Los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) animaron este martes en Paraná la XII Jornada de Desarrollo Productivo y Competitividad de la Región Centro y de los Corredores Bioceánicos, un evento que incluyó advertencias por la situación económica, reclamos por las rutas nacionales y un mensaje por la coyuntura social: “Los gobernadores e intendentes fuimos amortiguadores del ajuste, pero de ese amortiguador cada vez queda menos”.
El encuentro tuvo lugar en el Centro Provincial de Convenciones de la capital entrerriana desde las 10 de la mañana y fue inaugurado por el trío de mandatarios, que trazó una análisis respecto a la actualidad del país, al tiempo que analizó el vínculo de los distritos con la administración de Javier Milei y los principales desafíos que observan desde las gobernaciones.
Mensaje de los gobernadores de la Región Centro a Nación
La jornada comenzó con una reunión de la Mesa Ejecutiva de la Reunión Centro, liderada por Frigerio, presidente pro témpore del bloque. Acto seguido, los jefes provinciales ofrecieron una conferencia de prensa en la que abordaron diversos temas, con los debates por la reforma electoral y el Presupuesto 2027 como telón de fondo.
Uno de los más confortativos fue el cordobés Martín Llaryora, que viene endureciendo su discurso con la Casa Rosada. El líder mediterráneo protestó por la eliminación del programa Remediar y lanzó una advertencia: “Fuimos amortiguadores del ajuste, pero de ese amortiguador cada vez queda menos”.
Acto seguido, manifestó que la macroeconomía “tiene que ser un punto que sirva al desarrollo y a la generación de trabajo”. “El ajuste constante y constante, sin crecimiento económico, hace que el programa no pueda ser efectivo en el tiempo”, advirtió.
Y completó: “Este Presupuesto tiene que tener una reflexión, que pueda sostener parámetros macroeconómicos pero con una visión productiva, más vinculada al trabajo y a la defensa de las pymes”.
A su turno, Maximiliano Pullaro sumó: “Compartimos las mismas penas. Un traspaso de responsabilidades por parte del orden nacional y una caída única de recursos, comparable con la crisis del 2001. Gobernar en este contexto es muy difícil. Además, con una demanda social creciente. A la gente le cuesta mucho llegar a fin de mes”.
En referencia al estado de las rutas, el litoraleño mencionó que tienen la expectativa de que en los próximos meses “pueda haber una inversión en función del programa que llevó adelante Nación con las licitaciones para, al menos, tapar los pozos que tienen las rutas nacionales”.
Los gobernadores de la Región Centro se reunieron en Entre Ríos.
En otro pasaje, los gobernadores se refirieron a la reforma electoral, con eje en la discusión por las PASO. Al respecto, Pullaro defendió la implementación de las primarias en Santa Fe, pero defendió la suspensión a nivel nacional.
“Ya me manifesté a favor de la disolución de las PASO en el orden nacional. Mi provincia tiene PASO, pero no es una contradicción. Yo soy producto de una PASO. Desde el 2007 en adelante la provincia la usó con mucha nitidez. No vi que la PASO sirva para algo en el orden nacional”, se excusó.
Llaryora, en tanto, se mostró más cauto. Recordó que Córdoba no tiene internas abiertas y se mostró abierto al debate. No obstante, puso el acento en cómo se van a resolver los temas electorales y destacó que su provincia fue pionera en la Boleta Única Papel (BUP). Finalmente, pidió tener en cuenta el financiamiento del sistema: “Hay que tener todos los controles necesarios para que no ingrese el narcotráfico”. Esos dichos fueron celebrados por su colega de Santa Fe.
Rogelio Frigerio, en tanto, aclaró que “no son temas que le quiten el sueño a los argentinos” y sostuvo que “no le dedican mucho tiempo a la discusión”. De todos modos, en ocasiones anteriores ya se había mostrado proclive a acompañar la suspensión. “Hay un divorcio creciente entre la sociedad y la política. En estas condiciones, que haya cinco elecciones en un año es tirar de la cuerda”, reflexionó.
Cabe recordar que Entre Ríos también tiene PASO. En el distrito dan cuenta de que la suspenderán aunque por ahora no hay nada firme. Hasta ahora, solo Chaco dio de baja la modalidad para el 2027.
Del acto participaron también la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani; el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe; los representantes de la Región Centro Atilio Benedetti, Carlos Massei y Claudia Giaccone; además de otras autoridades provinciales y legisladores.
La agenda incluyó un panel sobre infraestructura, logística e integración regional, con representantes del sector de la construcción, el sistema portuario y organismos de cooperación y desarrollo.
Otro de los ejes fue la innovación y la aplicación de la inteligencia artificial en el sector productivo, con especialistas de Argentina y Brasil. También se analizó el impacto de las nuevas tecnologías en el empleo y el mundo del trabajo, en un panel con representantes de Entre Ríos y Santa Fe.
La Región Centro ofrecerá este martes una postal de unidad en torno a una agenda productiva. Rogelio Frigerio, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora compartirán en Paraná la apertura de las XII Jornadas de Desarrollo Productivo y Competitividad de la Región Centro y Corredores Bioceánicos. Sin embargo, detrás de la foto asoman tres estrategias políticas diferentes frente al gobierno de Javier Milei, atravesadas por intereses provinciales y por el horizonte electoral de 2027.
El encuentro se realizará en el Centro Provincial de Convenciones y será la primera actividad en Entre Ríos desde que Frigerio asumió la presidencia pro tempore del bloque regional. La apertura institucional contará con la participación de los tres gobernadores, junto con representantes de la Mesa Ejecutiva y del Foro Empresario de la Región Centro.
Durante el encuentro se abordarán temas estratégicos como la integración regional, la infraestructura, la innovación productiva y el impacto de la inteligencia artificial en el sector productivo, con especialistas de Argentina y Brasil, se dijo desde la administración entrerriana.
De esta manera, la jornada de intercambio exhibirá la articulación entre los gobiernos provinciales, las instituciones y el sector privado, en torno a una agenda compartida de integración, innovación y crecimiento económico para la Región Centro. No obstante, la cumbre también permitirá observar cómo cada mandatario administra su vínculo con el poder libertario que habita la Casa Rosada.
El aliado con línea directa a Nación
Frigerio es quien exhibe la sintonía más aceitada con el gobierno nacional. Su vínculo con Milei se apoya en una identidad política compartida con dirigentes provenientes del PRO y en una estrategia que prioriza la negociación con la Casa Rosada.
La relación con Diego Santilli, jefe de Gabinete y antiguo compañero de gestión durante el gobierno de Mauricio Macri, expresa esa cercanía. Ambos ya avanzaron en conversaciones sobre el Presupuesto 2027, las obras prioritarias para Entre Ríos y la reforma política.
El titular del Ejecutivo entrerriano mantiene abierto los canales de negociación y acompaña las transformaciones nacionales, sin dejar de reclamar respuestas para su provincia. Su estrategia combina alineamiento político y gestión de intereses provinciales, con la apuesta de evitar que las diferencias sectoriales deriven en una confrontación permanente con el mandatario libertario.
