para el ejercicio en curso. Frigerio precisó a PERFIL que el último convenio es “por 120.000 millones de pesos, en 12 cuotas mensuales de 10.000 millones de pesos“, una cifra que a cotización oficial representa un ingreso mensual aproximado de 6.493.506 dólares.

    El costo de recibir los fondos de Nación

    La liberación de estos giros mensuales por parte de la Casa Rosada exigió contraprestaciones institucionales a los distritos. Entre Ríos debió convalidar los procesos de auditoría del organismo nacional y avanzar en un reordenamiento de su propia estructura previsional. El gobernador indicó que el proceso incluyó “una reforma previsional, sancionada en 2026”.

    El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, fue recibido por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el pasado 22 de septiembre. Durante el encuentro dialogaron sobre el Presupuesto 2027 y la Reforma Electoral
    El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, fue recibido por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el pasado 22 de septiembre. Durante el encuentro dialogaron sobre el Presupuesto 2027 y la Reforma Electoral.

    La norma local buscó reducir el déficit estructural y otorgar sustentabilidad al sistema de previsión social entrerriano. El mandatario provincial cerró su descripción de la estrategia fiscal ante este medio al manifestar que “el objetivo es que Nación reconozca los recursos que corresponden a Entre Ríos y, al mismo tiempo, que la Provincia haga su parte“.

    Córdoba, por su parte, representa el caso más antiguo de desfasaje previsional en la tabla general. El conflicto de la provincia mediterránea se originó en 2019, cuando la gestión nacional congeló la actualización por inflación de los giros corrientes, acumulando un pasivo que hoy el gobernador Martín Llaryora mantiene en la Corte Suprema por un total de 454.545.455 dólares.

    El resto de las provincias alineadas con la estrategia de los convenios mensuales parciales de la ANSES registra escalas menores en la grilla previsional. Bajo esta modalidad técnica de asistencia corriente se ubican las jurisdicciones de Chubut, con 31.168.831 dólares, Corrientes, con 25.974.026 dólares, y la provincia de Chaco, que computa 16.233.766 dólares.

    En la instancia administrativa de la ANSES, y bajo el mismo criterio de asistencia financiera condicionada a cambio de reordenamientos internos, se completan los casilleros de Misiones con 12.987.013 dólares, Neuquén con 9.740.260 dólares, Santa Cruz con 7.792.208 dólares y la administración de Tierra del Fuego con un reclamo de 6.493.506 dólares. En todos los casos, el proceso administrativo previo ante el organismo previsional nacional es requisito obligatorio para iniciar un reclamo ante la Corte.

    Con el viaje del presidente Javier Milei y una comitiva de más de una docena de gobernadores a la Argentina Week en París la semana pasada, la dinámica de reuniones de Diego Santilli con gobernadores quedó en un impasse. Sin embargo, con el regreso de las delegaciones al país este sábado, la Casa Rosada confirmó que las negociaciones seguirán su curso y mantendrán el foco principal en el Prespuesto 2027 y la reforma electoral.

  • “Javier Milei solo puede ganar en primera vuelta si va en alianza con nosotros”: ultimátum a La Libertad Avanza

    “Javier Milei solo puede ganar en primera vuelta si va en alianza con nosotros”: ultimátum a La Libertad Avanza

    6 de octubre 2026 – 11:48

    La lección electoral del 2025 gana terreno en la mesa política de Javier Milei. Acuerdos con los gobernadores para blindar piso del 40% en 2027.

    La doctrina Santiago Caputo se impuso en La Libertad Avanza. Los acuerdos de no interferencia territorial con los gobernadores en sus provincias se convirtieron en una urgencia de supervivencia política básica para Javier Milei de cara a las elecciones 2027. Y las advertencias fueron debidamente notificadas en París.

    “Todavía pueden ganar en primera vuelta pero si hacen alianzas con los gobernadores”, fue el ultimátum que recibió Diego Santilli de parte de los mandatarios provinciales que acompañaron al Presidente la semana pasada en el viaje a Francia. El modelo son las legislativas 2025. Pero ampliado en un marco de acuerdo que incluya a más gobernadores. En las legislativas del año pasado, La Libertad Avanza cosechó 40,7% de los votos a nivel nacional, en la sumatoria provincial, armando frentes electorales con los oficialismos locales en sólo cinco distritos: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, San Luis y Chaco.

    Ese esquema, extendido a nuevas provincias como Catamarca, Tucumán, Salta, San Juan, Chubut, Río Negro y Neuquén, es el que la Casa Rosada intentará reconstruir de cara a las presidenciales del año próximo con el objetivo de blindar un piso del 40% de los votos e intentar evitar una segunda vuelta electoral del resultado incierto para La Libertad Avanza. El gobierno nacional se abstendría de presentar candidatos propios competitivos en las provincias para allanarle a os gobernadores el camino hacia sus propias reelecciones a cambio de apoyos en el Congreso para blindar la agenda legislativa del Presidente -desde el Presupuesto 2027 hasta la suspensión de las PASO- a cambio de un presunto apoyo territorial en la elección nacional de octubre.

    Gobernadores junto a javier Milei, en París.

    Gobernadores junto a javier Milei, en París.

    El triángulo de La Libertad Avanza

    Quedaría así saldada una feroz y añeja interna en el triángulo de hierro de La Libertad Avanza. Se terminaría imponiendo la postura de Santiago Caputo de acordar con los mandatarios provinciales en sus distritos, a cambio de blindar la gobernabilidad de Milei en el Congreso, frente a la postura del sector de Karina Milei y los Menem de imponer candidaturas de LLA que atenten contra la hegemonía de los gobernadores en sus territorios. El futuro del DNU 70/2023, la piedra angular del modelo de desregulación económica de Milei es apenas un botón de muestra de esa dependencia del Poder Ejecutivo Nacional frente a los caciques provinciales en el Congreso.

    Ese modelo de acuerdos electorales ya fue probado con éxito en 2025 frente al peronismo. En Mendoza, el frente electoral entre Alfredo Cornejo y LLA rozó 54% de los votos y le sacó casi 30 puntos de diferencia al peronismo. La mayor distancia registrada en todo el país. Un antecedente que complica las chances de Luis Petri de ser bendecido por la Casa Rosada como su candidato a gobernador el próximo año teniendo en cuenta que, más allá de los bailes en trencito con Milei, el Presidente apunta a preservar su vinculo con Cornejo y no inmiscuirse en su proceso sucesorio dentro del radicalismo.

    La Ciudad de Buenos Aires es otro leading case de acuerdo electoral exitoso entre LLA y el gobierno local, en este caso del PRO, que podría replicarse en 2027. En las legislativas del 2025, ese frente de amarillos y violetas superó el 47% de los votos frente al 26,9% de Fuerza Patria. Fueron unos 20 puntos de ventaja sobre el peronismo, un escenario que podría volver a repetirse si Jorge Macri termina de atornillar a Pilar Ramírez como su candidata a vice para reelegir como jefe de gobierno en territorio porteño.

