El futuro del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se convirtió en el eje de una compleja partida de ajedrez político: mientras crece la presión por su remoción ante las acusaciones de corrupción, un sector clave de gobernadores busca evitar una votación que, según advierten, podría terminar fortaleciendo el relato de “víctima” del presidente Javier Milei. A esta altura, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, encabeza una postura cautelosa dentro del grupo de mandatarios provinciales que suelen acompañar al Gobierno nacional y, junto a sus pares Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), ya dejó en claro que no respaldará una remoción del funcionario. El gobernador cordobés Martín Llaryora tendría una posición distinta a la de Juan Schiaretti, quién había salido a exigir la salida del ex vocero del gobierno, y evaluaría no avanzar con la desviculación legislativa del primer ministro libertario.
Su argumento de fondo del salteño es político-táctico: considera que si el Poder Legislativo desplaza al funcionario, le resuelve un problema a Javier Milei y le entrega en bandeja una narrativa de “persecución” o “golpismo”. A juicio de Sáenz, el costo político de la salida de un funcionario acusado de corrupción debe ser asumido íntegramente por el Presidente. “Hay que dejar que lo eche Milei“, sostienen desde su entorno.
Aquel bloque, que controla el bloque Convicción Federal en el Senado, logró recientemente una tregua: presionaron para levantar la sesión de esta semana y así evitar quedar expuestos ante la embestida del peronismo. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aceptó darles una “semana de gracia”. Si para el próximo jueves 25 de junio el Gobierno no ha tomado una decisión sobre el futuro de su Jefe de Gabinete, el pedido de interpelación avanzará hacia una votación el 2 de julio.
Manuel Adorni, jefe de Gabinete y uno de los funcionarios más cercanos al presidente Javier Milei
En paralelo, la situación en Córdoba marca una división clara dentro del peronismo no kirchnerista. El gobernador Martín Llaryora decidió tomar distancia de la postura de su antecesor, Juan Schiaretti, quien se ha mostrado alineado con el PRO y Mauricio Macri en la exigencia de la renuncia de Adorni.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, durante una actividad oficial
Según el llaryorismo, las encuestas de gestión no avalan el involucramiento en la remoción del funcionario. “La gente no lo quiere [a Llaryora] haciendo politiquería, lo quiere gestionando”, explicaron fuentes cercanas al mandatario cordobés. Mientras Schiaretti busca sintonizar con la agenda de la oposición más dura, Llaryora prefiere focalizar sus críticas en la falta de acción nacional sobre delitos federales, como el narcotráfico y la gestión de cárceles.
El Gobierno envió fondos millonarios a tres gobernadores aliados
En un movimiento que combina necesidad fiscal provincial y sintonía política, el Gobierno nacional oficializó este jueves una nueva asistencia financiera destinada a tres provincias clave. A través del Decreto 474/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo autorizó al Ministerio de Economía a reforzar y ampliar los anticipos de coparticipación para las gestiones de Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).
Su medida, que el Gobierno justifica en los considerandos como una forma de “ajustar en equidad a todas las jurisdicciones“, establece techos de hasta $400.000 millones para cada uno de los distritos alcanzados. En el caso de Entre Ríos, la provincia recibirá una ampliación de su anticipo previo: si bien ya contaba con un desembolso anterior, el monto se ajusta para llegar a un total de $370.000 millones inyectados en lo que va del año.
A partir de la administración provincial destacaron que, pese a la asistencia, ya se devolvió la mitad del capital inicial. Jujuy y Santa Fe se incorporan al esquema bajo el mismo tope de $400.000 millones, destinado a cubrir compromisos presupuestarios y afrontar el servicio de deuda pública que presiona las cuentas locales.
Javier Milei enfrenta una creciente presión de los gobernadores aliados para resolver la situación de Manuel Adorni
En realidad, no se trata de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a fondo perdido y el Gobierno utiliza una herramienta de gestión financiera: anticipos de coparticipación con devolución garantizada. La mecánica es sencilla pero efectiva para el Tesoro: la Secretaría de Hacienda adelanta los recursos, pero el repago está atado a la masa coparticipable futura. Es decir, el Gobierno se asegura el retorno del dinero mediante retenciones automáticas sobre los fondos que, por ley, corresponden a cada provincia.
Para que el esquema sea aprobado, las provincias deben autorizar expresamente a la Secretaría de Hacienda a realizar estos descuentos automáticos. Además, el financiamiento conlleva una tasa fija nominal anual del 15%, lo que representa un costo financiero que las provincias deberán absorber dentro del presente ejercicio fiscal 2026.
CÓRDOBA.- Entre Ríos recibirá un nuevo adelanto de coparticipación por $150.000 millones en el marco del esquema dispuesto por el Gobierno nacional mediante el decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial. Rogelio Frigerio, aliado electoral de La Libertad Avanza, se había reunido el viernes pasado con el ministro del Interior, Diego Santilli, para destrabar el envío de fondos, a pesar de que las fuentes consultadas dijeron que se tocaron otros temas.
Estos recursos se suman a los $220.000 millones otorgados a comienzos de año, por lo que la provincia alcanzará un total de $370.000 millones en adelantos financieros durante este año.