Entre la oposición y la cautela electoral
Pullaro llega a Paraná después de un episodio que alimentó la polémica de su posicionamiento frente a Milei. La sesión de Diputados que buscaba derogar el DNU 70/23 fracasó por falta de quórum y dejó expuestas las diferencias dentro de Provincias Unidas, el espacio que reúne a legisladores que reportan al santafecino y al gobernador cordobés.
La jefa del bloque, Gisela Scaglia, exvicegobernadora de Pullaro, y el diputado José Núñez se ausentaron. En total, ocho legisladores de Provincias Unidas no ocuparon sus bancas, una decisión que favoreció al oficialismo libertario al impedir el desarrollo del plenario impulsado por el arco opositor.
Scaglia rechazó las críticas y negó que su postura respondiera a un acuerdo con Milei. “No se defendía a la gente, fue una maniobra kirchnerista para desestabilizar a la Argentina”, afirmó en declaraciones a Cadena 3.
El episodio exhibió las tensiones entre el perfil opositor de parte del radicalismo santafesino y la cautela en los movimientos de un gobernador que necesita preservar margen de negociación con Nación. Aunque Leonel Chiarella, presidente de la UCR nacional, sostiene una impronta opositora, el pullarismo también mira su propia carrera electoral.
“Hay que dejar abierta la posibilidad de que Pullaro, llegado el momento de las definiciones, tenga alguna negociación con el Gobierno nacional para que no le compliquen su elección provincial en 2027”, advirtió un interlocutor radical que lee al dedillo el escenario que se proyecta sobre el próximo turno electoral.
Sobre esta base, la ecuación pasa por sostener diferencias con Milei sin clausurar canales de diálogo que puedan resultar relevantes para la gestión santafesina y el proyecto de reelección del radical.
Entre las críticas al ajuste y la pelea por 2027
Por su parte, el gobernador cordobés viene elevandoel tono de sus críticas al rumbo económico nacional. En sus últimas incursiones mediáticas en Buenos Aires, cuestionó la caída del empleo formal, las dificultades de las pymes y el endeudamiento de las familias.
“El que no vea una crisis es un ciego”, afirmó el peronista federal. Al redoblar la crítica contra el poder libertario, advirtió: “Vemos la caída del empleo formal con la caída de las pymes. Organismos internacionales le están pidiendo que preste atención a la cuestión social”.
En su raid mediático en pantalla nacional, Llaryora defendió el modelo Córdoba, y reivindicó la infraestructura como herramienta para sostener la actividad económica. “Hoy tenemos la mejor infraestructura, con mejores rutas. Eso lo ven todos”, sostuvo al contrastar modelos.
Sin embargo, la ofensiva discursiva también tiene una lectura electoral. La Libertad Avanza pretende disputar la gobernación de Córdoba en 2027 y amenaza con convertir a la provincia en uno de los principales escenarios de confrontación con el peronismo provincial.
En ese contexto, las críticas de Llaryora a Milei funcionaron también como una advertencia política frente al armado libertario. El cordobesismo no piensa quedarse de brazos cruzados ante el avance de una fuerza que busca desplazarlo del poder. El mensaje hacia la Casa Rosada combinael reclamo por el impacto del ajuste con la decisión de defender el territorio provincial.
En las últimas horas, el Ministerio de Salud cordobés rechazó la Resolución 1447/2026 de Nación, que aplicó motosierra al programa Remediar. La Provincia se pronunció en contra de la medida de la cartera sanitaria nacional que eliminó la provisión gratuita de 128 principios activos que abastecían históricamente al primer nivel de atención, reemplazándolos por un vademécum acotado a solo seis fármacos orientados exclusivamente a patologías cardiovasculares.
Así, Córdoba cuestionó el impacto de la decisión sobre la atención primaria y el acceso a medicamentos esenciales. El conflicto alimenta la disputa entre el ajuste nacional y la defensa de las prestaciones provinciales, mientras Llaryora busca diferenciar su gestión del rumbo económico de Milei.
Retenciones: la bandera que los reúne
Pese a las diferencias en los movimientos respecto a la relación con la gestión Milei, los tres gobernadores comparten un reclamo económico y político: la eliminación de las retenciones agropecuarias. La defensa del campo tiene un peso estratégico en Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, provincias cuya actividad económica depende en buena medida de la producción agroindustrial.
La demanda de reducir la presión fiscal sobre el sector se enlaza con la agenda de infraestructura, logística y corredores bioceánicos que impulsa la Región Centro para mejorar la competitividad exportadora.
La coincidencia en el modelo federal de desarrollo, sin embargo, no borra las diferencias. Frigerio privilegia el entendimiento con la Casa Rosada; Pullaro preserva su margen de negociación y Llaryora combina críticas al ajuste con una advertencia ante la disputa electoral que se avecina en Córdoba.
La foto de Paraná mostrará unidad institucional y una agenda productiva compartida. Pero, detrás del escenario común, cada gobernador seguirá jugando su propio partido frente a Milei. Y en Córdoba, la pulseada ya excede la discusión económica: también se juega el poder en 2027.
En medio de las negociaciones por el Presupuesto 2027 y con la reforma electoral todavía en el aire, tres gobernadores exhibirán este martes en Paraná una nueva foto de unidad, con una agenda productiva como punta de lanza. Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba) protagonizarán la XII Jornada de Desarrollo Productivo y Competitividad de la Región Centro y de los Corredores Bioceánicos que componen los tres distritos.
El encuentro será en el Centro Provincial de Convenciones de la capital entrerriana desde las 10 de la mañana y se dividirá en diversos paneles, donde expondrán funcionarios provinciales, presidentes de cámaras, empresarios y CEO de distintas compañías, entre otros. La apertura será el plato fuerte de la jornada, con la presencia de los tres mandatarios, quienes darán vida a un nuevo cónclave de la Mesa Ejecutiva de la Región Centro.
Gobernadores de la Región Centro se reúnen en Paraná
Se tratará de la primera reunión del espacio desde que Entre Ríos asumió la presidencia pro témpore, luego de que la ostentaran Santa Fe y Córdoba. Innovación, inteligencia artificial y tecnología serán algunos de los temas centrales de la jornada, que se extenderá hasta pasadas las 16 y buscará articular políticas juntas entre los sectores público y privado.
Por fuera de la veta regional, el evento incluirá una postal conjunta entre los tres mandatarios con aspiraciones reeleccionistas para 2027 con eco nacional. El anfitrión, Rogelio Frigerio, es el más cercano a la Casa Rosada y buscará revalidar el acuerdo con La Libertad Avanza (LLA) el año próximo con el objetivo de blindar el pago chico y evitar la dispersión del voto reactivo al peronismo.
Martín Llaryora, en cambio, viene levantando el perfil, con una veta opositora a Javier Milei. Tras un rally que lo llevó a recorrer distintos medios, en donde marcó fuertes constrates con el Gobierno nacional, el mediterráneo habló el viernes pasado en la Cumbre Federal de Logística, organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), y fue el más crítico de los mandamases, en un panel que también incluyó a Frigerio, Axel Kicillof (Buenos Aires), Elías Suárez (Santiago del Estero) y al secretario general del CFI, Ignacio Lamothe.
