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  • Pena firme Detuvieron a Sergio Urribarri tras el fallo que confirmó su condena a ocho años

    Pena firme Detuvieron a Sergio Urribarri tras el fallo que confirmó su condena a ocho años

    El exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri quedó detenido este sábado, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme su condena a ocho años de prisión por los delitos de negociación incompatible con la función pública y peculado.

    La orden de detención también alcanzó al exministro de Cultura y Comunicación Pedro Ángel Báez y a Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri y expresidente del Partido Justicialista de Entre Ríos. Ambos recibieron condenas de seis años y medio de prisión, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

    Los tres pasaron la noche en la Alcaidía de Paraná y durante la mañana serán trasladados a la Unidad Penal N° 1 de la capital entrerriana, según informó el medio provincial Análisis.

    Urribarri ingresó a la alcaidía durante la madrugada del sábado, cerca de las 2. Báez había llegado minutos antes de las 22 del viernes y Aguilera ingresó posteriormente.

    La Corte dejó firme la condena

    El máximo tribunal confirmó el jueves la sentencia contra Urribarri, quien gobernó Entre Ríos durante dos períodos y también ocupó el cargo de embajador argentino en Israel.

    Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por inadmisible el recurso extraordinario que presentó la defensa del exgobernador. El mismo criterio alcanzó a los planteos de los otros condenados.

    Además de los ocho años de prisión, Urribarri recibió una inhabilitación para ejercer cargos públicos.

    La condena surgió de una investigación que inició la exfiscal anticorrupción de Entre Ríos Cecilia Goyeneche y que analizó distintas maniobras vinculadas con el manejo de fondos públicos durante la gestión del exgobernador.

    Qué investigó la Justicia

    Según la investigación, Urribarri direccionó contrataciones de publicidad del Estado provincial para fines particulares.

    En ese esquema apareció involucrado su cuñado, Juan Pablo Aguilera, a quien la Justicia responsabilizó por manejar una estructura de testaferros y un mecanismo de cartelización para quedarse con fondos destinados a publicidad en la vía pública. El expediente también incluyó otras dos situaciones.

    Una de ellas fue el montaje de un parador en Mar del Plata durante 2015. La otra estuvo vinculada con la difusión de spots durante la Cumbre del Mercosur, que se realizó en Paraná en diciembre de 2014.

    Según la investigación, esas acciones tuvieron como objetivo promover la postulación presidencial de Urribarri para 2015.

    Urribarri ya había pasado por prisión

    El exgobernador ya había permanecido detenido por esta causa.

    En noviembre de 2024, la Cámara de Casación de Entre Ríos ordenó su prisión preventiva para evitar un eventual riesgo de fuga. Sin embargo, la Sala de feria del Tribunal Superior de Justicia provincial revocó esa decisión en enero de 2025. Urribarri permaneció preso durante 50 días.

    Ahora, con la condena firme por decisión de la Corte Suprema, la situación judicial cambió y las autoridades ordenaron su detención para que cumpla la pena impuesta.

    Del gobierno de Entre Ríos a la embajada

    Urribarri ejerció como gobernador de Entre Ríos entre diciembre de 2007 y diciembre de 2015.

    Después de finalizar su segundo mandato, fue elegido legislador provincial. En 2020, durante la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el Poder Ejecutivo lo designó embajador argentino en Israel.

    Urribarri permaneció al frente de la representación diplomática hasta mayo de 2022, cuando el Gobierno aceptó su renuncia luego de que la Justicia entrerriana dictara la condena.

    Con el fallo de la Corte Suprema, la sentencia quedó firme y el exmandatario comenzó este sábado una nueva etapa de su situación judicial: el cumplimiento efectivo de la pena de ocho años de prisión.

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  • Ya está preso en Paraná por corrupción 
el exgobernador kirchnerista Uribarri

    Ya está preso en Paraná por corrupción el exgobernador kirchnerista Uribarri

    El exgobernador entrerriano ya duerme tras las rejas luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme su condena a ocho años de prisión por corrupción y administración fraudulenta. Aunque su defensa intentó manotazos de ahogado alegando picos de presión y estrés postraumático para pedir la domiciliaria, los jueces le bajaron el pulgar y activaron de inmediato el operativo de captura.

    La orden de la Corte no solo afectó al dirigente kirchnerista. También cayeron su cuñado, Juan Pablo Aguilera (excapo del PJ entrerriano), y su exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez. Ambos recibieron una pena de seis años y medio de cárcel más la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

    El operativo arrancó el viernes por la noche e incluyó un viaje de 280 kilómetros desde Concordia. Terminó de concretarse en la madrugada de este sábado, cerca de las dos de la mañana. Tras pasar unas horas en la Alcaidía de Paraná, los tres fueron trasladados directamente a la Unidad Penal N° 1 de la capital entrerriana.



    No es la primera vez que Urribarri termina en el calabozo por esta causa. Ya había pasado 50 días guardado entre finales de 2024 y principios de 2025 por una preventiva ante el riesgo de fuga, pero una sala de feria provincial lo había dejado salir. Esta vez la decisión judicial es definitiva

    SUEÑOS ENTRERRIANOS

    El caso que lo mandó a la sombra fue impulsado por la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche. La Justicia comprobó que el exgobernador armó un monumental esquema de desvío de fondos públicos y cartelización de la publicidad oficial.

    Básicamente, direccionaban los contratos del Estado provincial para beneficiar a las empresas de su cuñado, Aguilera. Además, usaron la caja pública para financiar la campaña presidencial de Urribarri en 2015 (la famosa aventura del Sueño Entrerriano), pagando con fondos de los contribuyentes un parador playero en Mar del Plata y spots de televisión durante la Cumbre del Mercosur de 2014. Urribarri gobernó Entre Ríos entre 2007 y 2015, y luego Alberto Fernández lo premió mandándolo como embajador a Israel, cargo del que tuvo que eyectarse en 2022 apenas le clavaron la primera condena. 

    La venganza política contra la fiscal que destapó la olla no tardó en llegar en su momento. A Cecilia Goyeneche la persiguieron y la destituyeron en 2022 mediante un polémico juicio político impulsado por el riñón de Urribarri, buscando disciplinar a la Justicia provincial. Sin embargo, la historia dio un vuelco total: la Corte Suprema volteó ese jury y Goyeneche fue restituida con todos los honores en su cargo de procuradora anticorrupción. Tras confirmarse la detención del exgobernador, la fiscal salió recordó que “el poder no termina cuando se comete un hecho de corrupción” y adelantó que ahora el Estado irá por el decomiso de bienes para recuperar la plata robada.

    La oposición entrerriana salió a festejar el fallo como un “hito histórico contra la impunidad”, recordando los años en que el urribarrismo manejaba la provincia como un feudo.

    El peronismo local, que en su momento se alineó detrás de Urribarri, hoy prefiere mirar para otro lado. El silencio de los sectores que antes lo blindaban delata que el exgobernador se quedó completamente solo.

