Tras la sentencia contra Juan Ruiz Orrico, su equipo de defensa confirmó que recurrirá el fallo ante instancias superiores. El exfuncionario fue condenado como autor material y penalmente responsable del delito de homicidio culposo, agravado por el nivel de alcoholemia y por la cantidad de víctimas.
El hecho que motivó la sentencia ocurrió el 20 de junio de 2024 en la Ruta Provincial N° 39; en ese siniestro fallecieron Brian Izaguirre, Lucas Izaguirre, Leonardo Almada y Axel Rossi.
Argumentos de la defensa y próximos pasos judiciales
En sus alegatos finales, los abogados Félix Pérez, Leandro Monje y Leopoldo Lambruschini sostuvieron que la pena impuesta —de cinco años y ocho meses de prisión efectiva, más nueve años de inhabilitación para conducir— es “absolutamente desproporcionada”.
Sin embargo, la apelación formal no podrá ejecutarse hasta que se den a conocer los fundamentos completos del fallo por parte del juez Crespo. Dicha audiencia ha sido fijada para el próximo 17 de marzo a las 8:30 horas.
Controversia por la conformación del tribunal revisor
La composición de la Cámara de Casación Penal será un punto de debate en las próximas instancias procesales.
Evangelina Bruzzo, vocal de la cámara en Concordia y pareja del condenado Orrico, forma parte del órgano revisor.
Se anticipa que la querella podría oponerse a que los vocales, compañeros de trabajo de Bruzzo, integren el tribunal de alzada.
Aunque existe una cámara alternativa en Paraná, se señaló la relación de cercanía entre las vocales de la capital provincial y la magistrada de Casación Concordia.
Situación actual del condenado
Mientras la sentencia no quede firme y se resuelvan las instancias de apelación, Juan Ruiz Orrico permanecerá sujeto a las medidas cautelares vigentes:
Obligación de justificar las salidas del departamento Uruguay.
Prohibición absoluta de salir del país sin autorización judicial previa.
El presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Germán Reynaldo Carlomagno, rechazó la recusación que el Ministerio Público Fiscal le había presentado para intervenir como vocal ad hoc de la Sala Penal en un recurso de queja interpuesto por los defensores de los imputados en la megacausa de los Contratos Truchos en la Legislatura.
Dos de los tres integrantes de la Sala Penal —Claudia Mizawak y Daniel Carubia— fueron recusados por el fiscal Leandro Dato, quien alegó que habían intervenido en el jury contra el fiscal Ignacio Aramberry y por ello habrían adelantado opinión sobre la causa Contratos Truchos. Ambos magistrados, Mizawak y Carubia —el tercero es Miguel Giorgio, presidente de la Sala Penal— rechazaron la recusación.
Para dirimir el conflicto se conformó un tribunal integrado por Giorgio, Laura Soage y Carlomagno. Pero Fiscalía recusó a Carlomagno. En su escrito de descargo, el titular del STJ reiteró argumentos expresados por Mizawak y Carubia, y señaló que “el planteo recusatorio fue formulado por quien no es parte en el trámite del recurso de queja incoado por la defensa, por lo que coincido con los mencionados colegas en torno a la inadmisibilidad del mismo”.
Negó, además, que durante su actuación en el Jury a Aramberry hubiera emitido “opinión sobre cuestiones vinculadas a la investigación penal del principal; es que considero que dicho pedido no puede encuadrarse en ninguna de las causales de recusación”. Explicó que el recurso de queja interpuesto por la defensa pretende cuestionar la denegación del recurso de impugnación extraordinaria y que, dado que el inciso invocado por el Ministerio Público Fiscal se refiere a la recusación de un juez “Si hubiere dado consejos o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el proceso”, de ello se desprende que “mi intervención como Jurado del Jurado de Enjuiciamiento en modo alguno puede ser equiparada al hecho de adelantar opinión respecto de lo que aquí debe resolverse”.
