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  • Paro docente en Entre Ríos y arranque de paritarias en Santa Fe: dos caras de la negociación salarial en el Litoral

    Paro docente en Entre Ríos y arranque de paritarias en Santa Fe: dos caras de la negociación salarial en el Litoral

    Luego del receso invernal los gremios docentes entrerrianos retomaron las medidas de fuerza con un paro de 24 horas, mientras en Santa Fe la discusión paritaria apenas comienza a perfilarse sin oferta salarial sobre la mesa. Dos gremios rechazaron la decisión del gobierno de Rogelio Frigerio de otorgar un aumento salarial por decreto. Un gremio docente santafesino estimó una pérdida salarial del 5% al 6% durante el primer semestre y reclamó que la futura propuesta contemple mecanismos para recuperar el deterioro acumulado desde diciembre de 2023.

    En Entre Ríos, la tensión entre el gobierno provincial y los sindicatos docentes estalló apenas terminó el receso invernal. Los gremios Agmer (Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos) y AMET (Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica) realizaron este lunes 20 un paro de 24 horas en rechazo a la decisión del Poder Ejecutivo de otorgar un aumento salarial por decreto, luego de que ambas organizaciones rechazaran la propuesta presentada en la mesa paritaria.

    La oferta oficial, anunciada por el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, contemplaba un incremento del 7% en dos tramos: 3% con los haberes de julio y 4% en septiembre, con actualización de la base de cálculo. Además, elevaba el salario mínimo docente a $ 850.000 desde julio y aumentaba entre el 20% y 28% los conceptos de FOPID y Conectividad según la carga horaria.

    Desde Agmer, el sindicato más representativo de la provincia, calificaron la oferta como “absolutamente insuficiente” y denunciaron que el Gobierno “clausuró los canales de diálogo genuinos” al optar por la vía unilateral del decreto. Según el gremio, se trata de la tercera vez que el Ejecutivo hace fracasar la paritaria de esta manera.

    El paro tuvo un 85% de adhesión según los datos de Agmer, que destacaron el “masivo acatamiento” como expresión del “malestar de las y los docentes de nuestra provincia, que soportan uno de los salarios más bajos del país, en un contexto de crisis económica, ajuste y empobrecimiento”. El Gobierno provincial presentó una lectura distinta porque según sus informes oficiales, el 75% del plantel docente se presentó a trabajar y las escuelas mantuvieron sus puertas abiertas. AMET, por su parte, se sumó al paro reclamando un salario “justo y acorde” a las tareas que desempeñan los docentes de escuelas técnicas y exigiendo condiciones de trabajo “dignas y respetuosas”.

    El miércoles 1 de julio, Agmer y AMET ya coincidieron en un paro provincial de 24 horas con movilización a la capital entrerriana, en el marco de un plan de lucha que, según los propios gremios, tuvo una adhesión del 80%. Ese día, los sindicatos docentes participaron de una movilización junto a la Multisectorial de Gremios Estatales. Los manifestantes exigieron “la inmediata reapertura de la discusión paritaria” y dejaron en claro “el no rotundo al intento de reforma del sistema previsional”, que fue aprobado la semana pasada por el Senado entrerriano, como lo informó Ambito.

    Desde los gremios

    El secretario gremial de AMET, Roberto Aguirre, fue uno de los dirigentes que más claridad aportó sobre la posición gremial. En diálogo con medios locales, explicó que la decisión de parar responde a la falta de una oferta que permita recuperar el poder adquisitivo perdido. “Hemos tenido una oferta salarial que no reconoce la desactualización que tenemos respecto de los índices inflacionarios, ni tampoco las pérdidas acumuladas de años anteriores”, afirmó el dirigente.

    Según el referente, desde AMET estiman que los salarios docentes se encuentran entre un 14% y un 15% por debajo de la evolución de los precios y que con el último dato de inflación la pérdida salarial podría acercarse al 16%. “Esa pérdida corresponde hasta junio. Todavía no tenemos la actualización más reciente, pero con el último dato de inflación seguramente estaremos cerca del 16%”, señaló. Cuestionó además que los índices oficiales no reflejen el impacto real sobre el bolsillo de los trabajadores. “El consumo de los docentes está vinculado a la canasta básica y hoy el sueldo inicial representa aproximadamente el 50% de la canasta básica alimentaria”, aseguró.

    Pese a la medida de fuerza, AMET dejó una puerta abierta al diálogo con la gestión de Rogelio Frigerio. “Esperamos que el gobierno tenga la capacidad de reiniciar el diálogo y acercarse a lo que estamos solicitando para los docentes”. El gremio recordó que integra el frente gremial docente y que las futuras decisiones se tomarán de manera conjunta con las demás organizaciones sindicales.

    Con el paro del 20 de julio, Agmer acumula siete medidas de fuerza provinciales en lo que va del ciclo lectivo 2026. Y además de los reclamos salariales, este gremio denunció la falta de designación de personal suplente de ordenanzas y auxiliares de cocina, así como el déficit de personal en los comedores escolares, donde los alumnos reciben “viandas frías que carecen del valor nutricional”.

    Santa Fe: paritarias sin oferta

    Mientras en Entre Ríos el conflicto escaló, en Santa Fe la discusión paritaria recién comenzó a tomar forma. El pasado jueves 17 de julio, el gobierno provincial retomó las negociaciones con los gremios docentes AMSAFE y SADOP, y los estatales de ATE y UPCN, en una jornada que concluyó sin oferta salarial concreta y con un cuarto intermedio hasta el martes 21.

    La reunión con la administración central tuvo un tono constructivo. El ministro de Economía, Pablo Olivares, señaló que existieron “coincidencias” respecto de los mecanismos utilizados durante el primer semestre. Desde UPCN, su secretario general Jorge Molina destacó que los incrementos mínimos garantizados permitieron que numerosos trabajadores obtuvieran aumentos superiores a la inflación.

    El escenario con los docentes fue distinto. El secretario general de AMSAFE, Rodrigo Alonso, rechazó de plano el diagnóstico oficial: “Nos preocupa muchísimo empezar un debate con una diferencia en la caracterización de la etapa”. El gremio estima una pérdida salarial del 5% al 6% durante el primer semestre y reclamó que la futura propuesta contemple mecanismos para recuperar el deterioro acumulado desde diciembre de 2023.

    Además del aspecto económico, AMSAFE planteó otros reclamos: la eliminación del aporte solidario para jubilados, la revisión del sistema de presentismo y la incorporación de una cláusula de actualización automática. SADOP, por su parte, insistió en la necesidad de abrir mesas técnicas para debatir temas laborales como el control del ausentismo y los criterios para acceder a la bonificación por capacitación. Ambos gremios coincidieron en exigir que la paritaria “vuelva a ser un espacio de negociación efectiva y no una instancia donde el Gobierno presente una oferta sin margen”.

    El Gobierno santafesino defendió su posición con datos, al señalar la secretaria General del Ministerio de Educación, María Martín, que en la negociación anterior se exhibieron recibos de sueldo para “despejar afirmaciones falsas” y señaló que el salario del cargo testigo pasó de poco más de 1 millón de pesos en febrero a superar los 1,3 millones, lo que representa un incremento del 30%. “Si realmente queremos llegar a un acuerdo, tenemos que discutir sobre bases comunes. De lo contrario, la discusión termina siendo ficticia”, advirtió.

