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Comprar los mismos productos, de igual marca, en el mismo día, no cuesta lo mismo en todo el país. El fenómeno excede la percepción aislada de quien viaja y compara changos de supermercado, se trata de un patrón que se repite mes tras mes y que, según los analistas de mercado, tiene una lógica propia, independiente de la inflación general en cada territorio.

La geografía argentina, con distancias enormes entre los centros de producción y los puntos de consumo, y con una población distribuida de manera desigual, explica buena parte de esa diferencia. Pero no es el único factor. Los salarios, la escala de cada mercado local, la presión impositiva provincial y municipal y hasta la disponibilidad de mano de obra también entran en la ecuación de por qué una misma canasta puede salir más cara en un punto del mapa que en otro.

Un relevamiento de la Universidad de San Andrés (Udesa), elaborado a partir de datos de la Secretaría de Comercio, permite cuantificar esa brecha con un criterio simple: toma una canasta de productos y mide cuánto cuesta en cada provincia en relación con el promedio nacional. El resultado es un ordenamiento donde ninguna jurisdicción paga exactamente lo mismo que la de al lado, y donde la distancia entre los extremos supera ampliamente los diez puntos porcentuales.

Ahora bien, el ranking muestra un patrón geográfico bastante marcado. La Pampa encabeza la lista de las provincias más caras, con precios 8,1% por encima del promedio nacional, seguida de cerca por Santa Cruz (7,4%), Chubut (7,1%) y Neuquén (6,4%). En el otro extremo, Chaco es la provincia más barata, con 4,5% por debajo del promedio de precios a nivel nacional, por delante de Corrientes (-4%) y Entre Ríos (-3,5 por ciento).

El informe de Udesa también ofrece una lectura por región: según ese corte, la Patagonia es la zona más cara del país, con 6,6% por encima del promedio nacional, mientras que la Ciudad de Buenos Aires aparece como la más barata, con 3,9% por debajo. La brecha entre ambos extremos regionales llega a 10,5 puntos porcentuales, y la dispersión promedio entre las nueve categorías relevadas en agosto se ubicó en 8,1 por ciento.

No obstante, el análisis provincia por provincia matiza esa fotografía regional. Con una diferencia de menos 1,6% respecto del promedio nacional, CABA no es la jurisdicción más barata del país: queda detrás de Chaco, Corrientes y Entre Ríos, entre otras provincias con precios relativamente más bajos. La diferencia entre mirar el fenómeno por región o por distrito no es menor a la hora de identificar dónde está, en rigor, el piso de precios del país.

Para Damián Di Pace, analista económico y director de la consultora Focus Market, en el caso de la Patagonia, el principal componente que explica que los precios sean más altos es la logística. “Las mayores distancias respecto de los centros de producción y distribución, junto con los costos de transporte, almacenamiento y energía, terminan trasladándose a los precios finales. También influyen el nivel de ingresos y la estructura de costos locales, como alquileres, salarios y servicios, además de la menor escala de algunos mercados, que reducen la competencia y elevan los márgenes comerciales”, explicó.

Diego Piccardo, economista jefe de Fundación Libertad y Progreso, agrega un matiz sobre cómo se reparten los costos fijos del transporte: “Abastecer una región con poca población significa repartir los costos de transporte, almacenamiento y distribución entre menor cantidad de productos vendidos. Un camión que recorre una larga distancia para abastecer un mercado pequeño termina teniendo un costo logístico por producto mucho mayor que uno que abastece grandes centros urbanos. Este efecto ayuda a explicar por qué la Patagonia presenta, en general, precios más elevados”.

El informe de Udesa detectó que los lácteos cuestan 10,3% más que el promedio nacional en la Patagonia y 10,1% menos en la Ciudad de Buenos Aires. Algo similar ocurre con los productos para higiene y perfumería: 9,8% más caros en la región patagónica que en el resto del país.