  • Uruguay confirma que va a relocalizar la planta de hidrógeno verde que era rechazada por la Argentina

    Uruguay confirma que va a relocalizar la planta de hidrógeno verde que era rechazada por la Argentina


    El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, confirmó este miércoles que el presidente Yamandú Orsi dispuso “relocalizar” la planta de hidrógeno verde que la empresa HIF Global planeaba instalar en la localidad de Paysandú, frente a la entrerriana de Colón, lo que generó un reclamo ante la justicia argentina.

    Lubetkin hizo el anuncio poco antes de una conferencia de prensa junto al canciller Pablo Quirno, quienes participan en Montevideo de una reunión de cancilleres del Mercosur.

    “El presidente de la República nos dio instrucciones precisas para relocalizar esa planta”, sostuvo el ministro uruguayo ante la prensa y destacó que ambas partes están “haciendo esfuerzos grandes para ser muy concretos y no hablar tanto” y para “evitar todo tipo de problemas”.

    Y, añadió que se recibieron solicitudes del canciller argentino y de autoridades de Entre Ríos y Colón para evitar “la contaminación visual” que representaría la instalación de esta planta.


    Con una inversión total prevista de 5.385 millones de dólares, estaba previsto que el proyecto de HIF se instalara a 15 kilómetros de Paysandú y a tres kilómetros de la costa de Colón e incluyera un parque de energía solar, uno eólico y una planta para producir hasta 876.000 toneladas de metanol por año a partir de hidrógeno verde.


    Según datos de HIF, el proceso de obtención de la autorización ambiental por parte de Uruguay se inició en el primer trimestre de 2024; en el cuarto trimestre de 2025 se obtuvo la viabilidad ambiental de ubicación (VAL); y el pasado 13 de marzo la empresa presentó ante el Ministerio de Ambiente de Uruguay la solicitud de autorización ambiental previa de la planta de combustibles.

    La demanda que se tramita en tribunales argentinos fue presentada el pasado 12 de marzo por los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay y el senador nacional Adán Bahl, de la provincia argentina de Entre Ríos, fronteriza con Uruguay. Se trata de una demanda civil de prevención de daños y perjuicios.

    Noticia en desarrollo … con información de EFE

  • Corrupción en Entre Ríos: una condenada por un fraude millonario denunció a un histórico dirigente del PJ

    Corrupción en Entre Ríos: una condenada por un fraude millonario denunció a un histórico dirigente del PJ

    Un nuevo episodio se sumó a la investigación sobre uno de los fraudes más grandes que tuvo lugar dentro del organismo recaudador de Entre Ríos.

    Condenada por compensaciones tributarias fraudulentas y ex jefa del Departamento Despacho de ATER, María Estrella Martínez de Yankelevich inició una denuncia penal contra Marcelo Casaretto, quien fuera director ejecutivo del organismo, junto con otros cinco ex funcionarios de su gestión.

    Dicha presentación incluyó también a Damián Alcides Zoff, quien dirigía Impuestos; César Del Castillo, a cargo de la Fiscalización Tributaria; Germán Gietz, jefe en Informática; Federico Borra, responsable del área Jurídico; y Manuel Valiero, responsable de Interior.

    Lo distintivo es que la denuncia llega de una persona que participó directamente en la causa: ante la Justicia, Martínez de Yankelevich admitió su rol y recibió condena por esos hechos. En este momento argumenta que la operatoria no pudo haber sido culminada solo desde los escalafones administrativos a los que se atribuyó la responsabilidad y vincula la maniobra con la conducción de ATER.

    La pesquisa, que abarcó actividades entre los años 2004 y 2014, derivó finalmente en tres voluminosos expedientes. Entre 2004 y 2007, el perjuicio calculado fue de cerca de $8 millones; desde 2008 hasta 2011, alcanzó los $20 millones; y en el periodo 2012-2014 superó los $18 millones.

    La suma total, considerando los valores nominales de aquel entonces, ronda los $46 millones. Según una actualización tomada con el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y segmentando cada periodo, esa cifra llegaría a $14.700 millones de agosto de 2026, lo que equivale actualmente a unos US$9,7 millones según el tipo de cambio mayorista.

    Esta equivalencia responde únicamente a fines comparativos, no representa una actualización ordenada por la Justicia ni implica que Casaretto o los denunciados sean responsabilizados por haberse apropiado de esa suma.

    La causa penal se originó en junio de 2014. Fue el propio Casaretto, entonces cabeza de ATER, quien hizo la denuncia inicial, la cual luego se amplió hasta englobar maniobras perpetradas desde 2004.

    El dispositivo implicaba incluir datos ficticios en el sistema tributario, que colocaban a determinados contribuyentes como acreedores del Estado por montos inexistentes. Esos créditos simulados se empleaban para pagar deudas tributarias reales, de modo que el efectivo no ingresaba nunca a las cuentas provinciales.

    En diciembre de 2017, se definió la situación procesal de 180 personas imputadas. Finalmente, el 21 de agosto de 2026, el juez Alejandro Diego Grippo, miembro del Tribunal de Juicios y Apelaciones Nº 6 de Paraná, firmó la sentencia en un juicio abreviado. Entre quienes resultaron condenados se contaron Martínez de Yankelevich y Abelardo Daniel Gaggión.

    Tras conocerse la condena, Martínez de Yankelevich volvió a acudir a la Justicia. Aceptó su participación en los delitos por los que fue previamente juzgada, pero sostiene que la maniobra no resulta plausible de haberse montado apenas desde los escalafones administrativos.

    La denuncia sostiene que tanto Casaretto como los otros ex directivos habrían estado al tanto de la adulteración de datos sobre contribuyentes e habrían influido en los procedimientos mediante los cuales las resoluciones y expedientes llegaban al personal que registraba las operaciones.

    Martínez de Yankelevich asegura: “jamás” podría haber llevado a cabo las maniobras sin la “aprobación y consentimiento expreso y claro” de Marcelo Casaretto y de las máximas autoridades.

    Refiere además que en 2012 un auditor y el director de Interior informaron a Casaretto acerca de movimientos inusuales en cuentas de contribuyentes y que el entonces administrador hizo “caso omiso” a esa observación.

    Suma que Casaretto y sus directores tenían en su poder claves de mayor nivel en el sistema informático que les permitían operar sobre cuentas de contribuyentes y manejar compensaciones. Indica también que una pericia informática, según su presentación, habría probado vulnerabilidades en el sistema.

    Además, Martínez de Yankelevich solicitó que se investigue tanto su propio patrimonio como el de Gaggión, Casaretto y los cinco ex directores mencionados. También pidió ser citada para ratificar y ampliar su denuncia y exponer qué papel habría jugado cada implicado.

    Le corresponde ahora a la Justicia evaluar si existen fundamentos suficientes para avanzar contra los responsables de los niveles jerárquicos superiores en el organismo.

    La denuncia contra Casaretto se enmarca en un escenario donde diversas causas penales involucraron a altos dirigentes del peronismo entrerriano en los últimos años.