    El ministro de Economía, Pablo Olivares, confirmó que la próxima oferta -que podría concretarse esta semana- contemplará incrementos para el segundo semestre y destacó que durante los primeros seis meses del año todos los meses registraron actualizaciones salariales. El ministro de Educación, José Goity, vinculó la negociación con una gestión “basada en evidencia y evaluaciones objetivas”.

  • GESTIÓN Entre Ríos avanza con una reforma previsional y eleva la edad jubilatoria

    GESTIÓN Entre Ríos avanza con una reforma previsional y eleva la edad jubilatoria

    El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se encuentra a un paso de consolidar la reforma del sistema previsional orientada a reducir el déficit fiscal de las cuentas públicas de la provincia. 

    La iniciativa oficialista, que declara la emergencia del sector, obtuvo la aprobación en la Cámara de Senadores y se encamina a su tratamiento definitivo en la Cámara de Diputados.

    Aprobación en el Senado y mayoría en Diputados

    La votación en la Cámara alta entrerriana concluyó con un resultado de 10 votos a favor y 7 en contra. 

    El oficialismo logró destrabar la paridad gracias al respaldo de sus 8 legisladores propios y el acompañamiento de dos votos provenientes de sectores del peronismo, entre ellos el de la senadora Nancy Miranda, perteneciente al bloque Frente Más por Entre Ríos.

    El texto legislativo fue girado de inmediato a la Cámara de Diputados. Debido a que el espacio gubernamental cuenta con mayoría parlamentaria en dicho recinto, se consigna que la sanción definitiva de la ley se proyecta para la última semana del mes en curso.
    El peronismo representado por el bloque Frente Más por Entre Ríos aportó los 7 votos en rechazo al proyecto, ya que una senadora Nancy Miranda lo hizo a favor de la iniciativa impulsada por Frigerio.

    Los cambios clave en aportes, edad y cálculo del haber

    La reforma previsional modifica los parámetros esenciales para acceder a la jubilación ordinaria en el territorio provincial, homologando los requisitos de edad cronológica con los estándares vigentes en el sistema previsional nacional:

    • Edad jubilatoria: Se eleva de 57 a 60 años en el caso de las mujeres, y de 62 a 65 años para los hombres.

    • Años de servicios: La exigencia de aportes obligatorios se incrementa de los 30 años actuales a un mínimo de 35 años.

    • Haber inicial: El cálculo del beneficio base se computará sobre el promedio de las remuneraciones de los últimos 20 años de actividad, duplicando la ventana de 10 años que regía hasta el momento.

    A pesar de las modificaciones en la base de cálculo, el proyecto ratifica la vigencia del beneficio del 82% móvil para los pasivos. 

    En lo que respecta al sector docente, se mantendrán las edades de retiro diferenciadas vigentes, aunque se les fijará la obligación de realizar aportes adicionales solidarios hasta cumplir los 65 años de edad.

    La provincia de Entre Ríos integra el grupo de las 13 jurisdicciones nacionales que no transfirieron sus cajas previsionales a la órbita del Estado nacional, debido a un impedimento explícito de rango constitucional que obliga a mantener la administración bajo el control exclusivo del Poder Ejecutivo provincial.

  • Edgardo Kueider no regresará a la Argentina hasta cerrar sus cuentas con la Justicia paraguaya

    Edgardo Kueider no regresará a la Argentina hasta cerrar sus cuentas con la Justicia paraguaya

    “El exsenador argentino tiene para un rato largo todavía en Paraguay. Al menos un año o dos más. La condena por tentativa de contrabando será apelada. Y además tiene pendiente un juicio, que recién comienza, por lavado de dinero”. Así describió la situación de Kueider una alta fuente de la Justicia paraguaya consultada por Infobae.

    Al ex representante de Entre Ríos en el Congreso de la Nación lo está esperando la Justicia Federal. La titular del juzgado de San Isidro pidió su extradición hace casi un año. La Fiscalía paraguaya dio luz verde. Pero puso como condición que antes cierre su cuenta con la Justicia del vecino país.

    Arroyo Salgado lo investiga por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Hay una causa paralela en la localidad entrerriana de Concordia. La Corte tiene en sus manos el conflicto de competencia.

    La Cámara Federal de San Martín, instancia superior de la magistrada, confirmó hace unos días el rechazo a la eximición de prisión que había presentado Kueider. Esto significa que el día en que pise territorio argentino, irá a parar a una cárcel.

    El exsenador nacional entrerriano adelantó que su defensa apelará la decisión del Tribunal especializado en delitos económicos de Asunción, que el lunes lo condenó a dos años y dos meses de prisión condicional. Esto significa que no irá a la cárcel por haber querido entrar a Paraguay con más de 200 mil dólares sin declarar. A su pareja, Iara Guinsel, le impusieron una sanción de un año y diez meses.

    La determinación del Tribunal contempló, además, el mantenimiento de las medidas cautelares vigentes y la imposición de reglas de conducta para ambos condenados. En concreto, esto implica que Kueider seguirá cumpliendo la detención domiciliaria con uso de tobillera electrónica.

    Esta medida había sido dictada por el juez Humberto Otazú en la causa por los USD 200 mil. Cuando se inició el expediente de extradición solicitado por Arroyo Salgado, Rolando Duarte Martínez, el juez interviniente, le impuso las mismas condiciones: prisión domiciliaria y uso de tobillera. Como este proceso aún está en marcha, las medidas siguen vigentes.

    A esto deben agregarse las importantes sumas de dinero y propiedades que hay comprometidas en las fianzas de Kueider y Guinsel. Solo en la causa por contrabando, el abogado Ricardo Preda del Puerto puso USD 300 mil. A estos se suma un inmueble localizado en una localidad cercana a Asunción que se colocó como fianza en el expediente por la extradición. El terreno es propiedad de otro de los abogados de Kueider. Su valor ronda los 500 millones de guaraníes, unos 83 mil dólares.

    Ysrael Villalba, el fiscal que intervino en el juicio, indicó al medio paraguayo El Observador que el dinero secuestrado y la Chevrolet Trailblazer en la que se trasladaban habían sido incautados. “Se dispuso el decomiso. Cuando la decisión quede firme en sede administrativa, pasarán a las arcas del Estado. Al vehículo se lo rematará”, detalló.

    En junio de este año, el exsenador por Entre Ríos fue procesado en Paraguay por lavado de activos. Esta causa es más grave que la de contrabando. A diferencia de aquella, no sería una tentativa sino un hecho consumado. Las penas en expectativa, dependiendo del criterio que se utilice, podrían ir de los 5 a los 10 años de prisión.

    Según la Fiscalía del país vecino, Kueider y Guinsel habrían introducido dinero en negro producto de ilícitos para «blanquearlo» a través de operaciones inmobiliarias de compra – venta.

    En la maniobra estarían involucrados dos ciudadanos paraguayos, Amado Andrés Torales Benegas y José Fernando Cousirat. Estas personas habrían comprado la empresa Goldsur. La firma le extendió poderes plenipotenciarios a Guinsel. La sospecha es que, en realidad, los socios que figuran son testaferros.