    Gobernadores para un frente electoral

    Tanto Cornejo como Jorge Macri estuvieron en París junto a Milei y Diego Santilli. Ese lote de 13 gobernadores es el núcleo duro del acuerdo que La Libertad Avanza quiere cerrar con los gobernadores para conformar un frente electoral a nivel nacional de cara a las presidenciales. La necesidad política es mutua. A Javier Milei le urge llegar a las presidenciales de octubre sin una seguidilla de derrotas previas que golpee a LLA en el calendario adelantado de elecciones provinciales que dispondrán los gobernadores en sus territorios. Un detalle no menor hace persistir sin embargo las dudas entre los caciques provinciales. Ni Milei ni Santilli tiene la palabra final sobre los cierres electorales en las provincias. Todo depende, una vez más, de “el jefe”, Karina Milei.

    Otro que acompañó al Presidente a la Argentina Week en Francia fue Rogelio Frigerio, uno de los articuladores del acuerdo entre la Casa Rosada y la liga dialoguista de mandatarios provinciales con el objetivo de cerrar ese frente electoral que el Presidente le propuso a los gobernadores en París. Fue en la reunión en la sede de la OCDE el jueves pasado. “”Los que estamos acá tenemos la responsabilidad de conformar un frente para evitar el regreso del populismo y sostener el rumbo económico”, fue la sentencia del Presidente en clave electoral.

    Aliados de Javier Milei

    En Entre Ríos, el la lista compartida que conformó Frigerio con La Libertad Avanza obtuvo 52,93% de los votos frente al 34,4% del peronismo. Otro frente electoral entre un gobernador y la Casa Rosada que aplastó al peronismo a nivel provincial y ayudó a configurar el triunfo a nivel nacional de Milei en las legislativas nacionales. San Luis también fue un caso paradigmático de acuerdo exitoso con el mandatario provincial Claudio Poggi que se impuso por una diferencia de 18 puntos ante el frente justicialista. En Chaco, donde el radical Leandro Zdero sumó a LLA y al PRO a su colectivo electoral, la diferencia fue más escueta pero también figura en el lote de triunfos del mapa acuerdista entre la Casa Rosada y los gobernadores: 45,7% contra 43,6% de Fuerzas Patria.

    Existe otro factor, señalado por varios gobernadores consultados por Ámbito, que impulsa a Milei a apurar acuerdos con los gobernadores. La posibilidad de que Patricia Bullrich finalmente encare una candidatura presidencial propia que tiente a los mandatarios provinciales con una tercera vía competitiva. Ni libertaria ni peronista. Esa alternativa es otro de los motivos que impulsan al Gobierno a insistir con la suspensión de las PASO. Más allá de potenciar la dispersión del peronismo, hoy sumido en la interna entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicilliof, las primarias podrían servirle a Bullrich para ordenar a ese potencial especial de centro donde podrían confluir los residuos del PRO de Mauricio Macri, desencantados libertarios y hasta la figura de Victoria Villarruel.

  • Cuánto vale tu auto usado: todos los precios actualizados de octubre, modelo por modelo

    Cuánto vale tu auto usado: todos los precios actualizados de octubre, modelo por modelo

    El mercado de autos usados en la Argentina registró en septiembre un fuerte crecimiento frente al mes anterior y alcanzó uno de los niveles más altos para ese período desde que existen estadísticas. Según informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA), durante el mes se comercializaron 170.768 vehículos, frente a las 155.246 unidades de agosto.

    La diferencia representó un incremento mensual del 10% y ubicó a septiembre como el segundo mejor septiembre desde que comenzó el registro, hace 31 años, en 1995. En la comparación interanual, en cambio, las operaciones quedaron apenas 0,35% por debajo de septiembre de 2025, cuando se comercializaron 171.364 unidades.

    Los números mostraron una recuperación frente a agosto, aunque el acumulado del año permaneció por debajo del nivel registrado durante 2025. Entre enero y septiembre de 2026 se vendieron 1.374.454 vehículos usados, frente a 1.436.656 unidades durante el mismo período del año anterior. La diferencia representó una caída interanual del 4,33%.

    En ese contexto, las planillas de precios de octubre publicadas por la propia CCA permiten tener una referencia de cuánto valen algunos de los vehículos que lideraron las ventas. Para el relevamiento se seleccionaron modelos, versiones y años específicos, por lo que los montos no representan un precio único para cada vehículo: las cotizaciones cambian según la antigüedad, la versión y la configuración. El detalle de los casos seleccionados se incluye más abajo.

    Desde la entidad destacaron especialmente el comportamiento del mercado durante septiembre. Alejandro Lamas, secretario de la CCA, señaló que el volumen quedó prácticamente en los mismos niveles del mismo mes del año pasado, pero resaltó el avance respecto de agosto.

    “Septiembre se convirtió en el segundo mejor septiembre desde que se tiene registro desde hace 31 años (1995)”, afirmó Lamas. El directivo explicó que el crecimiento mensual respondió, en parte, a un aumento en el otorgamiento de préstamos para comprar autos, una baja en las tasas de financiación y un acomodamiento hacia abajo de los precios de los vehículos.

    El ranking de autos usados más vendidos volvió a mostrar entre los primeros puestos a varios de los modelos de mayor presencia en el mercado argentino. El Volkswagen Gol y Trend se mantuvo ampliamente en el primer lugar, con 9.291 unidades comercializadas durante septiembre.

    Un hombre mira un automóvil gris usado con un cartel de 15.861.000 pesos en el parabrisas junto a otra persona con una carpeta de papeles.

    La Toyota Hilux ocupó el segundo puesto, con 6.443 operaciones, mientras que la Volkswagen Amarok quedó tercera, con 4.771 unidades. Muy cerca se ubicó la Ford Ranger, con 4.724 transferencias. Así, tres pickups aparecieron entre los cuatro vehículos usados con mayor cantidad de operaciones durante el mes.

    El quinto lugar correspondió al Chevrolet Corsa y Classic, con 4.671 unidades. A continuación se ubicó el Peugeot 208, con 3.898 operaciones, seguido por la Ford EcoSport, con 3.394.

    El Toyota Corolla alcanzó 3.291 transferencias y quedó en el octavo puesto. El ranking de los diez primeros se completó con el Ford Ka, con 3.118 unidades, y el Fiat Palio, con 3.036.

    La diferencia entre el primero y el resto del ranking fue amplia. El Gol y Trend superó en 2.848 operaciones a la Hilux. Entre las pickups, en cambio, Amarok y Ranger mostraron volúmenes muy similares: sólo 47 unidades separaron a ambos modelos durante septiembre.