La reunión con Santilli fue para hablar sobre la reforma electoral y temas de gestión. Además, tal como viene pasando en los encuentros del ministro con los gobernadores, apareció el tema de la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El decreto publicado por el Gobierno nacional estableció un tope de $400.000 millones para este mecanismo de adelantos financieros destinado a las provincias incluidas en la medida.
El esquema establecido por el Gobierno nacional contempla adelantos de recursos coparticipables para atender necesidades financieras transitorias de las provincias. Se trata de fondos que pertenecen a cada jurisdicción y que son girados de manera anticipada para fortalecer su liquidez, con devolución dentro del mismo ejercicio fiscal mediante retenciones automáticas sobre la coparticipación federal.
El adelanto otorgado a Entre Ríos a comienzos de año por $220.000 millones viene siendo cancelado en tiempo y forma por la provincia mediante las retenciones automáticas previstas sobre la coparticipación federal. A la fecha, ya se ha devuelto aproximadamente el 50 por ciento de esos recursos, reflejando una administración ordenada y previsible de las finanzas públicas.
La operatoria prevé una tasa del 15 por ciento anual, significativamente inferior a las condiciones vigentes en los mercados financieros, donde las provincias deberían afrontar costos considerablemente más elevados para obtener financiamiento.
Además de Entre Ríos, el decreto incluye a Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.
Este mecanismo ha sido utilizado históricamente por gobiernos nacionales de distintos signos políticos y constituye una herramienta prevista en la legislación vigente para administrar situaciones transitorias de caja sin recurrir a endeudamiento de mercado. Las finanzas provinciales vienen empeorando este año.
La medida contribuye a fortalecer la planificación financiera de la provincia, “brindando previsibilidad para sostener el funcionamiento del Estado y seguir impulsando las políticas públicas, las obras y los programas que forman parte de la agenda de transformación que Entre Ríos lleva adelante”, según explican desde la provincia.
El Gobierno dispuso este jueves una nueva asistencia financiera para provincias gobernadas por aliados políticos. A través del Decreto 474/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo autorizó al Ministerio de Economía a ampliar el anticipo financiero de la coparticipación otorgado a Entre Ríos y a conceder adelantos similares a Jujuy y Santa Fe.
Según el texto, las tres provincias atraviesan “dificultades financieras transitorias” que les impiden atender compromisos urgentes vinculados con la ejecución de sus presupuestos y la amortización de deudas.
El decreto establece que Entre Ríos, gobernada por el exministro macrista Rogelio Frigerio, recibirá una ampliación de hasta $ 400.000 millones sobre el anticipo financiero que ya había sido otorgado mediante el Decreto 922/2025. Aquella asistencia inicial había sido de hasta $ 220.000 millones y, de acuerdo con los considerandos, fue desembolsada en su totalidad durante enero de este año.
El auxilio también alcanza a otros dos gobernadores radicales dialoguistas: Carlos Sadir, de Jujuy, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe. Cada provincia recibirá anticipos financieros de hasta $ 400.000 millones. En todos los casos, los fondos deberán ser reintegrados dentro del ejercicio fiscal 2026. Se hará mediante la retención del dinero de la coparticipación.
Con esta decisión, Economía vuelve a utilizar la herramienta de anticipos de coparticipación para asistir a gobernaciones con problemas de caja, pero bajo un esquema de devolución garantizado por recursos automáticos. En la práctica, el Tesoro adelanta fondos y se asegura el repago mediante descuentos sobre la masa coparticipable futura.
La Secretaría de Hacienda será la encargada de determinar el monto final a desembolsar a cada provincia, en función de su capacidad de repago y de su participación en la recaudación de tributos nacionales. También quedará facultada para definir las condiciones de desembolso, las formas de cancelación y los acuerdos específicos con cada jurisdicción.
Los anticipos devengarán intereses calculados sobre la base de una tasa fija nominal anual del 15%. La cancelación se realizará mediante la afectación de la participación que cada provincia recibe por el régimen de Coparticipación Federal de Impuestos y otros recursos coparticipables que no tengan un destino específico.
Para acceder a los fondos, Entre Ríos, Jujuy y Santa Fe deberán autorizar a la Secretaría de Hacienda a retener automáticamente esos recursos hasta cubrir el capital anticipado más los intereses correspondientes.
En los considerandos, el Gobierno menciona el Decreto 219/2026, por el cual se había otorgado un anticipo financiero de hasta $ 400.000 millones a cada provincia que lo hubiera solicitado formalmente. En ese marco, la Casa Rosada argumentó que la nueva medida busca “ajustar en equidad a todas las jurisdicciones”, ampliando el monto para Entre Ríos e incorporando a Jujuy y Santa Fe.
La situación de Manuel Adorni tiene paralizado al gobierno de Javier Gerardo Milei. En el Ministerio de Economía están que trinan con no poder difundir los logros económicos, como la baja del riesgo país, el Súper Rigi y los números de la inflación, que se prevé ya por debajo del 2% para la próxima medición. Y en el de Modernización, donde pretenden que el Senado trate la Ley Hojarasca, lamentan que la idea de interpelar o de una moción de censura al contador Manuel Adorni, tenga frenadas las iniciativas oficiales.