    La operatoria incluye, hasta ahora, seis departamentos en el lujoso complejo «Las Mercedes» de Asunción con sus correspondientes cocheras. Estos inmuebles fueron embargados por la Justicia. La investigación está a cargo de las fiscales Luz Guerrero y Verónica Valdez y del juez Rodrigo Estigarribia Benítez.

  • Universidades: esperan que el Gobierno cumpla con la ley de Fondos, con otro 25% de aumento a los docentes

    Universidades: esperan que el Gobierno cumpla con la ley de Fondos, con otro 25% de aumento a los docentes


    A casi tres semanas del fallo de la Corte Suprema de Justicia que rechazó el último recurso del Gobierno, las Universidades nacionales y los gremios del sector esperan que el Ejecutivo cumpla con la Ley de Financiamiento en la próxima liquidación de haberes docentes y no docentes, correspondiente a julio. La recomposición debería ser en torno al 25%, teniendo en cuenta que por el acuerdo salarial suscripto a fines de mayo –que corrió en paralelo a la disputa judicial por la aplicación de la Ley-, los haberes ya se incrementaron 21,3% y otro 3% tocaría en octubre próximo.

    El fallo de la Corte Suprema del 25 de junio, que al rechazar el recurso extraordinario del Gobierno dejó firme lo resuelto por las instancias inferiores de la Justicia, haciendo lugar al amparo presentado por el CIN para garantizar el pago de la totalidad de los salarios adeudados a docentes y no docentes, y también las becas estudiantiles, fue un enorme triunfo para las Universidades nacionales. Por la falta de actualización salarial –lo que vino a reparar la ley del Congreso sancionada en 2025, que Javier Milei vetó, pero fue insistida por dos tercios en cada Cámara- los docentes y no docentes habían perdido alrededor de 50% de sus ingresos frente a la inflación.

    Pero, desde entonces, la situación es de tensa espera. El Gobierno se mantiene en silencio tras el fallo de la Corte, aunque dejó trascender que acatará lo ordenado por la Justicia.

    Foto: Fernando de la Orden.
Cuarta Marcha Federal Universitaria, el 12 de mayo 2026.

    “Este mes (inicios de julio)se pagó el acuerdo paritario, 21%. Pero de la cautelar nada todavía, ni hubo llamado formal. Lo que sí, en el acuerdo (de mayo entre Gobierno, rectores y gremios) quedó la fecha del 15 de setiembre para la paritaria, y hay que sentarse a discutir”, indicó Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA).

    Entre los rectores la expectativa está centrada en que el Gobierno cumpla con la cautelar en esta próxima liquidación de haberes, que alcanza a unos 200 mil docentes universitarios en todo el país.

    El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, le dijo a Clarín: “El Gobierno debería convocar a paritaria y plantear allí la recomposición de lo pendiente o hacerlo efectivo directamente a partir de la próxima liquidación”.

    “Yo creo que el plazo para evaluar cómo seguimos debería ser la liquidación de este mes que es alrededor del día 20”, añadió, al preguntársele si, ya pasadas tres semanas, evalúan una nueva acción judicial.

    Ante el silencio del Gobierno, para la comunidad universitaria hubo una referencia precisa días atrás en la Cámara de Diputados. En una reunión caliente de la Comisión de Educación, el 1 de julio, su presidente Alejandro Finocchiaro –ex ministro de Educación de Mauricio Macri y hoy un firme aliado al mileísmo, no permitió que la entrerriana Blanca Osuna (Unión por la Patria) incluyera el debate sobre la exigencia del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

    Finocchiaro sostuvo que “a raíz del fallo de la Corte, el Gobierno con quien hablé… en las Universidades se liquida día 15, 16, 14, el mes que viene el Gobierno va a liquidar acorde al fallo de la Corte, por eso devino abstracto y esto no se trata”, dijo por el debate que quería impulsar la oposición en la Comisión.

    Gremios en alerta

    Bartolacci señaló también que los rectores (de las más de 60 universidades nacionales nucleadas en el CIN) acompañarán un pedido de convocatoria a paritaria que harán los gremios esta semana “para que se efectúe la actualización en virtud de la cautelar”.

    Los gremios del sector, y también el abogado constitucionalista Pablo Manili, quien presentó la demanda judicial en representación del CIN, indicaron cuando salió el fallo de la Corte que ahora sí, en caso de no cumplir, los funcionarios del Gobierno -desde el subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Alvarez hasta el presidente Javier Milei, pasando por el ministro de Economía Luis Caputo-, podrían exponerse a demandas penales por desobediencia e incluso a embargos y multas sobre sus propios patrimonios.

    Pero se prefiere no hablar de esto, en estas horas.

    “Estamos de cara al receso de invierno, el Mundial que se lleva todo, con el Gobierno que dice que va a cumplir… nadie quiere entrar en un camino de denuncias por incumplimiento, por eso preferimos esperar a ver si pagan julio”, indicó otra fuente universitaria que monitoreó todo el proceso.

    Dos de los gremios más representativos, CONADU y CONADU Histórica, ya avisaron sin embargo que tomarán medidas de fuerza si el pago no se efectiviza.

    Clara Chevalier, secretaria general de CONADU, dijo a este diario que “desde el fallo de la Corte se han quedado mudos. Imagino que habrán pasado horas de zozobra, porque el Gobierno sabe que el camino judicial está quedando agotado y que le corresponde hacer lo que lleva casi 6 meses tratando de evitar, cumplir la ley”.

    Y señaló que la CONADU resolvió en su último plenario que si en el próximo salario no se ve reflejado “vamos hacia medidas de fuerza”. También dijo que “los funcionarios se exponen a acciones de tipo penal”.

  • Este lunes se conocerá la pena que pedirá la Fiscalía paraguaya para Edgardo Kueider por ingresar USD 200 mil sin declarar

    Este lunes se conocerá la pena que pedirá la Fiscalía paraguaya para Edgardo Kueider por ingresar USD 200 mil sin declarar

    La Sala 9 de los Tribunales de Asunción, ubicada en el sexto piso del Palacio de Justicia, fue el escenario de la última audiencia de presentación de prueba en el juicio que se le sigue al exlegislador nacional entrerriano. Él y su pareja y exsecretaria están acusados de contrabando en grado de tentativa. La pena en expectativa es de dos años y medio.

    Los últimos elementos probatorios fueron provistos por Marcelo Bogado y Carlos Arévalo, los abogados de Kueider y Guinsel. El Tribunal especializado en delitos económicos cerró la jornada indicando que el próximo lunes 6, a partir de las 10 de la mañana, el fiscal Ysrael Villalba deberá realizar su alegato de clausura. En esta instancia, la acusación pública tendrá que hacer una lectura de la prueba según su teoría del caso y solicitar la condena.

    El Tribunal que juzga a Kueider está integrado por Elsa García (presidenta); Adriana Planás y Matías Garcete Piris. Según adelantaron a Infobae fuentes con acceso al proceso, tanto Kueider como Guinsel volvieron a negarse a declarar. Por el momento en el que se encuentra el juicio, ahora solo les quedará la instancia de las últimas palabras antes de que los jueces se retiren a deliberar la sentencia.