    De acuerdo con las planillas de octubre de la Cámara del Comercio Automotor, estos son los valores correspondientes a las versiones y años seleccionados de los modelos que integraron el ranking de ventas de septiembre:

    • Volkswagen Gol 2016: 3p 1,4l Power 4g, $7.996.000; 5p 1,4l Power 4g, $8.618.000.
    • Volkswagen Gol Trend 2022: 5p 1,6 Trendline 2019, $18.435.000; 5p 1,6 Trendline Tipt 2020, $18.804.000.
    • Toyota Hilux Pick Up 2025: C/c 2,4 Tdi 4×2 Dx 6mt 2024, $31.169.000.
    • Volkswagen Amarok 2023: C/C 3,0 TDi V6 4X4 8AT Black Style 258 CV, $53.512.000.
    • Ford Ranger 2023: D/C 3,0 TD V6 Lion LTD + 4X4 10AT 2023, $58.972.000.
    • Ford Ranger 2018: D/C 3,2 TDCi Black Edition 4X4 6AT 2019, $33.035.000.
    • Chevrolet Classic 2017: 4P 1,4 LS A/C DH ABG ABS PAC, $9.780.000.
    • Peugeot 208 2025: 5P T200 CVT GT, $26.444.000.
    • Ford EcoSport 2012: 5P 2,0 XLT 4X4 Plus CRO, $12.266.000.
    • Toyota Corolla 2025: 4P HEV 1,8 SEG eCVT Safety, $40.660.000.
    • Ford Ka 2019: 4P 1,5 12V SEL AT 2018, $17.042.000.
    • Fiat Palio 2016: 5P 1,6 Sporting Pack Seg, $12.975.000.

    Los valores corresponden específicamente a las alternativas detalladas y no a la totalidad de las versiones disponibles para cada modelo. En algunos casos se incluyó más de una opción del mismo vehículo para mostrar las referencias seleccionadas dentro de las planillas de la entidad.

    El crecimiento que registró el mercado entre agosto y septiembre también se reflejó en buena parte del país, aunque con diferencias importantes según la jurisdicción.

    Santa Cruz encabezó el crecimiento mensual, con un avance del 28,85%, seguida por Tierra del Fuego, con 15,11%, y Chubut, con 14,05%. En CABA, las operaciones aumentaron 12,83%, mientras que en la provincia de Buenos Aires avanzaron 12,47%.

    También registraron aumentos Chaco, con 11,65%; San Luis, con 10,99%; Neuquén, con 10,78%; Corrientes, con 10,65%; Jujuy, con 9,46%; Córdoba, con 9,02%; Santiago del Estero, con 8,90%; Río Negro, con 8,61%; Mendoza, con 8,10%; La Pampa, con 7,28%; Santa Fe, con 7,04%; Formosa, con 6,86%; Catamarca, con 6,56%; San Juan, con 6,39%; Tucumán, con 2,55%; Entre Ríos, con 2,25%; y Salta, con 0,48%. La Rioja no registró cambios.

    Misiones fue la única provincia que mostró una baja entre agosto y septiembre, con un retroceso del 0,59%.

    El panorama resultó diferente cuando la CCA comparó los primeros nueve meses de 2026 con el mismo período de 2025. En ese caso, el informe consignó subas en Jujuy, del 2,48%; San Juan, del 0,96%; y Santiago del Estero, del 7,03%.

    Entre las jurisdicciones que mostraron caídas en el acumulado, Santa Cruz registró el mayor retroceso, con 19,15%. Le siguieron Formosa, con 12,07%; Misiones, con 10,24%; y La Rioja, con 10,09%. El listado también incluyó a Chubut, San Luis, Tucumán, Neuquén, Salta, La Pampa, Tierra del Fuego, provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, CABA, Chaco, Catamarca, Santa Fe, Corrientes, Río Negro y Mendoza.

    Junto con las cifras de ventas, la Cámara del Comercio Automotor planteó una preocupación vinculada con las dificultades que encuentran los propietarios cuando deciden vender sus vehículos y necesitan conocer las multas de tránsito pendientes.

    La entidad cuestionó el sistema mediante el cual se informan y cargan las infracciones. Según sostuvo, el mecanismo puede provocar problemas entre vendedores y compradores y no brinda seguridad jurídica al momento de informar las faltas. La CCA también reiteró una propuesta que, según indicó, planteó en distintas oportunidades: que las faltas de tránsito se carguen en el DNI de los titulares y no sobre los vehículos. La entidad sostuvo que ese mecanismo evitaría inconvenientes al realizar las transferencias de dominio y las correspondientes bajas y altas por cambios de radicación.

    La Cámara señaló además que el sistema actual genera reclamos entre particulares durante las operaciones. Para la entidad, vincular las infracciones con el titular en lugar de hacerlo con el vehículo permitiría evitar esos problemas durante el proceso de transferencia.

  • PASO 2027: el semáforo de los gobernadores, las listas colectoras que pide la UCR y una inesperada fisura en el PJ

    PASO 2027: el semáforo de los gobernadores, las listas colectoras que pide la UCR y una inesperada fisura en el PJ

    La negociación para que en 2027 no haya PASO entró en una nueva etapa. Después de concentrarse durante meses en los gobernadores, la Casa Rosada comenzó a trasladar la discusión al ámbito donde finalmente deberá resolverse: el Senado. El Gobierno tiene un semáforo con los 23 mandatarios provinciales y el jefe de Gobierno porteño: contabiliza 12 en verde, cuatro en amarillo y ocho en rojo, aunque reconoce que esa fotografía política provisoria todavía no permite garantizar los 37 votos para aprobarla.

    “Con esto no alcanza para sacar en el Senado. Se está trabajando senador por senador y, en algunos casos, con algunos bloques”, explicó a Infobae una fuente calificada del oficialismo que está involucrada en el poroteo.

    La frase describe el estado real de una negociación que el Gobierno considera prioritaria para ordenar el escenario electoral del año próximo. Javier Milei mantiene como objetivo de máxima la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, pero en la Casa Rosada están dispuestos a aceptar una nueva suspensión para 2027 si esa alternativa permite construir una mayoría más amplia.

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    La negociación tiene cuatro protagonistas principales dentro del oficialismo: la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, la presidenta del bloque LLA en el Senado, Patricia Bullrich, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

    La hermana del Presidente y titular de La Libertad Avanza interviene en la definición política de los entendimientos con los gobernadores; Santilli mantiene el contacto directo y cotidiano con los mandatarios y con los legisladores y tiene previsto desarrollar una ronda de reuniones individuales; Bullrich tiene a su cargo una parte decisiva de la construcción parlamentaria en el Senado; y Menem trabaja sobre la Cámara de Diputados.

    Las conversaciones ya no se limitan a determinar quién está a favor y quién en contra. Entraron en una segunda etapa: comenzaron a discutirse las condiciones políticas y electorales que algunos potenciales aliados reclaman para acompañar la reforma.

    Allí reapareció una propuesta que había circulado a principios de año, luego quedó relegada y ahora volvió a la mesa: una colectora o, en la definición que utilizan quienes participan de las conversaciones, una lista de adhesión.

    La iniciativa volvió a ser planteada desde sectores del radicalismo y apunta a resolver uno de los principales problemas electorales que la suspensión de las PASO les plantea a los gobernadores aliados: cómo respaldar la candidatura presidencial de Milei sin quedar obligados a integrarse por completo a La Libertad Avanza ni resignar sus propias estructuras provinciales.