Carlomagno sostuvo que “en el voto emitido por el suscripto en el proceso de enjuiciamiento supra mencionado, no se efectuó ningún juicio valorativo de los elementos de prueba de la causa ´Beckman´ -como se conoce la causa Contratos, NdelR-, sino que por el contrario, se analizó la actuación del Agente Fiscal denunciado -Dr. Aramberry- tendiente a valorar si correspondía la formación de causa tal como prevé la Ley 9283. De ello, deviene incontrastable que tal intervención no me coloca en una situación que permita mi apartamiento, toda vez que el instituto de la recusación apunta a resguardar la garantía de imparcialidad de las decisiones del magistrado en un determinado juicio, sin que se intente forzar causales de recusación, pues ello también puede constituir un abuso del proceso, entendiendo a éste como el uso inadecuado, irregular y por ende reprochable de un derecho dentro de la actuación jurisdiccional”.
En conclusión, afirmó que la recusación “no puede encuadrarse en ninguna de las causales previstas”.
La Sala Penal del STJ debe intervenir en un recurso de queja planteado por los defensores en la causa Contratos luego de que, a finales de diciembre último, la Cámara de Casación Penal rechazara un recurso de impugnación extraordinaria. Así se abrió el camino para la queja que debe tratar la máxima instancia. Ahora, sin embargo, está en debate la conformación final del tribunal.
La Cámara de Casación Penal rechazó el recurso de impugnación extraordinaria que habían presentado los defensores de los imputados en la megacausa de los Contratos Truchos en la Legislatura, una investigación penal que abarca el período 2008‑2018 y que procura establecer cómo funcionó una “organización” que habría distraído recursos públicos de la Legislatura mediante la confección de contratos laborales apócrifos.
Ya el 27 de noviembre último Casación había reprochado una resolución de la camarista Maria Carolina Castagno y declaró “mal concedidos” los recursos de casación.
Los recursos fueron planteados por un grupo de defensores de imputados en la megacausa de los Contratos Truchos en la Legislatura, decisión que firmó la vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones Maria Carolina Castagno.
Para resolver el planteo, antes debe constituirse el tribunal, y por ahora ese proceso se ve trabado por las recusaciones contra tres vocales: Daniel Carubia, Claudia Mizawak y Germán Carlomagno.
La restitución de la doctora Cecilia Goyeneche como Procuradora Adjunta de Entre Ríos, resultado de un extenso proceso judicial que incluyó un duro pronunciamiento de la Corte Suprema contra el “jury” que la había destituido, repercutió en los principales medios de comunicación nacionales.
El diario La Nación volvió a considerar pertinente dedicarle una nota editorial al tema, bajo el título “Por más fiscales independientes”
En su edición de este sábado, el diario porteño recordó que “en noviembre de 2021 un polémico Jurado de Enjuiciamiento, con el apoyo del entonces gobernador Gustavo Bordet, en connivencia con Urribarri, inició el proceso que condujo a la destitución de Cecilia Goyeneche seis meses después”.
Al “celebrar” la vuelta de Goyeneche a la procuración tras el fallido juicio político al que la Corte invalidó por “gravísimos vicios”, el Editorial de La Nación subraya que “investigar la corrupción demanda agallas y no debería haber en el país ni un solo fiscal amedrentado o cuya labor peligre por el accionar interesado de la política”.
Aquí, el texto completo del Editorial:
La exfiscal anticorrupción de Entre Ríos Cecilia Goyeneche ha sido repuesta en su cargo luego de cuatro años y tres meses de lucha en los que, además, fue privada de su sueldo. La procuradora adjunta del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos recuperó oficialmente su sitial en un acto en el que participaron procuradores y fiscales. Su resistencia condujo a que por primera vez una persona expulsada por un tribunal pudiera ser restituida en su cargo, en una medida cuyo valor ejemplificador merece destacarse.