    En el llamado “Megajuicio”, Sergio Urribarri, ex gobernador, recibió en 2022 una condena a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua, aunque tal sentencia no se considera firme. El Superior Tribunal de Justicia, en enero de 2025, suspendió la prisión preventiva ordenada mientras continuaba la revisión del veredicto.

    Sergio Urribarri, exgobernador de Entre Ríos condenado en 2022

    Por su parte, Adán Bahl, ex vicegobernador e intendente de Paraná, está investigado en la causa “Contratos Truchos II”, que procura establecer cuál fue la responsabilidad de las principales figuras políticas de la Legislatura entrerriana en el sistema de contrataciones entre 2008 y 2018. En 2026 fue convocado para designar abogado defensor y solicitó prestar declaración en el expediente. Hasta hoy no se dictó condena en su contra.

    El caso de Edgardo Kueider sobrepasó incluso la frontera nacional. El ex senador fue hallado culpable por la Justicia del Paraguay en julio de 2026; recibió dos años de prisión —con ejecución de la condena suspendida— por tentativa de contrabando, tras ser hallado con más de US$200.000 sin declarar. La resolución fue apelada, permanece en prisión domiciliaria, enfrenta acusaciones por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y hay en curso un pedido de extradición a la Argentina.

    Gustavo Bordet, mandamás entrerriano entre 2015 y 2023, igualmente es objeto de pesquisas por presunto enriquecimiento ilícito. En mayo reciente, la Justicia revisó bienes en propiedades suyas y tanto él como su esposa entregaron sus teléfonos celulares a la Fiscalía. El expediente sigue abierto y, según el estado procesal disponible públicamente, Bordet aún no cuenta con imputación formal.

    En tales circunstancias surge la denuncia hacia Casaretto, quien desempeñó cargos de relevancia bajo diversas gestiones justicialistas y lideró ATER desde 2011 a 2015. La irrupción de una persona condenada dentro del propio caso vuelve a poner en el centro la actuación de los niveles políticos superiores y plantea un interrogante hasta aquí sin respuesta judicial: cuál fue el grado de conocimiento de la cúpula del organismo sobre las maniobras desplegadas en su interior.

    Contador público y referente del peronismo de Entre Ríos, Marcelo Casaretto inició su carrera estatal en 1993 como director de Relaciones con las Provincias en el Ministerio de Economía nacional. Desde 1995 ejerció funciones en economía provincial y fue ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos entre 1997 y 1999, bajo el gobierno de Jorge Busti.

    Entre los años 1999 y 2003 fue senador provincial por Tala, con la presidencia del bloque del PJ; luego, entre 2003 y 2007 se desempeñó como asesor de la Gobernación y, desde 2007 hasta 2011, como asesor de la Vicegobernación. En la segunda administración de Sergio Urribarri estuvo al frente de ATER entre 2011 y 2015, abarcando parte de la investigación.

    Desde 2015 a 2017, bajo la gestión de Gustavo Bordet, se encargó del asesoramiento en asuntos políticos, fiscales y económicos y presidió el IAPV desde 2017 hasta 2019. Posteriormente, fue diputado nacional por el Frente de Todos entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023.

  • Suba de edades y de aportes: cómo es la reforma jubilatoria que empieza a regir en una provincia para aliviar el déficit

    Suba de edades y de aportes: cómo es la reforma jubilatoria que empieza a regir en una provincia para aliviar el déficit

    Una suba gradual, a partir de 2031, de la edad mínima para acceder a la jubilación; un incremento de las tasas de aportes y contribuciones al sistema previsional y de la cantidad de años de servicios exigidos; cambios en la fórmula de cálculo del haber inicial y en la determinación de la movilidad, y limitaciones al carácter vitalicio de las pensiones por fallecimiento son los ejes principales de la reforma previsional aprobada por la Legislatura de Entre Ríos a fines de julio.

    La ley, que lleva el número 11.302 y que modifica a la 8732, se publicó hoy en el Boletín Oficial de la provincia, por lo cual y según lo establecido, rige desde mañana.

    Es una norma que modifica varios aspectos del sistema que rige para el empleo público de los tres poderes de la provincia y de los municipios y comunas adheridos, y que es gestionado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos. Se trata de uno de los regímenes previsionales provinciales que no fueron transferidos al esquema nacional de la Anses en la década del 90, cuando se promovieron esos traspasos.

    Las modificaciones promovidas por el gobierno de Rogelio Frigerio buscan reducir el déficit, estimado en los últimos meses en el 30%, si se cuentan los ingresos por aportes y contribuciones y los llegados desde el Estado nacional. Por tanto, se busca disminuir la dependencia de recursos del Tesoro (en este caso, provincial). La participación de esta última fuente de recursos, de todas formas, será inevitable en los sistemas previsionales en general, a causa del avance de los cambios demográficos y de la realidad del mundo laboral.

    Entre Ríos es una de las pocas provincias que recibió transferencias durante la gestión de Javier Milei, en el marco de la conflictiva y vieja cuestión de la cobertura de los desequilibrios de las cajas provinciales. Pocos días atrás se firmó un nuevo pacto, por el cual desde noviembre se transferirán a la provincia, desde la Nación, $10.000 millones durante 12 meses.

    La caja entrerriana tiene 66.823 beneficios en curso de pago, con un haber promedio algo superior a los $1,7 millones, según datos oficiales. En informes hechos por el organismo previsional, se consigna que entre 2003 y 2024 el número de beneficiarios creció a un ritmo de 3,18% anual, en tanto que la cantidad de aportantes avanzó al 1,97%, y se detalla que entre 2024 y 2026 los activos caen al 1,11 % anual. La relación actual es de 1,82 aportantes por beneficiario del régimen, y se proyecta que, hacia 2036, será de entre 1,41 y 1,26. En esos y en otros datos demográficos y fiscales se basó la argumentación de la reforma jubilatoria, según explicó a LA NACION Gastón Bagnat, presidente de la Caja.

    Rogelio Frigerio, gobernador de Entre RíosHernan Zenteno – La Nacion

    La nueva ley declara en emergencia “económica y financiera” al sistema previsional por un período de dos años, prorrogable por otros dos. Y en el marco de esa declaración dispone la vigencia de un aporte extraordinario de 3% (adicional al 16% vigente) en las remuneraciones mensuales superiores a $3 millones. También se establece una alícuota adicional de 3% a la contribución del empleador, que se reduce a 1,5% si se logra y se mantiene la condición de no ser una dependencia del Estado deficitaria.

    Además, se prevé que, ante desequilibrios que “comprometan la sustentabilidad” de la caja, el gobierno provincial podrá disponer que haya aportes solidarios a cargo de jubilados y pensionados.

    Suba de edades

    ¿Qué se modifica en cuanto a las edades para jubilarse? El régimen entrerriano prevé jubilaciones ordinarias “comunes” y “especiales”. En el caso de las comunes -por ejemplo, quienes trabajan en la administración pública general-, hoy acceden a la prestación los varones a partir de los 62 años y las mujeres a partir de los 57, con 30 años de aportes.