“Nación no hace ni un bicicletero” fue una de las frases que lanzó Llaryora en su discurso. “Sin una Nación que entienda que tiene que desarrollar y ser un actor central, por las obras que hay que hacer, es imposible desarrollar la Argentina sin la mirada federal”, agregó y sostuvo que las provincias y las intendencias “pueden hacer cosas, pero necesitamos un plan nacional”.
El jefe provincial da por hecho que los libertarios lo desafiarán en las urnas, por lo que ya empezó el operativo confrontación. En el PJ de Córdoba, además, hay movimientos subterráneos. Intendentes y otros dirigentes buscan que el titular del Ejecutivo se pronuncie en pos de una candidatura nacional del peronismo el año próximo y deje de lado la veta provincialista del espacio.
Por ahora, en la órbita de Llaryora esquivan el asunto. “Martín no se va a pronunciar por nadie, la pelea es por Córdoba”, comentaron fuentes a Ámbito. Reiteran que el gobernador está abocado a la agenda territorial y que por eso rehúso la invitación de Milei para participar de la Argentina Week, en París, pese a que el distrito envió una comitiva propia. Asimismo, el propio cacique niega una candidatura presidencial. “Nuestro candidato se llama Juan Schiaretti”, repite.
Del lado violeta, quien pica en punta para desafiar al cordobesismo es el diputado nacional Gabriel Bornoroni, aunque el senador Luis Juez tampoco se baja de la pelea. El radical Rodrigo De Loredo también busca subirse al ring. La dispersión opositora podría jugar a favor del oficialismo provincial.
El santafesino Maximiliano Pullaro, en tanto, explora un acercamiento con LLA. La provincia ya tiene calendario electoral: tendrá PASO el 13 de abril y generales el 18 de junio, aunque falta la confirmación vía decreto. La confirmación de las primarias en Santa Fe marca un contraste con la escudería presidencial, que busca derogarlas.
Dentro del oficialista frente Unidos, hay voces diversas, donde confluyen desde el PRO hasta el socialismo, pasando por distintas expresiones locales.
Los gobernadores de la Región Centro se reunieron en agosto con Diego Santilli.
En los últimos meses, Pullaro bajó el tono contra Nación. La Casa Gris da cuenta de una mejora ostensible en el vínculo con el Gobierno y le atribuyen el deshielo al desembarco de Diego Santilli en la Jefatura de Gabinete. Por lo pronto, creen que la atomización de un peronismo sin jefaturas claras auxiliará los deseos reeleccionistas del mandatario. Cabe recordar que, por la reforma constitucional, podrá competir por un nuevo mandato.
La foto de los mandatarios llegara luego de que las provincias dialoguistas auxiliaran al Gobierno en el Congreso, no dando quorum para discutir el decreto 70/23. El episodio, sin embargo, exhibió las debilidades legislativas de Javier Milei, dado que la oposición quedó cerca de tumbar el DNU madre de la gestión libertaria.
Con más de 8 millones de habitantes y un aporte del casi 20% al Producto Bruto Interno (PBI), la Región Centro es uno de los motores de la Argentina. Además, concentra el 70% de la producción láctea, el 50% de la carne aviar y el 55% de los granos y oleaginosas. Por eso, más allá del frente político, reviste un interés crucial en el plano económico.
En un escenario político donde las coincidencias escasean, la urgencia por abaratar los costos de transporte y destrabar acuerdos productivos logró sentar en una misma mesa a gobernadores de distinto signo partidario. El diagnóstico que unificó a los mandatarios provinciales es claro: resulta imposible que las economías regionales peguen el salto exportador si la mercadería sigue demorando una eternidad y costando una fortuna para llegar a los puertos.
Con esa premisa como bandera, este viernes se puso en marcha la segunda edición de la Cumbre Federal de Logística en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires. El evento, organizado bajo el lema “Hacia una logística competitiva para el desarrollo federal”, fue encabezado en su acto inaugural por los mandatarios Axel Kicillof (Buenos Aires), Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Elías Suárez (Santiago del Estero).
La cumbre es el resultado de un trabajo silencioso que viene impulsando el Consejo Federal de Inversiones (CFI) junto a los distritos desde hace cinco años para diseñar una estrategia federal en la materia. El secretario general del organismo, Ignacio Lamothe, ofició de anfitrión y celebró la convocatoria: “Es una excelente noticia para el país que un tema como el logístico, columna vertebral del desarrollo productivo de la Argentina, despierte tanto interés”.
A la hora de tomar el micrófono, los mandatarios dejaron en claro que el Estado nacional no puede correrse de la planificación estratégica. Kicillof advirtió que “se está reconfigurando el mundo en materia productiva y logística” y exigió consolidar una perspectiva nacional que articule de manera inteligente lo público con lo privado. En la misma sintonía, Llaryora le sumó volumen político al reclamo al sentenciar que “toda la potencialidad del país depende de las provincias” y que, sencillamente, “no hay desarrollo sin infraestructura”.
Por su parte, los representantes de la Mesopotamia y el Norte Grande aportaron las necesidades puntuales de sus regiones. Frigerio remarcó que tanto la Hidrovía Paraná-Paraguay como la red portuaria son factores completamente “determinantes” para sacar al mundo la producción entrerriana. Desde otra latitud, Suárez apuntó a la necesidad de achicar los tiempos y costos de viaje hacia los centros de consumo para poder fomentar la industrialización y generar empleo genuino mediante el “agregado de valor en origen”.
El peso corporativo y la pata de las inversiones
El encuentro no se limitó a los discursos institucionales, sino que funcionó como un foro de debate directo con los dueños de la carga y las empresas de transporte. A lo largo de la jornada, la agenda se metió de lleno en las complicaciones operativas y el impacto logístico en rubros estratégicos como la minería, los hidrocarburos, la agroindustria y la industria manufacturera.
Para abordar estos ejes, la organización diagramó una serie de paneles en los que se sumaron otros pesos pesados de la política del interior. La grilla incluyó la participación activa de los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Marcelo Orrego (San Juan), quienes expusieron las realidades y las urgencias de sus respectivos territorios para atraer capitales.
Del lado corporativo, la asistencia de altos ejecutivos marcó el pulso de las inversiones que están en juego. El debate integró a CEOs y directivos de gigantes energéticos y mineros como YPF, Pan American Energy, Tecpetrol, Rio Tinto y Glencore, firmas del agro como Louis Dreyfus Company, y grandes jugadores del comercio como Mercado Libre, Techint, DHL, FedEx, Andreani y Aeropuertos Argentina 2000. El objetivo unánime: trazar un mapa que permita conectar de una vez por todas el potencial del interior con los mercados globales.
El Tribunal Oral Federal 5 (TOF5) de San Martín resolvió este jueves declinar su competencia en el caso contra quienes integraban el grupo que colaboró con Edgardo Kueider en las presuntas maniobras delictivas por las que es investigado. En el mismo acto, decidió remitirlo a la Justicia Federal en lo Criminal de la Ciudad de Buenos Aires. Este giro beneficia a los acusados, quienes ganan tiempo para enfrentar el juicio.