    La idea es habilitar una adhesión a un solo candidato presidencial.

    En términos prácticos, un gobernador radical, del PRO o perteneciente a una fuerza provincial, podría presentar su propia boleta para gobernador y asociarla electoralmente a la candidatura de Milei a presidente. Mantendría su sello, su estructura territorial y sus candidatos provinciales, pero compartiría en la parte superior de la oferta electoral al postulante presidencial libertario.

    “Una sola lista de adhesión”, describió una fuente oficial al explicar la variante que volvió a circular.

    Ese detalle es central.

    No se piensa, al menos en esta etapa de la discusión, en un sistema abierto de múltiples colectoras que permita que numerosas listas se cuelguen indiscriminadamente de una candidatura presidencial. La propuesta que llegó desde el radicalismo es más acotada: habilitar una vía para que fuerzas políticas diferentes puedan asociarse a un mismo candidato a presidente.

    Políticamente, el mecanismo podría facilitar acuerdos que hoy resultan difíciles de cerrar.

    Hay gobernadores radicales y de fuerzas provinciales que pueden coincidir con la reelección de Milei y, al mismo tiempo, competir en sus distritos contra candidatos de La Libertad Avanza. Una lista de adhesión permitiría separar ambos planos: acompañar al Presidente en la categoría nacional y mantener la autonomía en la disputa provincial.

    Para los mandatarios, además, significa preservar uno de sus principales activos: el control de sus propios armados territoriales.

    Para la Casa Rosada, en tanto, puede transformarse en una moneda de cambio importante dentro de la negociación por los votos que necesita para sacar las PASO del calendario.

    La discusión tiene antecedentes.

    La posibilidad de habilitar colectoras había aparecido en las primeras conversaciones sobre la reforma electoral. Durante el invierno, funcionarios nacionales y gobernadores analizaron distintos mecanismos para que las fuerzas provinciales conservaran sus listas y pudieran, al mismo tiempo, acompañar la candidatura presidencial de Milei.

    PASO NACIONALES 2027 – GOBERNADORES UCR Juan Pablo Valdés, Leandro Zdero, Maximiliano Pullaro, Alfredo Cornejo, Carlos Sadir

    La alternativa buscaba facilitar acuerdos con gobernadores de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y espacios provinciales que no estaban dispuestos a incorporarse orgánicamente a La Libertad Avanza.

    Después perdió fuerza.

    El Gobierno decidió concentrarse primero en conseguir los votos para eliminar o suspender las PASO, y la discusión sobre las colectoras quedó relegada. Ahora volvió a aparecer, y su regreso marca una diferencia importante respecto de aquella primera etapa: ya no se trata solamente de discutir si habrá primarias, sino de empezar a diseñar bajo qué reglas competirían los eventuales aliados del oficialismo en 2027.

    La discusión electoral comenzó así a mezclarse directamente con la parlamentaria.

    En los despachos donde se sigue la negociación circula una clasificación de los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño según la posición que la Casa Rosada les atribuye frente a una suspensión de las PASO nacionales.

    Hay doce en verde.

    Son Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Leandro Zdero, de Chaco; Carlos Sadir, de Jujuy; Marcelo Orrego, de San Juan; Ignacio Torres, de Chubut; Rolando Figueroa, de Neuquén; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Claudio Poggi, de San Luis; y Raúl Jalil, de Catamarca.

    La clasificación no significa que los doce hayan cerrado un acuerdo electoral con el Gobierno ni, mucho menos, que puedan garantizar automáticamente todos los votos de sus provincias.

    El verde significa que la Casa Rosada considera que tienen una posición favorable a que las primarias nacionales no se realicen en 2027.

    Los cinco gobernadores radicales aparecen en ese grupo.

    Cornejo, Pullaro, Valdés, Zdero y Sadir hicieron declaraciones públicas con diferentes grados de respaldo. Algunos defendieron las PASO como instrumento y rechazaron su eliminación definitiva, pero admitieron que podrían volver a suspenderse durante 2027. Valdés fue incluso más lejos y dejó abierta la posibilidad de apoyar directamente su derogación.

    Ese alineamiento fue una de las señales que llevó al Gobierno a acelerar las conversaciones durante y después de la Argentina Week de París. Cuatro de los cinco gobernadores radicales viajaron a Francia y tuvieron allí distintos contactos políticos con funcionarios nacionales. La posición pública de los cinco, con matices, es compatible con que no haya primarias nacionales en 2027.

    Pero una posición favorable de un gobernador no equivale automáticamente al voto de un senador.

    Por eso comenzó la segunda parte del trabajo.

    Los cuatro gobernadores pintados de amarillo son Martín Llaryora, de Córdoba; Claudio Vidal, de Santa Cruz; Gustavo Sáenz, de Salta; y Gustavo Melella, de Tierra del Fuego.

    Son mandatarios con los que el Gobierno entiende que todavía existe margen para negociar. Llaryora, Vidal y Sáenz provienen de expresiones peronistas alejadas del kirchnerismo. Melella tiene una trayectoria política diferente, aunque en Balcarce 50 registraron señales de acercamiento y por eso tampoco lo consideran hoy dentro del rechazo definitivo.

    El amarillo expresa precisamente esa situación: no son votos garantizados, pero tampoco negociaciones cerradas.

    En rojo aparecen Axel Kicillof, de Buenos Aires; Jorge Macri, de la Ciudad de Buenos Aires; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Hugo Passalacqua, de Misiones; Gildo Insfrán, de Formosa; Ricardo Quintela, de La Rioja; Sergio Ziliotto, de La Pampa; y Elías Suárez, de Santiago del Estero.

    También allí existen situaciones particulares.

    Jorge Macri figura en rojo pese a pertenecer al PRO porque en el Gobierno consideran que su definición terminará dependiendo de la posición política que adopte Mauricio Macri. Jaldo quedó afuera del grupo favorable pese a haber acompañado diferentes iniciativas de Milei desde 2023. Y Misiones conserva la lógica de una fuerza provincial que suele negociar cada votación de manera autónoma.

    El semáforo, en definitiva, no divide a aliados y opositores.

    Es una fotografía específica de una sola negociación: PASO 2027.

    Y la Casa Rosada admite que todavía no alcanza.

    La Libertad Avanza necesita reunir 37 votos en el Senado. De allí que el trabajo haya comenzado a trasladarse de los gobernadores a los legisladores, con negociaciones individuales y conversaciones con bloques completos.

    Karina Milei, Diego Santilli, Patricia Bullrich y Martín Menem cumplen distintas funciones dentro de esa estrategia. Santilli concentra buena parte del vínculo con los gobernadores. Bullrich y los operadores legislativos trabajan sobre el Senado. Karina Milei interviene en las definiciones políticas y electorales de fondo. Menem deberá contribuir a construir la mayoría correspondiente en Diputados.

    La pregunta central ahora es cuántos de los gobernadores pintados de verde pueden transformar su posición política en votos concretos.