Por el Ministerio del Interior han desfilado en la última semana los gobernadores de Corrientes, Entre Ríos, San Juan, Chaco y Tierra del Fuego, quienes fueron recibidos por Diego César Santilli y ya no, por el jefe de Gabinete, al que nadie le regala una foto. La última fue la forzada instantánea que ordenó Karina Elizabeth Milei el día del cumpleaños 70 de Patricia Bullrich, donde la senadora sopló las velitas y evitó, así, dibujar una sonrisa; y donde el atribulado Adorni quedó relegado a un costado, más allá de la gentileza de haberle comprado una torta a su ex compañera de Gabinete.
En la intimidad, el aún jefe de Gabinete destina maldiciones a la jefa del bloque de senadores, por haber sido quien se diferenció públicamente de él, exigiendo que presente su declaración jurada, y diciendo luego que era una “omisión ética” lo que había declarado el funcionario sobre la aparición subrepticia de una montaña de dólares en su casa paterna. Adorni la señala además por diferenciarse del propio Presidente al decir, en voz baja, que ella quiere “al 95% de los periodistas” a diferencia del primer mandatario quien apenas aquerencia a un 5%, según sus propios dichos.
Pero seguramente la inquina será aún mayor cuando sepa que mileístas de extrema cercanía a los hermanos Milei creen que la solución a la crisis política del gobierno se solucionaría con reemplazar al contador observado en la Justicia por la senadora nacional: esto sería, Bullrich a la silla de la Jefatura de Gabinete.
La curtida dirigente dice, ante esta jugada, que ya hubo un intento de adjudicarle el rol de ministro coordinador cuando fue ministra de Seguridad. La mujer se corre de la especie diciendo que está “muy cómoda” en su rol en el Senado. Pero, fundamentalmente, y la verdadera razón del “no” que podría reiterar es que “nunca se va a someter a Karina” Milei, según dicen a su lado. Fin…
En los próximos días, se dará una situación novedosa: el ministro de Economía visitará una provincia en actividad política y se mostrará con un gobernador aliado al Gobierno. La razón de la salida al interior del país de Luis “Toto” Caputo es que verá a Rogelio Frigerio en la ciudad de Paraná. Participará de varias reuniones junto al mandatario local y estará en la cita del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal. Algunos esperaban que, también, recorriera el estado de las obras de las rutas 12 y 14, corredores claves de comunicación entre Entre Ríos y sus distritos limítrofes. La razón del funcionario nacional será la de mostrarse proactivo en las provincias argentinas con obras nacionales, en un momento donde las rutas más importantes del país están en muy mal estado. Ahora, con esta movida, “Toto” Caputo estará activo políticamente y con actos de gestión, en medio de las vicisitudes del culebrón Adorni. Tengo los dedos súper ateridos, de tanto esperar a ese auto que me lleve: rutas argentinas, hasta el fin…
En tanto, en el campamento cristinista hay inquietud porque la Justicia volvió a marcarle límites por los excesos luego de dos movidas: una, encabezada por el intendente camporista Damián Selci, quien iluminó el edificio de San José 1111 (donde Cristina Elisabet Kirchner cumple prisión domiciliaria) con los colores de la Casa Rosada. Y otra, motorizada por la entrenada intendenta Mayra Mendoza, quien colgó una bandera gigantesca desde el mismo inmobiliario hasta un edificio de enfrente. Semejante movida atareó a los vecinos del barrio de Constitución y por eso, hubo una advertencia judicial sobre esas actividades.
Por esa razón, una actividad prevista desde La Matanza para este miércoles fue suspendida y la marcha del kirchnerismo prevista para el próximo sábado -con motivo de cumplirse un año de la detención de CFK- será solo al Parque Lezama y no irá, luego al domicilio de la familia Kirchner. A esa movilización irá el MDF, la agrupación que postula a Axel Kicillof como Presidente. ¿Será el gobernador bonaerense de la partida?
Mientras tanto, una discusión se desató en el seno cristinista: algunos dirigentes postulan que deben actualizar el eje de su reclamo y pasar de “Cristina libre” a “Cristina inocente”. Los que sostienen esta idea es que no se puede seguir peleando por el reclamo de “libertad” sino pasar al de “inocencia”, lo que de paso, corre de lado la postulación de un posible indulto, figura que no reconocería la inocencia en la que creen los seguidores de la ex mandataria peronista. Si querés dar la vuelta, no te quedes con ganas; hay una calesita en el Parque Lezama…
La Auditoría General de la Nación (AGN) cuestionó la gestión habitacional del Estado: más de $276.000 millones gastados sin diagnóstico, planificación, seguimiento y evaluación. El presunto desmanejo detectado por los auditores en los planes de vivienda se dio en un período en el cual la proliferación de villas y asentamientos siguió creciendo. El último Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), actualizado en diciembre de 2025, revela la existencia de 6.467 barrios en los que viven la población más vulnerable, y están habitados por más de cinco millones de personas. Allí, casi el 60% de las casas tienen una conexión irregular a la red eléctrica y de agua; y el 65,92% no tiene red cloacal. El 81,24% de estos barrios son considerados “asentamientos” y el 17,41% “villas”. En 2001 los barrios populares eran 1.300. En este contexto de extrema necesidad por la falta de techos y una vivienda digna con servicios se enmarca el informe de la AGN.
