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  • Polémica en Entre Ríos: detectaron una botella de vino de 57 mil pesos en la rendición de compras de un comedor escolar

    Polémica en Entre Ríos: detectaron una botella de vino de 57 mil pesos en la rendición de compras de un comedor escolar


    En una de sus compras, un comedor escolar de Entre Ríos incluyó una botella de vino tinto por más de 50 mil pesos y desató una polémica en medio de la pelea por el cambio de adquisiciones de insumos escolares en la provincia. Así lo expuso una diputada entrerriana, que mostró el ticket con el detalle de la compra.

    La diputada María Elena Romero mostró el ticket de la rendición de gastos de la escuela técnica N°1 Juan Domingo Perón, ubicada en pleno campo al norte del casco urbano de San José de Feliciano, casi en el límite con Corrientes.

    El comprobante corresponde a mayo pasado. Según se desprende de la planilla, el comedor atiende a 191 personas en la localidad de Feliciano, de donde es la legisladora. El gasto total fue de unos $ 2.903.800, de los cuales $ 2.503.200 fueron en el autoservicio que aparece en el ticket. El 79,05% correspondió a comestibles y, específicamente, el 20,94% se desembolsó por carnes.

    Pero la planilla venía con un comentario adicional: “Reclamo compra vino, enviar nota”.

    Romero publicó una foto del ticket de la compra, del 22 de mayo. Hay 70 cartones de puré de tomate, 95 cajas de arvejas, 84 de choclos, 48 de lentejas y 38 de tomates triturados. También aparecen bolsas de papa negra, cebolla, 160 bolsas de arroz, 270 de fideos, 120 de polenta y queso sardo y cremoso.

    En la lista está el ítem de la polémica: una botella de 1.125 mililitros de vino tinto Valderrobles, que -siempre según el ticket- costó 57 mil pesos.

    “Podemos discutir sobre licitaciones, proveedores y mecanismos administrativos. Pero hay una pregunta mucho más sencilla: ¿cómo puede ser que recursos públicos destinados a alimentar a nuestros chicos se hayan utilizado para comprar una botella de vino?”, escribió Romero.

    “Una compra centralizada permite establecer de antemano qué productos se adquieren, controlar sus precios y garantizar que los recursos destinados a la alimentación escolar se utilicen exclusivamente para ese fin. El control no puede consistir solamente en descubrir después, cuando llega una rendición, que con el dinero de un comedor se compró una botella de vino”, añadió.

    La diputada, de Juntos por Entre Ríos y con una larga experiencia en docencia, defendió los cambios que busca implementar el gobierno de Rogelio Frigerio y que son resistidos por sectores gremiales.

    Ahora, el servicio de desayunos y meriendas se hará a través de una empresa, Teknofood, con experiencia en San Juan y Corrientes. El proyecto oficial busca centralizar las compras de los comedores escolares. Su entrada en vigencia era para agosto y un gremio presentó un amparo para frenarlo.

    “La medida reemplazará el sistema de compra mediante tarjeta por una operatoria de compra centralizada, con el objetivo de fortalecer los controles, garantizar la calidad nutricional y asegurar un mismo estándar para todas y todos los estudiantes alcanzados por esta modalidad”, anunció el Gobierno de Entre Ríos, a mediados de julio.

    Y la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, añadió: “Optimizar el sistema nos permite administrar mejor los recursos para que cada peso destinado a los comedores se traduzca en alimentos adecuados y en una mejor prestación para los estudiantes”.

    Tanto ATE Entre Ríos como la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) cuestionaron los cambios.

    “Estamos preocupados por la nueva forma que está planteando el Gobierno provincial para el desayuno y la merienda de los chicos, pero también por avanzar sobre el almuerzo”, dijo Oscar Muntes, secretario general de ATE, que apuntó a un deterioro de las condiciones en los comedores.

    Por su parte, AGMER cuestionó que el nuevo esquema de desayunos y meriendas incluye la distribución de alimentos ultraprocesados. Con cuestionamientos a la “tercerización” del servicio, destacó el amparo colectivo del que participó y que recibió “casi 500 adhesiones”.

  • Joaquín Benegas Lynch admitió ser titular de Glocal Terra pero negó conflicto de interés con la ley de Tierras

    Joaquín Benegas Lynch admitió ser titular de Glocal Terra pero negó conflicto de interés con la ley de Tierras

    El senador de La Libertad Avanza se refirió al pedido de inhabilitación para votar en la sesión en la que se debate la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Reconoció ser dueño de la empresa que asesora a extranjeros para comprar terrenos, pero descartó recibir un beneficio particular.

    El senador Joaquín Benegas Lynch rechazó este jueves las acusaciones de la senadora Juliana Di Tullio, quien pidió su inhabilitación en la votación en el Senado por la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada a raíz de un presunto conflicto de interés dada su relación con la firma Glocal Terra SRL, de la cual Ámbito informó que es dueño, con la que apunta a atraer clientes extranjeros que quieren adquirir terrenos en Argentina. “Un beneficio general no es un privilegio particular”, se excusó.

    El legislador libertario es socio fundador de una empresa dedicada a brindar asesoramiento a inversores extranjeros interesados en adquirir y administrar tierras rurales en la Argentina. La sociedad fue creada en 2020 junto a su esposa, Eloísa Perea Muñoz.

    La actividad de la firma comenzó a generar repercusiones en el Senado en la previa del tratamiento del proyecto que incluía un capítulo que modificaba la Ley de Tierras, en el que inicialmente se proponía eliminar el tome máximo de 15% de terrenos en manos de extranjeros y que luego se propuso elevar al 25%, para finalmente ser retirado por falta de acuerdo con los opositores dialoguistas.

    En ese marco, Di Tullio dio a conocer la relación del libertario con la empresa. Y este mediodía, en el marco de la sesión, Benegas Lynch se expresó al respecto. “Fundé mi empresa en el 2020, estoy en el sector agropecuario hace más de 20 años. La empresa se dedica a la administración de campos y el asesoramiento de compras de campos a argentinos y a extranjeros, producimos granos y carne“, dijo en primer lugar para luego señalar que se trata de una información pública: “No es ningún descubrimiento, es público, está en mi DDJJ”.