    Y cuánto deberá ofrecer el oficialismo para conseguirlos.

    Ahí vuelve a cobrar relevancia la lista de adhesión.

    Otros tiempos. Sergio Massa, Cristina Kirchner y Axel Kicillof

    Mientras el Gobierno hace esa cuenta, apareció una variable que puede agregar todavía más complejidad a la discusión: dentro del peronismo comenzó a resquebrajarse la posición común que había prevalecido sobre la defensa de las PASO.

    Una fuente calificada del Partido Justicialista (PJ) aseguró a Infobae que sectores vinculados a Cristina Kirchner comenzaron a evaluar la conveniencia de dejar que el Gobierno avance con la suspensión de las primarias.

    La hipótesis tiene una explicación enteramente vinculada a la interna peronista.

    Sin PASO, la conducción formal del PJ conservaría mayor capacidad para intervenir en la definición de las candidaturas y prolongaría la negociación hasta el momento de inscripción de las listas.

    Axel Kicillof perdería, en cambio, la posibilidad de utilizar una primaria nacional como mecanismo institucional para desafiar a la estructura partidaria y resolver mediante el voto una eventual competencia presidencial.

    El entorno del gobernador bonaerense viene defendiendo precisamente la posición contraria: considera que las PASO deben mantenerse y que las candidaturas del peronismo tienen que resolverse mediante una competencia interna si no existe previamente un acuerdo. Esa postura fue ratificada públicamente en las últimas horas.

    Pero Kicillof no está solo en esa posición. Según pudo saber Infobae, Sergio Massa tampoco está de acuerdo con eliminar ni con suspender las PASO y coincide en ese punto con el gobernador bonaerense.

    El dato agrega otro actor de peso a la disputa.

    Massa ya había participado en agosto de las conversaciones del peronismo en las que se acordó defender el sistema de primarias de cara a 2027. En aquella mesa estaban representados sectores que hoy mantienen diferencias profundas sobre la candidatura presidencial y el liderazgo del espacio.

    La novedad es que esa posición común empezó a mostrar fisuras.

    Una fuente de peso del peronismo sostuvo ante Infobae que existe un movimiento para que sectores vinculados a Cristina Kirchner no bloqueen la suspensión de las PASO. Incluso atribuyó a la expresidenta el interés político detrás de esa alternativa.

    En las conversaciones internas comenzaron a aparecer dos senadores de peso. Uno de La Cámpora y otro del norte. No hay, sin embargo, elementos que permitan afirmar que alguno de ellos esté negociando directamente con el Gobierno.

    De hecho, la Casa Rosada lo niega. “No veo que de ahí vengan los votos en el Senado”, aseguró una fuente oficial involucrada directamente en el poroteo.

    La respuesta fue todavía más terminante respecto de una eventual conversación con ese universo político: “En nuestro menú de herramientas no hay conversaciones con ellos. Los números los estamos trabajando con otros senadores y otros bloques”.

    Es decir, hay dos planos que por ahora transcurren separadamente.

    Una cosa es la discusión que comenzó dentro del peronismo sobre si a todos sus sectores les conviene conservar las PASO. Otra, diferente, es la construcción de votos que lleva adelante la Casa Rosada.

    El Gobierno asegura que no está negociando con el kirchnerismo.

    Pero admite que entiende perfectamente por qué la ausencia de primarias podría resultar conveniente para Cristina Kirchner.

    Sin PASO, Kicillof no tendría una elección interna abierta en la que disputar la candidatura presidencial y la pelea se trasladaría al control partidario, la conformación de las alianzas y, finalmente, el cierre de las listas.

    La conducción del PJ ganaría entonces capacidad de negociación.

    La fuente oficial consultada por Infobae lo resumió en términos políticos: la ausencia de una primaria permitiría a Cristina Kirchner mantener la presión sobre Kicillof hasta el último tramo del armado electoral.

    La paradoja es evidente.

    Milei quiere eliminar las PASO, entre otras razones, porque considera que constituyen una herramienta financiada por el Estado para resolver internas partidarias. Pero la desaparición de ese mecanismo puede alterar a su vez de manera profunda la correlación de fuerzas dentro del principal partido opositor.

    Hasta ahora, una parte importante del peronismo había defendido las primarias como mecanismo para preservar la unidad y resolver la candidatura presidencial. En agosto, Massa, Kicillof y otros referentes habían participado de un reagrupamiento partidario que incluía la defensa de ese sistema.

    Pero en el cristinismo esa posición nunca fue completamente homogénea. Ya durante el año, dirigentes cercanos a la expresidenta habían dejado trascender que una elección general con candidato propio podía resultar más conveniente que una primaria contra Kicillof.

    Ahora esa diferencia volvió a emerger con mayor intensidad ante la posibilidad concreta de que el Gobierno consiga los votos.

    De un lado quedaron Kicillof y Massa, partidarios de conservar las PASO.

    Del otro comenzó a insinuarse un sector vinculado a Cristina Kirchner que analiza si le resulta más conveniente llegar a 2027 sin primarias.

    Pero todavía no existe una posición dominante.

    Ni el sector que pretende sostener las PASO tiene hoy garantizada una mayoría interna capaz de imponer esa postura al conjunto del peronismo, ni quienes analizan facilitar su suspensión lograron volcar al PJ hacia esa alternativa.

    “Veremos quién gana”, respondió una fuente peronista calificada consultada por Infobae sobre cómo terminará esa pulseada.

    Esa indefinición es parte del escenario que observa la Casa Rosada.

    No porque el Gobierno contabilice hoy votos del kirchnerismo —sus principales operadores aseguran que no lo hacen—, sino porque una división dentro del PJ podría reducir la capacidad opositora de bloquear el proyecto en el Senado.

    La negociación, por ahora, sigue concentrada en otro universo.

    El Gobierno tiene doce gobernadores pintados de verde. Busca consolidar a los cuatro amarillos. Trabaja senador por senador para llegar a 37 votos. Y volvió a discutir una herramienta electoral que puede convertirse en una de las llaves del acuerdo: permitir que los gobernadores que acompañen a Milei puedan adherir sus propias boletas provinciales a una única candidatura presidencial libertaria sin resignar sus partidos ni sus armados territoriales.

    La lista de adhesión ofrece algo que el semáforo por sí solo no puede garantizar: un incentivo electoral concreto para transformar afinidades políticas en acuerdos.

    Y mientras la Casa Rosada negocia esos votos, la posibilidad de que no haya PASO empezó a producir un efecto adicional que hasta hace poco parecía improbable: dividir al peronismo sobre las reglas con las que deberá resolver su propia candidatura presidencial.

    El oficialismo todavía no llegó a 37 votos.

    Pero la discusión ya dejó de ser únicamente si las PASO deben existir o no. Ahora también se negocia cómo competirán los aliados de Milei si desaparecen y quién controlará las candidaturas opositoras si finalmente no se realizan.