La decisión se tomó por dos razones centrales. La primera fue que los hechos ventilados en las actuaciones se habrían cometido en Paraná, Concordia, CABA, Quilmes y Berazategui. “Es decir, ninguno en esta jurisdicción”, alegó el TOF 5. El cuerpo lo componen los jueces Javier Arzubi Calvo; Esteban Rodríguez Eggers y Juan Manuel Gaset Maisonave.
En relación con este punto está la segunda razón: Buenos Aires sería el núcleo de la organización, así como de las condiciones que sustentan el agravamiento de cargos y los efectos jurídicos de las maniobras realizadas.
Los socios y colaboradores del ex senador enfrentan cargos de lavado de activos, falsificación de balances y adulteración de documentos públicos. Todos estos delitos están relacionados con las maniobras que, para la Justicia, habría realizado Kueider a fin de ocultar su incremento patrimonial por encima de sus posibilidades.
A comienzos de año, el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez y la jueza en lo Correccional y Criminal Sandra Arroyo Salgado recortaron esta parte de la investigación y la elevaron a juicio.
El acusador público y la magistradaiban a sentar en el banquillo a:
Dos de sus supuestos testaferros de Kueider: Daniel González, alias “Gonzalito” o “Pajarito”, y Javier Rubel, primo del exsenador y albañil de profesión. Ambos fueron presidentes de Betail SA.
José Carlos Noguera. Es el contador porteño cuyo estudio, según subrayó Arroyo Salgado, habría sido el “epicentro de la operatoria delictiva”. También está comprometida su esposa, Gabriela Patricia Saint Pierre.
A ellos se suman Débora Ferreyra, empleada del estudio de Noguera, y Adriana Crucitta, pareja de “Gonzalito”.
La imputación alcanza a cinco sociedades comerciales: Lectus SA, Felsir Biotecnológica SRL, Vijusa SA, Nopor Service SA y Vía SNP Logística.
El ex legislador entrerriano y su pareja, Iara Guinsel, permanecieron al margen. Ambos están detenidos en Paraguay. Su extradición no se dará hasta que termine de ajustar cuentas con la Justicia del país vecino.
Arroyo Salgado inició la pesquisa contra Kueider como desprendimiento del caso “Securitas”. En este otro expediente, se investiga el presunto pago de coimas por parte de la empresa de seguridad privada a funcionarios públicos. El objetivo era quedarse con los contratos de vigilancia. La maniobra habría incluido a Enersa, la distribuidora eléctrica estatal entrerriana. Kueider representaba las acciones del Estado en esa firma cuando era secretario General de la Gobernación (2015/2019).
En “Securitas” hay un mensaje de uno de los empresarios involucrados que menciona al ex senador como un contacto clave para la maniobra. Con ese elemento, más una denuncia que se presentó en su Juzgado con datos de la declaración jurada de Kueider revelados por “El Disenso”, Arroyo Salgado armó el nuevo expediente.
Este trámite avanzó y llegó a la instancia de elevación a juicio que ahora quedó en suspenso hasta que se defina un nuevo tribunal. En paralelo, la Corte Suprema avaló que tanto Arroyo Salgado como la Justicia de Entre Ríos continúen investigando a Kueider.
El TOF 5 de San Martín tomó el criterio que el fiscal Domínguez siguió para definir el objeto de juicio en el dictamen de elevación a esa etapa.
En ese sentido, concluyó que no se identificó un solo acto desplegado por los acusados en la jurisdicción de San Martín. Por el contrario: todo giraría en Buenos Aires.
Como sustento, detalló:
Las operaciones inmobiliarias se realizaron en Paraná. Los departamentos que Kueider adquirió y puso a nombre de la firma Betail SA están en la capital entrerriana. Asimismo, los testimonios de los dueños de la desarrolladora inmobiliaria acreditan que la negociación y la entrega del efectivo se concretaron en esa ciudad.
El “ardid” ante la AFIP (hoy ARCA) a fin de ocultar el crecimiento patrimonial y dibujar balances de las empresas usadas como mascarada se concretaron en un estudio contable de Quilmes.
Betail, la firma que Arroyo Salgado y Domínguez catalogaron como una “fachada” de Kueider para disimular su enriquecimiento, tiene sede en CABA. Los movimientos del directorio, que involucran a varios acusados en el caso, se inscribieron en la Inspección General de Justicia de Buenos Aires.
La colocación y puesta en circulación de fondos que la Justicia sospecha tienen un origen espurio se concretó a través de la sucursal Quilmes del Banco Supervielle.
La Justicia también sospecha que la compra de la camioneta Chevrolet Trailblazer a nombre de uno de los socios de Kueider sirvió a su vez para lavar dinero. La adquisición se hizo en la agencia Rudas de Concordia. Pero el registro se concretó en CABA.
“Los hechos ventilados en estas actuaciones se habrían cometido en Paraná, Concordia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Quilmes y Berazategui. Es decir: ninguno en esta jurisdicción”, evaluó el TOF 5.
Luego, completó: “Según el acusador público, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituía el centro de operaciones de la organización, ya que allí se localizaba la estructura desde donde se impartían las directivas que luego se ejecutaban en Quilmes, Paraná o ante la IGJ”. Más adelante, remarcó: “No hay dudas de que el mayor número de pruebas se recabó en el ámbito capitalino”.
Por otro lado, señala que, a esta altura, no se registra la conectividad subjetiva entre el caso “Securitas” y la investigación sobre Kueider, ya que los imputados en un expediente no figuran en el otro y viceversa. El ex senador sería el nexo, pero al estar en Paraguay aun no pudo ser indagado ni imputado en ninguna de las causas.
El TOF 5 de San Martín cambió su integración en junio. Luego de los acuerdos dados por el Senado, ingresaron Gaset Maisonave y Arzubi Calvo. Rodríguez Eggers viene de antes.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, avanza con una reforma del Código Procesal Laboral provincial con un objetivo que su administración plantea como prioritario: contener el fuerte crecimiento de los juicios vinculados a accidentes y enfermedades laborales y ponerle así un freno a lo que en el oficialismo y el sector empresario describen como la “industria del juicio”.
La iniciativa pone la lupa principalmente sobre las pericias médicas, un engranaje central de los litigios por Riesgos del Trabajo. Pero los cambios van más allá: el proyecto también modifica el sistema de honorarios de los peritos y elimina una exigencia económica que actualmente deben cumplir los empleadores condenados para poder apelar.
La discusión aparece en momentos en que la provincia muestra uno de los mayores aumentos de litigiosidad laboral del país. Según estadísticas de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), durante 2025 se iniciaron 2.502 juicios por Riesgos del Trabajo en Entre Ríos, un 25% más que en 2024. Y en los doce meses comprendidos entre septiembre de 2025 y agosto de 2026 la cantidad de nuevas causas aumentó 38%, el mayor crecimiento entre las nueve principales jurisdicciones relevadas.
