El futuro del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se convirtió en el eje de una compleja partida de ajedrez político: mientras crece la presión por su remoción ante las acusaciones de corrupción, un sector clave de gobernadores busca evitar una votación que, según advierten, podría terminar fortaleciendo el relato de “víctima” del presidente Javier Milei. A esta altura, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, encabeza una postura cautelosa dentro del grupo de mandatarios provinciales que suelen acompañar al Gobierno nacional y, junto a sus pares Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), ya dejó en claro que no respaldará una remoción del funcionario. El gobernador cordobés Martín Llaryora tendría una posición distinta a la de Juan Schiaretti, quién había salido a exigir la salida del ex vocero del gobierno, y evaluaría no avanzar con la desviculación legislativa del primer ministro libertario.
Su argumento de fondo del salteño es político-táctico: considera que si el Poder Legislativo desplaza al funcionario, le resuelve un problema a Javier Milei y le entrega en bandeja una narrativa de “persecución” o “golpismo”. A juicio de Sáenz, el costo político de la salida de un funcionario acusado de corrupción debe ser asumido íntegramente por el Presidente. “Hay que dejar que lo eche Milei“, sostienen desde su entorno.
Aquel bloque, que controla el bloque Convicción Federal en el Senado, logró recientemente una tregua: presionaron para levantar la sesión de esta semana y así evitar quedar expuestos ante la embestida del peronismo. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aceptó darles una “semana de gracia”. Si para el próximo jueves 25 de junio el Gobierno no ha tomado una decisión sobre el futuro de su Jefe de Gabinete, el pedido de interpelación avanzará hacia una votación el 2 de julio.
En paralelo, la situación en Córdoba marca una división clara dentro del peronismo no kirchnerista. El gobernador Martín Llaryora decidió tomar distancia de la postura de su antecesor, Juan Schiaretti, quien se ha mostrado alineado con el PRO y Mauricio Macri en la exigencia de la renuncia de Adorni.
Según el llaryorismo, las encuestas de gestión no avalan el involucramiento en la remoción del funcionario. “La gente no lo quiere [a Llaryora] haciendo politiquería, lo quiere gestionando”, explicaron fuentes cercanas al mandatario cordobés. Mientras Schiaretti busca sintonizar con la agenda de la oposición más dura, Llaryora prefiere focalizar sus críticas en la falta de acción nacional sobre delitos federales, como el narcotráfico y la gestión de cárceles.
El Gobierno envió fondos millonarios a tres gobernadores aliados
En un movimiento que combina necesidad fiscal provincial y sintonía política, el Gobierno nacional oficializó este jueves una nueva asistencia financiera destinada a tres provincias clave. A través del Decreto 474/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo autorizó al Ministerio de Economía a reforzar y ampliar los anticipos de coparticipación para las gestiones de Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).
Su medida, que el Gobierno justifica en los considerandos como una forma de “ajustar en equidad a todas las jurisdicciones“, establece techos de hasta $400.000 millones para cada uno de los distritos alcanzados. En el caso de Entre Ríos, la provincia recibirá una ampliación de su anticipo previo: si bien ya contaba con un desembolso anterior, el monto se ajusta para llegar a un total de $370.000 millones inyectados en lo que va del año.
A partir de la administración provincial destacaron que, pese a la asistencia, ya se devolvió la mitad del capital inicial. Jujuy y Santa Fe se incorporan al esquema bajo el mismo tope de $400.000 millones, destinado a cubrir compromisos presupuestarios y afrontar el servicio de deuda pública que presiona las cuentas locales.
En realidad, no se trata de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a fondo perdido y el Gobierno utiliza una herramienta de gestión financiera: anticipos de coparticipación con devolución garantizada. La mecánica es sencilla pero efectiva para el Tesoro: la Secretaría de Hacienda adelanta los recursos, pero el repago está atado a la masa coparticipable futura. Es decir, el Gobierno se asegura el retorno del dinero mediante retenciones automáticas sobre los fondos que, por ley, corresponden a cada provincia.
Para que el esquema sea aprobado, las provincias deben autorizar expresamente a la Secretaría de Hacienda a realizar estos descuentos automáticos. Además, el financiamiento conlleva una tasa fija nominal anual del 15%, lo que representa un costo financiero que las provincias deberán absorber dentro del presente ejercicio fiscal 2026.
MV
