Horas después, Kicillof cuestionó la política nacional de infraestructura en el encuentro organizado por el Consejo Federal de Inversiones. Compartió el panel de apertura con Llaryora, el entrerriano Rogelio Frigerio y el santiagueño Elías Suárez. El diagnóstico común fue que los problemas de infraestructura encarecen el traslado de productos y restan competitividad.
Martín Llaryora, gobernador de Córdoba
La coincidencia entre Buenos Aires y Córdoba tiene relevancia política porque reúne al gobernador más enfrentado con el Presidente Javier Milei, con un mandatario que mantiene canales de negociación con la Casa Rosada. Sus diferencias siguen vigentes, pero ambos plantean un límite a la capacidad de las provincias para cubrir el espacio que deja la Nación.
Llaryora resumió su crítica con una frase: “Nación no construye ni un bicicletero”. Reclamó un plan federal que acompañe el esfuerzo de provincias y municipios y cuestionó las retenciones, un planteo que también compartió Frigerio. El entrerriano pidió discutir una reforma tributaria que involucre a los distintos niveles del Estado.
La posición del cordobés apunta a cómo transformar el orden económico en actividad y empleo. Llaryora defiende la necesidad de una economía ordenada, pero reclama también infraestructura y una estrategia industrial. Para una provincia productora, las rutas, los ferrocarriles y las conexiones entre regiones son condiciones para que las inversiones se traduzcan en crecimiento.
Kicillof puso el acento en una planificación nacional que articule al Estado con las empresas. La logística “requiere de la articulación virtuosa y comprometida de todos los actores”, sostuvo. Su planteo ofrece un terreno de coincidencia con mandatarios que tienen posiciones diferentes frente al Gobierno: cómo desarrollar sus economías cuando las necesidades de infraestructura exceden las posibilidades de cada provincia.
La agenda tiene una dimensión concreta. La Estrategia Federal de Logística del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y las provincias comprende 1.200 proyectos vinculados con infraestructura, regulación, gestión e información; 187 corresponden a Buenos Aires. Se trata de iniciativas desarrolladas dentro de esa estrategia, cuya ejecución requiere definir financiamiento y responsabilidades.
El reclamo compartido también alcanzó al financiamiento universitario. “Todos queremos que se resuelva el problema, que se cumpla la ley”, sostuvo Llaryora durante la cumbre. La definición sumó otra coincidencia con Kicillof frente a una política que genera cuestionamientos más allá de los sectores enfrentados abiertamente con Milei.
El gobernador bonaerense había participado el jueves de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para exigir al Ejecutivo la aplicación de la norma. El reclamo tiene respaldo judicial: la Corte Suprema rechazó en junio el recurso del Gobierno y dejó firme la medida cautelar que obliga a actualizar los salarios docentes y no docentes y las becas estudiantiles.
La discusión presupuestaria muestra la distancia entre las posiciones. Una presentación de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA ubicó las partidas propuestas para 2027 en $7,5 billones, frente a los $11 billones estimados por el Consejo Interuniversitario Nacional para garantizar el funcionamiento del sistema. La brecha ronda los $3,5 billones.
El gobernador Axel Kicillof dejó un mensaje para la Cámpora en un acto en Avellaneda.
Así, la coincidencia entre Buenos Aires y Córdoba comprende dos demandas concretas: una estrategia nacional de obras y el cumplimiento de las obligaciones con las universidades. Para la Casa Rosada, esa convergencia plantea una dificultad política: los cuestionamientos también llegan desde gobernadores con los que necesita negociar.
Los recursos, además, conviven con otra discusión: las condiciones de la competencia electoral. Las tratativas incluyen la suspensión de las PASO y posibles entendimientos para 2027.
Entre las alternativas en negociación aparece el respaldo legislativo de gobernadores a cambio de una competencia de menor intensidad de La Libertad Avanza en sus distritos. Son conversaciones abiertas, cuyo alcance todavía debe definirse.
Ese contexto permite interpretar mejor la advertencia de Santilli. El jefe de Gabinete busca mantener a los mandatarios cerca del Gobierno mediante un adversario compartido. Los reclamos de Kicillof y Llaryora colocan sobre la mesa una agenda que atraviesa esos alineamientos: qué papel tendrá la Nación en el desarrollo de las provincias y cómo cumplirá sus obligaciones.