El ministro de Gobierno y Trabajo entrerriano, Manuel Troncoso, reconoció que la litigiosidad “se disparó estrepitosamente” durante los últimos dos años y sostuvo que el fenómeno es “multicausal”. Desde la administración provincial aseguran que pretenden debatir la reforma antes del receso legislativo de verano.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de un Cuerpo Especializado de Profesionales Médicos que dependerá directamente del Poder Judicial y actuará en los juicios derivados del régimen de Riesgos del Trabajo. En principio estará integrado por tres peritos médicos, que tendrán sede en Paraná, pero podrán intervenir en todas las jurisdicciones de Entre Ríos. Serán seleccionados por concurso público de antecedentes y oposición y mantendrán una relación de dependencia con el Poder Judicial.
La diferencia con el esquema que cuestiona el Gobierno está en cómo cobrarán esos profesionales. Los médicos del nuevo cuerpo recibirán una remuneración fija y no tendrán sus ingresos atados al porcentaje de incapacidad reconocido al trabajador ni al monto final de una indemnización.
El proyecto sostiene que esa desvinculación económica busca fortalecer la independencia de las pericias y evitar que el profesional pueda tener un interés patrimonial relacionado con el resultado del juicio. En los fundamentos de la reforma, el Ejecutivo argumenta que la remuneración de un perito “no debe depender directa ni indirectamente” del porcentaje de incapacidad que determine.
Para los casos en los que deba recurrirse a otros peritos, la reforma también cambia la manera de fijar sus honorarios. Ya no podrán calcularse a partir del monto reclamado, la condena, un acuerdo o el porcentaje de incapacidad. El juez deberá tomar en cuenta factores como la complejidad, extensión, calidad y utilidad de la tarea realizada, con un tope equivalente a ocho juristas.
Otro cambio de peso es que los médicos deberán utilizar obligatoriamente la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales vigente a nivel nacional —el denominado baremo— y tendrán que explicar técnicamente qué parámetros utilizaron para llegar a sus conclusiones. El Gobierno entrerriano apunta de esa manera a reducir las diferencias entre pericias sobre cuadros similares y a establecer criterios más uniformes. En 2025, Nación actualizó esa tabla mediante el decreto 549/2025.
La reforma incluye además una modificación que impacta directamente sobre los empleadores que reciben una sentencia adversa. Hoy, para que se conceda una apelación en determinados procesos laborales, el empleador condenado debe depositar previamente el capital de la condena junto con una suma estimada para intereses y costas, o presentar bienes suficientes para que sean embargados.
En sus fundamentos, el Ejecutivo de Frigerio sostiene que la condición económica puede terminar diferenciando a las empresas según su capacidad financiera: aquellas que tienen liquidez o bienes disponibles pueden recurrir al fallo, mientras que otras podrían quedar fuera de una segunda instancia por no disponer de esos recursos.
La eliminación del depósito no significa, sin embargo, que una sentencia quede sin garantías. El texto mantiene la posibilidad de que los jueces dicten embargos preventivos u otras medidas cautelares para asegurar un eventual cobro. El argumento oficial es que esas herramientas permiten evaluar cada expediente individualmente sin imponer una barrera económica automática para apelar.
Ese punto será uno de los más sensibles del debate legislativo porque toca el equilibrio entre la protección del crédito laboral y el derecho de los empleadores a revisar una sentencia.
El respaldo de las aseguradoras
La iniciativa consiguió rápidamente el respaldo de la UART, que la presentó como un “primer paso concreto y necesario” para modificar el funcionamiento de los litigios por Riesgos del Trabajo en Entre Ríos.
La entidad viene reclamando cambios en distintas jurisdicciones para que las pericias médicas utilicen criterios homogéneos y para que los honorarios profesionales no estén vinculados con el resultado económico de una demanda. Según sus estadísticas, el índice de judicialidad entrerriano pasó de 69 a 87 demandas cada 10.000 trabajadores cubiertos durante 2025.
El fenómeno no es exclusivo de Entre Ríos. A nivel nacional, las ART contabilizaron 136.979 nuevos litigios en los doce meses terminados en agosto de 2026 y proyectaron más de 138.000 causas para todo el año. En agosto hubo casi 15.000 nuevos expedientes, con fuertes aumentos también en Santa Fe y la provincia de Buenos Aires.
Frigerio intenta ahora intervenir sobre ese escenario desde las facultades provinciales, sin modificar el régimen laboral de fondo, que depende de legislación nacional. El proyecto se concentra específicamente en las reglas procesales que rigen dentro de la Justicia entrerriana: quién hace las pericias, bajo qué criterios, cómo cobra y qué condiciones deben cumplirse para revisar una sentencia.
La apuesta del Gobierno es que esas modificaciones reduzcan los incentivos económicos que, según su diagnóstico, favorecen la judicialización y den mayor previsibilidad a empleadores y aseguradoras.
“El Gobierno pide mucho pero otorga poco”, desliza un gobernador de amplio expertise en negociaciones políticas de alta tensión. Se refiere al trabajo que lleva adelante el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con los mandatarios provinciales para obtener los votos en el Congreso que logren aprobar, entre otras cosas, el Presupuesto 2027. En ese marco, se coló en las conversaciones una cuestión no esperada: la deuda que el Estado nacional mantiene con las Cajas Previsionales de las provincias. El pasivo total por el corte de fondos asciende a 2.899.574.222 dólares (dos mil ochocientos noventa y nueve millones quinientos setenta y cuatro mil doscientos veintidós dólares).
Este conflicto aparece frente a la estrategia parlamentaria que el Poder Ejecutivo impulsa para lograr la reforma electoral que elimine o suspenda las PASO. El congelamiento de las transferencias automáticas directas se consolidó a partir de enero de 2024, cuando la aplicación del DNU 280 barrió las partidas —no todas— que financiaban los sistemas previsionales no transferidos con el fin de lograr superávit fiscal en el primer trimestre de la gestión de Javier Milei.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, es el hombre encargado de llevar adelante las negociaciones del Ejecutivo Nacional con los gobernadores provinciales para lograr la aprobación del Presupuesto 2027 y la Reforma Electoral, entre otras iniciativas clave para el oficialismo.
Para coordinar esa unión de voluntades, el jefe de Gabinete recibió en Casa Rosada durante septiembre a once mandatarios de diversas fuerzas políticas. En esos encuentros, Santilli también buscó asegurar apoyos para el tratamiento de otras dos normas de máxima prioridad para el oficialismo: la contención parlamentaria del DNU 70/23 y el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. En diálogo con PERFIL, Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, afirmó que “el objetivo es que Nación reconozca los recursos que corresponden a Entre Ríos“, aunque aclaró que la provincia debe “hacer su parte”.
La genealogía del bache previsional: el pacto fiscal de los noventa
La compleja matriz de este conflicto nació en 1994 y fue una obra de ingeniería financiera del entonces ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo. Pese a que su plan de privatizaciones y reformas estructurales estaban en pleno apogeo, el padre de la Convertibilidad necesitaba controlar el déficit fiscal que la propia “política” generaba, con gastos que superaban de forma crónica lo que el Estado recaudaba. Esta situación, es de público conocimiento, ocasionaba fuertes discusiones entre el economista y el expresidente Carlos Menem.