    Si el lunes hay tiempo podría darse paso a que la defensa realice su alegato. En esta etapa, los abogados de los imputados intentarán rebatir los argumentos de la acusación pública. Además, será su chance para hacer una relectura de la prueba y plantar su propia hipótesis de qué ocurrió en la madrugada del 4 de diciembre de 2024 cuando el exsenador nacional y su pareja fueron detenidos intentando ingresar a Paraguay con USD 200 mil sin declarar.

    Al momento en que la defensa concluya, el fiscal Villalba podrá pedir una réplica al Tribunal y rebatir algunos puntos de lo que plantearon. La misma instancia, llamada dúplica, le corresponderá a los abogados de Kueider y Guinsel luego de que la Fiscalía cierre su respuesta.

    El juicio contra Kueider comenzó el 9 de junio después de tres postergaciones y ambos llegaron a esta etapa con arresto domiciliario en Asunción.

    Será el último paso y llegará el desenlace. Los jueces fijarán en ese momento el día en el que darán a conocer el veredicto y se retirarán a debatir el fallo.

    Las audiencias contra el exsenador nacional por Entre Ríos y su pareja comenzaron el 9 de junio pasado. Antes hubo tres postergaciones que dilataron el inicio desde noviembre del año 2025 a mitad del período en curso.

    Kueider y Guinsel llegaron a esta instancia con arresto domiciliario. Quedaron detenidos horas después de ser encontrados in fraganti en la cabecera paraguaya del Puente de la Amistad. Intentó ingresar a Ciudad del Este con una mochila con 211 mil dólares, 646 mil pesos argentinos y 3,9 millones de guaraníes sin declarar.

    Por ese hecho fueron acusados de contrabando en grado de tentativa. Que el ilícito no se haya concretado redujo la pena en expectativa de 5 años a dos y medio. En caso de ser condenados, el año y seis meses que llevan detenidos en distintos departamentos de lujo de Asunción será sopesado.

    Cuando este juicio entraba en la recta final, Kueider y Guinsel recibieron dos malas noticias.

    Por un lado, la Justicia paraguaya decidió imputarlos por lavado de activos. Entendió que para adquirir departamentos y cocheras en la capital del vecino país utilizaron fondos ilícitos. Los inmuebles quedaron embargados.

    Luego, se conoció que la Cámara Federal de San Martín había rechazado un pedido de eximición de prisión. Esto significa que, en cuanto ponga un pie en territorio argentino, quedará detenido de inmediato.

    Kueider está bajo investigación de la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, por presunto lavado de activos. La magistrada pidió su extradición al Paraguay. La fiscalía del país vecino dio luz verde. Pero antes deberá terminar de rendir cuentas frente a los tribunales locales.

    Arroyo Salgado no es la única que investiga a Kueider por este delito. Hay otra causa en paralelo en la Justicia entrerriana. La cuestión de competencia se está tramitando ante la Corte Suprema.

  • Una empresa de bebidas con 70 años de historia entró en concurso preventivo y atribuyó su crisis a la caída del consumo

    Una empresa de bebidas con 70 años de historia entró en concurso preventivo y atribuyó su crisis a la caída del consumo

    Frutafiel, una empresa entrerriana de bebidas con más de 70 años de trayectoria, se presentó en concurso preventivo ante la Justicia de Paraná luego de que sus costos operativos y financieros superaran su nivel de facturación en los primeros meses de 2026. La firma, que tiene su planta industrial en General Ramírez, departamento Diamante, describió en su presentación judicial una acumulación de factores que la llevaron a la insolvencia entre marzo y abril de este año.

    En el escrito que presentó en la Justicia, Frutafiel describió un diagnóstico sobre las causas de su situación. “El proceso inflacionario posterior a la pandemia erosionó el poder adquisitivo de los consumidores y elevó simultáneamente los costos de insumos y transporte”, puntualizó la compañía. La empresa señaló que no pudo trasladar esos incrementos al precio final de sus productos sin perder competitividad, lo que comprimió los márgenes de rentabilidad. A eso se sumó la retracción del consumo de productos no esenciales, el segmento en el que se concentra su producción: aguas saborizadas, cerveza, una bebida elaborada con vino y gaseosa, y la línea Aqualoe, su agua con pulpa de aloe vera.

    El encarecimiento de la energía y los combustibles fue otra de las razones a las que la empresa adjudicó su situación. Según la presentación judicial a la que accedió el medio entrerriano Uno, los insumos derivados del petróleo representan hasta el 95% del costo final en algunas de sus líneas de producción. El acceso al crédito bancario, por su parte, “se volvió inviable ante las tasas de interés que regían en el mercado”, y el descuento de valores de terceros generó pérdidas adicionales.

    Según consta en el documento oficial, la firma también intentó compensar la caída de ventas con promociones en supermercados y cadenas de distribución, pero los descuentos que debió ofrecer dejaron márgenes de utilidad casi nulos. La morosidad de clientes —en algunos casos con imposibilidad de cobro— agravó el cuadro financiero.

    Para sostener la operación, el presidente de la sociedad y principal accionista de la empresa vendió un inmueble propio e inyectó los fondos en la compañía. Ese aporte permitió lanzar una nueva línea de cerveza con marca propia, Golden Saft, que comenzó a comercializarse a principios de 2025. El producto tuvo buena recepción inicial, pero dos problemas truncaron su impulso: el proveedor de cerveza a granel no cumplió con los volúmenes comprometidos y la competencia replicó rápidamente el concepto. La empresa también lanzó un vino con jugo. Ambas líneas representan actualmente el 30% de la facturación total.

    Bebida natural de agua de guayaba y jengibre, ideal para hidratación, refrescante y con beneficios saludables. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

    Fundada en 1956, Frutafiel produce además fideos secos y dulces de membrillo y batata, y es uno de los principales empleadores de General Ramírez, localidad de poco más de 13.000 habitantes. La empresa registró un activo total de $4.016.951.403 —con un activo corriente de $1.313.082.606 y uno no corriente de $2.703.868.796— frente a un pasivo de $3.818.314.937, lo que deja un patrimonio neto positivo de apenas $198.636.466, menos del 5% del activo total. El Banco Central registra a la firma con 387 cheques rechazados sin fondos por un total de $1.085.442.794.

    La empresa sostuvo en su presentación que la cesación de pagos se produjo entre marzo y abril de 2026: a fines de marzo dejó de cumplir los planes de facilidades de pago con ARCA y el 21 de abril comenzaron los rechazos de cheques. Pese a ello, la firma afirmó que su actividad “es viable, siendo rentable en el mediano y largo plazo” y que “el concurso preventivo producirá el desahogo financiero” que le permita volcar recursos a la producción y honrar sus compromisos pendientes.

    El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 9 de Paraná, a cargo del juez Ángel Luis Moia, dispuso la apertura del proceso el 10 de junio, a partir de una solicitud presentada el 22 de mayo. El magistrado ordenó la inhibición general de bienes de la firma —lo que le impide vender o transferir activos sin autorización judicial— y designó al Estudio Cerini-Cerini-Chiara como sindicatura.