Di Pace agregó: “Las diferencias de precios superiores al 30% en rubros como carnes y lácteos se explican, en buena medida, por la estructura de costos de cada región. Son productos que requieren transporte frecuente, conservación y cadena de frío, por lo que el costo logístico tiene una incidencia significativa sobre el precio final. Por eso, una diferencia de 30% no necesariamente significa que el productor esté cobrando 30% más: buena parte de la brecha puede generarse en las etapas intermedias de distribución y comercialización”.

Piccardo resaltó: “En los bienes perecederos el costo de la logística es mayor que en los productos no perecederos. Carnes y lácteos requieren cadena de frío, reposición más frecuente, menores tiempos de almacenamiento y además tienen riesgo de pérdida por vencimiento o deterioro. En cambio, un producto seco puede transportarse en grandes cantidades, almacenarse durante meses y esperar a ser vendido. Además, en los perecederos, especialmente en provincias alejadas o con mercados pequeños, esos costos adicionales se reparten entre menos unidades y terminan reflejándose mucho más en el precio final”.

La otra cara del análisis pasa por los ingresos. Según datos del Ministerio de Capital Humano, Neuquén tiene el salario promedio neto más alto del sector privado formal del país, con $3.161.126 a marzo de 2026, seguida por Santa Cruz y Chubut. CABA, en tanto, ocupa el cuarto lugar del ranking salarial, con $2.260.042 netos, pese a exhibir precios relativamente bajos frente al resto del país.

Di Pace explicó que la relación entre salarios altos y precios altos no es casual en las provincias patagónicas: hay actividades como el petróleo, el gas o la minería que pagan salarios elevados y elevan el ingreso promedio de toda la región, lo que a su vez sostiene mayor demanda local y permite que comercios y prestadores trasladen a precios sus propios costos más altos de alquileres, salarios y transporte.

Pero advirtió sobre una confusión frecuente entre ese ingreso nominal y el poder de compra efectivo: “El punto clave es que un salario nominalmente más alto no implica necesariamente un mayor poder adquisitivo. Si una persona gana 30% más pero la canasta que consume cuesta 40% más, en términos reales puede estar peor”, sostuvo.

“En provincias donde una parte relevante de la población tiene ingresos altos, los comercios enfrentan consumidores con mayor capacidad de pago y pueden sostener niveles de precios más elevados. Neuquén es un buen ejemplo: los altos salarios vinculados a la actividad petrolera elevan el ingreso disponible y presionan sobre el costo de vida, especialmente en bienes y servicios no transables y en mercados con oferta relativamente limitada”, dijo Piccardo.

Daniel Garro, economista y director de Value International Group, propuso otra clave de lectura, apoyada en el concepto de paridad de poder adquisitivo. “Las canastas van a presentar diferencias de precios en distintas regiones, provincias y ciudades por un concepto denominado paridad de poder adquisitivo. No me refiero a la paridad de poder adquisitivo que utiliza el mainstream económico, sino a la que mencionan Mises y Rothbard en sus libros, la cual se ajusta mucho más a la realidad”, explicó.

Para Garro, esa mirada permite entender por qué incluso dentro de una misma provincia hay variaciones de precios y por qué las productividades desiguales entre trabajadores de distintas regiones vuelven inviable la idea de un mismo precio o un mismo salario para todo el país.

Ese razonamiento tiene, según Garro, un ejemplo de aplicación inmediata. “Hoy se observa una fuerte diferencia de precios en San Juan, donde el valor de los alquileres se disparó debido al volumen de inversiones mineras y al flujo de trabajadores, empleados y directivos de empresas que se radicaron allí. Eso genera una fuerte dispersión, tanto salarial como de precios”, destacó.

La morosidad en los créditos a las familias volvió a aumentar en julio y alcanzó el 18% del total de los préstamos, según el Monitor Mensual de Crédito a las Familias elaborado por Eco Go y la Universidad Austral. El indicador acumula 21 meses consecutivos de subas y registró un aumento de 10,3 puntos porcentuales en la comparación interanual.

Si se analiza el impacto por cantidad de personas y no solo por los montos adeudados, la proporción de deudores en mora trepó al 26,6% del total de titulares de crédito. Esto implica un incremento de 0,3 puntos porcentuales en el mes y de 8,3 puntos porcentuales frente a julio de 2025.

