La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Sergio Urribarri, exgobernador de Entre Ríos por el Partido Justicialista (PJ) y exembajador argentino en Israel.
Así lo resolvieron los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron por inadmisibles los recursos extraordinarios presentados por las defensas en el expediente que investigó maniobras de corrupción y desvío de fondos públicos en las gestiones provinciales comprendidas entre 2007 y 2015, durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner.
De inmediato, la resolución alcanzó a los demás condenados que habían recurrido la sentencia, por lo que sus penas quedaron firmes.
Tras conocerse la resolución judicial, la fiscalía solicitó la detención inmediata del exmandatario provincial, además de la de su exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, y de Juan Pablo Aguilera, familiar directo del exfuncionario. Ambos fueron condenados junto al exgobernador a seis años y seis meses de prisión efectiva, al ser considerados partícipes primarios del entramado.
Otros cinco condenados recibieron penas menores: Corina Cargnel, Gustavo Tamay y Gerardo Caruso fueron sentenciados a tres años de prisión en suspenso, mientras que Luciana Belén Almada y Emiliano Giacopuzzi recibieron dos años y seis meses de prisión en suspenso. La Justicia también había absuelto a otros acusados, entre ellos el exministro de Turismo Hugo Marsó.
La causa se originó en una investigación sobre el manejo de fondos públicos destinados a publicidad oficial durante las gestiones de Urribarri como gobernador de Entre Ríos, entre 2007 y 2015.
Ahora, la Justicia provincial determinó que existió un esquema mediante el cual se direccionaron contrataciones de publicidad estatal hacia empresas vinculadas con Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador. Según la acusación, algunas de esas firmas figuraban formalmente a nombre de otras personas, pero estaban relacionadas con Aguilera.
La investigación también incluyó otras operaciones que, según la investigación, utilizaron recursos del Estado para favorecer intereses particulares o promover políticamente al entonces gobernador.
A lo largo de la investigación se analizaron distintos hechos, entre ellos la contratación de publicidad a través de la empresa Global Means, antes de que tuviera existencia formal; el manejo de contratos de publicidad en la vía pública por parte de las firmas Tep SRL y Next SRL; una solicitada vinculada con el denominado “Sueño Entrerriano”; la instalación de un parador en Mar del Plata durante 2015 y el pago de spots relacionados con la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná en 2014.
También se estableció que entre enero de 2010 y septiembre de 2015 se realizaron 143 operaciones que provocaron un perjuicio económico de $12.170.338,96 para la provincia, según los datos incorporados al expediente.
Cómo llegó el caso hasta la Corte Suprema
La primera condena fue dictada el 7 de abril de 2022 por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná. En 2023, el Tribunal de Casación de Entre Ríos confirmó las penas y posteriormente el Superior Tribunal de Justicia provincial rechazó los planteos de las defensas.
Acto seguido, los condenados recurrieron a la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal no revisó el fondo de las acusaciones: directamente consideró inadmisibles los recursos extraordinarios presentados por las defensas.
De esta manera, las condenas quedaron firmes.
No es la primera vez que Urribarri queda privado de su libertad por esta causa. En noviembre de 2024, la Cámara de Casación de Entre Ríos había ordenado su prisión preventiva al considerar que existía riesgo de fuga.
Sin embargo, en enero de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos revocó esa decisión y ordenó su liberación. El exgobernador había permanecido 50 días detenido.
MV/MSS