La auditoría ya fue elevada al Congreso de la Nación, del cual depende el organismo de control y del ministro de Economía, Luis Caputo,ya que las competencias que antes ejercían el ex Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y el ex Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat fueron absorbidas por el Palacio de Hacienda después de la reorganización del Estado, dispuesta por el gobierno de Javier Milei, quien eliminó el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y sus funciones quedaron bajo la órbita del Ministerio de Economía, específicamente a través de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana.
La Auditoría General de la Nación (AGN), organismo de control externo que reporta al Congreso de la Nación, no deja dudas en cuanto a la detección de “fallas estructurales en el diseño, la planificación y la evaluación de los programas de construcción de viviendas ejecutados entre 2017 y 2022″.
El informe concluye que el Estado nacional devengó más de 276.868 millones de pesos —el equivalente a aproximadamente 4.210 millones de dólares al tipo de cambio oficial de cada año— en programas habitacionales sin contar con información de calidad para orientar esas decisiones, sin planes estratégicos formalizados y sin mecanismos para medir si los objetivos se alcanzaron.
El período auditado abarca desde el 1° de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2022 y comprende dos presidencias y dos estructuras ministeriales distintas.
Durante la gestión de Mauricio Macri, los programas estuvieron bajo la órbita del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, conducido durante todo ese período por el entonces ministro Rogelio Frigerio. A partir del 10 de diciembre de 2019, con la asunción de Alberto Fernández, esa cartera fue dividida y se creó el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que tuvo tres titulares sucesivos: María Eugenia Bielsa (diciembre de 2019 – noviembre de 2020), Jorge Ferraresi (noviembre de 2020 – noviembre de 2022) y Santiago Maggiotti (noviembre de 2022 – diciembre de 2023). Las tareas de campo de la auditoría se desarrollaron entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024.
El trabajo de los auditores se extendió a lo largo de cinco programas y junto a sus subprogramas Habitar Comunidad, Autoconstrucción de Viviendas Participativa Cáritas y Habitar la Inclusión. El gasto devengado creció de manera sostenida: de $15.164 millones en 2017 pasó a $113.261 millones en 2022, con un salto pronunciado en 2021, cuando el Programa Producción Integral y Acceso al Hábitat ejecutó $84.323 millones.
El primer hallazgo de la AGN apunta directamente al punto de partida de cualquier política pública: el diagnóstico. Los auditores constataron que “no surge evidencia de que los entonces Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat hayan utilizado información de diagnóstico de calidad para diseñar y planificar los Programas de Construcción de Viviendas durante el periodo auditado”.
El organismo auditado respondió que el diagnóstico lo realizaban los entes ejecutores —provincias, municipios y organizaciones no gubernamentales— a través de la presentación de proyectos, y que consideraba documentos de diagnóstico los reglamentos particulares y los manuales de ejecución de los programas. Los auditores rechazaron esa interpretación: esa documentación se refiere a proyectos específicos a financiar y no constituye una instancia previa al diseño de los programas.
La situación se agravó por la desactualización estadística. El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas disponible al momento de diseñar los programas era el de 2010. El Observatorio Federal Urbano (OFU), creado en 2017 precisamente para generar, recopilar y difundir información sobre déficit habitacional e indicadores urbanos, tampoco fue utilizado para diseñar prioridades. “No surge evidencia de la articulación ni de retroalimentación alguna con el auditado durante todo el periodo bajo análisis”, señala el informe respecto de ese organismo.
Las cifras sobre el déficit habitacional que manejaban los propios ministerios eran inconsistentes entre sí. El Informe de Gestión 2016-2019 de la Secretaría de Vivienda citaba 3.500.000 hogares en déficit, mientras que el Observatorio Federal Urbano refería a 4.000.000. Ninguna de las dos cifras contaba con respaldo documental del análisis previo que las sustentara.
El el segundo tramo de análisis, los auditores destacaron la ausencia de una arquitectura de planificación. La AGN verificó que “no surge evidencia de la existencia de un Plan Estratégico Institucional ni de una Planificación Operativa de los Programas de Construcción de Viviendas” en ninguno de los dos ministerios durante el período examinado.
Ante la consulta de los auditores, tanto Frigerio como los sucesivos titulares del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat remitieron la normativa de creación y reglamentaria de los programas como respuesta a la pregunta por la planificación estratégica. Los auditores señalaron que esa documentación no equivale a un plan.
La única vinculación parcial que se detectó fue entre los objetivos de algunos programas y las metas físicas presupuestarias definidas ejercicio por ejercicio. Esa conexión, advirtió la AGN, no reemplaza una planificación que articule objetivos, acciones y recursos de manera integrada.
El tercer hallazgo describe un sistema de indicadores que existía en el papel, pero carecía de los elementos mínimos para ser utilizado. Los reglamentos particulares de los programas definían indicadores —cantidad de viviendas terminadas, proyectos ejecutados, mejoramientos concluidos—, pero “no se precisa para ninguno de ellos fuente de información, ni método de cálculo, periodicidad de medición ni línea de base”.