La coincidencia no alcanza para hablar de una alianza electoral. Sí muestra que la Casa Rosada puede conseguir acompañamiento en el Congreso y seguir enfrentando cuestionamientos a su política económica. Con el Presupuesto y los acuerdos para 2027 en discusión, los gobernadores buscan que la negociación produzca obras y recursos. Santilli apuesta a que el temor al regreso del kirchnerismo ayude a conservar sus apoyos.
Llaryora señaló que los mandatarios también conversaron sobre los posibles efectos del fenómeno climático conocido como Súper Niño. “Estamos todos muy preocupados, y comentamos lo que venimos haciendo cada uno ya que ya hay situaciones complicadas”, afirmó.
El gobernador cordobés agregó que, además de mantener una economía ordenada, considera necesario avanzar en infraestructura y desarrollar un plan industrial.
Axel Kicillof, Martín Llaryora, Rogelio Frigerio y Elías Suárez participaron de una cumbre en el CFI, donde reclamaron un plan federal de infraestructura.
Antes de participar de la cumbre, Santilli vinculó una eventual victoria de Kicillof con posibles cambios en las políticas económicas y de seguridad, anticipando el regreso de los cortes de rutas y los piquetes, cambios en la distribución de la coparticipación y conflictos por la ocupación de tierras.
También hizo referencia a las inversiones energéticas en Neuquén y Río Negro, a las retenciones agropecuarias y a la lucha contra el narcotráfico en Santa Fe. En relación con la actividad minera, planteó interrogantes sobre el futuro de las inversiones en Salta.
El funcionario afirmó que el Gobierno trabaja con mandatarios provinciales que, según sus palabras, “creen en un país distinto” y buscan atraer inversiones y generar empleo.
El encuentro también expuso las distintas miradas sobre el papel del Consejo Federal de Inversiones. Mientras los gobernadores destacaron su financiamiento y asistencia técnica, sectores del oficialismo libertario cuestionan al organismo y lo describen como una estructura de poder político de las provincias.
Según la información publicada sobre la reunión, desde el entorno del gobernador entrerriano señalaron que no se abordó la agenda nacional del Congreso y que las negociaciones con la Casa Rosada se desarrollan de manera individual.
Productores trasladan hacienda por campos anegados de San Javier, Santa Fe, ante el avance de la crecida del río Paraná
16 Oct, 2026 01:30 p. m. EST
En San Javier, los productores apuran el traslado de vacas por los campos alcanzados por el agua para llevarlas a sectores más altos. Las imágenes, tomadas en esa zona de Santa Fe, reflejan el avance de una creciente que ya obliga a reorganizar la actividad ganadera en el Litoral, ante pronósticos de lluvias que podrían prolongar la emergencia durante los próximos meses.
El fenómeno asociado al Super Niño aumenta la preocupación por los rodeos instalados en islas y terrenos bajos. La prioridad es evitar que el agua encierre a los animales, reduzca la superficie de pastoreo y fuerce ventas anticipadas, en particular de vacas destinadas a la cría. Los costos de fletes, alimentación y alquiler de campos también crecen a medida que disminuyen las alternativas disponibles.
En la provincia santafesina, las zonas ribereñas reúnen unas 710.000 cabezas de ganado, de las cuales cerca del 90 % son bovinos. San Javier concentra alrededor de 260.000 animales expuestos, seguido por los departamentos Garay y General Obligado. El Paraná registraba el 14 de octubre 4,86 metros en San Javier, luego de subir 46 centímetros desde fines de septiembre.
Según publicó el medio especializado Valor Carne, el Gobierno de Santa Fe habilitó el Registro de Oferentes de Campos, Alimentos y Transporte (ROPECA), que conecta a productores que necesitan forraje, campos o logística con quienes pueden ofrecer esos recursos. La herramienta admite propuestas de otras provincias y busca agilizar acuerdos entre privados, mientras se multiplican los movimientos de animales desde las áreas más vulnerables.