  • Río Paraná: el sentido explícito de un gobierno vende patria

    Río Paraná: el sentido explícito de un gobierno vende patria

    En la sesión del 25 de junio pasado de la Cámara de Diputados de la Nación, me referí, haciendo uso de una cuestión de privilegio, a la decisión del gobierno nacional de privatizar el río Paraná por 25 años. Sin dudas, eso implica la entrega de un recurso estratégico a intereses no sólo privados sino fundamentalmente extranjeros, con una incidencia muy particular de Estados Unidos en la trayectoria que ha tenido todo el proceso privatizador.

    Especialistas en hidrología advierten que la profundización del dragado de 34 a 44 pies alterará la dinámica del río, acelerará la erosión de las costas y afectará la biodiversidad, el acceso al agua y las economías regionales, como ya ocurrió en Victoria (Entre Ríos).



    También señalan que la desregulación y privatización del sistema fluvial impactaría negativamente en el cabotaje nacional y pondría en riesgo puestos de trabajo. En ese sentido, remarcan que las principales potencias del mundo, como Estados Unidos y China, mantienen control estatal sobre sus ríos por su valor estratégico en la logística, el comercio y la seguridad.

    La reciente decisión de Milei y el proceso que culminó en la adjudicación están plagados de irregularidades y de intereses económicos que nada tienen que ver con el desarrollo de la región en el plano nacional e internacional, sino con nichos corporativos cuyo propósito principal es incrementar su tasa de ganancia.

    La primera convocatoria de la llamada Vía Navegable Troncal del Río Paraná de diciembre de 2024 quedó sin efecto en medio de sospechas, denuncias y tironeos espurios.
    A eso se sumó la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de eliminar, mediante el Decreto 699/24, el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable – ECOVINA, único espacio de participación de las provincias del litoral fluvial: Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Chaco, Santa Fe y Buenos Aires quedaron afuera. Las declaraciones de Frigerio, además de inconsistentes, sólo expusieron la ausencia de compromiso en la defensa real de los intereses locales.

    El 3 de noviembre de 2025 se llevó a cabo por plataforma la Audiencia Pública, convocada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, en la que estuve presente. Los funcionarios del Gobierno de Entre Ríos inscriptos no participaron. En la audiencia, el 90% de las exposiciones rechazó las condiciones de los pliegos, señalando la falta de estudios de impacto ambiental, cuestionamientos a la profundidad del dragado y el incumplimiento del Acuerdo de Escazú, entre otras críticas.

    Río Paraná: el sentido explícito de un gobierno vende patria
    Blanca Osuna, diputada nacional de UxP y autora de esta nota.
    Foto: Prensa Diputados

    Sin embargo, pese a lo expresado en noviembre, el Gobierno convocó una nueva licitación el 18 de diciembre del mismo año.

    Previa a la adjudicación, que ya se evidenciaba con marcada preferencia a favor de la La PIA emitió en mayo un dictamen[1] que advirtió graves irregularidades en la licitación vinculada a la empresa Jan De Nul, señalando posibles consecuencias penales.

    Entre los puntos observados se incluyen la falta de Evaluación de Impacto Ambiental Integral, incumplimientos normativos, desigualdad entre oferentes, restricciones a impugnaciones y ausencia de criterios objetivos de evaluación. También cuestionó la debilidad del control del organismo licitante.

    El informe advirtió además posibles conflictos de interés y señaló que lo actuado podría derivar en responsabilidades administrativas y judiciales, aún en análisis.

    El Día de la Bandera, el 20 de junio, fue publicada en el BO la adjudicación de este negociado al consorcio Jan De Nul – ServiMagnus, difícil imaginar un gesto más oprobioso ante la entrega de la cuenca hídrica más grande de Sudamérica.

    Antecedentes

    En mi intervención en el recinto cité antecedentes jurisprudenciales relevantes que fundamentan el valor del federalismo en la defensa del Paraná como recurso estratégico.

    El Túnel Subfluvial, acordado en 1960 entre Entre Ríos y Santa Fe ante la falta de financiamiento nacional, se inauguró en 1969 y dio origen a un modelo de gestión interprovincial del río, basado en el dominio compartido de sus recursos.

    La Ley de Libertad de los Ríos (1997), fruto de la movilización popular y con rango constitucional en Entre Ríos, fue clave para frenar el proyecto de la represa Paraná Medio, consolidando una defensa del territorio frente a decisiones centralizadas.

    Por último, los incendios en las islas en 2008 derivaron en fallos judiciales que obligaron a la coordinación interprovincial mediante el PIECAS-DP, un acuerdo para la protección del Delta del Paraná cuya continuidad, sin embargo, ha sido débil en los últimos años.

    ¿Qué dejan en claro estos antecedentes? El valor del sentido federal, el desafío democrático que implican algunas decisiones, el poder de convocatoria que sostienen la defensa de los bienes naturales cuando están en riesgo.

    Y frente al afán oficial de dilapidar soberanía a intereses corporativos, esa convocatoria se justifica.

    Estas razones fundan nuestro rechazo a la pretensión de instituir un Consejo de Control integrado por «usuarios», donde prevalezcan la Bolsa de Rosario y las cámaras portuarias, priorizando sus finanzas y de espaldas al bien común.

    La envergadura y el impacto de esta privatización exigen que el Congreso de la Nación y las provincias participen formalmente.

    Aún tienen vigencia parlamentaria el proyecto que presenté de creación de la Comisión Administradora del Río Paraná (4053-D-2025)[2], como ente público interjurisdiccional con representación de las provincias ribereñas e instituciones.
    Y asimismo el proyecto de Comisión de Seguimiento y Control de la Licitación VNT (105-D-2026), de la diputada Propato[3].

    Una premisa irrefutable: el río Paraná no es mercancía.

    Y no lo será, pese a que el agua dulce comenzó a cotizarse desde 2020, vía contratos de futuro, en la Bolsa de Wall Street de Nueva York como bien transable.

    El Paraná es eje vertebrador de una región de riqueza social, ambiental, económica y de gran dimensión geopolítica.

    Delegar el control estatal es resignar capacidad de decisión sobre nuestros recursos y nuestro desarrollo.

    Sostener la defensa de los ríos Paraná, Uruguay y Gualeguay y los cursos de agua que atraviesan nuestra provincia es parte de la identidad entrerriana, y es una materia que está en juego todos los días. Por eso decimos no al dragado a 44 pies. Por eso no resignaremos postura y exigiremos el cumplimiento de normas vigentes y la participación de los sectores implicados.
    El control y la preservación de la principal vía fluvial del país es un desafío cuya resolución política es el gran interrogante que requiere respuestas para el tiempo que viene.

    Defender el Paraná frente a esta brutal entrega es defender la soberanía, el trabajo, la producción y la vida.