Por su parte, el stock total de deuda de las familias ascendió a $99,4 billones a precios de julio de 2026. En términos reales, el crédito registró una contracción del 0,7% respecto de junio, aunque todavía sostiene una expansión del 4,7% interanual.

Dónde se concentra la morosidad de los créditos

Al analizar el origen de los préstamos, el sistema financiero tradicional concentra el 85,4% del crédito total, equivalente a $84,9 billones, y registra un índice de mora por monto del 15,8%.

En tanto, los proveedores no financieros de crédito (PNFC), entre los que se encuentran las emisoras de tarjetas no bancarias y las fintechs, concentran el 14,6% del mercado, con créditos por $14,5 billones.

Aunque tienen una participación menor en el total, los PNFC presentan un nivel de morosidad significativamente más elevado: alcanza el 31,3%, por lo que concentran la mayor fragilidad del sistema.

Como dato positivo, el informe destacó la evolución de la mora operativa, que contempla los atrasos correspondientes a las situaciones 3 y 4 y excluye la cartera irrecuperable en situación 5. Este indicador se ubicó en 11,8% del crédito y comenzó a mostrar señales de estabilización.

Las provincias con mayor morosidad

La morosidad también presenta diferencias significativas según la provincia. La Rioja registró el mayor nivel de mora por monto, con 25,3%, seguida por Santa Cruz, con 23,6%, y San Luis, con 23,5%.

En el extremo contrario, los niveles más bajos se observaron en La Pampa (9,6%), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (12,4%) y Entre Ríos (14%).

Por otro lado, el informe analizó la relación entre el crédito a las familias y el Producto Bruto Geográfico (PBG) de cada provincia. Los mayores niveles se registraron en Tucumán (13,5%), Catamarca (12,3%) y Formosa (11,8%), que presentan así los niveles más elevados de endeudamiento en relación con su actividad económica.

En cuanto a la evolución mensual del crédito real, La Pampa fue la única provincia que registró un crecimiento, con una suba del 0,5%. En el otro extremo, Chaco tuvo la mayor caída, con una contracción del 2,1% en términos reales.

Proveedores no financieros

El informe también mostró importantes diferencias según quién otorgó el financiamiento. El sistema financiero tradicional concentra el 85,4% del crédito, equivalente a $84,9 billones, y presenta una morosidad del 15,8%.

La situación es más delicada entre los proveedores no financieros de crédito, categoría que incluye, entre otros, a emisoras de tarjetas no bancarias y fintech. Este segmento representa solamente el 14,6% del financiamiento total, con $14,5 billones, pero registra una mora del 31,3%, prácticamente el doble de la observada en el sistema bancario.

Como contrapartida, el estudio encontró una primera señal de estabilización. La denominada mora operativa, que contempla las situaciones 3 y 4 pero excluye los créditos considerados irrecuperables, se ubicó en 11,8% y comenzó a mostrar una meseta.

Fuertes diferencias entre provincias

La Rioja presentó la mayor morosidad por monto del país, con un 25,3%, seguida por Santa Cruz (23,6%) y San Luis (23,5%). En el otro extremo aparecen La Pampa, con apenas 9,6%; la Ciudad de Buenos Aires, con 12,4%; y Entre Ríos, con 14%.

Si se toma la cantidad de personas con dificultades para pagar, La Rioja también encabeza la estadística: el 36,5% de sus deudores está en situación irregular. Le siguen San Juan, con 35,6%, y Catamarca, con 35,5%. Los menores registros corresponden a CABA (15,4%), La Pampa (20,4%) y Santa Fe (23,1%).

El deterioro del crédito, además, comenzó a reflejarse con mayor intensidad entre las empresas. Un informe de la consultora Equilibra indicó que la mora corporativa pasó del 0,7% del monto financiado en noviembre de 2024 al 3,7% en julio de este año.