  • Escala salarial de la industria de la carne: de cuánto es el haber mensual y valor hora de los empleados en octubre

    Escala salarial de la industria de la carne: de cuánto es el haber mensual y valor hora de los empleados en octubre

    La Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados, conducida por José Alberto Fantini, junto con las cámaras empresarias del sector cárnico, formalizaron el acta acuerdo en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 56/75. El entendimiento fija las retribuciones básicas de la actividad con vigencia desde el 1° de julio hasta el 31 de octubre de 2026.

    El documento contempla incrementos acumulativos mensuales acordados entre la representación sindical y los directivos de la Unión de la Industria Cárnica (UNICA), la Cámara de Industrias Cárnicas de Entre Ríos (CICER), la Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carne (AFIC), la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA), el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (CECA), CAFRA y la Cámara de Frigoríficos de la Provincia de Santa Fe (CAFRISA).

    Para el período que comprende desde el 1° de octubre hasta el 31 de octubre de 2026, la convención colectiva fija el importe del presentismo en la suma de $123.266,98 por mes o $61.633,49 por quincena. Asimismo, las partes acordaron reunirse durante el mes de octubre para evaluar la situación salarial vigente tras la publicación del índice de inflación oficial.

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    Las escalas de remuneración horaria fijadas para el mes de octubre establecen diferenciaciones por agrupamiento técnico, categorías de convenio y la escala de antigüedad correspondiente.

    Los valores por hora para operarios y área de ingeniería en octubre

    Dentro del esquema operativo de planta y el departamento de ingeniería, las retribuciones horarias para el nivel inicial sin antigüedad durante octubre son:

    – Oficio Inicial (O.I): $7.321,39

    – Peón Practicante (P.P): $7.687,46

    – Medio Oficial (M.O / S.C): $8.071,83

    – Oficial de 2da (O. 2da / C): $8.475,42

    – Oficial de 1ra (O. 1ra / E): $8.899,20

    – Especializado (E / E. 1°): $9.344,16

    – Especializado de 1ra (E. 1° en Ingeniería): $9.811,36

    El escalafón por antigüedad aplica incrementos porcentuales sobre los valores básicos por hora según los años de servicio prestados en el establecimiento. Para los trabajadores comprendidos en la categoría de Especializado de 1ra dentro del sector de ingeniería, la escala horaria según los años de servicio en octubre es:

    – 1 a 3 años: $9.909,48

    – 3 a 5 años: $10.008,57

    – 5 a 7 años: $10.108,66

    – 7 a 9 años: $10.209,74

    – 9 a 11 años: $10.311,84

    – 11 a 13 años: $10.414,96

    – 13 a 15 años: $10.519,11

    – 15 a 17 años: $10.624,30

    – 17 a 19 años: $10.730,54

    Carnicería en el Mercado Norte

    – 19 a 21 años: $10.837,85

    – 21 a 23 años: $10.946,23

    – 23 a 25 años: $10.529,23 a $11.055,69

    – 25 a 27 años: $11.166,25

    – 27 a 29 años: $11.277,91

    – Más de 29 años: $11.390,69

    Escala mensualizada para el personal de administración

    El agrupamiento administrativo percibe sueldos mensuales divididos en categorías que van desde la Segunda hasta la Sexta categoría. Los haberes vigentes para el mes de octubre según el nivel inicial y la antigüedad acumulada son:

    – Inicial: Segunda $1.464.278,00; Tercera $1.537.491,90; Cuarta $1.614.366,50; Quinta $1.695.084,82; Sexta $1.779.839,06; Administración $1.868.831,01

    – 1 a 3 años: Segunda $1.560.554,28; Tercera $1.638.581,99; Cuarta $1.720.511,09; Quinta $1.806.536,65; Sexta $1.896.863,48

    – 3 a 5 años: Segunda $1.583.962,59; Tercera $1.663.160,72; Cuarta $1.746.318,76; Quinta $1.833.634,70; Sexta $1.925.316,43

    – 5 a 7 años: Segunda $1.607.722,03; Tercera $1.688.108,13; Cuarta $1.772.513,54; Quinta $1.861.139,22; Sexta $1.954.196,18

    – 7 a 9 años: Segunda $1.631.837,86; Tercera $1.713.429,76; Cuarta $1.799.101,24; Quinta $1.889.056,31; Sexta $1.983.509,12

    – 9 a 11 años: Segunda $1.656.315,43; Tercera $1.739.131,20; Cuarta $1.826.087,76; Quinta $1.917.392,15; Sexta $2.013.261,76

    – 11 a 13 años: Segunda $1.681.160,16; Tercera $1.765.218,17; Cuarta $1.853.479,08; Quinta $1.946.153,03; Sexta $2.043.460,68

    – 13 a 15 años: Segunda $1.706.377,56; Tercera $1.791.696,44; Cuarta $1.881.281,26; Quinta $1.975.345,33; Sexta $2.074.112,59

    – 15 a 17 años: Segunda $1.731.973,23; Tercera $1.818.571,89; Cuarta $1.909.500,48; Quinta $2.004.975,51; Sexta $2.105.224,28

    – 17 a 19 años: Segunda $1.757.952,83; Tercera $1.845.850,47; Cuarta $1.938.142,99; Quinta $2.035.050,14; Sexta $2.136.802,65

    – 19 a 21 años: Segunda $1.784.322,12; Tercera $1.873.538,22; Cuarta $1.967.215,14; Quinta $2.065.575,89; Sexta $2.168.854,69

    – 21 a 23 años: Segunda $1.811.086,95; Tercera $1.901.641,30; Cuarta $1.996.723,36; Quinta $2.096.559,53; Sexta $2.201.387,51

    Carnicería 21082025

    – 23 a 25 años: Segunda $1.838.253,25; Tercera $1.930.165,92; Cuarta $2.026.674,21; Quinta $2.128.007,92; Sexta $2.234.408,32

    – 25 a 27 años: Segunda $1.865.827,05; Tercera $1.959.118,41; Cuarta $2.057.074,33; Quinta $2.159.928,04; Sexta $2.267.924,44

    – 27 a 29 años: Segunda $1.893.814,46; Tercera $1.988.505,18; Cuarta $2.087.930,44; Quinta $2.192.326,96; Sexta $2.301.943,31

    – Más de 29 años: Segunda $1.922.221,68; Tercera $2.018.332,76; Cuarta $2.119.249,40; Quinta $2.225.211,87; Sexta $2.336.472,46

    El convenio mantiene la vigencia de los adicionales fijados por ley para la Zona Desfavorable en los casos que corresponda aplicar sobre las retribuciones básicas.

    GZ / lr

  • Registro Nacional de Muertes Bajo Custodia: una persona muere cada 16 horas en cárceles, comisarías o en operativos

    Registro Nacional de Muertes Bajo Custodia: una persona muere cada 16 horas en cárceles, comisarías o en operativos

    Cada 16 horas una persona muere en una cárcel, en una comisaría o durante un operativo con intervención de las fuerzas de seguridad. El dato se desprende del Registro Nacional de Muertes Bajo Custodia elaborado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT). Por primera vez se integraron datos de las 24 jurisdicciones del país y se concluyó que, entre 2022 y 2024, hubo al menos 1.716 fallecimientos en estas condiciones.