    Ante el pedido de inhabilitación para participar de la votación, señaló que la reglamentación hace hincapié en “un interés directo y singular”, el cual, según dijo, no rige para su caso. “¿Beneficia a los empresarios que al campo argentino le vaya bien? Sí. Igual que a las cientos de miles de pymes agropecuarias del país, a sus empleados y a los pueblos que viven de ellas. Mi empresa es parte del sector. Un beneficio general no es un privilegio particular: no hay en esta ley una sola línea escrita para mi empresa, ni un permiso que yo obtenga y otro no”, se defendió.

    Respecto a la acusación de la senadora, la relacionó con “la vieja política”. “Yo me metí en esto. Es parte del barro político y el cuero se me va a ir engrosando mientras enfrentemos a los que destruyeron a la Argentina por más de dos décadas”, dijo.

    La madeja de sociedades que encabeza Joaquín Benegas Lynch para explotar y vender campos

    Más allá de la defensa que hizo Benegas Lynch de su vinculación con la empresa, este medio dio a conocer que también constituyó la empresa Finca Luracatao S.A, la cual posee una extensa superficie territorial en los Valles Calchaquíes, en la Provincia de Salta, abarcando zonas de los departamentos de Cachi y Molinos. Allí, quedó en el centro de una puja con las comunidades originarias por la explotación de una mina de oro, en la que la empresa del senador nacional aparece como titular del dominio.

    En Finca Luracatao su socio es Manuel José Biedma, quien fuera funcionario del Ministerio de Transporte durante el gobierno de Mauricio Macri. También aparece en el directorio Cecilia Durán López Lecube y sus hijos Margarita María Freixas López Lecube y José López Lecube.

    Una fuente calificada en Entre Ríos definió a Benegas Lynch como un “lobista” que, en los hechos, “al menos en La Paz administra la fortuna de su esposa”. Su vínculo con la ciudad entrerriana se remota a 2007 cuando desembarcó como integrante de la inmobiliaria Pampa Partners, que estaba vinculada a The Conservation rust Land (hoy se llama Rewilding Argentina), fundación creada por el polémico estadounidense Douglas Tompkins.

    Además, en su entramado societario aparece la firma que administra con la familia de su esposa y que tiene ineludibles reminiscencias con la de Tompkins: Pampa Invesment SAS. La componen, también, Fernando Perez Muñoz, su ex socio en Pampa Partners Eduardo Choren y el abogado Fernando Mazzinghi.

  • Joaquín Benegas Lynch ataca la caída de la ley de Tierras, mientras encabeza una madeja de sociedades para explotar y vender campos

    Joaquín Benegas Lynch ataca la caída de la ley de Tierras, mientras encabeza una madeja de sociedades para explotar y vender campos

    Lejos de importarle las contradicciones, el senador libertario Joaquín Benegas Lynch olfateaba, con un alto grado de certeza, que el gobierno de Javier Milei le crearía las condiciones para seguir creciendo en sus negocios. Es por eso que, en 2025, poco antes de asumir en la Cámara Alta, en un reportaje con el periodista entrerriano Federico Malvasio, confesó: “El campo tuvo un 70 por ciento de presión fiscal sobre la rentabilidad. En ese marco, los únicos argentinos que han podido comprar campos son políticos o sindicalistas; muy poca gente que venga del sector privado con fondos genuinos. Ya se empiezan a ver otros aires con Javier (Milei)”.

    Ahora, con la lupa puesta sobre su firma Glocal Terra SRL, con la que se dedica a rastrear clientes extranjeros que quieran comprar tierras en Argentina, en realidad queda expuesto, una vez más, cómo se cruzan intereses particulares y políticos. Una fuente calificada en Entre Ríos lo definió como un “lobista” que, en los hechos, “al menos en La Paz administra la fortuna de su esposa, Eloisa Perea Muñoz”. Con ella comparte el control de Glocal, cuyo listado de clientes interesados en tierras de Argentina, Paraguay y la región se mantiene bajo siete llaves.

    No es secundaria la mención a la ciudad entrerriana de La Paz ya que ahí comenzó su idilio en 2007 cuando desembarcó como integrante de la inmobiliaria Pampa Partners, que estaba vinculada a The Conservation Trust Land (hoy se llama Rewilding Argentina), fundación creada por el polémico estadounidense Douglas Tompkins.

    El empresario norteamericano, según sus detractores, con Greenpeace a la cabeza, utilizaba la pantalla ecologista para acumular tierras en países extranjeros como Argentina y Chile, llegando a apoderarse del acceso al agua ya que debajo de las tierras que adquirió estaba el Acuífero Guaraní. Quienes lo estimaban destacaban su función en pos del medio ambiente.

    En 2006, José Luis Niella, un sacerdote católico y activista social, dijo que la gente pobre de la región de los Esteros del Iberá ya no tiene acceso a las tierras donde sus antepasados vivieron libremente durante generaciones. Lo acusaron de cortar caminos estatales. En Chile las críticas tenían un tono similar. El entonces senador Antonio Horvath sostuvo que “en Chile hay lugares donde Tompkins ha comprado tierras desde la frontera en el mar, separando al país en dos”.

    El socio de Benegas Lynch en Pampa Partners era Eduardo José Chorén, quien hoy está al frente de Estancia Lagunas Blancas SA, establecimiento agropecuario de 3000 hectáreas ubicado en Santa Elena, departamento de La Paz. Lagunas Blancas había sido propiedad del mencionado Tompkins. El Directorio de Lagunas Blancas quedó compuesto aparte de Chorén, por José Joaquín Aguirre, quien tiene pasaporte estadounidense, y por José Antonio Cilley.

    Luego de que Tompkins muriera por hipotermia en 2014, su viuda, Kristine McDivit, comenzó a desprenderse de diferentes tierras. A fines de 2015, donó al Estado argentino 150 mil hectáreas para la creación de un Parque Nacional en los Esteros del Iberá. El traspaso se dio en un encuentro con el presidente Mauricio Macri.