    Esas edades se equipararán progresivamente a las del sistema nacional: 65 y 60 años, según se trate de varones o mujeres. Las condiciones actuales se mantendrán hasta fines de 2030, y en 2031 comenzará la suba gradual, que contempla que cada año y hasta el inicio de 2036, se exigirán 6 meses más de edad para jubilarse. Por ejemplo, desde enero de 2031 se requerirán 57 años y 6 meses a las mujeres y 62 años y 6 meses a los varones, en tanto que al iniciarse 2032 esas edades serán de 58 y 63 años.

    El régimen modificado rige para el empleo público de la provincia de Entre RíosShutterstock – Shutterstock

    La ley incluye una cláusula por la cual, si en el sistema nacional se modifican las edades de jubilación, el cambio se replicará en el régimen provincial.

    Además, a partir de 2031 se elevará el requisito de años de aportes, a razón de un año cada dos. En 2031 se exigirán 31 años de aportes; en 2033, 32 años, y así hasta los 35 años en 2039.

    Eso regirá, como se consignó, para la “jubilación ordinaria común”. El sistema mantendrá la “jubilación ordinaria especial” para quienes desarrollan determinadas tareas (se eliminaron algunas del listado), como la docencia, la atención de pacientes con problemas de salud mental, o el trabajo en el servicio penitenciario. En esos casos, las edades para jubilarse son más bajas y lo seguirán siendo.

    En la docencia, por ejemplo, el requisito es de 57 o 53 años, según se sea varón o mujer, si hubo más de 10 años al frente de un aula, o de 54 o 52 años (varón o mujer) con 25 años de servicios al frente directo de alumnos.

    Sin embargo, según destacó Bagnat, una cuestión no menor es que quienes accedan a esos beneficios a partir de enero de 2028 deberán hacer aportes especiales a la caja durante el período en el que tengan una edad inferior a la que rija como requisito para la jubilación común (con algunos casos exceptuados).

    Ese descuento del haber será de un porcentaje que irá bajando hasta llegar a 0 al cumplirse la edad general. Para establecerlo, el período que falte para que se cumpla la edad de la jubilación común se dividirá por cuatro, para establecer cuatro etapas. En la primera, el descuento será de 19%; en la segunda, de 17%; en la tercera, de 12%, y en la cuarta, de 6%. Más allá de ese aporte especial, que no alcanzará a todos, rige de manera generalizada un descuento de 3%, hasta cumplirse la edad del régimen común, que fue dispuesto en 2024.

    Cuánto se cobrará

    El haber inicial de la jubilación equivaldrá al 82% del promedio actualizado de las últimas 180 remuneraciones sujetas a aportes (será un período de 15 años, mientras que hasta ahora era de 10 años). Esto, según las proyecciones, reducirá la tasa de sustitución efectiva, es decir, el porcentaje que representa la jubilación respecto del último sueldo.

    La docencia en establecimientos públicos es una de las tareas que admiten edades más tempranas para la jubilaciónMagnific

    La movilidad de las prestaciones, en tanto, se regirá en función de los aumentos salariales otorgados al grupo de empleados públicos con mayor cantidad de aportantes. Ya no se diferenciarán los porcentajes de aumentos según la actividad que se haya desarrollado. Según Bagnat, eso evitará subas que estén determinadas por realidades ajenas a lo que ocurre en la jurisdicción, como las definidas a partir de los acuerdos paritarios nacionales de bancarios, algo que rigió hasta ahora para quienes trabajaron en su momento en el banco de la provincia, privatizado más de dos décadas atrás.

    Pensiones limitadas

    Otra particularidad de la reforma es la limitación temporal para cobrar pensiones por fallecimiento, en el caso de viudas y viudos de beneficiarios del sistema. La prestación se percibirá por un período equivalente a la duración del matrimonio o la unión convivencial (y en este último caso, habrá un máximo de 8 años). De todas formas, se dispone que en algunos casos la pensión sí seguirá siendo vitalicia; por ejemplo si el beneficiario tiene más de 55 años y no cobra otro beneficio, o si la muerte se produjo en el desempeño de las funciones.

    Por otra parte, se elimina el derecho a compensar el exceso de años aportados con la falta de edad (para obtener una jubilación más temprana); se sube de 68 a 70 años la edad para una jubilación por edad avanzada, para la cual se requieren 20 años de aportes, y se ajustan los requisitos para los beneficios por invalidez. Estas dos prestaciones (edad avanzada e invalidez) serán equivalentes al 70% de la remuneración actualizada promedio de las últimas 180 remuneraciones. Hasta ahora, eran equivalentes a la jubilación ordinaria, por lo que la medida implica una reducción de los beneficios futuros.



  • Vaca Muerta y el precio de la arena: por qué un insumo que cuesta USD 22 por tonelada termina pagándose seis veces más

    Vaca Muerta y el precio de la arena: por qué un insumo que cuesta USD 22 por tonelada termina pagándose seis veces más

    Una tonelada de arena extraída del río Paraná en Ibicuy, Entre Ríos, sale USD 22. Llegar con ese mismo insumo hasta un pozo de Vaca Muerta, en la Cuenca Neuquina, cuesta USD 145: seis veces más que el producto en sí. La brecha no se explica por la calidad del material ni por la eficiencia de quienes lo procesan. Se explica por 1.300 kilómetros de distancia y por una superposición de tributos provinciales y municipales que ninguna jurisdicción coordinó con las demás. Mientras tanto, en la Cuenca Pérmica de Texas, la misma arena llega al pad por 60 dólares.

    Vaca Muerta atraviesa el momento de mayor actividad de su historia. En junio de 2026, la producción nacional de petróleo alcanzó un récord de 914.900 barriles diarios, con la formación neuquina como principal motor: el crudo no convencional ya representa el 70% de la producción argentina acumulada en el año. Solo en los últimos 12 meses, la cuenca incorporó 157.486 barriles diarios adicionales, un volumen superior al que generaba toda la formación en 2018. Un informe de BBVA Research proyecta que la Argentina aportará el 1% de la producción mundial de petróleo en 2026, frente al 39% que concentran en conjunto Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita.

    A su vez, esta semana, la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía dio a conocer el estudio elaborado por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) que determinó que Vaca Muerta tiene 30.170 millones de barriles técnicamente recuperables, un 89% más que los 16.220 millones que proyectó la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA) en 2013, cuando Miguel Galuccio y Alí Moshiri, entonces presidentes de YPF y Chevron para América Latina, firmaron el acuerdo que convirtió a Loma Campana en el primer desarrollo no convencional masivo fuera de América del Norte. En ese momento, la formación producía apenas 10.000 barriles diarios.