    El 94% de las personas fallecidas fueron varones, el 4% mujeres y el 0,5% personas trans. En el ámbito penitenciario, la edad promedio de las personas fallecidas fue de 47 años, aunque el 36% tenía menos de 40 años. Esa proporción contrasta con la población general: en el mismo período, las personas fallecidas de ese rango etario representaron apenas el 4% del total de muertes.

    “Con los datos pudimos advertir que la tasa muerte, tanto por enfermedad como por suicidios y agresiones, es mucho más elevada dentro de las cárceles y comisarías que fuera de las mismas, a pesar de que debería existir mucho más control y seguimiento en el contexto de encierro”, explicó a PERFIL Gustavo Palmieri, comisionado del CNPT.

    En el caso de enfermedades infecciosas, la tasa de personas fallecidas bajo custodia es del doble y de casi 10 veces más si se trata de tuberculosis. En suicidios y agresiones, la tasa se multiplica por cinco.

    La diferencia también aparece entre los distintos lugares de encierro. En 2024, la tasa de mortalidad en dependencias policiales alcanzó las 6,4 muertes cada mil personas detenidas, frente a 3,4 cada mil en establecimientos penitenciarios. Es decir, el indicador en comisarías y otros espacios de alojamiento policial fue prácticamente el doble.

    El CNPT advierte que la población alojada bajo custodia policial se mantuvo relativamente estable durante el período, mientras la tasa de mortalidad aumentó. Las intervenciones de las fuerzas de seguridad en la vía pública constituyen un tercer universo: allí se registraron al menos 389 muertes entre 2022 y 2024.

    “En línea con estándares internacionales de derechos humanos (como el Protocolo de Minnesota y las Reglas Mandela), estas muertes deben ser consideradas potencialmente ilícitas y requieren investigaciones diligentes, independientes y exhaustivas”, sostuvo el informe.

    El registro se elaboró con datos de organismos ejecutivos y judiciales, con organizaciones locales de prevención de la tortura, registros administrativos, expedientes judiciales, certificados de defunción, así como información aportada por familiares, personas detenidas y monitoreos de medios. Además, se incluyeron todos los fallecimientos ocurridos bajo custodia, tanto dentro de establecimientos como luego de traslados a centros de salud, y aquellos producidos en el marco de la fuerza estatal en la vía pública.

    Mortalidad penitenciaria: alerta en Tucumán

    La mortalidad penitenciaria presenta fuertes diferencias entre las jurisdicciones. La tasa nacional promedio para el período 2022-2024 fue de 3,3 muertes cada mil personas privadas de libertad. Tucumán se ubicó muy por encima del promedio, con 8,7 muertes cada mil, seguida por Misiones, con 5; La Rioja, con 4,8; Formosa, con 4,5; Corrientes, con 4,1; y Chaco y Entre Ríos, con 4 cada mil. En el otro extremo, Chubut registró 0,7 muertes cada mil personas privadas de libertad, Catamarca 1,4 y Salta 1,6.

    En términos absolutos, Buenos Aires concentró la mayor cantidad de fallecimientos penitenciarios, con 562 casos durante el trienio. De ese total, 461 fueron muertes por enfermedades, 85 por causas externas y 16 quedaron clasificadas como desconocidas. Córdoba registró 87 fallecimientos, con 41 por enfermedades y 32 por causas externas, mientras que Santa Fe también contabilizó 87, aunque con un patrón diferente: allí las causas externas, con 47 casos, superaron a las enfermedades, que fueron 31. En el ámbito federal se registraron 111 muertes, de las cuales 68 fueron por enfermedades y 42 por causas externas.

    La diferencia entre provincias también se observa al analizar las tasas según el tipo de muerte. Buenos Aires tuvo la tasa más elevada de mortalidad por enfermedades, con 3 muertes cada mil personas privadas de libertad. Tucumán, en cambio, combinó una de las tasas más altas por enfermedad, 2,7 cada mil, con la mayor tasa de mortalidad por causas externas de todo el país: 4,2 cada mil. También fueron elevadas las tasas por causas externas en La Rioja, con 2,8; Neuquén, con 2,4; San Luis, con 2,1; y Misiones, con 1.

    El informe destaca que en Neuquén y San Luis más del 60% de las muertes penitenciarias fueron por causas externas. También superaron la mitad de los fallecimientos en Jujuy, La Rioja, Mendoza y Santa Fe.

    Enfermedades, suicidios y agresiones: las causas

    Las enfermedades fueron la principal causa de muerte en los contextos de encierro. El registro contabilizó 731 fallecimientos por enfermedades entre 2022 y 2024, la mayoría en establecimientos penitenciarios. Cerca de la mitad de estos casos, 338, fueron clasificados como enfermedades no especificadas.

    Entre las patologías que sí pudieron identificarse aparecen las enfermedades infecciosas y parasitarias, con 112 muertes; las circulatorias, con 85; los distintos tipos de cáncer, con 65; y las enfermedades respiratorias, con 64. El informe advierte que la calidad de la información limita la posibilidad de determinar con precisión qué enfermedad provocó cada fallecimiento y señala especialmente la presencia de enfermedades infecciosas, como tuberculosis y VIH.

    Las causas externas reunieron 805 fallecimientos durante el trienio y ocurrieron, sobre todo, en comisarías y en el marco de intervenciones de las fuerzas de seguridad. Las agresiones fueron la principal categoría, con 413 casos, el 51,3% del total. Le siguieron los suicidios, con 205 muertes, equivalentes al 25,5%; las causas no determinadas, con 134 casos; y los siniestros, con 53. En el caso de las intervenciones de las fuerzas de seguridad, ocho de cada diez fallecimientos involucraron armas de fuego.

    Los suicidios sumaron 65 casos en 2022, 62 en 2023 y 78 en 2024. El informe señala que las muertes por esta causa se concentran especialmente entre personas jóvenes y advierte sobre situaciones vinculadas con los primeros momentos de la detención, el aislamiento y las crisis de salud mental.

    A su vez, se identificaron 134 muertes cuya causa no pudo ser determinada: 63 ocurrieron en establecimientos penitenciarios, 48 en dependencias policiales y 23 durante intervenciones de las fuerzas de seguridad. Hubo casos de este tipo en 22 de las 25 jurisdicciones.

    Entre los fallecimientos ocurridos en lugares de encierro con información parcial o no concluyente, el CNPT identificó 17 muertes por asfixia por ahorcamiento, en su mayoría en dependencias policiales y durante los primeros días de detención.

    Intervención de agentes policiales

    Uno de los datos que surge del análisis de las muertes por agresiones es la participación de agentes que no se encontraban cumpliendo funciones. De los 337 fallecimientos por agresiones registrados durante intervenciones en la vía pública, en al menos el 81% se informó participación directa de agentes de las fuerzas policiales y de seguridad. En 103 de esos casos, el episodio ocurrió cuando el agente policial estaba fuera de servicio e intervino ante situaciones sospechadas como delictivas.