    The North Face y Esprit fueron las dos marcas que convirtieron a Douglas Tompkins en multimillonario. Ambas firmas del rubro de la ropa deportiva fueron vendidas por el empresario en los 80. Con los millones obtenidos de la venta de ambas compañías, el norteamericano comenzó su conversión al ecologismo. Compró tierras en Chile y Argentina. Acá, se quedó con la reserva natural Iberá, un área de más de 500.000 hectáreas. Debajo de esas tierras se encuentra el Acuífero Guaraní, considerado una de las reservas de agua dulce más grandes del mundo. El proyecto de conservación impulsado en esa región fue fuertemente cuestionado por ambientalistas y comunidades que denunciaron que el empresario, en realidad, venía para apropiarse de esa reserva natural.

    Joaquín Benegas Lynch, quien tiene una nula actividad legislativa en el casi año que lleva como senador nacional, siguió la escuela de Tompkins y constituyó Finca Luracatao S.A, la cual posee una extensa superficie territorial en los Valles Calchaquíes (Salta), abarcando zonas de los departamentos de Cachi y Molinos. Allí, quedó en el centro de una puja con las comunidades originarias por la explotación de una mina de oro, en la que la empresa del senador nacional aparece como titular del dominio.

    Su socio en Finca Luracatao es Manuel José Biedma, funcionario del Ministerio de Transporte durante el gobierno de Mauricio Macri. También aparece en el directorio Cecilia Durán López Lecube y sus hijos Margarita María Freixas López Lecube y José López Lecube.

    El amor por La Paz hizo que Benegas Lynch sedujera a su padre para que invirtiera en la ciudad y creara Concepción Agro SA. Esta empresa funciona en Entre Ríos, y tiene como socio al abogado porteño Agustín Seratti. Con él también tiene el control de Maita Agro Meras S.A.

    Justamente, en La Paz, los pobladores locales se sorprendieron al ver que Joaquín Benegas Lynch y su entorno conformaron una especie de comunidad cerrada que tiene desde una escuela a su propio circuito cultural y, obviamente, seguridad privada.

    El periodista Federico Malvasio, en un excelente artículo sobre el grupo que tiene como uno de sus integrantes a Benegas Lynch, lo describió así: “Joaquín fue un ferviente militante de la candidatura a gobernador de Sebastián Etchevehere en 2023. Antes había incursionado en política en las movilizaciones contra la Resolución 125, que fijaba un sistema de retenciones móviles que abrió un enfrentamiento político entre el sector rural y el gobierno nacional de entonces. Ese conflicto organizaría, luego, la política argentina hasta la actualidad. El hijo del prócer del liberalismo argentino Alberto Benegas Lynch fue un activista en los piquetes y, más acá, en 2020, fue uno de los principales convocantes a Santa Elena cuando el dirigente social Juan Grabois ingresó a uno de los campos de la familia Etchevehere como protesta ante un reclamo judicial de Dolores, la hermana de Sebastián y Luis Miguel, el ex ministro macrista, por la herencia familiar”.

    Siguiendo con el listado de firmas que orbitan en derredor de Joaquín Benegas Lynch, aparece la que administra con la familia de su esposa y tiene ineludibles reminiscencias con la de Tompkins: Pampa Invesment SAS. La componen, también, Fernando Perez Muñoz, su ex socio en Pampa Partners Eduardo Choren y el abogado Fernando Mazzinghi.

    Meses atrás, en abril, en La Paz, se sorprendieron al enterarse que Joaquín Benegas Lynch había comprado una casona tradicional, cuyo valor de mercado rondaba el medio millón de dólares. Medios locales se dejaron atacar un tanto menos por la sorpresa al cotejar que la nueva propiedad no formaba parte de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. Lo definieron como un lobista, que “naturalmente va a aprovechar los espacios que pueda ocupar para defender sus intereses”.

    Ayer, a última hora, en su cuenta de X, el senador nacional se enojó con el periodismo y salió a defender “la del argentino que quiere vender su campo y elegir a quién”. Una buena manera de garantizarle a sus clientes de Glocal Terra que no los iba abandonar.

  • Rogelio Frigerio logró un acuerdo sin precedentes con Nación para que Entre Ríos financie su déficit previsional

    Rogelio Frigerio logró un acuerdo sin precedentes con Nación para que Entre Ríos financie su déficit previsional

    El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y el director ejecutivo de la ANSES, Guillermo Héctor Arancibia, firmaron este martes un acuerdo que garantiza la transferencia de 120.000 millones de pesos a la provincia. Esos fondos se utilizarán para compensar lo que le corresponde al Estado Nacional por el déficit previsional local.

    De esta manera, Entre Ríos se convirtió en la única provincia que logró acuerdos de financiamiento durante tres años consecutivos.

    El rojo de la Caja de Jubilaciones entrerriana se originó en la transferencia de servicios (como educación y salud) sin la contrapartida en partidas. Esto ocurrió durante la presidencia de Carlos Menem y la gobernación de Mario Moine, a comienzos de los 90. Desde entonces, la brecha negativa se fue ampliando y complicando al Tesoro provincial.

    Hace una semana, Frigerio logró otro hecho para comenzar a revertir esta tendencia. La Legislatura aprobó una reforma a la legislación previsional provincial. Entre otros puntos, equipara la edad jubilatoria de varones y mujeres con la ANSES y establece aportes extraordinarios, además de declarar la emergencia en el sistema.

    La saga de entendimientos con el organismo nacional se dio después de dos acciones congruentes. La primera, ordenar la Caja y realizar los controles para destrabar los fondos nacionales pendientes de años anteriores. La segunda, presentar una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por estos fondos. La estimación inicial era que rondaban los $154 mil millones.

    Guillermo Arancibia titular de la ANSES

    El acuerdo establece que la ANSES transferirá 120.000 millones de pesos en concepto de anticipo correspondiente al ejercicio 2026. Los fondos serán girados en 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de 10.000 millones de pesos, desde noviembre de 2026 a octubre de 2027, para cubrir la compensación que le corresponde al gobierno nacional por el déficit previsional de Entre Ríos.

    Además, las dos partes acordaron seguir adelante con la definición del resultado final del sistema de jubilaciones de Entre Ríos para los años 2020 a 2026. Esto se hará a través de las auditorías que establece la normativa. Ese proceso permitirá fijar con precisión las obligaciones pendientes entre la Nación y la provincia.