    [1]https://www.mpf.gob.ar/pia/files/2026/05/Expte-113-26-y-119-25-dictamen-15-5-26.pdf?utm_source=chatgpt.com

    [2]https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2025/PDF2025/TP2025/4053-D-2025.pdf

    [3] https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/detalle_tp_adjunto/index.html?id=289598

    Río Paraná: el sentido explícito de un gobierno vende patria

  • Con foco en el campo y las economías regionales, el peronismo debatió una alternativa de gobierno

    Con foco en el campo y las economías regionales, el peronismo debatió una alternativa de gobierno

    Con una amplia convocatoria y una fuerte representación territorial, más de 1.600 asistentes participaron este lunes en el Encuentro Regional “El Peronismo Debate para ser Alternativa Nacional”, realizado en el Salón Malvinas Argentinas del Sindicato de la Carne de Concepción del Uruguay. Del encuentro formaron parte más de 40 intendentes de distintas provincias, legisladores nacionales y provinciales, funcionarios, dirigentes políticos, representantes del sector productivo, universidades y organizaciones sociales.

    La jornada ratificó el camino iniciado el pasado 1° de mayo en Parque Norte bajo la consigna de priorizar las ideas y las propuestas por sobre las discusiones centradas en candidaturas, con el objetivo de construir una alternativa nacional desde una mirada federal, productiva y con capacidad de representar la diversidad de la Argentina.

    En ese marco, uno de los principales resultados del encuentro fue la elaboración de un documento base denominado “Programa Federal por la Competitividad Agropecuaria”, orientado a impulsar una agenda integral para el desarrollo del sector agroindustrial argentino. La propuesta plantea la necesidad de revisar los factores que afectan la competitividad de la producción, avanzar en mejoras de infraestructura logística, promover la innovación y el desarrollo tecnológico, debatir una nueva ley de semillas y una ley de riego, así como fortalecer las cadenas de valor vinculadas al agro y las economías regionales.

    En ese sentido, el escrito propone dejar atrás las miradas que conciben al sector agroindustrial únicamente como una fuente de recursos para resolver desequilibrios coyunturales y plantea la necesidad de consolidarlo como un motor estratégico del desarrollo nacional. Asimismo, sostiene que el equilibrio fiscal debe alcanzarse potenciando el crecimiento, la inversión y las exportaciones, promoviendo una estrategia que integre campo, industria, ciencia, tecnología y trabajo para generar más producción, arraigo y oportunidades en todo el país.

    Voces del encuentro

    Durante el encuentro, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz destacó la importancia de que “las decisiones del peronismo que viene se tomen en función de representar y reflejar a la Argentina federal”. En ese sentido, remarcó que el espacio busca profundizar el debate iniciado en Parque Norte sobre “los principios de orden económico, equilibrio fiscal y equilibrio social con la gente adentro”, y sostuvo que resulta imprescindible discutir la relación del peronismo con el sector agroindustrial y las economías regionales como motores del desarrollo nacional.

    La diputada, que antes de iniciar su discurso brindó un sentido homenaje a Taty Almeida, histórica referente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, tras su fallecimiento, destacó su legado en la defensa de los derechos humanos y reafirmó el compromiso del peronismo con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Asimismo, sostuvo que “no hay economía que funcione con la gente pasándola mal” y planteó que cualquier programa económico debe tener como objetivo central mejorar las condiciones de vida de la población. “Tenemos un único objetivo que es sacar del enorme sufrimiento al pueblo argentino”, expresó.

    Peronismo Federal (1)

    Por su parte, el titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos, sostuvo que el desafío del peronismo es ofrecer una alternativa frente a “un modelo de país financiero y primario” impulsado por el Gobierno nacional.

    “Nosotros pensamos una Argentina productiva, donde el trabajo sea el eje central de la organización económica y de la vida de los argentinos”, afirmó. Además, cuestionó que mientras el oficialismo “defiende un solo empleo, el del Jefe de Gabinete”, el peronismo debe defender “a los cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que están perdiendo el trabajo por culpa de Milei”. Por último, remarcó que “creen que con una condena injusta contra Cristina van a silenciar al peronismo, pero nuestra historia demuestra que vamos a levantarnos y volver a ser gobierno en la Argentina en 2027”.

    Finalmente, Guillermo Michel advirtió que el debate que atraviesa hoy a la Argentina “no es solamente sobre un programa económico, sino sobre el modelo social que se quiere construir”. En ese sentido, cuestionó las políticas del gobierno de Javier Milei al sostener que busca “peruanizar la economía argentina”, consolidando una sociedad cada vez más desigual, con una clase media debilitada y una creciente pérdida de capacidades industriales y de movilidad social ascendente.

    “Lo que está en juego en esta elección no es únicamente un programa económico, sino el modelo social que queremos para nuestro país”, afirmó. Asimismo, planteó que el desafío del peronismo es construir una alternativa amplia y convocante: “Tenemos que trabajar pensando cómo ampliar el peronismo y representar a la mayoría de los argentinos. El futuro de este país le pertenece al peronismo”.

    Desarrollo de dos comisiones

    Durante la jornada se desarrollaron dos comisiones de trabajo con la participación de más de 15 expositores en cada una, entre intendentes, legisladores nacionales y provinciales, funcionarios, especialistas y representantes de distintos sectores productivos.

    La comisión “Agroindustria y economías regionales para el desarrollo” abordó los desafíos vinculados a la competitividad del sector agropecuario, la necesidad de revisar los factores que afectan la producción y las exportaciones, el fortalecimiento de la infraestructura logística, la incorporación de innovación y tecnología y el impulso de marcos normativos que favorezcan el desarrollo sostenible del entramado productivo argentino. También se planteó la importancia de acompañar a la industria metalúrgica y de maquinaria agrícola frente al complejo contexto económico actual.

    Por su parte, la comisión “Economía con Inclusión” debatió sobre la necesidad de consolidar un esquema macroeconómico ordenado, con equilibrio fiscal y previsibilidad, pero con el trabajo, la producción y la inclusión social como ejes centrales de una estrategia de desarrollo que permita reconstruir el tejido social y productivo del país.

    El encuentro dejó una definición compartida: la construcción de una alternativa nacional requiere ampliar el debate, escuchar a las provincias y recuperar una visión federal del desarrollo. Concepción del Uruguay se convirtió así en una nueva etapa de un proceso político que busca poner nuevamente a las ideas, la producción y el trabajo en el centro de la agenda del peronismo.

    Programa Federal por la Competitividad Agropecuaria

    Granja Tres Arroyos y defensa del empleo

    En el marco de la jornada, Victoria Tolosa Paz, Federico Achával, Guillermo Michel, Juan Manuel Olmos y Kelly Olmos, entre otros, mantuvieron una reunión con trabajadores y trabajadoras de Granja Tres Arroyos, representantes gremiales del Sindicato de la Carne y Cristian Jerónimo, uno de los secretarios generales de la CGT, para analizar la delicada situación que atraviesa la principal empresa avícola de Concepción del Uruguay. Los referentes del espacio expresaron su preocupación por la crisis que afecta a cerca de mil puestos de trabajo y que desde hace más de un año impacta sobre las condiciones laborales y salariales de las familias vinculadas a la actividad.

    En el lugar coincidieron en que la avicultura constituye un sector estratégico para Entre Ríos y para el desarrollo nacional, advirtiendo sobre las consecuencias que generan las políticas económicas que deterioran las capacidades productivas y ponen en riesgo las cadenas de valor asociadas a la producción de alimentos. Asimismo, asumieron el compromiso de trasladar esta preocupación al ámbito de la CGT y avanzar en el análisis de iniciativas legislativas que contribuyan a preservar el empleo, fortalecer al sector avícola y proteger una actividad fundamental para la economía regional entrerriana.

