Los gobiernos de Argentina y Uruguay buscaron dar este martes una señal política para evitar que el conflicto por la instalación de una planta de e-combustibles en Paysandú derive en una nueva disputa bilateral como la que ambos países atravesaron durante los años 2000 por las pasteras levantadas a la vera del Río Uruguay del lado oriental
El canciller uruguayo, Mario Lubetkin, recibió en Montevideo a su par argentino Pablo Quirno, en una reunión centrada en el proyecto de HIF Uruguay S.A., cuestionado desde la provincia de Entre Ríos por su eventual impacto ambiental sobre el río Uruguay y la ciudad de Colón. Quirno viajó con el gobernador entrerriano, Rogelio Frigerio; el intendente de Colón, José Luis Walser; y el subsecretario de Política Exterior, Juan Navarro.
La reunión, con ánimo más bien preventivo de una escalada, se produjo días después de que la Justicia Federal argentina aceptara una acción preventiva por daño ambiental impulsada por legisladores peronistas de Entre Ríos -los diputados Guillermo Michel, Laura Marianela Marclay y el senador nacional Adán Bahl- contra la instalación de la planta en Paysandú. La presentación judicial apunta tanto contra el Estado uruguayo como contra la empresa HIF Uruguay S.A. y advierte sobre un eventual “daño irreparable” en la región compartida del río Uruguay.
El comunicado conjunto emitido por ambas delegaciones no arribó a una decisión concreta, como se reclamaba desde la oposición en Entre Ríos, de que re localicen las planta de hidrógeno, lo que sí le planteó el gobernador Frigerio incluso al presidente Yamandú Orsi.
Tras el encuentro, Lubetkin destacó especialmente el viaje de Quirno a Montevideo y lo calificó como una muestra del vínculo político entre ambas cancillerías. “Es un gesto excepcional y refleja el nivel de relación que venimos construyendo”, señaló el funcionario uruguayo.
Según precisó el comunicado de ambas cancillerías, las “delegaciones analizaron el estado de situación del proyecto impulsado por la empresa HIF Uruguay S.A. y repasaron los avances administrativos y ambientales vinculados a la iniciativa.” En el comunicado, las autoridades uruguayas informaron que ya fue firmado un Memorándum de Entendimiento con HIF Uruguay S.A. y señalaron que actualmente se encuentran elaborados los términos de referencia para el estudio de Impacto ambiental, documento que luego deberá ser presentado formalmente por la empresa y evaluado por el Ministerio de Ambiente uruguayo.
Igualmente en el comunicado se especificó que sí se analiza “otras eventuales localizaciones alternativas” para el proyecto, con el objetivo de aprovechar mejores condiciones logísticas y técnicas. Ese punto fue especialmente valorado por la delegación argentina.
Lubetkin fue más sobrio y dijo que las conversaciones avanzan “de forma importante”, tanto en materia ambiental como respecto a alternativas vinculadas al emplazamiento del proyecto. También remarcó que el proceso de instalación todavía no está cerrado y que esa situación fue transmitida a las autoridades argentinas.
“Esta reunión puede marcar un avance sustancial en un proceso que aún necesita algunos pasos más para completarse”, afirmó el canciller uruguayo.
En cambio, el diputado Michel acogió la reunión con pesimismo. “No confiamos nada en la gestión que lleva adelante el gobernador Frigerio, porque son más de lo mismo. Por eso vamos a seguir adelante con la acción preventiva de daño, y hasta que la empresa o el estado uruguayo no se presenten en la cárcel y se comprometan por escrito en el expediente, vamos a seguir adelante con eso.”
El texto de las cancillerías se define como “continuidad de las conversaciones iniciadas el pasado 26 de noviembre.” Y dice que ambas delegaciones analizaron el estado de situación del proyecto impulsado por la empresa HIF Uruguay S.A. y repasaron los avances administrativos y ambientales vinculados a la iniciativa.
Quirno intentó bajar el tono de la refriega. Y luego de que el gobernador Frigerio también advirtiera que se podría recurrir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya si el proyecto avanzaba sin cambios.
“No se trata de ir contra Uruguay ni de bloquear inversiones que el país logró atraer por sus propias capacidades. La región necesita más inversiones y ponerles trabas sería pegarse un tiro en el pie”, agregó, mientras que Lubetkin insistió en que el “diálogo y la confianza” son la base sobre la cual ambos gobiernos buscan administrar las diferencias. Incluso admitió que pueden surgir nuevos desacuerdos en el futuro, aunque subrayó que existe voluntad política de impedir que se repita una crisis como la desatada en 2005 por el conflicto de las pasteras.
Por el lado uruguayo participaron también la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño; el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera; y el embajador uruguayo en Buenos Aires, Diego Cánepa.