La cantidad de empresas con atrasos también se duplicó en dos años, desde unas 16.200 hasta casi 37.500, equivalente al 13,4% del total.

El problema se concentra especialmente entre las pymes y en actividades vinculadas al mercado interno. La construcción presenta una morosidad del 7,7% y el comercio del 6,5%, mientras que sectores como minería, energía e intermediación financiera mantienen niveles inferiores al 0,5%.

Así, aunque la mora empresarial permanece muy por debajo de los niveles observados entre las familias, ambos indicadores reflejan un deterioro de la capacidad de pago, mientras el crédito comienza a perder impulso en términos reales.

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El presidente Javier Milei ya había celebrado que los precios mayoristas hayan caído por debajo del 1 por ciento, y se espera que haya efecto arrastre para septiembre.

Pero entre las variables que pueden empujar a la baja los precios y ayudar a reanimar la economía se encuentran los nuevos préstamos hipotecarios.

El Banco Hipotecario, por ejemplo, ofrece una tasa de 7,5% para clientes con cuenta sueldo, con un plazo de hasta 15 años y un monto máximo aproximado de USD 170.000.

Banco Ciudad, por su parte, sumó una nueva línea después de resultar adjudicatario de la licitación del FGS. La entidad lanzó un crédito con tasa de 6,5% para la compra de la primera vivienda, con subsidio del Gobierno porteño, un tope de 80 metros cuadrados en la propiedad y un valor de referencia de USD 2.800 por metro cuadrado.

A la vez, mantiene su línea tradicional de 7,5% para primera vivienda y la de 9,5% para el resto de los casos. Las tres opciones tienen un plazo de hasta 25 años.

Además, con fuerte pesos en el interior del país, los bancos del Grupo Petersen bajan la tasa de sus créditos hipotecarios y ofrecen UVA + 7,5% para primera vivienda.

La nueva línea estará disponible desde esta semana, con préstamos de hasta 150.000 UVAs, plazos de hasta 20 años y un proceso de solicitud 100% digital.

Es exclusiva para clientes que acrediten sus haberes en los bancos del Grupo (Santa Fe, Entre Ríos, San Juan y Santa Cruz).

La nueva línea contempla montos de hasta 150.000 UVAs (actualmente equivale a USD 208.860) y plazos de entre 15 y 20 años, en el marco del programa de financiamiento hipotecario impulsado por el Gobierno Nacional a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES.

Por su parte, el Banco Nación tiene una de las tasas más bajas del sistema, 6,7% para quienes cobran su sueldo en la entidad, con plazos de hasta 30 años y un monto máximo de USD 216.000.

Banco Macro, que ya había bajado su tasa antes de la primera licitación, la redujo nuevamente a 7,5% para cuenta sueldo, con plazos de hasta 20 años y sin límite de monto.

El Banco Galicia recortó su tasa a 7,5% para clientes con cuenta sueldo, a un plazo de hasta 20 años, mientras que Banco Patagonia la bajó de 9,25% a 8,5%, con un plazo de hasta 30 años.

Credicoop, en tanto, ofrece 7,5% para cuenta sueldo y 9% para el resto, con plazos de hasta 20 años y un tope de 141.000 dólares.

Además de las tasas y los plazos, cada entidad exige un ingreso mínimo para acceder al crédito y define bajo qué condiciones se pueden sumar otros ingresos al del titular.

Banco Hipotecario pide un ingreso equivalente a 2,2 salarios mínimos, vitales y móviles, mientras que ICBC de $1.000.000.

En la mayoría de los casos, los bancos permiten sumar los ingresos del cónyuge o conviviente para alcanzar el mínimo requerido, aunque algunas entidades, como Banco Ciudad, amplían esa posibilidad al grupo familiar conviviente, y Comafi permite sumar hasta cuatro miembros de la familia.

El nuevo esquema, que tiene como eje al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, licitó depósitos a plazo fijo entre los bancos con el objetivo de canalizar ese dinero hacia préstamos hipotecarios.

La primera licitación, de una serie de diez previstas, permitió asignar $200.000 millones entre 13 entidades financieras.