    La brecha no se explica por la calidad del material ni por la eficiencia de quienes lo procesan

    El salto de la extracción en 89% responde a tres variables técnicas:

    1. La superficie prospectiva útil creció un 22% con la incorporación de zonas del sur de Mendoza y Río Negro.
    2. El espesor útil de la formación aumentó un 39% gracias a la experiencia acumulada.
    3. Y el factor de recuperación -el porcentaje del petróleo presente en la roca que puede extraerse con la tecnología disponible- subió 54% por mejoras en la distancia óptima entre pozos y avances en la estimulación hidráulica.

    Ese último punto es el que conecta directamente con la arena.

    Vaca Muerta impulsa el 70% de la producción nacional, que en junio de 2026 marcó un récord de 914.900 barriles diarios (Foto: Reuters)

    La fractura hidráulica -el proceso que libera el petróleo y el gas atrapados en la roca de Vaca Muerta- requiere inyectar agua a alta presión para generar grietas en la formación, y luego introducir un agente de sostén que mantenga esas grietas abiertas durante toda la vida productiva del pozo. Ese agente de sostén es la arena. Cada etapa de fractura consume entre 200 y 250 toneladas; cada pozo, entre 12.500 y 13.000 toneladas.

    Roberto Lino Blanco, consultor en desarrollo de negocios y logística del sector Oil & Gas con base en Neuquén, analizó las implicancias del nuevo estudio del IAPG sobre la cadena de abastecimiento de arena. Su conclusión central: “el agente de sostén deja de ser un ítem de compras y pasa a ser una variable del recurso declarado”. Si el canal conductivo se cierra, el petróleo queda atrapado en la roca de manera definitiva.

    Cada etapa de fractura consume entre 200 y 250 toneladas de arena; cada pozo, entre 12.500 y 13.000 toneladas

    Blanco cuantificó ese riesgo sobre la nueva base de recursos. Los pozos completados con arena de menor calidad -la denominada arena de cercanía, extraída en Río Negro y en la propia Neuquén- presentan una pérdida no menor que el 20% de las reservas recuperables, según un estudio comparativo interno que motivó a YPF a retornar a las arenas entrerrianas.

    Aplicado ese coeficiente sobre los 30.170 millones de barriles del IAPG, y con una penetración equivalente a la que la arena de cercanía tuvo entre 2019 y 2024 -cuando llegó al 40% del abastecimiento de la cuenca-, el recurso comprometido asciende a 2.414 millones de barriles: unos USD 144.800 millones al precio de referencia de USD 60 por barril.

    Según el análisis de Blanco, el costo de la arena en el pozo se descompone así:

    • USD 20–22 por la arena lavada y cargada en cabecera entrerriana,
    • USD 70 de flete de larga distancia,
    • USD 15 de secado,
    • USD 27 de última milla y
    • USD 10 de servicio de bombeo en boca de pozo.

    El insumo representa el 15% del precio final; la logística, más del 70 por ciento.

    Cada pozo de Vaca Muerta requiere entre 12.500 y 13.000 toneladas de arena para mantener abiertas las fracturas que liberan el petróleo

    Sobre ese 15% se concentra, además, la mayor parte de la presión fiscal. El productor que extrae del río tiene un costo directo de USD 16 y vende a USD 22: un margen bruto de USD 6 por tonelada.

    Contra ese margen se aplican la guía de tránsito de minerales de Entre Ríos -actualizada a $2.250 por tonelada, equivalente a USD 1,5, un cuarto del margen en un solo tributo-, el canon de extracción, la tasa municipal y la alícuota de Ingresos Brutos. Este último impuesto no grava valor agregado sino facturación, y en esta cadena hay seis facturaciones sucesivas antes de que el grano entre al pozo.

    La piramidación resultante ronda los USD 5 por tonelada: el efecto cascada de un solo impuesto provincial supera el margen completo de la actividad que lo origina.

    La comparación con el Permian ordena la discusión. La arena en boca de mina cotiza allí alrededor de USD 30 por tonelada, y el flete al pozo -entre 30 y 100 millas (48 y 160 kilómetros) como máximo- agrega entre USD 20 y USD 30. Puesta en el pad: USD 60. La brecha respecto de los USD 145 argentinos no es de calidad ni de eficiencia empresaria.

    La brecha es de mapa y de Estado: 1.300 kilómetros que en Texas no existen porque la mina está adentro de la cuenca, y una superposición de ventanillas fiscales que allá tampoco existe porque el mineral se mueve dentro de una sola jurisdicción (Blanco)

    La arena de Ibicuy tiene un 86% de cuarzo, grano redondeado y bien seleccionado -el río Paraná operó durante milenios como planta de beneficio natural-, con características comparables a la arena de duna eólica del Permian.

    “La brecha es de mapa y de Estado: 1.300 kilómetros que en Texas no existen porque la mina está adentro de la cuenca, y una superposición de ventanillas fiscales que allá tampoco existe porque el mineral se mueve dentro de una sola jurisdicción”, escribió Blanco.

    Dos camiones cisterna blancos, identificados como distribuidores de gas, transitan por una autopista de asfalto en un paisaje rural con campos y colinas.

    Cuando el Permian enfrentó el problema del tráfico pesado en rutas rurales -el mismo que hoy atraviesan los corredores locales-, en enero de 2025 inauguró una cinta transportadora de decenas de kilómetros para mover arena sin camiones. La lógica fue la opuesta a la argentina: si el desgaste vial es el problema, se elimina la causa en lugar de arancelar el síntoma.

    Una demanda que no para de crecer

    Vaca Muerta va a demandar alrededor de 8 millones de toneladas de arena en 2026. Las proyecciones de la industria ubican esa cifra en torno a 12 millones hacia 2030. Traducido a movimiento: unos 685 camiones diarios hoy, que hacia el final de la década serán del orden de 1.030 diarios. Y ese flujo no es parejo ya que las técnicas de fractura simultánea implican consumir entre 40.000 y 50.000 toneladas por locación en 25 días, lo que equivale a entre 50 y 60 camiones diarios para un solo set de pozos, multiplicado por la cantidad de equipos operando en paralelo.

    La brecha con la demanda ya es visible este año y se ampliará en 2027, cuando la desaparición del valle estacional de actividad obligue a la cadena logística a operar sin descompresión por primera vez en la historia de la industria argentina

    La capacidad de procesamiento actual -sumando las plantas de lavado activas en cabeceras areneras- alcanza entre 6,5 y 7 millones de toneladas anuales. La brecha con la demanda ya es visible este año y se ampliará en 2027, cuando la desaparición del valle estacional de actividad obligue a la cadena logística a operar sin descompresión por primera vez en la historia de la industria argentina.

    El sector que tiene que invertir para cerrar esa brecha es el arenero, el eslabón más pequeño y más fragmentado de toda la cadena.

    Según el análisis de Roberto Lino Blanco, ese sector trabaja con un margen bruto de entre USD 4 y USD 6 por tonelada antes de impuestos, y el capital para canteras, plantas de lavado, almacenaje y flota debe salir de ese margen.