    Otro de los aspectos centrales del convenio es que los montos que surjan de esas auditorías podrán incorporarse al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas. Se crea así un mecanismo para avanzar en la compensación y cancelación de la deuda histórica vinculada al financiamiento de la Caja de Jubilaciones.

    “Este es el resultado de una provincia que pone orden, hace las cosas con seriedad y defiende con firmeza lo que le corresponde. Cuando se cumple con esos requisitos, los resultados llegan”, reflexionó Frigerio luego de rubricar el entendimiento.

    En esa línea, remarcó: “Cuando asumimos, nos comprometimos a poner orden, defender los intereses de los entrerrianos y hacer sostenible nuestra Caja de Jubilaciones. Eso es exactamente lo que estamos haciendo.”

    Rogelio Frigerio se reunió con Diego Santilli en la Casa Rosada

    Luego, acotó: “Quiero destacar el trabajo conjunto con los ministros Sandra Pettovello (Desarrollo Humano), Luis Caputo (Economía) y el jefe de Gabinete Diego Santilli. También con el directorio de ANSES y todos los equipos técnicos que hicieron posible este acuerdo y defendieron los intereses de los entrerrianos”.

    La tarea en Entre Ríos, en tanto, recayó en el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat, y sus colaboradores. Tras la firma del acuerdo, el funcionario destacó: “Durante el período 2017-2023 no se efectuó un solo reclamo formal a la Nación por las transferencias adeudadas”.

    “Tampoco se pidieron las auditorías legales previstas a fin de definir los saldos finales. Por otro lado, la información contable y técnica que era necesaria para empezar un reclamo estaba incompleta, desactualizada o no existía”, señaló.

    En ese sentido, especificó que en dos años y medio de labor, la actual gestión reconstruyó “de cero” la información contable, técnica y documental requerida por la normativa nacional  y solicitó “por primera vez” las auditorías de ANSES.

    Por último, recordó que debido a esta labor Entre Ríos ya logró un acuerdo en 2024 por $26 mil millones y otro en 2025 por $48 mil millones.

  • Paro docente en Entre Ríos y arranque de paritarias en Santa Fe: dos caras de la negociación salarial en el Litoral

    Paro docente en Entre Ríos y arranque de paritarias en Santa Fe: dos caras de la negociación salarial en el Litoral

    Luego del receso invernal los gremios docentes entrerrianos retomaron las medidas de fuerza con un paro de 24 horas, mientras en Santa Fe la discusión paritaria apenas comienza a perfilarse sin oferta salarial sobre la mesa. Dos gremios rechazaron la decisión del gobierno de Rogelio Frigerio de otorgar un aumento salarial por decreto. Un gremio docente santafesino estimó una pérdida salarial del 5% al 6% durante el primer semestre y reclamó que la futura propuesta contemple mecanismos para recuperar el deterioro acumulado desde diciembre de 2023.

    En Entre Ríos, la tensión entre el gobierno provincial y los sindicatos docentes estalló apenas terminó el receso invernal. Los gremios Agmer (Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos) y AMET (Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica) realizaron este lunes 20 un paro de 24 horas en rechazo a la decisión del Poder Ejecutivo de otorgar un aumento salarial por decreto, luego de que ambas organizaciones rechazaran la propuesta presentada en la mesa paritaria.

    La oferta oficial, anunciada por el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, contemplaba un incremento del 7% en dos tramos: 3% con los haberes de julio y 4% en septiembre, con actualización de la base de cálculo. Además, elevaba el salario mínimo docente a $ 850.000 desde julio y aumentaba entre el 20% y 28% los conceptos de FOPID y Conectividad según la carga horaria.

    Desde Agmer, el sindicato más representativo de la provincia, calificaron la oferta como “absolutamente insuficiente” y denunciaron que el Gobierno “clausuró los canales de diálogo genuinos” al optar por la vía unilateral del decreto. Según el gremio, se trata de la tercera vez que el Ejecutivo hace fracasar la paritaria de esta manera.

    El paro tuvo un 85% de adhesión según los datos de Agmer, que destacaron el “masivo acatamiento” como expresión del “malestar de las y los docentes de nuestra provincia, que soportan uno de los salarios más bajos del país, en un contexto de crisis económica, ajuste y empobrecimiento”. El Gobierno provincial presentó una lectura distinta porque según sus informes oficiales, el 75% del plantel docente se presentó a trabajar y las escuelas mantuvieron sus puertas abiertas. AMET, por su parte, se sumó al paro reclamando un salario “justo y acorde” a las tareas que desempeñan los docentes de escuelas técnicas y exigiendo condiciones de trabajo “dignas y respetuosas”.

    El miércoles 1 de julio, Agmer y AMET ya coincidieron en un paro provincial de 24 horas con movilización a la capital entrerriana, en el marco de un plan de lucha que, según los propios gremios, tuvo una adhesión del 80%. Ese día, los sindicatos docentes participaron de una movilización junto a la Multisectorial de Gremios Estatales. Los manifestantes exigieron “la inmediata reapertura de la discusión paritaria” y dejaron en claro “el no rotundo al intento de reforma del sistema previsional”, que fue aprobado la semana pasada por el Senado entrerriano, como lo informó Ambito.

    Desde los gremios

    El secretario gremial de AMET, Roberto Aguirre, fue uno de los dirigentes que más claridad aportó sobre la posición gremial. En diálogo con medios locales, explicó que la decisión de parar responde a la falta de una oferta que permita recuperar el poder adquisitivo perdido. “Hemos tenido una oferta salarial que no reconoce la desactualización que tenemos respecto de los índices inflacionarios, ni tampoco las pérdidas acumuladas de años anteriores”, afirmó el dirigente.

    Según el referente, desde AMET estiman que los salarios docentes se encuentran entre un 14% y un 15% por debajo de la evolución de los precios y que con el último dato de inflación la pérdida salarial podría acercarse al 16%. “Esa pérdida corresponde hasta junio. Todavía no tenemos la actualización más reciente, pero con el último dato de inflación seguramente estaremos cerca del 16%”, señaló. Cuestionó además que los índices oficiales no reflejen el impacto real sobre el bolsillo de los trabajadores. “El consumo de los docentes está vinculado a la canasta básica y hoy el sueldo inicial representa aproximadamente el 50% de la canasta básica alimentaria”, aseguró.