Fue entonces que el excanciller propuso en 1994 a las provincias traspasar sus cajas previsionales a la órbita de la Nación, para que fuera el Ejecutivo Nacional el encargado de abonar de forma directa las jubilaciones de los médicos, enfermeras, policías y demás empleados públicos de todo el país. A cambio, los gobernadores se desentendían de lidiar con un pasivo crónico originado por una histórica recaudación menor a la necesaria para sostener los pagos.
A simple vista, se trataba de un win-win. Los gobernadores no debían lidiar con el desajuste financiero previsional y Cavallo se hacía de una masa de dinero gigantesca mes a mes. Ese flujo de recursos líquidos le permitiría tapar los agujeros fiscales que, para mediados de 1994, el exministro ya comenzaba a vislumbrar en el horizonte argentino.
El llamado “Compromiso Federal” fue la primera presión del peronismo a la que debió ceder Fernando De la Rúa para garantizar la gobernabilidad y el Presupuesto 2000. Se firmó cuatro días antes de asumir la Presidencia y es el gérmen de la deuda previsional que hoy reclaman 13 gobernadores.
La iniciativa generó lo que genera cualquier proyecto en la Argentina: una grieta. Aunque once provincias aceptaron el traspaso a la ANSES, un bloque de trece jurisdicciones rechazó la absorción centralizada para conservar el manejo de sus estatutos locales y los beneficios previsionales de sus empleados públicos. En aquel momento se las denominó “las trece rebeldes“.
El 6 de diciembre de 1999, cinco años después de la invitación, ya sin Cavallo en el gobierno de Carlos Menem y con Roque Fernández a cargo de la cartera económica, se firmó el “Compromiso Federal” con las trece provincias “rebeldes”. El mecanismo no hizo otra cosa que ratificar que el Estado nacional seguiría financiando a través de la ANSES el déficit de esos sistemas mediante transferencias mensuales automáticas. Es decir, el Gobierno nacional haría con esos distritos lo mismo que hizo con los once que aceptaron la propuesta inicialmente.
En los hechos, ese acuerdo fue el primer condicionamiento del peronismo hacia el gobierno de Fernando de la Rúa, y fue ejecutado apenas cuatro días antes de que asumiera como Presidente. La liga de gobernadores justicialistas hizo valer su peso parlamentario y político a cambio de un piso fijo de fondos coparticipables para financiar sus déficits internos, que para 1999, ya percibían fuera de control. Esa medida es la que hoy origina la deuda previsional millonaria en dólares.
El frente del torniquete total: los distritos sin auxilio financiero de la Nación
La interrupción de las transferencias mensuales de la ANSES a partir de enero de 2024 forzó una polarización en la toma de decisiones de las trece provincias sin sus cajas previsionales transferidas. Cuatro de ellas se encuentran bajo un corte total del 100% de los recursos nacionales: Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa y Formosa. En todos los casos abonan a sus jubilados mediante recaudación impositiva local e impulsaron demandas originarias ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La Provincia de Buenos Aires lidera el volumen del pasivo con un reclamo judicial consolidado que asciende a 1.493.506.494 dólares (mil cuatrocientos noventa y tres millones quinientos seis mil cuatrocientos noventa y cuatro dólares) por las transferencias recortadas a su instituto de previsión social (IPS).
En la misma situación se posicionan los gobiernos de Santa Fe, con una demanda interpuesta por 469.310.390 dólares, y La Pampa, que reclama un stock histórico de 259.740.260 dólares.
Trece provincias no aceptaron pasar sus cajas previsionales a la Nación en la década de 1990. Esos distritos hoy reclaman una deuda de casi 2.900 millones de dólares.
La excepción administrativa del bloque opositor la aporta Formosa, cuyo reclamo por 11.688.312 dólares se mantiene bajo la revisión de los montos reclamados por parte de la ANSES. En los demás casos, el tribunal, integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, administra los expedientes.
Oxígeno discrecional: el mapa de las provincias con convenios de emergencia
El universo de las provincias dialoguistas o aliadas al Gobierno nacional muestra un escenario diferente. A pesar de sostener las demandas vigentes en los tribunales por las deudas acumuladas en el pasado, estos distritos accedieron a puentes de asistencia financiera mensual a través de convenios de emergencia firmados con la ANSES y el Ministerio de Capital Humano.
Ante la consulta de PERFIL, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, lo explicó al detalle. La administración entrerriana mantiene abierto un litigio judicial ante el Máximo Tribunal por un stock consolidado que asciende a 100.393.701 dólares, pero el mandatario provincial optó por una estrategia que combinó la vía legal con la negociación técnica ante la ANSES.
“La estrategia provincial combinó durante estos años el reclamo judicial ante la Corte, el diálogo y los acuerdos con Nación y ANSES“, afirmó el mandatario provincial. Esta ingeniería de acuerdos sucesivos y parciales con el organismo nacional y el Ministerio de Capital Humano le permitió a la provincia acceder a flujos de asistencia.
El titular del Ejecutivo entrerriano detalló ante este medio que “primero se establecieron anticipos mensuales de 2.000 millones de pesos; posteriormente se alcanzó un acuerdo por 48.000 millones de pesos, en ocho cuotas de 6.000 millones de pesos”. Las partidas actuaron como paliativos para el déficit previsional interno.
La última actualización del flujo corriente hacia la provincia se selló mediante un convenio reciente para el ejercicio en curso. Frigerio precisó a PERFIL que el último convenio es “por 120.000 millones de pesos, en 12 cuotas mensuales de 10.000 millones de pesos“, una cifra que a cotización oficial representa un ingreso mensual aproximado de 6.493.506 dólares.
El costo de recibir los fondos de Nación
La liberación de estos giros mensuales por parte de la Casa Rosada exigió contraprestaciones institucionales a los distritos. Entre Ríos debió convalidar los procesos de auditoría del organismo nacional y avanzar en un reordenamiento de su propia estructura previsional. El gobernador indicó que el proceso incluyó “una reforma previsional, sancionada en 2026”.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, fue recibido por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el pasado 22 de septiembre. Durante el encuentro dialogaron sobre el Presupuesto 2027 y la Reforma Electoral.
La norma local buscó reducir el déficit estructural y otorgar sustentabilidad al sistema de previsión social entrerriano. El mandatario provincial cerró su descripción de la estrategia fiscal ante este medio al manifestar que “el objetivo es que Nación reconozca los recursos que corresponden a Entre Ríosy, al mismo tiempo, que la Provincia haga su parte“.
Córdoba, por su parte, representa el caso más antiguo de desfasaje previsional en la tabla general. El conflicto de la provincia mediterránea se originó en 2019, cuando la gestión nacional congeló la actualización por inflación de los giros corrientes, acumulando un pasivo que hoy el gobernador Martín Llaryora mantiene en la Corte Suprema por un total de 454.545.455 dólares.
El resto de las provincias alineadas con la estrategia de los convenios mensuales parciales de la ANSES registra escalas menores en la grilla previsional. Bajo esta modalidad técnica de asistencia corriente se ubican las jurisdicciones de Chubut, con 31.168.831 dólares, Corrientes, con 25.974.026 dólares, y la provincia de Chaco, que computa 16.233.766 dólares.