    “La presión fiscal que impide la inversión termina produciendo exactamente el encarecimiento que la inversión hubiera evitado”, advirtió el consultor. El resultado es una espiral que se retroalimenta: si la capacidad de lavado no acompaña, el mercado se estrecha, el precio de la arena sube y ese aumento no lo captura ninguna provincia, lo paga la operadora, se traslada al costo del pozo y erosiona la competitividad de Vaca Muerta frente a las cuencas con las que compite.

  • Polémica en Entre Ríos: detectaron una botella de vino de 57 mil pesos en la rendición de compras de un comedor escolar

    Polémica en Entre Ríos: detectaron una botella de vino de 57 mil pesos en la rendición de compras de un comedor escolar


    En una de sus compras, un comedor escolar de Entre Ríos incluyó una botella de vino tinto por más de 50 mil pesos y desató una polémica en medio de la pelea por el cambio de adquisiciones de insumos escolares en la provincia. Así lo expuso una diputada entrerriana, que mostró el ticket con el detalle de la compra.

    La diputada María Elena Romero mostró el ticket de la rendición de gastos de la escuela técnica N°1 Juan Domingo Perón, ubicada en pleno campo al norte del casco urbano de San José de Feliciano, casi en el límite con Corrientes.

    El comprobante corresponde a mayo pasado. Según se desprende de la planilla, el comedor atiende a 191 personas en la localidad de Feliciano, de donde es la legisladora. El gasto total fue de unos $ 2.903.800, de los cuales $ 2.503.200 fueron en el autoservicio que aparece en el ticket. El 79,05% correspondió a comestibles y, específicamente, el 20,94% se desembolsó por carnes.

    Pero la planilla venía con un comentario adicional: “Reclamo compra vino, enviar nota”.

    Romero publicó una foto del ticket de la compra, del 22 de mayo. Hay 70 cartones de puré de tomate, 95 cajas de arvejas, 84 de choclos, 48 de lentejas y 38 de tomates triturados. También aparecen bolsas de papa negra, cebolla, 160 bolsas de arroz, 270 de fideos, 120 de polenta y queso sardo y cremoso.

    En la lista está el ítem de la polémica: una botella de 1.125 mililitros de vino tinto Valderrobles, que -siempre según el ticket- costó 57 mil pesos.

    “Podemos discutir sobre licitaciones, proveedores y mecanismos administrativos. Pero hay una pregunta mucho más sencilla: ¿cómo puede ser que recursos públicos destinados a alimentar a nuestros chicos se hayan utilizado para comprar una botella de vino?”, escribió Romero.

    “Una compra centralizada permite establecer de antemano qué productos se adquieren, controlar sus precios y garantizar que los recursos destinados a la alimentación escolar se utilicen exclusivamente para ese fin. El control no puede consistir solamente en descubrir después, cuando llega una rendición, que con el dinero de un comedor se compró una botella de vino”, añadió.

    La diputada, de Juntos por Entre Ríos y con una larga experiencia en docencia, defendió los cambios que busca implementar el gobierno de Rogelio Frigerio y que son resistidos por sectores gremiales.

    Ahora, el servicio de desayunos y meriendas se hará a través de una empresa, Teknofood, con experiencia en San Juan y Corrientes. El proyecto oficial busca centralizar las compras de los comedores escolares. Su entrada en vigencia era para agosto y un gremio presentó un amparo para frenarlo.

    “La medida reemplazará el sistema de compra mediante tarjeta por una operatoria de compra centralizada, con el objetivo de fortalecer los controles, garantizar la calidad nutricional y asegurar un mismo estándar para todas y todos los estudiantes alcanzados por esta modalidad”, anunció el Gobierno de Entre Ríos, a mediados de julio.

    Y la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, añadió: “Optimizar el sistema nos permite administrar mejor los recursos para que cada peso destinado a los comedores se traduzca en alimentos adecuados y en una mejor prestación para los estudiantes”.

    Tanto ATE Entre Ríos como la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) cuestionaron los cambios.

    “Estamos preocupados por la nueva forma que está planteando el Gobierno provincial para el desayuno y la merienda de los chicos, pero también por avanzar sobre el almuerzo”, dijo Oscar Muntes, secretario general de ATE, que apuntó a un deterioro de las condiciones en los comedores.

    Por su parte, AGMER cuestionó que el nuevo esquema de desayunos y meriendas incluye la distribución de alimentos ultraprocesados. Con cuestionamientos a la “tercerización” del servicio, destacó el amparo colectivo del que participó y que recibió “casi 500 adhesiones”.

  • Joaquín Benegas Lynch admitió ser titular de Glocal Terra pero negó conflicto de interés con la ley de Tierras

    Joaquín Benegas Lynch admitió ser titular de Glocal Terra pero negó conflicto de interés con la ley de Tierras

    El senador de La Libertad Avanza se refirió al pedido de inhabilitación para votar en la sesión en la que se debate la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Reconoció ser dueño de la empresa que asesora a extranjeros para comprar terrenos, pero descartó recibir un beneficio particular.

    El senador Joaquín Benegas Lynch rechazó este jueves las acusaciones de la senadora Juliana Di Tullio, quien pidió su inhabilitación en la votación en el Senado por la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada a raíz de un presunto conflicto de interés dada su relación con la firma Glocal Terra SRL, de la cual Ámbito informó que es dueño, con la que apunta a atraer clientes extranjeros que quieren adquirir terrenos en Argentina. “Un beneficio general no es un privilegio particular”, se excusó.

    El legislador libertario es socio fundador de una empresa dedicada a brindar asesoramiento a inversores extranjeros interesados en adquirir y administrar tierras rurales en la Argentina. La sociedad fue creada en 2020 junto a su esposa, Eloísa Perea Muñoz.

    La actividad de la firma comenzó a generar repercusiones en el Senado en la previa del tratamiento del proyecto que incluía un capítulo que modificaba la Ley de Tierras, en el que inicialmente se proponía eliminar el tome máximo de 15% de terrenos en manos de extranjeros y que luego se propuso elevar al 25%, para finalmente ser retirado por falta de acuerdo con los opositores dialoguistas.

    En ese marco, Di Tullio dio a conocer la relación del libertario con la empresa. Y este mediodía, en el marco de la sesión, Benegas Lynch se expresó al respecto. “Fundé mi empresa en el 2020, estoy en el sector agropecuario hace más de 20 años. La empresa se dedica a la administración de campos y el asesoramiento de compras de campos a argentinos y a extranjeros, producimos granos y carne“, dijo en primer lugar para luego señalar que se trata de una información pública: “No es ningún descubrimiento, es público, está en mi DDJJ”.

    Ante el pedido de inhabilitación para participar de la votación, señaló que la reglamentación hace hincapié en “un interés directo y singular”, el cual, según dijo, no rige para su caso. “¿Beneficia a los empresarios que al campo argentino le vaya bien? Sí. Igual que a las cientos de miles de pymes agropecuarias del país, a sus empleados y a los pueblos que viven de ellas. Mi empresa es parte del sector. Un beneficio general no es un privilegio particular: no hay en esta ley una sola línea escrita para mi empresa, ni un permiso que yo obtenga y otro no”, se defendió.