Los auditores advirtieron además que esos indicadores estaban orientados a la evaluación presupuestaria y no a la medición del impacto de las políticas.
El Programa Reconstruir directamente no definió ningún indicador en su Reglamento Particular, pese a que sus considerandos estimaban en 55.000 las viviendas paralizadas o en estado de abandono que debía atender.
El cuarto hallazgo es la consecuencia directa del anterior: la ausencia total de monitoreo y evaluación. El propio informe de gestión de la Secretaría de Vivienda de noviembre de 2019 reconocía que desde 2015 se había identificado la necesidad de desarrollar una estrategia de monitoreo, pero esa estrategia nunca se materializó.
En entrevistas con los auditores, funcionarios del área fueron explícitos. No hubo evaluación de por sí y los indicadores que se usaron eran aquellos vinculados al presupuesto. No existe institucionalmente un organismo que se encargue de evaluar las políticas públicas, declaró el ex Director Nacional de Gestión Operativa de Proyectos Habitacionales ante los auditores. Otro funcionario fue en la misma dirección: “No se llegó a realizar monitoreo sistemático alguno con utilización de indicadores. No se llegaron a utilizar los indicadores que estaban definidos en el Plan ni tampoco se midió el impacto”.
El sistema informático “Habitans”, citado como herramienta de seguimiento, fue descartado por los auditores como mecanismo de evaluación de programas: su función se limita al monitoreo de proyectos y obras individuales, no al análisis de los programas como política pública.
Tanto el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda como el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat eran los responsables de cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) —lograr ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles—, en particular con su Meta 11.1, que busca garantizar el acceso universal a viviendas y servicios básicos adecuados y mejorar los barrios marginales para 2030.
La AGN constató que “no se tuvo evidencia de que los entonces ministerios realizaran el proceso de vinculación con los Programas de Construcción de Viviendas conforme los principios de la Agenda 2030”. Eso impide evaluar si ese proceso fue participativo, inclusivo y si incorporó perspectiva de género.
El indicador adaptado por Argentina para medir esa meta —el porcentaje de la población que vive en viviendas deficitarias y en situación de tenencia irregular— contaba con una línea de base del 6%, según el Censo 2010 y una meta intermedia del 3% para 2019. Al cierre de ese año, el indicador no registró ejecución. En 2020 se repitió sin asignación de valor, y en 2021 y 2022 desapareció de la programación presupuestaria.
Cuando los auditores requirieron información al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) —organismo rector de la implementación de la Agenda 2030 en el país— sobre la metodología de vinculación con la meta propuesta la respuesta fue que esa información debería ser provista por el ministerio responsable. El ministerio, a su vez, no aportó documentación que describiera la metodología utilizada.
La AGN remitió el informe al organismo auditado para que formulara comentarios. Vencido el plazo inicial, se reiteró el pedido. La respuesta llegó de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Economía, que señaló que los programas identificados excedían las competencias de esa dependencia y correspondían al ex Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y al ex Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. La subsecretaría no aportó comentarios sobre los hallazgos.
Las recomendaciones de la AGN incluyen diseñar mecanismos de diagnóstico previo articulados con provincias, municipios y organismos especializados; crear indicadores medibles con línea de base; institucionalizar el monitoreo y la evaluación de los programas; documentar el proceso de vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible; e incorporar categorías presupuestarias que permitan rastrear el gasto destinado.
Aunque otras áreas de la administración están más frenadas por la situación judicial de Manuel Adorni y las posibles consecuencias, el Gobierno continúa buscando el apoyo de las provincias para la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), a pesar de que todavía no hay fecha para el tratamiento de ese proyecto en el Congreso.
En el inicio de esta semana corta, el ministro del Interior, Diego Santilli, recibió en su oficina de la Casa Rosada a los mandatarios de Chaco, Leandro Zdero; de San Juan, Marcelo Orrego, y de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.
Las conversaciones giraron en todos los casos en torno a la reforma electoral, que las autoridades nacionales se fijaron hace un tiempo como una prioridad con el objetivo de aprobarlo durante este mes, para lo cual comenzaron a recolectar votos.
El funcionario mantuvo en primer término un encuentro a solas con el chaqueño, cercano a La Libertad Avanza y uno de los pocos con los que el que el oficialismo nacional alcanzó un acuerdo el año pasado.
A la salida, en el entorno de Santilli aseguraron que se “abordaron iniciativas conjuntas y acciones de coordinación” y que ambos “destacaron la importancia de que el Congreso avance con la aprobación” de la mencionada iniciativa.
A nivel local, el dirigente radical está impulsando en la Legislatura la suspención de las PASO en su provinica, pero a escala nacional todavía no expresó públicamente una opinión y prefiere esperar a ver cómo se desarrolla la discusión, según pudo saber Infobae.
Luego fue el turno de Orrego, también cercano a la administración del presidente Javier Milei, aunque con un perfil más autónomo, quien ya había anticipado su respaldo a la idea de derogar las primarias.
“Si bien yo soy un producto de las PASO, si estoy de acuerdo en que los tiempos cambian y nosotros tenemos que cambiar para ser un Estado más eficiente. No se puede tener gastos innecesarios. Avanzar sobre una Ley de Boleta Única es fundamental para los tiempos que vienen tanto a nivel provincial como nacional”, expresó meses atrás, durante un acto oficial.