También se habilitó un mecanismo excepcional para los traslados urgentes cuando no sea posible tramitar antes el Documento de Tránsito Electrónico (DT-e) del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Los productores pueden iniciar el viaje con una autorización policial y tienen 48 horas después de llegar a destino para regularizar la documentación sanitaria. En Romang, tres barcazas se utilizan para retirar hacienda de las islas, aunque las lluvias dificultan los arreos por caminos de tierra.
La situación también alcanza a Entre Ríos, donde las autoridades activaron un operativo preventivo para sacar animales de las islas. Al comienzo de la campaña había unas 480.000 cabezas en campos bajos e islas; ahora quedan menos de 200.000 animales en esas áreas, de acuerdo con registros de Senasa citados por la Dirección de Ganadería provincial. Parte de las salidas responde a ventas habituales, pero el objetivo oficial es acelerar los movimientos y evitar nuevos ingresos a sitios inundables.
Las previsiones provinciales contemplan que la creciente gane intensidad hacia diciembre y se extienda hasta marzo o abril, según evolucionen las precipitaciones. La logística aparece como una limitación: la disponibilidad de embarcaciones, camiones y lugares de desembarco condiciona la velocidad de las evacuaciones. El Gobierno entrerriano coordina las tareas con Prefectura Naval Argentina, la Policía, Senasa y la Fundación de Lucha Contra la Fiebre Aftosa (Fucofa).
En Corrientes, la crecida del Paraná ya motivó movimientos de hacienda en Carrizal Norte, departamento de Bella Vista. El río llegó a 4,96 metros el 12 de octubre, tras una suba de 13 centímetros en un día. Productores buscan retirar sobre todo los terneros y reducir el riesgo de que una permanencia prolongada en campos saturados de agua afecte la condición de los animales o complique los controles veterinarios.
La Confederación Rural Argentina (CRA) mantiene contacto con la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes y las autoridades locales. El Instituto Nacional del Agua prevé para los próximos siete días eventos de lluvia, principalmente sobre el noreste de la Cuenca del Plata. El comportamiento de las precipitaciones en Brasil y aguas arriba será decisivo para la evolución del Paraná y del Uruguay, mientras los productores procuran asegurar transporte, alimentos y campos antes de que la demanda eleve los costos.
Un día después de una jornada clave en el Congreso, donde el oficialismo nacional logró frenar una sesión especial gracias a los gobernadores aliados, varios mandatarios se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) con nuevos pedidos de obras de infraestructura.
Los más cercanos a la Casa Rosada insistieron en la necesidad de “acuerdos federales” y “una visión federal”.
Minutos antes del inicio del encuentro, Diego Santilli lanzó una dura advertencia. El jefe de Gabinete sostuvo que si Axel Kicillof ganara las elecciones “los que tendrían que estar preocupados son los gobernadores”. “Volverían los cortes de rutas, los piquetes, la quita de coparticipación, en el sur avanzarían las tomas de tierras, se ocuparían campos, dicen que quieren retroceder con los regímenes de inversión, imaginen cómo impactaría en Neuquén y Río Negro, qué pasaría con Córdoba si vuelve la 125 con las retenciones, qué pasaría con el gobernador de Santa Fe si lo vuelven a dejar solo en la lucha contra el narcotráfico, qué pasaría en Salta con la minería”, detalló.
Encargado de alcanzar acuerdos políticos con las provincias, el jefe de Gabinete -quien también pasará por el encuentro del CFI junto con Federico Sturzenegger- afirmó en declaraciones a Radio Mitre, “nosotros trabajamos con los gobernadores que creen en un país distinto, que siguen luchando para que lleguen sus inversiones y para que se genere trabajo en sus provincias”.
Por la reunión del CFI pasó Kicillof (quien ayer estuvo en la plaza del Congreso), el cordobés Martín Llaryora, el santiagueño Elías Suárez y el entrerriano Rogelio Frigerio, quienes compartieron la mesa de arranque, en la que el diagnóstico común fue que la Argentina tiene serios problemas de infraestructura, que encarece el traslado de productos y quita competitividad.
Con más o menos intensidad, todos señalaron que la Nación debe poner en marcha un plan federal de infraestructura.