    Respecto a la acusación de la senadora, la relacionó con “la vieja política”. “Yo me metí en esto. Es parte del barro político y el cuero se me va a ir engrosando mientras enfrentemos a los que destruyeron a la Argentina por más de dos décadas”, dijo.

    La madeja de sociedades que encabeza Joaquín Benegas Lynch para explotar y vender campos

    Más allá de la defensa que hizo Benegas Lynch de su vinculación con la empresa, este medio dio a conocer que también constituyó la empresa Finca Luracatao S.A, la cual posee una extensa superficie territorial en los Valles Calchaquíes, en la Provincia de Salta, abarcando zonas de los departamentos de Cachi y Molinos. Allí, quedó en el centro de una puja con las comunidades originarias por la explotación de una mina de oro, en la que la empresa del senador nacional aparece como titular del dominio.

    En Finca Luracatao su socio es Manuel José Biedma, quien fuera funcionario del Ministerio de Transporte durante el gobierno de Mauricio Macri. También aparece en el directorio Cecilia Durán López Lecube y sus hijos Margarita María Freixas López Lecube y José López Lecube.

    Una fuente calificada en Entre Ríos definió a Benegas Lynch como un “lobista” que, en los hechos, “al menos en La Paz administra la fortuna de su esposa”. Su vínculo con la ciudad entrerriana se remota a 2007 cuando desembarcó como integrante de la inmobiliaria Pampa Partners, que estaba vinculada a The Conservation rust Land (hoy se llama Rewilding Argentina), fundación creada por el polémico estadounidense Douglas Tompkins.

    Además, en su entramado societario aparece la firma que administra con la familia de su esposa y que tiene ineludibles reminiscencias con la de Tompkins: Pampa Invesment SAS. La componen, también, Fernando Perez Muñoz, su ex socio en Pampa Partners Eduardo Choren y el abogado Fernando Mazzinghi.

  • Joaquín Benegas Lynch ataca la caída de la ley de Tierras, mientras encabeza una madeja de sociedades para explotar y vender campos

    Joaquín Benegas Lynch ataca la caída de la ley de Tierras, mientras encabeza una madeja de sociedades para explotar y vender campos

    Lejos de importarle las contradicciones, el senador libertario Joaquín Benegas Lynch olfateaba, con un alto grado de certeza, que el gobierno de Javier Milei le crearía las condiciones para seguir creciendo en sus negocios. Es por eso que, en 2025, poco antes de asumir en la Cámara Alta, en un reportaje con el periodista entrerriano Federico Malvasio, confesó: “El campo tuvo un 70 por ciento de presión fiscal sobre la rentabilidad. En ese marco, los únicos argentinos que han podido comprar campos son políticos o sindicalistas; muy poca gente que venga del sector privado con fondos genuinos. Ya se empiezan a ver otros aires con Javier (Milei)”.

    Ahora, con la lupa puesta sobre su firma Glocal Terra SRL, con la que se dedica a rastrear clientes extranjeros que quieran comprar tierras en Argentina, en realidad queda expuesto, una vez más, cómo se cruzan intereses particulares y políticos. Una fuente calificada en Entre Ríos lo definió como un “lobista” que, en los hechos, “al menos en La Paz administra la fortuna de su esposa, Eloisa Perea Muñoz”. Con ella comparte el control de Glocal, cuyo listado de clientes interesados en tierras de Argentina, Paraguay y la región se mantiene bajo siete llaves.

    No es secundaria la mención a la ciudad entrerriana de La Paz ya que ahí comenzó su idilio en 2007 cuando desembarcó como integrante de la inmobiliaria Pampa Partners, que estaba vinculada a The Conservation Trust Land (hoy se llama Rewilding Argentina), fundación creada por el polémico estadounidense Douglas Tompkins.

    El empresario norteamericano, según sus detractores, con Greenpeace a la cabeza, utilizaba la pantalla ecologista para acumular tierras en países extranjeros como Argentina y Chile, llegando a apoderarse del acceso al agua ya que debajo de las tierras que adquirió estaba el Acuífero Guaraní. Quienes lo estimaban destacaban su función en pos del medio ambiente.

    En 2006, José Luis Niella, un sacerdote católico y activista social, dijo que la gente pobre de la región de los Esteros del Iberá ya no tiene acceso a las tierras donde sus antepasados vivieron libremente durante generaciones. Lo acusaron de cortar caminos estatales. En Chile las críticas tenían un tono similar. El entonces senador Antonio Horvath sostuvo que “en Chile hay lugares donde Tompkins ha comprado tierras desde la frontera en el mar, separando al país en dos”.

    El socio de Benegas Lynch en Pampa Partners era Eduardo José Chorén, quien hoy está al frente de Estancia Lagunas Blancas SA, establecimiento agropecuario de 3000 hectáreas ubicado en Santa Elena, departamento de La Paz. Lagunas Blancas había sido propiedad del mencionado Tompkins. El Directorio de Lagunas Blancas quedó compuesto aparte de Chorén, por José Joaquín Aguirre, quien tiene pasaporte estadounidense, y por José Antonio Cilley.

    Luego de que Tompkins muriera por hipotermia en 2014, su viuda, Kristine McDivit, comenzó a desprenderse de diferentes tierras. A fines de 2015, donó al Estado argentino 150 mil hectáreas para la creación de un Parque Nacional en los Esteros del Iberá. El traspaso se dio en un encuentro con el presidente Mauricio Macri.

    The North Face y Esprit fueron las dos marcas que convirtieron a Douglas Tompkins en multimillonario. Ambas firmas del rubro de la ropa deportiva fueron vendidas por el empresario en los 80. Con los millones obtenidos de la venta de ambas compañías, el norteamericano comenzó su conversión al ecologismo. Compró tierras en Chile y Argentina. Acá, se quedó con la reserva natural Iberá, un área de más de 500.000 hectáreas. Debajo de esas tierras se encuentra el Acuífero Guaraní, considerado una de las reservas de agua dulce más grandes del mundo. El proyecto de conservación impulsado en esa región fue fuertemente cuestionado por ambientalistas y comunidades que denunciaron que el empresario, en realidad, venía para apropiarse de esa reserva natural.

    Joaquín Benegas Lynch, quien tiene una nula actividad legislativa en el casi año que lleva como senador nacional, siguió la escuela de Tompkins y constituyó Finca Luracatao S.A, la cual posee una extensa superficie territorial en los Valles Calchaquíes (Salta), abarcando zonas de los departamentos de Cachi y Molinos. Allí, quedó en el centro de una puja con las comunidades originarias por la explotación de una mina de oro, en la que la empresa del senador nacional aparece como titular del dominio.

    Su socio en Finca Luracatao es Manuel José Biedma, funcionario del Ministerio de Transporte durante el gobierno de Mauricio Macri. También aparece en el directorio Cecilia Durán López Lecube y sus hijos Margarita María Freixas López Lecube y José López Lecube.