En la instancia administrativa de la ANSES, y bajo el mismo criterio de asistencia financiera condicionada a cambio de reordenamientos internos, se completan los casilleros de Misiones con 12.987.013 dólares, Neuquén con 9.740.260 dólares, Santa Cruz con 7.792.208 dólares y la administración de Tierra del Fuego con un reclamo de 6.493.506 dólares. En todos los casos, el proceso administrativo previo ante el organismo previsional nacional es requisito obligatorio para iniciar un reclamo ante la Corte.
Con el viaje del presidente Javier Milei y una comitiva de más de una docena de gobernadores a la Argentina Week en París la semana pasada, la dinámica de reuniones de Diego Santilli con gobernadores quedó en un impasse. Sin embargo, con el regreso de las delegaciones al país este sábado, la Casa Rosada confirmó que las negociaciones seguirán su curso y mantendrán el foco principal en el Prespuesto 2027 y la reforma electoral.
La preocupación por la inseguridad rural escaló en las últimas semanas en Entre Ríos, donde productores denunciaron un avance de los delitos de abigeato en determinadas zonas de la provincia litoraleña, ante la “inacción de la Justicia” contra los hechos denunciados.
En este marco, un centenar de productores y representantes gremiales de la Mesa de Enlace provincial se reunieron el último jueves en un campo de la localidad de Sir Leonard, en el departamento La Paz, –una de las zonas calientes del abigeato cercanas a Bovril– con autoridades policiales para reclamar ”medidas urgentes ante el avance descontrolado del delito rural y la violación permanente de la propiedad privada de los productores”.
En un comunicado conjunto de la filial entrerriana de Federación Agraria Argentina (FAA), el Distrito 7 de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), tanto las entidades como los productores reclamaron a los funcionarios judiciales que “cumplan con su deber público, investiguen las innumerables denuncias efectuadas, adopten medidas efectivas para esclarecer los hechos delictivos, impulsen los procesos en tiempo y forma y que logren sentencias que condenen a los responsables”.
Productores se reunieron con la Mesa de Enlace provincial y la policía local por los casos de inseguridad rural.
Asimismo, solicitaron el otorgamiento del “equipamiento necesario e imprescindible” a la policía rural para que pueda “desarrollar eficazmente su tarea de prevención y seguridad”. En concreto, se solicitó que cada destacamento cuente con drones térmicos y miras nocturnas”.
En diálogo con Clarín Rural, el director de FAA por Entre Ríos, Matías Martiarena, indicó que si bien hay delitos rurales en toda la provincia, la “zona caliente” que concentra más hechos es la circundante a la localidad de Bovril, en el departamento de La Paz, como consecuencia de “la inacción judicial”.
Martiarena define esta zona como la más problemática en este aspecto, debido a que hay “una inacción judicial terrible. En otros departamentos, por ahí se opera desde el área judicial mucho más rápido y hace entender a los delincuentes que si los agarran, algo les pasa. Pero en Bovril es algo totalmente distinto”.
“Como no pasa nada, los ladrones están cebados, y se genera lo que se vive ahí. Y hay ejemplos: en la reunión, un productor sostuvo que en el término de 10 años le faenaron 130 animales; otro, que desde 2019 le robaron 20 veces; otros productores denunciaron que les sustrajeron 15 a 20 animales. Cuando vas a Bovril entendés que ahí es la zona más caliente. Más de la mitad de los productores que estaban allí dependen de la fiscalía de La Paz”, repasó Martiarena.
Si bien reconocieron el trabajo de la policía rural, el dirigente sostuvo que los efectivos hacen “lo que pueden” con las herramientas que poseen y reclamó más y mejor equipamiento para el desarrollo de sus labores. No obstante, sostuvo que por la “inacción judicial”, los esfuerzos de las fuerzas de seguridad son en vano: “eso es lo que gasta la paciencia de los productores y de la misma policía, porque ve que la otra parte del Estado no hace lo que le corresponde, y es ahí donde apuntamos”.
“Entonces, realmente queremos que esto se solucione, porque la vida que se vive en Bovril es realmente compleja. A las seis de la tarde, los productores empiezan a arrear los animales al corral y prácticamente duermen arriba de ellos. Y si ladra un perro a la noche salen a los tiros. Se está viviendo una paranoia y realmente es algo que no se soluciona”, concluyó Martiarena.
Caso de abigeato en Entre Ríos / Gentileza: Mundo Rural.
Por su parte, el vicepresidente de Farer, Maximiliano Müller, sostuvo que uno de los problemas es que “no hay una fiscalía que esté abocada al delito rural”, lo que hace que, “cuando entra cualquier otra denuncia, a un caso de abigeato lo dejan cajoneado”.
“Ese es el gran problema que tenemos: que casi ninguna denuncia tiene condena. Los delitos son probados y no se condena. La noche anterior a la reunión tuvimos un caso de que la policía encontró a la medianoche a un hombre en Bovril con cuchillos y sogas en la mochila: llamaron a la fiscal y solo le dijeron que lo identifiquen y que lo larguen. El pibe venía como para hacer una carneada y lo largaron. Es difícil trabajar de esa manera”, comentó Müller.
Son días interesantes para el diputado provincial Juan Manuel Rossi, quien integra el bloque de Juntos en la legislatura de Entre Ríos: su nombre y su cara se popularizaron mucho más allá de las fronteras de su distrito. Sin embargo, no fue por sus proyectos de ley, sino por el escándalo que se desató cuando se viralizó un video donde se acerca una tapa de birome a la nariz en plena sesión legislativa.
La secuencia destacada en redes sociales donde el diputado Juan Manuel Rossi se acerca la tapa de birome a la nariz.
Y cuanto más intenta explicar qué estaba haciendo, más sorprende. Primero lo hizo con un posteo en X en el que indicó que usa la birome para “rascarse el ombligo”. En otro episodio de esta saga, el sorprendido fue Nicolás Blanco, conductor del programa “Quién dice qué”, quien entrevistó al legislador en canal Once de Paraná.
“La verdad que tenés que estar muy necesitado para andar drogándote ahí”, argumentó el diputado. Y agregó: “Podés ir a un baño que está a pocos metros. Mi oficina está a pocos metros”. Ante estas palabras, el periodista no pudo ocultar su expresión de incredulidad, que rápidamente se viralizó también en las redes sociales.
Sin embargo, el diputado continuó hablando. “Si hubiese tenido tanta necesidad de hacer eso… Pero a ver, a ver. No se haría en vivo ahí, mientras habla alguien”, razonó en voz alta
Blanco apenas atinó a responder: “Hay gente que… Es una enfermedad. Es un tema.”
En las redes sociales, varios usuarios destacaron, más allá de las palabras, un sonido curioso: entre frase y frase de Rossi se escuchaban ruidos atípicos de respiración. Otros señalaron la gestualidad del diputado al hablar del consumo de drogas.
El “diputado Pelusa” en el laberinto de una defensa difícil de explicar
El famoso video donde se ve al diputado manipulando la tapita corresponde a la sesión de la Legislatura entrerriana del 29 de julio, pero salió a la luz el 22 de septiembre, cuando una cuenta de sátira política puso a circular en redes sociales un recorte de la transmisión oficial del debate. En ese fragmento editado, varios usuarios interpretaron los movimientos de Rossi y la cercanía del objeto a su rostro como un presunto consumo de cocaína.