  • Diego Santilli busca destrabar la reforma electoral con los gobernadores pero persisten dudas en el Senado

    Diego Santilli busca destrabar la reforma electoral con los gobernadores pero persisten dudas en el Senado

    El inicio del Mundial 2026 no solo conlleva una nueva ilusión nacional, sino también la oportunidad para que la opinión pública se concentre en cuestiones foráneas a la política. Por eso, cuando el jueves 11 de junio la pelota rodó en el legendario Estadio Azteca, hubo alivio en la Casa Rosada. No precisamente porque las performances de México o Sudáfrica suscitaran mayor entusiasmo: el oficialismo esperaba, como un soplo en el desierto, una excusa que corriera las miradas de Manuel Adorni y la interna palaciega.

    Más allá del stand by general que atravesarán las reyertas durante el certamen, algunos frentes continuarán abiertos. Uno de ellos es la reforma electoral, iniciativa que corre una carrera contra reloj. La intención de los libertarios es implementar las modificaciones en los comicios del 2027. En criollo: necesitan luz verde del Congreso cuanto antes. Caso contrario, todo seguirá igual.

    Las negociaciones con los gobernadores

    Así las cosas, Diego Santilli se puso al frente en los últimos días de una nueva ronda de conversaciones con los gobernadores dialoguistas y aliados. Por su oficina desfilaron Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Rolando Figueroa (Neuquén) y Raúl Jalil (Catamarca). Antes, el ministro del Interior había viajado a Misiones, donde se entrevistó con Carlos Rovira, el hombre fuerte de la provincia, y con el mandatario Hugo Passalacqua, una jugada a dos bandas para no lastimar susceptibilidades. El martes, recibirá al chaqueño Leandro Zdero y más tarde al sanjuanino Marcelo Orrego.

    La novedad de la jornada será que también visitará Balcarce 50 el fueguino Gustavo Melella, quien todavía no tiene foto con el “Colo”.

    Con Frigerio no hay mayor novedad. Aliado de La Libertad Avanza (LLA), se mostró proclive a acompañar los cambios en el sistema electoral desde el comienzo. No obstante, en su entorno aclaran que habrá que “puntear de manera más fina” la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Como contraparte, llevó un menú de pedidos con eje en las rutas 18 y 12, el pedido de traspaso de la Ruta Nacional 127 y la compensación de la tarifa eléctrica por el excedente que genera Salto Grande.

    También estuvieron en el temario la actualización por la deuda de Nación con la caja de jubilaciones entrerriana y sobre los adelantos de coparticipación federal . “Fueron todas cuestiones muy duras de gestión”, graficaron.

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    Más allá del diálogo directo entre la Casa Rosada y los jefes provinciales, en el Congreso no son optimistas, al menos en el corto plazo. Desde despachos violetas comentaron que la reforma se mantendrá freezada hasta agosto y que la sumatoria de proyectos en danza generó un cuello de botella, tal como contó Ámbito semanas atrás.

    El pendrive gate que tuvo, una vez más, a Manuel Adorni como protagonista no cayó bien entre los apóstoles legislativos de Milei. Además, por ahora, contrario a lo que piden aliados y dialoguistas, Ficha Limpia sigue dentro del proyecto y no se trataría aparte. “Es un consenso entre Patricia Bullrich y Karina Milei”, admiten en el cuadrante liberal. Leen, además, que los provincialismos tendrán la llave para destrabar el debate.

    Dentro de ese grupo se ubican los mandatarios Rolando Figueroa, Hugo Passalacqua, el santacruceño Claudio Vidal, el salteño Gustavo Sáenz y el rionegrino Alberto Weretilneck. El grupo tiene influencia sobre un puñado de cinco legisladores: Julieta Corroza (Neuquén), Sonia Rojas Decut y Carlos Arce (Misiones); y Flavia Royón (Salta). Sáenz, además, suele jugar en tándem con la peronista Carolina Moisés, de Jujuy.

    Vidal se quedó sin representación en la Cámara alta luego de que José María Carambia y Natalia Gadano rompieran con él. Weretilneck, en tanto, perdió a su única alfil en las elecciones pasadas y ya no cuenta con bancas propias.

    Hasta el momento los oficialismos que acompañarían la reforma electoral serían los de Entre Ríos, Chaco, Misiones, San Juan, Catamarca y Mendoza. En este último distrito, el gobernador Alfredo Cornejo está dispuesto a apoyar la eliminación de las PASO, aunque se rehúsa a hacer lo mismo en los comicios locales. Ese fue uno de los puntos que dejó en claro en la reunión que mantuvo meses atrás en la Casa Rosada con Karina Milei y el ministro del Interior.

    Cabe recordar que la iniciativa requerirá de una mayoría especial: 138 votos en Diputados y 37 en el Senado, donde los mandatarios son los grandes accionistas de las bancas.

    Semanas atrás, los 10 mandatarios norteños se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) con Diego Santilli y dejaron una carpeta de reclamos pendientes para que el Gobierno tome nota. Más allá de la expectativa por incorporar un régimen de zona cálida -moneda de cambio para los apoyos a los cambios en zona fría-, la preocupación central hoy es el abastecimiento de gas de cara al invierno.

    Gobernadores CFI Santilli

    Los 10 gobernadores norteños se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones con Diego Santilli.

    Los 10 gobernadores norteños se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones con Diego Santilli.

    Finalizado ese cónclave, el salteño Gustavo Sáenz, uno de los caciques más cercanos a la gestión libertaria, dejó una advertencia. “Entendemos que el Gobierno nacional tiene apuro y que quiere que algunos proyectos se traten rápidamente, como la reforma electoral, pero no creo que sean los problemas que la gente está esperando que se resuelva, sobre todo en el norte”, disparó.

    La jornada, como contó Ámbito, tuvo su epílogo en una cena que compartieron, al menos, Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Alberto Weretilneck (Río Negro) e Ignacio Torres (Chubut). Allí los líderes peronistas propusieron ser candidatos únicos en sus provincias y que de su boleta cuelguen dos listas distintas para los cargos legislativos y ejecutivos distritales: una del PJ con los postulantes del peronismo y otra con la oferta de La Libertad Avanza.

    Por ahora, la idea está en tapa de análisis. A la par, algunos líderes ya coquetean con desdoblar el calendario. El tucumano Jaldo dejó dos definiciones de peso. Anticipó que volverá a compartir fórmula con su actual vice, Miguel Acevedo, y que la provincia iría a las urnas en mayo, probablemente el tercer domingo.

    Aunque en todos los campamentos dan cuenta de que las cuestiones electorales todavía no forman parte de las conversaciones coyunturales, lo cierto es que el calendario aprieta, los gobernadores buscan certezas y el oficialismo pretende eliminar las PASO.

  • Macri se mostró con Frigerio y Pullaro: preocupación por la economía, señales del apoyo al Gobierno y dudas sobre 2027

    Macri se mostró con Frigerio y Pullaro: preocupación por la economía, señales del apoyo al Gobierno y dudas sobre 2027

    Mauricio Macri llegó a Paraná el viernes al mediodía. Luego se trasladó a Santa Fe donde por la tarde realizó un nuevo encuentro de la dirigencia y la militancia del PRO. Esta vez la convocatoria regional alcanzó a Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y La Pampa.