El ministro del Interior lo recibió este martes en su despacho para afianzar ese apoyo de cara a la votación de la reforma política, que todavía no se comenzó a debatir en el Congreso, donde los pedidos para interpelar a Manuel Adorni ocupan prácticamente toda la agenda.
De hecho, este miércoles está previsto que en el Senado se lleve adelante la reunión de labor parlamentaria para avanzar con esa medida impulsada por la oposición y llevar la cuestión al recinto el jueves, cuando se trate también el proyecto de propiedad privada.
Ante el avance del peronismo contra el jefe de Gabinete, en un momento la líder del oficialismo en esta Cámara, Patricia Bullrich, analizó la posibilidad de suspender el encuentro, pero por estas horas todo sigue en pie: “Aún no se canceló, mañana hay labor”, resumió una fuente del partido.
De esta manera, la estrategia será entonces evitar que el PJ consiga el acompañamiento del resto de los espacios para interpelar al funcionario para después intentar una moción de censura que lo saque del cargo.
Sin embargo, para lograr frenar a la oposición podría ser decisivo el rol del PRO y la Unión Cívica Radical, que no tenían todavía decidido qué camino tomar en caso de que el jueves haya un intento para alcanzar el quórum y forzar el debate: “No hay definiciones sobre situaciones hipotéticas, se evaluará llegado el caso”, explicó uno de los integrantes de esas bancadas.
Por último, Santilli recibió también a uno de los gobernadores más opositores a Milei, el fueguino Melella, quien a pesar de las diferencias, a principios del 2025 se había manifestado a favor de la eliminación de las primarias.
“Creo que tiene que ver con una instancia política que estuvo bien pensada en su momento, pero que hoy, para mí, no tiene mucho sentido”, sostuvo en aquella oportunidad.
El gobernador fue a la reunión acompañado de su jefe de Gabinete, Jorge Canals, y de Paulo Tita, uno de los diputados de Tierra del Fuego que le responden, para conversar principalmente sobre la reforma electoral.
El ministro ya sumó el respaldo de otros mandatarios provinciales, como el entrerriano Rogelio Frigerio, quien cuestionó el costo para el Estado de las PASO y consideró importante “aliviar la carga que implica para los ciudadanos la obligación de concurrir a votar en múltiples instancias”.
En esta misma línea se expresó Juan Pablo Valdés, de Corrientes, al remarcar que la definición de los candidatos “es una cuestión que deben resolver las agrupaciones políticas”, por lo que también apoyará el proyecto de la Casa Rosada.
En tanto, el mendocino Alfredo Cornejo, si bien no habló del tema en público, luego de un extenso análisis, según pudo saber este medio, decidió estar a favor de eliminar las primarias a nivel nacional, pero mantenerlas en su provincia.
El dirigente radical, que no puede competir por un nuevo mandato, quiere que su sucesor sea uno de sus ministros, pero enfrenta la posibilidad de que los libertarios impulsen a Luis Petri, por lo que esta herramienta sería fundamental para dirimir las diferencias a escala local.
La semana pasada, Santilli también conversó sobre el proyecto con los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Catamarca, Raúl Jalil, y en el corto plazo planea seguir con los encuentros hasta completar la lista de mandatarios de todo el país.
En medio de la presión contra Manuel Adorni en el Congreso, el ministro de Interior, Diego Santilli, aceita la relación con los gobernadores. Solo en este martes se reunió con tres mandatarios y en lo que va del mes mantuvo bilaterales con otros seis yparticipó de una reunión en el CFI con diez dirigentes de provincias del Norte Grande.
Santilli está encargado de negociar la reforma electoral, además de ser un intermediario en la gestión de reclamos económicos de los gobernadores con el ministerio de Economía que conduce Luis Caputo.
Pero la tarea es más amplia porque en el poroteo de votos para el Congreso los temas se mezclan. La situación de Adorni claramente se volvió una piedra en el zapato porque contamina otras discusiones, al punto que en el Senado dudan de abrir el recinto esta semana.
Lo cierto es que el grueso de los gobernadores no quieren entrar en la discusión del tema Adorni. Prefieren que sea el Ejecutivo o la Justicia los que accionen antes. La prueba de eso es que salvo el bonaerense Axel Kicillof ninguno salió a hacer declaraciones sobre el tema y están incómodos porque es la pregunta cantada de cualquier encuentro político.
Pero por más buen diálogo que Santilli mantenga con los mandatarios, los oficialistas con experiencia política advierten dos cuestiones sobre la situación: que “las discusiones en el parlamento se espiralizan” y que “los gobernadores no tienen el control pleno sobre el total de sus legisladores” y menos en estos temas que no son de orden para una provincia.
En Interior reconocen que la eliminación de las PASO es lo deseado pero que es lo más difícil de lograr porque, sobre todo los radicales, es “un instrumento que quieren sostener con vida”. Pero, confían en que las negociaciones están avanzadas para ir hacia una suspensión por un año, como ocurrió en las legislativas de 2025, o una modificación que las torne no obligatorias: unas PAS.
“Si se despeja la nube, la suspensión sale”, afirma una alta fuente de la Rosada.
