En los primeros tiempos de su mandato, cuando aún era mirado de reojo por el círculo rojo bajo la sospecha de que “se venía el zurdaje” (sic Mirtha), Néstor Kirchner intentaba convencer a los descreídos con una frase que jamás pronunció en público: “No escuchen lo que digo, miren lo que hago”.
Desde un espectro ideológico aparentemente opuesto, Javier Milei da señales económicas y políticas de que también convendría tomar sus palabras con pinzas, a la luz de algunos hechos recientes de su gestión.
Por caso, esta semana dos decisiones del Gobierno que buscan impactar positivamente para que se mueva la economía por fuera de los sectores más dinámicos (agro, energía y minería) contradicen el preámbulo sagrado del mileísmo sobre la prescindencia del Estado en cuestiones “entre privados”.
Es en esa dimensión que podría entenderse el anuncio del miércoles 26 de Luis ‘Toto’ Caputo. En una suerte de ataque furibundo de keynesianismo, escuela odiada por el Presidente, el ministro de Economía comunicó el lanzamiento de un nuevo programa de créditos hipotecarios financiados por el FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad), que depende de la Anses.
La particularidad no se limita a la utilización de financiamiento público. Caputo hasta consideró que los créditos hipotecarios “hacen a la justicia social”, otro concepto demonizado por Milei. Más aún: a los bancos que quieran adherir al programa oficial se les impondrá un tope en la tasa de interés que ofrezcan y serán sancionados si lo incumplen. El Estado presente.
A esta novedad se le sumó el impulso que se le está dando desde la Secretaría de Trabajo, que funciona en el Ministerio de Capital Humano, para que en las negociaciones de los convenios colectivos ningún salario quede por debajo del millón de pesos. Casi $900 mil netos.
Según trascendió, lo que se busca es mejorar la situación en sectores muy postergados (sanidad, construcción, maestranza, entre otros), cuyas escalas inferiores están por debajo de ese valor.
Curioso el pedido de la Secretaría de Trabajo, porque vendría a ser “de onda”. Para garantizar que en ningún empleo regularizado nadie cobre menos de $1 millón, lo podría establecer vía el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, como lo hará en los próximos días por decreto ante la falta de acuerdo entre representantes sindicales y patronales.
El Gobierno evita el “salariazo” del mínimo, que hoy está en $376 mil, porque eso le impactaría en otras prestaciones que van enganchadas a ese monto. Tal es el caso de jubilaciones, subsidios al desempleo, programas sociales y demás. De ahí que Trabajo “sugiera” que el alza salarial sea a través de incrementos no remunerativos, bonos o compensaciones, sin afectar el básico de convenio. El Estado promueve la informalidad, otro clásico.
Ambas medidas, los nuevos créditos hipotecarios y el alza del piso salarial, buscan dar señales de que el Gobierno se ocupa en dinamizar la economía. Llamativo, si se tiene en cuenta que además de violar ciertos dogmas libertarios sobre las funciones del Estado, desmiente los dichos presidenciales y de su ministro económico sobre las maravillas del modelo mileísta. Claro, hay que pelear por la reelección.
En ese sentido, el Presidente arengó a los suyos en la reunión de Gabinete del lunes 24 para que salieran a comunicar las buenas noticias de sus respectivas áreas y a defender al Gobierno de las “fake news”, como las que circulan –según Milei– en torno a la morosidad récord en el pago de deudas de las familias.
Algunos apuntes al respecto de ese reclamo presidencial. Uno, que otra vez fue Patricia Bullrich la única que desandó ese relato violeta, que abrazó el paroxismo al sostener Milei que las deudas podían deberse a la compra de televisores para ver el Mundial. La senadora admitió el problema, mostró preocupación y llamó a encontrar soluciones. ¿Algo es algo o apenas el capítulo mil de la calculada diferenciación de Bullrich?
La demanda de Milei al gabinete puede ser entendida además dentro de la crisis comunicacional que atraviesa la gestión.
El nuevo vocero, Adrián Ravier, volvió a hacer una de las suyas (y van…) al decir en la conferencia de prensa de esta semana que Santiago Oría, director audiovisual de la Presidencia, se hacía cargo de la comunicación digital, que estaba en manos del asesor Santiago Caputo. Luego debió salir a aclarar que el esquema se mantenía.
Fuentes oficiales le auguran poca vida en el Ejecutivo al exdiputado pampeano devenido en vocero por decisión de Milei. Él aspira a pelear por la gobernación de La Pampa, pero la hermanísima Karina le habría bajado el pulgar. ¿Como funcionario, candidato o ambas?
Lo que en todo caso la patinada de Ravier expuso es el retroceso del asesor Caputo y sus “celestiales” en el manejo de las redes, el ámbito donde el mileísmo se siente más a gusto. Oría responde a la hermanísima y es asesorado (por decirlo con diplomacia) en sus nuevas funciones digitales por parte de la familia Menem, que avanza.
Con ese mismo respaldo karinista, Diego Santilli intenta cerrar acuerdos con gobernadores aliados para que respalden la reforma electoral que cancelaría las PASO. El jefe de Gabinete recibió en los últimos días a los de la región centro (el entrerriano Rogelio Frigerio, el santafesino Maxi Pullaro y el cordobés Martín Llaryora) y cada vez dicen encontrar más puntos de coincidencia. El pragmatismo político-financiero nacional está a la orden del día.
No son los únicos que aceleran. El ministro de Justicia, Juan Mahiques, sigue a fondo con las designaciones judiciales vía el Senado. Esta semana consiguió que se aprobaran 67 pliegos y ya son casi 180 cargos en la justicia que fueron cubiertos, sobre las más de 200 vacantes que había y que acumulaban el 35% de los puestos. Algo peculiar de esta andanada es que, salvo contadísimas excepciones (como acaba de suceder con la luz verde a Pablo Bertuzzi para la Cámara Federal porteña), la inmensa mayoría contó con el amplio apoyo de todo el Senado. Esto incluye al kirchnerismo, pese a que se rasga las vestiduras ante la supuesta persecución de la justicia contra su jefa, Cristina Kirchner.
El mileísmo construye esta alianza con la casta judicial, personificada en el influyente y ejecutivo ministro Mahiques, con la expectativa de sortear problemas en los estrados. Hasta ahora, con éxito. Pero deberían aprender otra lección de Néstor y su familia: intocables mientras tuvieron poder.