    En la previa, el ex presidente habló con los medios locales y destacó los logros de la gestión de Pullaro y le dio su respaldo para la reelección. Cuando le preguntaron si estaba en carrera para la presidencia, respondió: “Me estoy preparando para correr 100 metros”.

    En otro momento, le consultaron si tiene diálogo con Patricia Bullrich. “No. Hace rato que no hablamos”, contestó.

    También aprovechó para dejar su diagnóstico de la situación argentina. “El momento no es fácil. No es sencillo producir un cambio tan profundo como el que se necesita para curarse del populismo y que no vuelva a destruir el avance, como lo hizo durante 2019/2023”, dijo.

    “Por eso -agregó- nosotros estamos apoyando leyes difíciles que le permitan (al Gobierno) seguir llevando adelante las transformaciones”, acotó. “Hay que estar cerca de la gente y tener un comportamiento ejemplar. Porque si no, el que está haciendo el esfuerzo no lo tolera. Hay mucha mejora en la implementación pero el rumbo es exactamente el mismo que llevamos nosotros”

    Antes de cruzar el túnel subfluvial almorzó con Frigerio. Sobre la mesa, el ex mandatario dejó dos preocupaciones centrales: la economía y la política.

    Con respecto al primer eje, Macri mostró su inquietud sobre el estancamiento que se registra en la actividad y el consumo. En particular, hizo foco sobre los datos del primer trimestre del año que fueron muy malos.

    El gobernador de Entre Ríos reconoció que el período enero-marzo había sido complejo. Esto, aseveró, había impactado en los recursos de coparticipación y en la recaudación propia de Entre Ríos. Pero luego señaló que durante abril se notó un cambio. Y que mayo ya mostró una mejora en los recursos federales y en los tributos provinciales. Señaló el caso de los ingresos brutos, cuya suba marca un aumento del consumo.

    Los diferentes análisis partían de perspectivas distintas. Macri se centraba en lo que pasa en el AMBA (área metropolitana de Buenos Aires). El Gobernador, en tanto, aportaba elementos de lo que pasa en su provincia y de lo que charla con otros gobernadores.

    Mauricio Macri y Rogelio Frigerio

    Mientras degustaban una boga a la pizza en el restaurant de un hotel de la zona del parque de la capital entrerriana, Frigerio aprovechó para contarle qué está haciendo en Entre Ríos. En primer lugar, le mencionó el proceso de reforma previsional que encaró para terminar con el déficit de la caja de jubilaciones. Luego le habló de un régimen propio de incentivo a las inversiones, complementario del RIGI, que ya sumó proyectos por $300 mil millones y creó unos 2 mil puestos de trabajo.

    Además, le describió el proceso de inversión en rutas. Y la posibilidad de hacerse cargo de algunos caminos nacionales para mejorar su transitabilidad.

    Macri y Frigerio monopolizaron el diálogo durante el almuerzo a pesar de que en la mesa se contaban diez comensales. Uno de ellos era Fernando de Andreis, uno de los dirigentes más cercanos al expresidente. Otro era Mauricio Colello, secretario general de la Gobernación y miembro del tridente de poder en Entre Ríos que se completa con Manuel Troncoso, ministro de Gobierno.

    El otro tema de alto voltaje sobre el que cambiaron pareceres fue el escenario político. A Macri le intriga saber qué pasará con Milei. A su preocupación le puso números. Contó que el Presidente está en las mediciones con los mismos valores que tuvo él cuando se fue del gobierno en 2019.

    “¿Dónde están todos los que lo votaron en el balotaje?”, se preguntó en voz alta. A este interrogante concatenó otros: ¿Podrá el mandatario recuperar a los desencantados con su gobierno? ¿Logrará rearmar mayorías para imponerse en un eventual segunda vuelta en 2027?

    Frigerio fue más cauto. Sumó al análisis que aún falta mucho tiempo. En Argentina, un año y medio es un montón, argumentó. Además, señaló que la oposición aún no ha podido ordenar su oferta electoral.

    Para los postres la charla derivó hacia el fútbol. Macri trocó los interrogantes sobre Milei por los cuestionamientos al presidente de Boca, Juan Román Riquelme. Y terminó el postre mascullando la temprana eliminación de la Copa Libertadores. Del otro lado de la mesa el panorama no era mejor. El Gobernador es confeso hincha de River. Y la tristeza por la final perdida contra Belgrano aún perdura.

    Pullaro y Macri visitaron obras que realiza Santa Fe para el Odesur 2026. Con ellos estuvo el intendente de la Capital, Juan Pablo Poletti, y la exvice y actual diputada nacional Gisela Scaglia. La legisladora también preside el PRO Santa Fe aunque en el Congreso es jefa del bloque Provincias Unidas, el frente que armaron algunos gobernadores como tercera vía en 2025.

    Luego, regresaron a Casa de Gobierno. En el Salón Blanco dieron una conferencia de prensa. “El PRO le dio mucho a esta provincia. Primero, la mejor vice que ha tenido la provincia de Santa Fe”, resaltó Pullaro apuntando a Scaglia.

    Mauricio Macri y Maximiliano Pullaro

    Luego, recordó que el PRO tiene tres miembros en el gabinete provincial y gran cantidad de intendentes. “No hay diferencias ideológicas en el Frente Unidos para Cambiar Santa Fe”, señaló el mandatario provincial. Se refería al conglomerado electoral que conformaron la UCR, el Socialismo y el PRO en 2023 para vencer al PJ.

    “Somos gente de trabajo, de gestión”, completó Pullaro.

    En el acto del “Próximo Paso”, Macri fue antecedido por un grupo de jóvenes PRO, la senadora nacional María Victoria Huala (La Pampa), Scaglia y De Andreis y Frigerio. Llegó bailando al atril, de buen humor y cortó en seco el canto de “Mauricio Presidente” que surgió de la convocatoria. “Eso dijimos que no”, dijo sonriendo.

    En uno de los párrafos de su alocución, reclamó que el equilibrio y el ordenamiento económico “no puede estar en el aire. Tiene que estar sustentado en instituciones que garanticen que las cosas funcionen”.

    Una de ellas es la Justicia, definió. Al respecto, señaló: “En estos días vimos cosas que no deberían suceder. Anuncios que se hacen y que luego se corrigen y vuelven atrás. Eso daña. El compromiso tiene que ser serio y definitivo para nombrar como corresponde a jueces y fiscales en Tribunales vacantes. No puede ser improvisado”, remató.

    La referencia fue al pliego de Verónica Michelli, que el Ejecutivo envió al Senado y luego pretendió retirar. En la semana, se aprobó su designación por amplia mayoría.

    Luego, indicó: “No hay que apuntar a una sola persona. Tiene que haber mucha gente poniendo límites, para que aquel que recibió el poder no crea que es más que las instituciones. Jamás nos debemos sentir más importantes que aquello que venimos a representar. Eso es el principio del fin de todo”.

    Al cierre, citó una frase del libro «Para qué». “La sociedad puede perdonar errores. Pero el quiebre moral no lo perdona nunca”.