El proyecto de Reforma Electoral quedó freezado en el Senado. Como siempre es un tema que seduce a los oficialismos, que tienen mayor peso para imponer candidatos a dedo.
El mega proyecto incluye no solo la eliminación de las PASO sino también la creación de la Ficha Limpia -para que condenados no puedan ser candidatos- además de cambios en la conformación de partidos políticos y su financiamiento.
La estrategia por el debate de esa reforma fue uno de los puntos de tensión dentro de la interna entre Patricia Bullrich y Karina Milei, en la que se terminó imponiendo la hermana del presidente que bregaba por el “todo o nada”. Hasta ahora, quedó en nada.
Este miércoles Santilli mantuvo tres encuentros en la Casa Rosada: a la mañana recibió al gobernador de Chaco, Leandro Zdero.
“Dialogaron sobre la agenda parlamentaria que impulsa el Gobierno Nacional. En ese sentido, Santilli y Zdero destacaron la importancia de que el Congreso avance con la aprobación de la reforma electoral”, informaron desde el Ministerio.
Más tarde recibió al sanjuanino Marcelo Orrego y al fueguino Gustavo Melella.
El viernes pasado se juntó con el entrerriano Rogelio Frigerio y esa misma semana estuvo con Rolando Figueroa (Neuquén) y Raúl Jalil (Catamarca), quien declaró en coincidencia con el Gobierno que “las internas deben resolverse dentro de los partidos”.
Jalil, por su parte, lo invitó a la Fiesta del Poncho, en julio y a la inauguración de tres plantas de procesamiento de litio.
A principio de mes, a su vez, Santilli estuvo con Alberto Weretilneck (Río Negro) y con Osvaldo Jaldo (Tucumán), un aliado que se volvió decisivo sobre todo en Diputados. El mes pasado fueron la llave que le permitió a LLA alcanzar el quórum para abrir la sesión por Zonas Frías y bloquear el intento de interpelación de Adorni.
Todos los encuentros fueron en la Rosada, salvo con Hugo Passalacqua con quien Santilli se encontró en Misiones. Allí también tuvo una bilateral con Carlos Rovira, quien todavía pisa fuerte en la estructura de poder de la Provincia.
El Gobierno de Javier Milei no quiere que el caso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, condicione su agenda legislativa y acelera contactos con las Provincias para obtener apoyo parlamentario con el fin de destrabar el proyecto de reforma electoral, cuyo principal eje es la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
En cambio, la oposición más dura está enfocada en activar en el Congreso una moción de censura para remover al ministro coordinador, investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.
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El ministro del Interior, Diego Santilli, tiene previsto recibir este martes en la Casa Rosada a los gobernadores Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) en encuentros separados.
Los reuniones forman parte de una estrategia que el funcionario nacional despliega desde hace semanas para construir consensos con mandatarios de distintos espacios políticos y sondear el margen real de apoyo con el que cuenta el oficialismo.
La búsqueda de acuerdos se volvió en los últimos días relevante porque la reforma electoral permanece empantanada por las diferencias que existen entre los libertarios y parte de los bloques dialoguistas sobre la reforme laboral. Hay resistencia principalmente a la eliminación de las PASO.
Santilli ya se reunió con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien respaldó luego públicamente la quita de las PASO.
Además, el ministro del Interior recibió al mandatario catamarqueño Raúl Jalil, quien después del encuentro con el funcionario nacional sostuvo que “las internas deben resolverse dentro de los partidos“, lo que fue interpretado en el oficialismo como una señal favorable a la propuesta.
Detalles sobre la construcción de apoyos
La agenda de Santilli también incluyó conversaciones con el Rolando Figueroa (Nequén), Gustavo Sáenz (Salta) y otros gobernadores.
El recibimiento de Melella en la Casa Rosada previsto para este martes agrega un componente político particular, ya que ese mandatario mantiene una relación distante con el Ejecutivo nacional.
Melella representa uno de los sectores opositores con los que el oficialismo ahora procura intensificar las conversaciones institucionales.
Según se había informado, Santilli se reuniría desde las 10 con Zdero, desde las 15 con Orrego y desde las 16 con Melella.
CÓRDOBA.- “Es un tema que tiene que arreglar el Presidente, que no nos quieran involucrar a nosotros en esto”. Eso le dijo un gobernador de los dialoguistas al ministro del Interior, Diego Santilli, la semana pasada, cuando la oposición liderada por el peronismo duro impulsó una interpelación y posterior moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El mandatario le contó a LA NACION que si bien no hubo ningún pedido en particular por parte de la Casa Rosada, el tema es ineludible.
El titular de Interior es el responsable de las negociaciones con los gobernadores mientras que Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en la Cámara Baja, se encarga de los senadores. Esa es la división de trabajo habitual para todos los temas que están en el cronograma de trabajo del Senado.
“Si no piden expresamente nada, es porque no les interesa retenerlo. Es una forma de que seamos nosotros los que les resolvamos el problema. Deben tener claro que si no hacen ellos lo que deben hacer, lo hará el Congreso”, reflexionó otro gobernador consultado por LA NACION.