Fue esta valiente fiscal quien impulsó el expediente conocido como “Contratos Truchos” de la Legislatura provincial y que, en 2022, derivó en una condena de ocho años de prisión al exgobernador Sergio Urribarri por su participación en cinco causas vinculadas al desvío de fondos públicos. Se la acusó de no excusarse porque su marido era amigo de uno de los imputados, aunque ella declaró que investigó con independencia y que entendió que su apartamiento habría generado “un perjuicio a la investigación”. El desprestigio y una carrera interrumpida por argumentos inadmisibles fueron el precio por investigar causas de alto voltaje político que involucraron millones de pesos.
En noviembre de 2021 un polémico Jurado de Enjuiciamiento, con el apoyo del entonces gobernador Gustavo Bordet, en connivencia con Urribarri, inició el proceso que condujo a la destitución de Cecilia Goyeneche seis meses después. Esta medida acaba de ser anulada por el Superior Tribunal de Justicia Entrerriano, que calificó de viciada la conformación del órgano, afectando el debido proceso. El quiebre lo había impuesto el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando anuló las actuaciones en diciembre 2024 tras detectar “gravísimos vicios” en la conformación de los órganos juzgador y acusador. El mensaje disciplinador que el poder político provincial había intentado imponer al Poder Judicial perdía así su sustento.
Tanto el Colegio de Abogacía de Entre Ríos como la ONG Será Justicia, entre otras organizaciones, alzaron oportunamente sus voces en defensa de Goyeneche. Desde la Asociación Argentina de Fiscales se habló de un “vuelto de la corrupción y de la mafia política motivado por el impulso de causas contra el poder político provincial”. Marcelo Varona Quintian, su presidente, calificó de burda la destitución, tanto que provocó “miedo en el mundo judicial”. La entidad había recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humano y a la relatoría de las Naciones Unidas en defensa de Goyeneche y de otros seis fiscales que investigaron la corrupción y que terminaron con sumarios.
La reciente decisión judicial favorable a la fiscal, que incluye el cálculo y la liquidación de sus haberes retroactivos, debe ser celebrada. Investigar la corrupción demanda agallas y no debería haber en el país ni un solo fiscal amedrentado o cuya labor peligre por el accionar interesado de la política. “Cuando se investiga la corrupción, la soledad es enorme”, había dicho Goyeneche respecto del sentimiento compartido con sus pares en demanda de independencia.
El Ministerio Público Fiscal se ve revitalizado por una medida que ofrece no solo una reparación personal sino también institucional. Buscar la verdad es un acto de valentía que debe reconocerse y valorarse en una sociedad saqueada y asqueada por años de corrupción.
Tras un proceso judicial que se extendió por más de cuatro años, el Juzgado Nacional en lo Comercial N°7, bajo la titularidad del juez Fernando D’Alessandro, declaró la quiebra de la cadena de electrodomésticos Garbarino.
La resolución consagra el cierre definitivo de la compañía, que no pudo acordar con sus acreedores para reestructurar su millonaria deuda ni atraer inversores interesados en rescatar la firma en la fase final del proceso.
La decisión judicial implica el cese inmediato de las actividades y el inicio de la liquidación de activos. El magistrado fundamentó la medida en la carencia de condiciones para sostener el concurso preventivo, que se encontraba abierto desde noviembre de 2021. Al no obtenerse las adhesiones necesarias de los acreedores y ante el fracaso del mecanismo de cramdown (salvataje), la Justicia procedió a la instancia de quiebra, manteniendo además la inhibición general de bienes sobre la sociedad.
En medio de una crisis que se arrastra desde hace más de seis años y que la llevó a cambiar de manos, la empresa apenas contaba con tres locales abiertos, sobre las 200 sucursales que llegó a tener en todo el país. En su momento de esplendor registró 4.500 empleados.