    Pese a la medida de fuerza, AMET dejó una puerta abierta al diálogo con la gestión de Rogelio Frigerio. “Esperamos que el gobierno tenga la capacidad de reiniciar el diálogo y acercarse a lo que estamos solicitando para los docentes”. El gremio recordó que integra el frente gremial docente y que las futuras decisiones se tomarán de manera conjunta con las demás organizaciones sindicales.

    Con el paro del 20 de julio, Agmer acumula siete medidas de fuerza provinciales en lo que va del ciclo lectivo 2026. Y además de los reclamos salariales, este gremio denunció la falta de designación de personal suplente de ordenanzas y auxiliares de cocina, así como el déficit de personal en los comedores escolares, donde los alumnos reciben “viandas frías que carecen del valor nutricional”.

    Santa Fe: paritarias sin oferta

    Mientras en Entre Ríos el conflicto escaló, en Santa Fe la discusión paritaria recién comenzó a tomar forma. El pasado jueves 17 de julio, el gobierno provincial retomó las negociaciones con los gremios docentes AMSAFE y SADOP, y los estatales de ATE y UPCN, en una jornada que concluyó sin oferta salarial concreta y con un cuarto intermedio hasta el martes 21.

    La reunión con la administración central tuvo un tono constructivo. El ministro de Economía, Pablo Olivares, señaló que existieron “coincidencias” respecto de los mecanismos utilizados durante el primer semestre. Desde UPCN, su secretario general Jorge Molina destacó que los incrementos mínimos garantizados permitieron que numerosos trabajadores obtuvieran aumentos superiores a la inflación.

    El escenario con los docentes fue distinto. El secretario general de AMSAFE, Rodrigo Alonso, rechazó de plano el diagnóstico oficial: “Nos preocupa muchísimo empezar un debate con una diferencia en la caracterización de la etapa”. El gremio estima una pérdida salarial del 5% al 6% durante el primer semestre y reclamó que la futura propuesta contemple mecanismos para recuperar el deterioro acumulado desde diciembre de 2023.

    Además del aspecto económico, AMSAFE planteó otros reclamos: la eliminación del aporte solidario para jubilados, la revisión del sistema de presentismo y la incorporación de una cláusula de actualización automática. SADOP, por su parte, insistió en la necesidad de abrir mesas técnicas para debatir temas laborales como el control del ausentismo y los criterios para acceder a la bonificación por capacitación. Ambos gremios coincidieron en exigir que la paritaria “vuelva a ser un espacio de negociación efectiva y no una instancia donde el Gobierno presente una oferta sin margen”.

    El Gobierno santafesino defendió su posición con datos, al señalar la secretaria General del Ministerio de Educación, María Martín, que en la negociación anterior se exhibieron recibos de sueldo para “despejar afirmaciones falsas” y señaló que el salario del cargo testigo pasó de poco más de 1 millón de pesos en febrero a superar los 1,3 millones, lo que representa un incremento del 30%. “Si realmente queremos llegar a un acuerdo, tenemos que discutir sobre bases comunes. De lo contrario, la discusión termina siendo ficticia”, advirtió.

    El ministro de Economía, Pablo Olivares, confirmó que la próxima oferta -que podría concretarse esta semana- contemplará incrementos para el segundo semestre y destacó que durante los primeros seis meses del año todos los meses registraron actualizaciones salariales. El ministro de Educación, José Goity, vinculó la negociación con una gestión “basada en evidencia y evaluaciones objetivas”.

  • GESTIÓN Entre Ríos avanza con una reforma previsional y eleva la edad jubilatoria

    GESTIÓN Entre Ríos avanza con una reforma previsional y eleva la edad jubilatoria

    El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se encuentra a un paso de consolidar la reforma del sistema previsional orientada a reducir el déficit fiscal de las cuentas públicas de la provincia. 

    La iniciativa oficialista, que declara la emergencia del sector, obtuvo la aprobación en la Cámara de Senadores y se encamina a su tratamiento definitivo en la Cámara de Diputados.

    Aprobación en el Senado y mayoría en Diputados

    La votación en la Cámara alta entrerriana concluyó con un resultado de 10 votos a favor y 7 en contra. 

    El oficialismo logró destrabar la paridad gracias al respaldo de sus 8 legisladores propios y el acompañamiento de dos votos provenientes de sectores del peronismo, entre ellos el de la senadora Nancy Miranda, perteneciente al bloque Frente Más por Entre Ríos.

    El texto legislativo fue girado de inmediato a la Cámara de Diputados. Debido a que el espacio gubernamental cuenta con mayoría parlamentaria en dicho recinto, se consigna que la sanción definitiva de la ley se proyecta para la última semana del mes en curso.
    El peronismo representado por el bloque Frente Más por Entre Ríos aportó los 7 votos en rechazo al proyecto, ya que una senadora Nancy Miranda lo hizo a favor de la iniciativa impulsada por Frigerio.

    Los cambios clave en aportes, edad y cálculo del haber

    La reforma previsional modifica los parámetros esenciales para acceder a la jubilación ordinaria en el territorio provincial, homologando los requisitos de edad cronológica con los estándares vigentes en el sistema previsional nacional:

    • Edad jubilatoria: Se eleva de 57 a 60 años en el caso de las mujeres, y de 62 a 65 años para los hombres.

    • Años de servicios: La exigencia de aportes obligatorios se incrementa de los 30 años actuales a un mínimo de 35 años.

    • Haber inicial: El cálculo del beneficio base se computará sobre el promedio de las remuneraciones de los últimos 20 años de actividad, duplicando la ventana de 10 años que regía hasta el momento.

    A pesar de las modificaciones en la base de cálculo, el proyecto ratifica la vigencia del beneficio del 82% móvil para los pasivos. 

    En lo que respecta al sector docente, se mantendrán las edades de retiro diferenciadas vigentes, aunque se les fijará la obligación de realizar aportes adicionales solidarios hasta cumplir los 65 años de edad.