    El amor por La Paz hizo que Benegas Lynch sedujera a su padre para que invirtiera en la ciudad y creara Concepción Agro SA. Esta empresa funciona en Entre Ríos, y tiene como socio al abogado porteño Agustín Seratti. Con él también tiene el control de Maita Agro Meras S.A.

    Justamente, en La Paz, los pobladores locales se sorprendieron al ver que Joaquín Benegas Lynch y su entorno conformaron una especie de comunidad cerrada que tiene desde una escuela a su propio circuito cultural y, obviamente, seguridad privada.

    El periodista Federico Malvasio, en un excelente artículo sobre el grupo que tiene como uno de sus integrantes a Benegas Lynch, lo describió así: “Joaquín fue un ferviente militante de la candidatura a gobernador de Sebastián Etchevehere en 2023. Antes había incursionado en política en las movilizaciones contra la Resolución 125, que fijaba un sistema de retenciones móviles que abrió un enfrentamiento político entre el sector rural y el gobierno nacional de entonces. Ese conflicto organizaría, luego, la política argentina hasta la actualidad. El hijo del prócer del liberalismo argentino Alberto Benegas Lynch fue un activista en los piquetes y, más acá, en 2020, fue uno de los principales convocantes a Santa Elena cuando el dirigente social Juan Grabois ingresó a uno de los campos de la familia Etchevehere como protesta ante un reclamo judicial de Dolores, la hermana de Sebastián y Luis Miguel, el ex ministro macrista, por la herencia familiar”.

    Siguiendo con el listado de firmas que orbitan en derredor de Joaquín Benegas Lynch, aparece la que administra con la familia de su esposa y tiene ineludibles reminiscencias con la de Tompkins: Pampa Invesment SAS. La componen, también, Fernando Perez Muñoz, su ex socio en Pampa Partners Eduardo Choren y el abogado Fernando Mazzinghi.

    Meses atrás, en abril, en La Paz, se sorprendieron al enterarse que Joaquín Benegas Lynch había comprado una casona tradicional, cuyo valor de mercado rondaba el medio millón de dólares. Medios locales se dejaron atacar un tanto menos por la sorpresa al cotejar que la nueva propiedad no formaba parte de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. Lo definieron como un lobista, que “naturalmente va a aprovechar los espacios que pueda ocupar para defender sus intereses”.

    Ayer, a última hora, en su cuenta de X, el senador nacional se enojó con el periodismo y salió a defender “la del argentino que quiere vender su campo y elegir a quién”. Una buena manera de garantizarle a sus clientes de Glocal Terra que no los iba abandonar.

  • Rogelio Frigerio logró un acuerdo sin precedentes con Nación para que Entre Ríos financie su déficit previsional

    Rogelio Frigerio logró un acuerdo sin precedentes con Nación para que Entre Ríos financie su déficit previsional

    El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y el director ejecutivo de la ANSES, Guillermo Héctor Arancibia, firmaron este martes un acuerdo que garantiza la transferencia de 120.000 millones de pesos a la provincia. Esos fondos se utilizarán para compensar lo que le corresponde al Estado Nacional por el déficit previsional local.

    De esta manera, Entre Ríos se convirtió en la única provincia que logró acuerdos de financiamiento durante tres años consecutivos.

    El rojo de la Caja de Jubilaciones entrerriana se originó en la transferencia de servicios (como educación y salud) sin la contrapartida en partidas. Esto ocurrió durante la presidencia de Carlos Menem y la gobernación de Mario Moine, a comienzos de los 90. Desde entonces, la brecha negativa se fue ampliando y complicando al Tesoro provincial.

    Hace una semana, Frigerio logró otro hecho para comenzar a revertir esta tendencia. La Legislatura aprobó una reforma a la legislación previsional provincial. Entre otros puntos, equipara la edad jubilatoria de varones y mujeres con la ANSES y establece aportes extraordinarios, además de declarar la emergencia en el sistema.

    La saga de entendimientos con el organismo nacional se dio después de dos acciones congruentes. La primera, ordenar la Caja y realizar los controles para destrabar los fondos nacionales pendientes de años anteriores. La segunda, presentar una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por estos fondos. La estimación inicial era que rondaban los $154 mil millones.

    Guillermo Arancibia titular de la ANSES

    El acuerdo establece que la ANSES transferirá 120.000 millones de pesos en concepto de anticipo correspondiente al ejercicio 2026. Los fondos serán girados en 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de 10.000 millones de pesos, desde noviembre de 2026 a octubre de 2027, para cubrir la compensación que le corresponde al gobierno nacional por el déficit previsional de Entre Ríos.

    Además, las dos partes acordaron seguir adelante con la definición del resultado final del sistema de jubilaciones de Entre Ríos para los años 2020 a 2026. Esto se hará a través de las auditorías que establece la normativa. Ese proceso permitirá fijar con precisión las obligaciones pendientes entre la Nación y la provincia.

    Otro de los aspectos centrales del convenio es que los montos que surjan de esas auditorías podrán incorporarse al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas. Se crea así un mecanismo para avanzar en la compensación y cancelación de la deuda histórica vinculada al financiamiento de la Caja de Jubilaciones.

    “Este es el resultado de una provincia que pone orden, hace las cosas con seriedad y defiende con firmeza lo que le corresponde. Cuando se cumple con esos requisitos, los resultados llegan”, reflexionó Frigerio luego de rubricar el entendimiento.

    En esa línea, remarcó: “Cuando asumimos, nos comprometimos a poner orden, defender los intereses de los entrerrianos y hacer sostenible nuestra Caja de Jubilaciones. Eso es exactamente lo que estamos haciendo.”

    Rogelio Frigerio se reunió con Diego Santilli en la Casa Rosada

    Luego, acotó: “Quiero destacar el trabajo conjunto con los ministros Sandra Pettovello (Desarrollo Humano), Luis Caputo (Economía) y el jefe de Gabinete Diego Santilli. También con el directorio de ANSES y todos los equipos técnicos que hicieron posible este acuerdo y defendieron los intereses de los entrerrianos”.

    La tarea en Entre Ríos, en tanto, recayó en el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat, y sus colaboradores. Tras la firma del acuerdo, el funcionario destacó: “Durante el período 2017-2023 no se efectuó un solo reclamo formal a la Nación por las transferencias adeudadas”.

    “Tampoco se pidieron las auditorías legales previstas a fin de definir los saldos finales. Por otro lado, la información contable y técnica que era necesaria para empezar un reclamo estaba incompleta, desactualizada o no existía”, señaló.

    En ese sentido, especificó que en dos años y medio de labor, la actual gestión reconstruyó “de cero” la información contable, técnica y documental requerida por la normativa nacional  y solicitó “por primera vez” las auditorías de ANSES.

    Por último, recordó que debido a esta labor Entre Ríos ya logró un acuerdo en 2024 por $26 mil millones y otro en 2025 por $48 mil millones.