La expectativa del oficialismo está puesta en que el peronismo duro no consiga el número necesario para tratar el proyecto de interpelación y moción de censura sobre tablas. “Una vez que entraste al teatro, nadie te salva”, resumió un aliado en referencia a que, si llega al recinto, la situación se precipitará.
Este martes Santilli continuará con la rueda de reuniones que mantiene por la reforma electoral y las agendas provinciales como temas principales. En su despacho estarán dos aliados, Leandro Zdero (Chaco) y Marcelo Orrego (San Juan), y el fueguino Gustavo Melella, un kirchnerista con el que la Casa Rosada mantiene una relación distante. La semana pasada estuvo con Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).
En el conteo de votos en el Senado, los gobernadores juegan un rol clave. Por caso, entre los que suelen jugar con el oficialismo están la salteña Flavia Royón; el catamarqueño Guillermo Andrada; la tucumana Beatriz Ávila; la neuquina Julieta Corroza y los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Omar Arce.
“Tengo un apoyo absoluto del Gobierno”: Adorni sobre el respaldo del presidente Milei
Por Corrientes están los dos radicales, Eduardo Vischi y Gabriela Valenzuela, además de Carlos Camau Espínola (Provincias Unidas), fuerza por la que se suma la cordobesa Alejandra Vigo. La chubutense Edith Terenzi trabaja en sintonía con el gobernador Ignacio Torres.
LA NACION consultó a varios mandatarios del grupo crucial para el oficialismo. Todos coincidieron en que todavía no tienen una posición tomada respecto a qué harán si, finalmente, el caso Adorni llega a sesión. Insisten en que “acompañan gestión” pero que “lo político y lo judicial se deben resolver por esos carriles”.
Los aliados están ganando tiempo y, a la vez, dándoselo a los libertarios. Esperan a que sea el oficialismo el que resuelva la situación. Es decir, que el presidente Javier Milei remueva al jefe de Gabinete o que presente su renuncia.
“El Presidente debe resolver esto”
En diálogo con LA NACION, Royón -que responde directamente a Sáenz- diijo: “El debido proceso es primero una interpelación para garantizar transparencia y rendición de cuentas. No se puede hablar de moción de censura sin ese paso previo. Acá es el Presidente el que debe resolver esto”.
La senadora Flavia Royón, que responde al gobernador de Salta, dijo que Milei debe resolver la salida del caso AdorniRicardo Pristupluk
La semana pasada, después de la entrevista de Adorni con LN+, el peronismo cordobés dio un giro y pidió abiertamente su renuncia. Esa posición adelantaría la que tomaría Vigo si se llega a la interpelación.
Los libertarios tienen experiencia en algunos proyectos, como la emergencia en discapacidad, en la que, cuando quedaron entre la espada y la pared, algunos de sus aliados optaron por tomar distancia. Esta vez también el Pro, incitado por Mauricio Macri, lo está haciendo.
Desde que en marzo empezaron las sospechas en torno a Adorni, los gobernadores dialoguistas vienen siguiendo de cerca la dinámica de los hechos y el impacto en la Casa Rosada. Las encuestas muestran que golpea directamente la imagen de Milei. En paralelo, esperan a que la Justicia avance en la causa. Si hubiera una imputación, podría acelerar los tiempos de una definición, sugirieron en la Casa Rosada.
En el marco de la ronda de encuentros que viene manteniendo el Gobierno con gobernadores, el ministro del Interior, Diego Santilli, recibirá en Casa Rosada a tres mandatarios: Leandro Zdero de Chaco; Marcelo Orrego de San Juan; y Gustavo Melella de Tierra del Fuego.
El regreso al diálogo con las provincias apunta a avanzar en el debate de reforma electoral, que incluye la eliminación de las PASO.
La particularidad de esos encuentros, que se harán por separado, es que el Ejecutivo recibirá por primera vez al mandatario de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, quien hasta el momento integraba el grupo de los excluidos.
El fueguino, que fue citado a las 16, forma parte del conjunto de gobernadores que la Casa Rosada consideraba inviables para el diálogo, como el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, Ricardo Quintela de La Rioja y Gildo Insfrán de Formosa.
Una hora antes, a las 15, será el turno del sanjuanino Orrego, un asiduo invitado a la Casa Rosada. A las 10 de la mañana está convocado otro mandatario aliado, Zdero de Chaco.
La ronda de encuentros se suma a los que mantuvo durante los últimos días con el gobernador Rogelio Frigerio de Entre Ríos; Raúl Jalil de Catamarca; Rolando Figueroa de Neuquén; Osvaldo Jaldo de Tucumán y Alberto Weretilneck de Río Negro. Santilli además visitó Misiones, donde se reunió con el titular del Ejecutivo local, Hugo Passalacqua.
El proyecto que ingresó por el Senado aún no cuenta con el apoyo suficiente para su tratamiento. Apenas comenzó el debate en una comisión, pero necesita el apoyo de los gobernadores tras las diferencias con bloques aliados respecto del futuro de las PASO. Incluso el Gobierno dejó trascender que cedería a que las primarias sean optativas en lugar de eliminarlas.
La iniciativa establece que la participación ciudadana en las internas deje de ser obligatoria y permite que los partidos sin competencia de candidatos no tengan que participar de esa instancia.