    La provincia de Entre Ríos integra el grupo de las 13 jurisdicciones nacionales que no transfirieron sus cajas previsionales a la órbita del Estado nacional, debido a un impedimento explícito de rango constitucional que obliga a mantener la administración bajo el control exclusivo del Poder Ejecutivo provincial.

  • Edgardo Kueider no regresará a la Argentina hasta cerrar sus cuentas con la Justicia paraguaya

    Edgardo Kueider no regresará a la Argentina hasta cerrar sus cuentas con la Justicia paraguaya

    “El exsenador argentino tiene para un rato largo todavía en Paraguay. Al menos un año o dos más. La condena por tentativa de contrabando será apelada. Y además tiene pendiente un juicio, que recién comienza, por lavado de dinero”. Así describió la situación de Kueider una alta fuente de la Justicia paraguaya consultada por Infobae.

    Al ex representante de Entre Ríos en el Congreso de la Nación lo está esperando la Justicia Federal. La titular del juzgado de San Isidro pidió su extradición hace casi un año. La Fiscalía paraguaya dio luz verde. Pero puso como condición que antes cierre su cuenta con la Justicia del vecino país.

    Arroyo Salgado lo investiga por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Hay una causa paralela en la localidad entrerriana de Concordia. La Corte tiene en sus manos el conflicto de competencia.

    La Cámara Federal de San Martín, instancia superior de la magistrada, confirmó hace unos días el rechazo a la eximición de prisión que había presentado Kueider. Esto significa que el día en que pise territorio argentino, irá a parar a una cárcel.

    El exsenador nacional entrerriano adelantó que su defensa apelará la decisión del Tribunal especializado en delitos económicos de Asunción, que el lunes lo condenó a dos años y dos meses de prisión condicional. Esto significa que no irá a la cárcel por haber querido entrar a Paraguay con más de 200 mil dólares sin declarar. A su pareja, Iara Guinsel, le impusieron una sanción de un año y diez meses.

    La determinación del Tribunal contempló, además, el mantenimiento de las medidas cautelares vigentes y la imposición de reglas de conducta para ambos condenados. En concreto, esto implica que Kueider seguirá cumpliendo la detención domiciliaria con uso de tobillera electrónica.

    Esta medida había sido dictada por el juez Humberto Otazú en la causa por los USD 200 mil. Cuando se inició el expediente de extradición solicitado por Arroyo Salgado, Rolando Duarte Martínez, el juez interviniente, le impuso las mismas condiciones: prisión domiciliaria y uso de tobillera. Como este proceso aún está en marcha, las medidas siguen vigentes.

    A esto deben agregarse las importantes sumas de dinero y propiedades que hay comprometidas en las fianzas de Kueider y Guinsel. Solo en la causa por contrabando, el abogado Ricardo Preda del Puerto puso USD 300 mil. A estos se suma un inmueble localizado en una localidad cercana a Asunción que se colocó como fianza en el expediente por la extradición. El terreno es propiedad de otro de los abogados de Kueider. Su valor ronda los 500 millones de guaraníes, unos 83 mil dólares.

    Ysrael Villalba, el fiscal que intervino en el juicio, indicó al medio paraguayo El Observador que el dinero secuestrado y la Chevrolet Trailblazer en la que se trasladaban habían sido incautados. “Se dispuso el decomiso. Cuando la decisión quede firme en sede administrativa, pasarán a las arcas del Estado. Al vehículo se lo rematará”, detalló.

    En junio de este año, el exsenador por Entre Ríos fue procesado en Paraguay por lavado de activos. Esta causa es más grave que la de contrabando. A diferencia de aquella, no sería una tentativa sino un hecho consumado. Las penas en expectativa, dependiendo del criterio que se utilice, podrían ir de los 5 a los 10 años de prisión.

    Según la Fiscalía del país vecino, Kueider y Guinsel habrían introducido dinero en negro producto de ilícitos para «blanquearlo» a través de operaciones inmobiliarias de compra – venta.

    En la maniobra estarían involucrados dos ciudadanos paraguayos, Amado Andrés Torales Benegas y José Fernando Cousirat. Estas personas habrían comprado la empresa Goldsur. La firma le extendió poderes plenipotenciarios a Guinsel. La sospecha es que, en realidad, los socios que figuran son testaferros.

    La operatoria incluye, hasta ahora, seis departamentos en el lujoso complejo «Las Mercedes» de Asunción con sus correspondientes cocheras. Estos inmuebles fueron embargados por la Justicia. La investigación está a cargo de las fiscales Luz Guerrero y Verónica Valdez y del juez Rodrigo Estigarribia Benítez.

  • Universidades: esperan que el Gobierno cumpla con la ley de Fondos, con otro 25% de aumento a los docentes

    Universidades: esperan que el Gobierno cumpla con la ley de Fondos, con otro 25% de aumento a los docentes


    A casi tres semanas del fallo de la Corte Suprema de Justicia que rechazó el último recurso del Gobierno, las Universidades nacionales y los gremios del sector esperan que el Ejecutivo cumpla con la Ley de Financiamiento en la próxima liquidación de haberes docentes y no docentes, correspondiente a julio. La recomposición debería ser en torno al 25%, teniendo en cuenta que por el acuerdo salarial suscripto a fines de mayo –que corrió en paralelo a la disputa judicial por la aplicación de la Ley-, los haberes ya se incrementaron 21,3% y otro 3% tocaría en octubre próximo.

    El fallo de la Corte Suprema del 25 de junio, que al rechazar el recurso extraordinario del Gobierno dejó firme lo resuelto por las instancias inferiores de la Justicia, haciendo lugar al amparo presentado por el CIN para garantizar el pago de la totalidad de los salarios adeudados a docentes y no docentes, y también las becas estudiantiles, fue un enorme triunfo para las Universidades nacionales. Por la falta de actualización salarial –lo que vino a reparar la ley del Congreso sancionada en 2025, que Javier Milei vetó, pero fue insistida por dos tercios en cada Cámara- los docentes y no docentes habían perdido alrededor de 50% de sus ingresos frente a la inflación.

    Pero, desde entonces, la situación es de tensa espera. El Gobierno se mantiene en silencio tras el fallo de la Corte, aunque dejó trascender que acatará lo ordenado por la Justicia.