Ante esta acusación, el legislador respondió con un posteo donde se presentó como “víctima de una operación en redes”. Allí dejó por escrito la frase que lo viralizó: “En el video original se ve con claridad que es una birome, la cual uso para rascarme el ombligo“. Luego calificó a quienes lo acusaban de ser “los mismos operadores berretas” que “se dedican a hacer operaciones contra el gobernador de nuestra provincia y sus funcionarios”, en referencia a Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos por el PRO y aliado del gobierno nacional.
Sin embargo, el intento por desactivar la polémica terminó logrando el efecto inverso. Lejos de apaciguar las sospechas, la introducción del “factor ombligo” en una explicación oficial de un funcionario público agregó un detalle de color a una situación que ya era compleja de sostener. Muchos usuarios de redes sociales lo bautizaron “diputado Pelusa”, otros lo consideraron “asqueroso”.
La defensa no tardó en transformarse en una fábrica de memes y en el centro de los cuestionamientos de la oposición, que calificó el episodio como un papelón institucional que cruza los límites de lo tolerable en una sesión parlamentaria.
Para intentarcortar de raíz las acusaciones sobre un presunto consumo de sustancias ilícitas en horas de trabajo, Rossi subió la apuesta y se sometió voluntariamente a un examen toxicológico clínico.
Los resultados dieron negativo para cualquier sustancia, y el diputado denunció formalmente una campaña de desprestigio y una “operación política con videos manipulados” para dañarlo. Sin embargo, su raid mediático no se detiene, y en cada explicación parece ensuciar un poco más su imagen.
La hiperactividad de la Justicia paraguaya contrasta con el ritmo cansino de las causas contra Kueider en la Argentina.
En nuestro país hay dos investigaciones paralelas. Una en el Juzgado Federal de San Isidro y otra en la justicia ordinaria de Concordia. La Corte resolvió la semana pasada que ambas deberán continuar hasta llegar a un punto de superposición.
En el expediente de San Isidro, que llevan la jueza Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Fernando Domínguez, hubo avances hasta principios de año.
Por el contrario, en la del Juzgado de Garantías de Concordia no se produjeron movimientos significativos desde hace más de un año.
En lo formal, la Justicia no puede avanzar con la imputación ni la indagatoria contra el exlegislador hasta que sea extraditado. Sí está definido que ni bien pase la frontera será llevado a una celda.
Quien solicitó a Paraguay la extradición de Kueider fue Arroyo Salgado. El vecino país recurrió a un «aplazamiento de entrega». Esto significa que el exlegislador deberá terminar de rendir cuentas a la Justicia paraguaya antes de ser remitido a la Argentina. En Asunción, Kueider tiene una condena por tentativa de contrabando que fue apelada. Y un proceso recién abierto por lavado de activos. Hasta que no se cierren, permanecerá allá.
En la Justicia Federal aseguraron a Infobae que el exsenador no puede ser indagado a distancia vía videoconferencia, por ejemplo. “Los tratados no lo prevén. Sin reglas claras, el acto podría ser anulado. Además, hay un riesgo mayor: si se lo indaga a distancia, Paraguay podría dar por cumplido el objetivo de la extradición y cerrar esa puerta para siempre. A eso se suma que la jurisprudencia argentina es casi unánime: un juez no puede dialogar procesalmente con un prófugo”, explicaron.
Los Tribunales de San Isidro rechazaron dos pedidos de eximición de prisión presentados por los abogados de Kueider. La Cámara ratificó las decisiones en ambas oportunidades. Esto implica que “en cuanto pise suelo argentino quedará detenido”, adelantaron en la Justicia Federal de San Martín. El destino podría ser la cárcel de Ezeiza. Allí fueron a parar otros imputados vinculados a la investigación.
La causa contra los presuntos cómplices de Kueider fue elevada a juicio por el Juzgado de San Isidro hace seis meses. Hasta allí llegó.
Fuentes de la Justicia Federal indicaron a Infobae que, por sorteo, el expediente recayó en marzo en el Tribunal Oral Federal 5. Seis meses después no se produjo otra novedad. No hubo avances. Ni tampoco se fijó fecha para las audiencias.
Las acusaciones alcanzan a socios y colaboradores cercanos del ex legislador por Entre Ríos. Los principales son Daniel González, alias “Gonzalito” o “Pajarito”, y su primo, Javier Rubel. Ambos fueron integrantes de Betail SA, una empresa «fachada» para la Justicia con la que se compraron departamentos en un edificio de lujo de la capital entrerriana.
En un segundo escalón están el contador de Kueider José Carlos Noguera y su esposa, Gabriela Saint Pierre. También la empleada del estudio contable Débora Ferreyra. A ellos se suma Adriana Crucitta, pareja de González.
Asimismo, la acusación irá contra cinco sociedades. Se trata de Lectus SA, Felsir Biotecnológica SRL, Vijusa SA, Nopor Service SA y Vía SNP Logística.
El TOF 5 estuvo integrado, hasta junio, por la jueza Maria Claudia Morgese Martin y dos subrogantes: Silvina Mayorga y Walter Venditti. A mitad de año, ingresaron como titulares en reemplazo de estos últimos Javier Matías Arzubi Calvo y Juan Manuel Gaset Maisonave.
En los pasillos de los Tribunales de San Martín se comenta que Arzubi Calvo pidió copias simples de la causa Securitas, expediente de donde se desprendió parte de la investigación sobre el exsenador en esa jurisdicción. El caso analiza el presunto pago de sobornos que la empresa de seguridad habría hecho a entes públicos. En la lista figura Enersa, la estatal eléctrica entrerriana. Kueider representó las acciones del Estado en la firma cuando fue secretario General de la Gobernación (2015/2019).
En la sede judicial federal de calle Ballester se menciona que la intención de Arzubi Calvo es evaluar de oficio si a esa jurisdicción le corresponde o no la competencia en el caso Securitas. Cabe destacar que dos instancias superiores, las Cámaras de Apelaciones de San Martín y la de Casación Penal, ratificaron la competencia del Tribunal de Arroyo Salgado tanto en este expediente como en la investigación sobre Kueider.
En el transcurso de dos años, los Tribunales de Asunción condenaron al exsenador y a su pareja, Iara Guinsel, por tentativa de contrabando. A él le impusieron una pena de dos años y a ella de uno y 10 meses.
En esa misma causa, le incautaron los USD 200 mil con los que quiso pasar la frontera y la Chevrolet Trailblazer en la que circulaba. El dinero ya está en una cuenta del Estado paraguaya. El vehículo saldrá a remate antes de fin de año. El producido de la subasta también irá a las arcas del Gobierno.
Por otro lado, le abrieron una investigación por lavado de activos. A raíz de esto, le embargaron seis departamentos y sus cocheras en un edificio de lujo de Asunción. Por orden de la Fiscalía, se están revisando los teléfonos y dispositivos electrónicos que le secuestraron a él, Guinsel y dos presuntos testaferros. De allí podrían surgir derivaciones que compliquen aún más al ex representante de Entre Ríos en el Congreso.