    El uso de armas de fuego aparece estrechamente vinculado con estos episodios. De las 337 muertes por agresiones registradas en la vía pública, 307 involucraron armas de fuego. Si se toma específicamente el universo de muertes por uso de armas de fuego, en 133 casos, equivalentes al 43%, se pudo establecer que el agente interviniente estaba fuera de servicio.

    También se identificaron al menos 38 fallecimientos producidos durante persecuciones en la vía pública. La mayor cantidad de muertes por agresiones con participación de agentes correspondió a la Policía de la provincia de Buenos Aires, con 168 casos, seguida por las fuerzas federales, con 62; la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, con 54; y la Policía de Córdoba, con 10.

    El CNPT advierte que el fenómeno puede estar subregistrado. La información disponible sobre las investigaciones judiciales no siempre permite reconstruir las circunstancias de los hechos y algunas jurisdicciones no cuentan con relevamientos permanentes. Por eso, el organismo considera que los datos constituyen una primera aproximación a la letalidad vinculada con las intervenciones de las fuerzas de seguridad.

    “Los datos que presentamos son fundamentales para poder trabajar tanto la prevención de estas muertes en el escenario de encierro como sobre estos fenómenos de prevención de enfermedades, suicidios y violencia a nivel general”, concluyó Palmieri.

    ML

  • El Gobierno apura el pacto con los gobernadores radicales para suspender las PASO y apuesta a lograr la media sanción del Senado antes de fin de mes

    El Gobierno apura el pacto con los gobernadores radicales para suspender las PASO y apuesta a lograr la media sanción del Senado antes de fin de mes


    Decidido a aprovechar los gestos de acercamiento en el reciente viaje a París, el Gobierno aceleró en las últimas horas las negociaciones con los cinco gobernadores radicales para cerrar un rápido entendimiento que permita suspender las PASO, en la apuesta de conseguir la media sanción del proyecto en el Senado antes de que termine octubre. Con ese objetivo, en los próximos días se concretará una reunión conjunta con los gobernadores Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco). Según confiaron fuentes oficiales a Clarín, la intención es que ese acuerdo se traduzca en el respaldo de entre 7 y 8 senadores que responden a esos mandatarios en la Cámara alta.

    La negociación está encabezada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto con Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem, como delegados de Karina Milei, que aceleraron desde el fin de semana los llamados a los mandatarios para preparar el encuentro. La estrategia de la Casa Rosada es negociar con los cinco mandatarios radicales en conjunto, y luego avanzar con las discusiones con el resto de los gobernadores aliados, que en su mayoría acompañaron la semana pasada a Javier Milei durante la denominada Argentina Week en París. De los cinco gobernadores radicales, cuatro estuvieron en la capital francesa: Valdés, Sadir, Zdero y Cornejo. Pullaro fue el único que no viajó. El santafesino, sin embargo, ya había expresado públicamente su aval a la suspensión de las PASO.

    Si bien la apuesta de máxima del Gobierno es la eliminación definitiva de las primarias, en la Casa Rosada entienden que entre los mandatarios de la UCR hay consenso solo para avanzar en la suspensión en el próximo turno electoral. Las declaraciones previas de los cinco gobernadores fueron en su mayoría en esa línea. Valdés es quien fue más lejos y en un reportaje con Clarín se manifestó en contra de las PASO y consideró que no sería descabellado discutir su eliminación. Sadir expuso una posición más cautelosa y admitió también en una entrevista con este diario que se está negociando la posibilidad de volver a suspenderlas, como ocurrió en 2025, pero no respaldó su eliminación definitiva. A su vez, Pullaro también se mostró a favor de suspender las PASO nacionales, aunque defendió el sistema de primarias vigente en Santa Fe. Zdero ya avanzó en Chaco con la suspensión para 2027 y Cornejo cuestionó la conveniencia de una PASO nacional cuando los principales partidos -en su opinión- definirán sus candidatos sin necesidad de competencia interna.

    Con ese telón de fondo, Santilli y los Menem buscan sellar un rápido acuerdo, convencidos que el apoyo de los cinco mandatarios radicales podría aportar entre 7 u 8 votos en el Senado, a los que esperan poder sumar el respaldo de otros aliados, entre los gobernadores del PRO y los de las provincias del Norte.

    Justamente la estrategia oficial se concentrará en adelante en las negociaciones con el resto de los mandatarios. En el caso de los mandatarios peronistas del Norte, el grupo que componen Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Raúl Jalil, de Catamarca; Gustavo Sáenz, de Salta; y Hugo Passalacqua, de Misiones, la discusión será individual, atendiendo las demandas específicas de cada provincia, según deslizan en Balcarce 50. El mismo esquema se aplicará con los gobernadores patagónicos sin terminal política nacional, como los de Neuquén, Rolando Figueroa; Río Negro, Alberto Weretilneck; y Santa Cruz, Claudio Vidal.

    En esos casos, el Gobierno pretende aprovechar la necesidad de recursos, obras, transferencias y otras respuestas que plantean las provincias para construir acuerdos particulares. Está claro que el Presupuesto 2027, cuya discusión se iniciará en las próximas semanas en Diputados, será una pieza central de esa negociación, al igual que otros proyectos que necesitan respaldo parlamentario.

    También el PRO tendrá un tratamiento diferente en el plan libertario. Allí el Gobierno decidió esperar a que se ordene primero la pulseada entre Mauricio Macri y Jorge Macri. “Primero se tiene que resolver la disputa entre los primos”, sostienen en la Casa Rosada. Después de eso, el oficialismo pretende avanzar en un acuerdo con Jorge Macri (CABA), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut) y el sanjuanino Marcelo Orrego.

    Además, la discusión con el PRO va más allá del un acuerdo por la suspensión de las PASO, ya que existe una mesa en marcha entre dirigentes de La Libertad Avanza y el macrismo para concretar un entendimiento electoral más amplio de cara a 2027. Los cortocircuitos entre Mauricio y Jorge Macri aparecen como un obstáculo previo, por lo que el Gobierno no quiere cerrar un pacto con el PRO mientras el expresidente y el jefe de Gobierno porteño mantengan diferencias sobre el futuro del partido y sobre la estrategia electoral.

    La urgencia oficial está puesta ahora en el Senado. En el ala política del Gobierno consideran que octubre debería convertirse en la “fecha límite” para el tratamiento de la reforma electoral en la Cámara alta, no solo por la recomendación de la Cámara Electoral de confirmar cualquier cambio en la materia un año antes de los comicios nacionales, sino también para poder cimentar el acercamiento con los mandatarios aliados logrado en París. En Casa Rosada, en última instancia, buscan enviar señales al “círculo rojo” luego de las incógnitas que surgieron en las últimas semanas, en el Coloquio de Idea y en otras usinas empresarias, sobre si Milei finalmente podrá reelegir en 2027.