    Foto: Fernando de la Orden.
Cuarta Marcha Federal Universitaria, el 12 de mayo 2026.

    “Este mes (inicios de julio)se pagó el acuerdo paritario, 21%. Pero de la cautelar nada todavía, ni hubo llamado formal. Lo que sí, en el acuerdo (de mayo entre Gobierno, rectores y gremios) quedó la fecha del 15 de setiembre para la paritaria, y hay que sentarse a discutir”, indicó Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA).

    Entre los rectores la expectativa está centrada en que el Gobierno cumpla con la cautelar en esta próxima liquidación de haberes, que alcanza a unos 200 mil docentes universitarios en todo el país.

    El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, le dijo a Clarín: “El Gobierno debería convocar a paritaria y plantear allí la recomposición de lo pendiente o hacerlo efectivo directamente a partir de la próxima liquidación”.

    “Yo creo que el plazo para evaluar cómo seguimos debería ser la liquidación de este mes que es alrededor del día 20”, añadió, al preguntársele si, ya pasadas tres semanas, evalúan una nueva acción judicial.

    Ante el silencio del Gobierno, para la comunidad universitaria hubo una referencia precisa días atrás en la Cámara de Diputados. En una reunión caliente de la Comisión de Educación, el 1 de julio, su presidente Alejandro Finocchiaro –ex ministro de Educación de Mauricio Macri y hoy un firme aliado al mileísmo, no permitió que la entrerriana Blanca Osuna (Unión por la Patria) incluyera el debate sobre la exigencia del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

    Finocchiaro sostuvo que “a raíz del fallo de la Corte, el Gobierno con quien hablé… en las Universidades se liquida día 15, 16, 14, el mes que viene el Gobierno va a liquidar acorde al fallo de la Corte, por eso devino abstracto y esto no se trata”, dijo por el debate que quería impulsar la oposición en la Comisión.

    Gremios en alerta

    Bartolacci señaló también que los rectores (de las más de 60 universidades nacionales nucleadas en el CIN) acompañarán un pedido de convocatoria a paritaria que harán los gremios esta semana “para que se efectúe la actualización en virtud de la cautelar”.

    Los gremios del sector, y también el abogado constitucionalista Pablo Manili, quien presentó la demanda judicial en representación del CIN, indicaron cuando salió el fallo de la Corte que ahora sí, en caso de no cumplir, los funcionarios del Gobierno -desde el subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Alvarez hasta el presidente Javier Milei, pasando por el ministro de Economía Luis Caputo-, podrían exponerse a demandas penales por desobediencia e incluso a embargos y multas sobre sus propios patrimonios.

    Pero se prefiere no hablar de esto, en estas horas.

    “Estamos de cara al receso de invierno, el Mundial que se lleva todo, con el Gobierno que dice que va a cumplir… nadie quiere entrar en un camino de denuncias por incumplimiento, por eso preferimos esperar a ver si pagan julio”, indicó otra fuente universitaria que monitoreó todo el proceso.

    Dos de los gremios más representativos, CONADU y CONADU Histórica, ya avisaron sin embargo que tomarán medidas de fuerza si el pago no se efectiviza.

    Clara Chevalier, secretaria general de CONADU, dijo a este diario que “desde el fallo de la Corte se han quedado mudos. Imagino que habrán pasado horas de zozobra, porque el Gobierno sabe que el camino judicial está quedando agotado y que le corresponde hacer lo que lleva casi 6 meses tratando de evitar, cumplir la ley”.

    Y señaló que la CONADU resolvió en su último plenario que si en el próximo salario no se ve reflejado “vamos hacia medidas de fuerza”. También dijo que “los funcionarios se exponen a acciones de tipo penal”.

  • Este lunes se conocerá la pena que pedirá la Fiscalía paraguaya para Edgardo Kueider por ingresar USD 200 mil sin declarar

    Este lunes se conocerá la pena que pedirá la Fiscalía paraguaya para Edgardo Kueider por ingresar USD 200 mil sin declarar

    La Sala 9 de los Tribunales de Asunción, ubicada en el sexto piso del Palacio de Justicia, fue el escenario de la última audiencia de presentación de prueba en el juicio que se le sigue al exlegislador nacional entrerriano. Él y su pareja y exsecretaria están acusados de contrabando en grado de tentativa. La pena en expectativa es de dos años y medio.

    Los últimos elementos probatorios fueron provistos por Marcelo Bogado y Carlos Arévalo, los abogados de Kueider y Guinsel. El Tribunal especializado en delitos económicos cerró la jornada indicando que el próximo lunes 6, a partir de las 10 de la mañana, el fiscal Ysrael Villalba deberá realizar su alegato de clausura. En esta instancia, la acusación pública tendrá que hacer una lectura de la prueba según su teoría del caso y solicitar la condena.

    El Tribunal que juzga a Kueider está integrado por Elsa García (presidenta); Adriana Planás y Matías Garcete Piris. Según adelantaron a Infobae fuentes con acceso al proceso, tanto Kueider como Guinsel volvieron a negarse a declarar. Por el momento en el que se encuentra el juicio, ahora solo les quedará la instancia de las últimas palabras antes de que los jueces se retiren a deliberar la sentencia.

    Si el lunes hay tiempo podría darse paso a que la defensa realice su alegato. En esta etapa, los abogados de los imputados intentarán rebatir los argumentos de la acusación pública. Además, será su chance para hacer una relectura de la prueba y plantar su propia hipótesis de qué ocurrió en la madrugada del 4 de diciembre de 2024 cuando el exsenador nacional y su pareja fueron detenidos intentando ingresar a Paraguay con USD 200 mil sin declarar.

    Al momento en que la defensa concluya, el fiscal Villalba podrá pedir una réplica al Tribunal y rebatir algunos puntos de lo que plantearon. La misma instancia, llamada dúplica, le corresponderá a los abogados de Kueider y Guinsel luego de que la Fiscalía cierre su respuesta.

    El juicio contra Kueider comenzó el 9 de junio después de tres postergaciones y ambos llegaron a esta etapa con arresto domiciliario en Asunción.