En noviembre de 2021, antes del concurso, la empresa envió 1.800 telegramas de despido a sus empleados, tras meses con sus locales cerrados y sin pago de salarios. Ante el reclamo de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, el ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria por quince días, suspendiendo la efectividad de los despidos mientras se intenta negociar una solución.
Unos meses antes, la cadena había pasado a manos de Carlos Rosales, titular del grupo asegurador Prof y directivo de San Lorenzo en ese momento. Rosales no logró revertir la crisis financiera de la cadena y la pandemia de COVID-19 precipitó los planes del empresario de mantener entre 10 y 15 sucursales en todo el país.
La deriva financiera de la empresa se intensificó tras la fallida negociación de venta en abril de 2021, cuando la única propuesta concreta, encabezada por Facundo Prado, presidente de Supercanal Arlink y CEO de Centrocard, se desplomó antes de concretarse.
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El Gobierno nacional oficializó la designación de Juan Bautista Mahiquescomo ministro de Justicia de la Nación, en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona. La decisión fue formalizada mediante el Decreto 133/2026, publicado en el Boletín Oficial, y establece que el funcionario asumió sus funciones a partir del 5 de marzo.
El presidente Javier Milei había anunciado la designación con antelación, aunque la confirmación oficial llegó durante la madrugada de este miércoles. En la misma normativa —firmada por el mandatario y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni— se aceptó la renuncia de Cúneo Libarona, con efecto desde el 4 de marzo.
“Desígnase, a partir del 5 de marzo de 2026, en el cargo de Ministro de Justicia al doctor Juan Bautista Mahiques”, señala el artículo 3° del decreto.
Cambio en la conducción del Ministerio de Justicia
La salida de Cúneo Libarona se inscribe en una reconfiguración del gabinete nacional. Según fuentes oficiales, su renuncia estaba prevista desde hacía meses y se había acordado que marzo sería el plazo máximo para su continuidad en el cargo.
Antes de asumir formalmente, Mahiques se reunió con el exministro para coordinar la transición y asegurar la continuidad administrativa de la cartera.
En paralelo, el Gobierno dispuso modificaciones en el equipo de conducción del ministerio. En ese marco, Santiago Viola, apoderado nacional de La Libertad Avanza, fue designado como nuevo secretario de Justicia, en reemplazo de Sebastián Amerio.
El respaldo político a la nueva gestión
Desde el oficialismo indicaron que Mahiques asumió con el respaldo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, una de las figuras más próximas al presidente.
Tras conocerse su nombramiento, el nuevo ministro difundió un mensaje en la red social X en el que agradeció al jefe de Estado por la confianza depositada.
“Agradezco al presidente Javier Milei por la confianza para asumir esta responsabilidad. Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible”, expresó.
En ese sentido, sostuvo que el país necesita fortalecer las instituciones y garantizar reglas claras dentro del sistema judicial.
“La Argentina necesita una Justicia independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas”, señaló el funcionario.
Quién es Juan Bautista Mahiques
Antes de su designación como ministro, Juan Bautista Mahiques se desempeñaba como fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, cargo que ocupaba desde 2019. Además, desde 2022 preside la Asociación Internacional de Fiscales (IAP), una entidad que agrupa a fiscales de distintos países.
En su trayectoria también fue representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación durante la gestión de Mauricio Macri.
Su arribo al Ministerio de Justicia se da en un momento en el que el Gobierno pretende impulsar reformas destinadas a reforzar la seguridad jurídica, promover inversiones y modernizar el funcionamiento del sistema judicial.
Mahiques proviene de una familia con fuerte presencia en el ámbito judicial argentino. Su padre, Carlos “Coco” Mahiques, preside la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, uno de los tribunales más relevantes del país.
Además, uno de sus hermanos, Ignacio Mahiques, se desempeña como fiscal porteño y participó como adjunto en la causa conocida como Vialidad, mientras que Esteban Mahiques ocupa un cargo en la Cancillería argentina.