    Será el último paso y llegará el desenlace. Los jueces fijarán en ese momento el día en el que darán a conocer el veredicto y se retirarán a debatir el fallo.

    Las audiencias contra el exsenador nacional por Entre Ríos y su pareja comenzaron el 9 de junio pasado. Antes hubo tres postergaciones que dilataron el inicio desde noviembre del año 2025 a mitad del período en curso.

    Kueider y Guinsel llegaron a esta instancia con arresto domiciliario. Quedaron detenidos horas después de ser encontrados in fraganti en la cabecera paraguaya del Puente de la Amistad. Intentó ingresar a Ciudad del Este con una mochila con 211 mil dólares, 646 mil pesos argentinos y 3,9 millones de guaraníes sin declarar.

    Por ese hecho fueron acusados de contrabando en grado de tentativa. Que el ilícito no se haya concretado redujo la pena en expectativa de 5 años a dos y medio. En caso de ser condenados, el año y seis meses que llevan detenidos en distintos departamentos de lujo de Asunción será sopesado.

    Cuando este juicio entraba en la recta final, Kueider y Guinsel recibieron dos malas noticias.

    Por un lado, la Justicia paraguaya decidió imputarlos por lavado de activos. Entendió que para adquirir departamentos y cocheras en la capital del vecino país utilizaron fondos ilícitos. Los inmuebles quedaron embargados.

    Luego, se conoció que la Cámara Federal de San Martín había rechazado un pedido de eximición de prisión. Esto significa que, en cuanto ponga un pie en territorio argentino, quedará detenido de inmediato.

    Kueider está bajo investigación de la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, por presunto lavado de activos. La magistrada pidió su extradición al Paraguay. La fiscalía del país vecino dio luz verde. Pero antes deberá terminar de rendir cuentas frente a los tribunales locales.

    Arroyo Salgado no es la única que investiga a Kueider por este delito. Hay otra causa en paralelo en la Justicia entrerriana. La cuestión de competencia se está tramitando ante la Corte Suprema.

  • Una empresa de bebidas con 70 años de historia entró en concurso preventivo y atribuyó su crisis a la caída del consumo

    Una empresa de bebidas con 70 años de historia entró en concurso preventivo y atribuyó su crisis a la caída del consumo

    Frutafiel, una empresa entrerriana de bebidas con más de 70 años de trayectoria, se presentó en concurso preventivo ante la Justicia de Paraná luego de que sus costos operativos y financieros superaran su nivel de facturación en los primeros meses de 2026. La firma, que tiene su planta industrial en General Ramírez, departamento Diamante, describió en su presentación judicial una acumulación de factores que la llevaron a la insolvencia entre marzo y abril de este año.

    En el escrito que presentó en la Justicia, Frutafiel describió un diagnóstico sobre las causas de su situación. “El proceso inflacionario posterior a la pandemia erosionó el poder adquisitivo de los consumidores y elevó simultáneamente los costos de insumos y transporte”, puntualizó la compañía. La empresa señaló que no pudo trasladar esos incrementos al precio final de sus productos sin perder competitividad, lo que comprimió los márgenes de rentabilidad. A eso se sumó la retracción del consumo de productos no esenciales, el segmento en el que se concentra su producción: aguas saborizadas, cerveza, una bebida elaborada con vino y gaseosa, y la línea Aqualoe, su agua con pulpa de aloe vera.

    El encarecimiento de la energía y los combustibles fue otra de las razones a las que la empresa adjudicó su situación. Según la presentación judicial a la que accedió el medio entrerriano Uno, los insumos derivados del petróleo representan hasta el 95% del costo final en algunas de sus líneas de producción. El acceso al crédito bancario, por su parte, “se volvió inviable ante las tasas de interés que regían en el mercado”, y el descuento de valores de terceros generó pérdidas adicionales.

    Según consta en el documento oficial, la firma también intentó compensar la caída de ventas con promociones en supermercados y cadenas de distribución, pero los descuentos que debió ofrecer dejaron márgenes de utilidad casi nulos. La morosidad de clientes —en algunos casos con imposibilidad de cobro— agravó el cuadro financiero.

    Para sostener la operación, el presidente de la sociedad y principal accionista de la empresa vendió un inmueble propio e inyectó los fondos en la compañía. Ese aporte permitió lanzar una nueva línea de cerveza con marca propia, Golden Saft, que comenzó a comercializarse a principios de 2025. El producto tuvo buena recepción inicial, pero dos problemas truncaron su impulso: el proveedor de cerveza a granel no cumplió con los volúmenes comprometidos y la competencia replicó rápidamente el concepto. La empresa también lanzó un vino con jugo. Ambas líneas representan actualmente el 30% de la facturación total.

    Bebida natural de agua de guayaba y jengibre, ideal para hidratación, refrescante y con beneficios saludables. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

    Fundada en 1956, Frutafiel produce además fideos secos y dulces de membrillo y batata, y es uno de los principales empleadores de General Ramírez, localidad de poco más de 13.000 habitantes. La empresa registró un activo total de $4.016.951.403 —con un activo corriente de $1.313.082.606 y uno no corriente de $2.703.868.796— frente a un pasivo de $3.818.314.937, lo que deja un patrimonio neto positivo de apenas $198.636.466, menos del 5% del activo total. El Banco Central registra a la firma con 387 cheques rechazados sin fondos por un total de $1.085.442.794.

    La empresa sostuvo en su presentación que la cesación de pagos se produjo entre marzo y abril de 2026: a fines de marzo dejó de cumplir los planes de facilidades de pago con ARCA y el 21 de abril comenzaron los rechazos de cheques. Pese a ello, la firma afirmó que su actividad “es viable, siendo rentable en el mediano y largo plazo” y que “el concurso preventivo producirá el desahogo financiero” que le permita volcar recursos a la producción y honrar sus compromisos pendientes.

    El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 9 de Paraná, a cargo del juez Ángel Luis Moia, dispuso la apertura del proceso el 10 de junio, a partir de una solicitud presentada el 22 de mayo. El magistrado ordenó la inhibición general de bienes de la firma —lo que le impide vender o transferir activos sin autorización judicial— y designó al Estudio Cerini-Cerini-Chiara como sindicatura.