El anfitrión de la Cumbre Federal de Logística es Ignacio Lamothe, un peronista que tiene vínculo con todos los mandatarios provinciales. Recibió sus elogios a lo largo de la jornada por el financiamiento y la asistencia técnica del organismo.
Esos planteos contrastan con los cuestionamientos libertarios, que apuntan a que el CFI es una “caja política” de los gobernadores.
Referentes de la Casa Rosada lo ven como un espacio donde los mandatarios provinciales diseñan estrategias de confrontación.
Hace poco más de un año, de una reunión de todos los gobernadores en el CFI surgieron los proyectos de ley para una nueva distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles. Fue la primera y única vez de reacción conjunta.
De la cumbre de logística participan técnicos y empresarios del sector; unas mil personas siguieron las exposiciones de los mandatarios.
En la mesa de los gobernadores prefirieron apuntar a los consensos que mantienen y subrayar la necesidad de que el país logre continuidad sobre determinadas políticas públicas, como es la relacionada a infraestructura.
En contacto con LA NACION, Llaryora señaló que entre los gobernadores, la charla previa se centró sobre el efecto del Súper Niño: “Estamos todos muy preocupados, y comentamos lo que venimos haciendo cada uno ya que ya hay situaciones complicadas. Insisto en que es necesario una economía ordenada, pero también infraestructura, y plan industrial”.
Fuentes de Frigerio confirmaron que “no hubo” mención a la agenda nacional en el Congreso y que esas negociaciones son individuales entre la Casa Rosada y cada gobernador. “Cada uno está concentrado en lo suyo”, deslizaron.
Todos los mandatarios prefirieron irse sin tener contacto con los periodistas y no hubo referencias a las declaraciones de Santilli que apuntó a qué pasaría con Neuquén y Río Negro y los proyectos vinculados con Vaca Muerta y la infraestructura de exportación de hidrocarburos, si Kicillof llega al poder y revisa el RIGI.
La infraestructura es el tema permanente de reclamo de los gobernadores de todos los colores políticos. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei vienen reclamando por el freno a la obra pública. El modelo elegido por Luis Caputo es el de las concesiones para las rutas; hace poco firmó la de ocho corredores viales que atraviesan 11 provincias.
La crecida de los ríos Paraná y Uruguay comenzó a impactar sobre la actividad ganadera del Litoral argentino y obliga a los productores a trasladar hacienda desde islas y campos bajos hacia terrenos más elevados. La preocupación no se limita al avance actual del agua: las previsiones de mayores precipitaciones asociadas al fenómeno de El Niño abren la posibilidad de que las complicaciones se extiendan durante los próximos meses, con consecuencias sobre los costos y la producción.
En Entre Ríos, donde se puso en marcha un operativo preventivo para retirar animales de las islas, las autoridades estiman que todavía permanecerían menos de 200.000 cabezas de ganado en zonas potencialmente inundables. La provincia había comenzado la campaña con alrededor de 480.000 animales en campos bajos e islas, según los registros citados por la Dirección de Ganadería provincial.
En Corrientes también comenzaron los movimientos de hacienda. Una de las zonas afectadas es Carrizal Norte, en el departamento de Bella Vista, donde familias rurales trabajan para llevar sus animales hacia sectores más altos ante el incremento del nivel del Paraná.
La situación genera preocupación entre los productores por las dificultades para retirar la hacienda, especialmente los terneros, y por los costos adicionales que puede ocasionar una crecida prolongada.
Desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) informaron que mantienen contacto permanente con la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes (ASRC) y las autoridades para evaluar la evolución del escenario y coordinar posibles medidas preventivas.
Los datos del Instituto Nacional del Agua (INA) no son alentadores porque las lluvias parece que seguirán. Las proyecciones indican que “las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el probable desarrollo de eventos precipitantes, concentrados principalmente sobre el sector noreste de la Cuenca del Plata, mayoritariamente con acumulados moderados”. Al referirse a la cuenca alta del río Paraná señalan que “se prevén precipitaciones moderadas. Por su parte, sobre la cuenca del río Iguazú se esperan precipitaciones moderadas. En cuanto a la cuenca del río Paraguay, se pronostican lluvias leves sobre la cuenca alta (en el sector del Pantanal). En tanto, sobre el tramo medio se prevén precipitaciones leves con núcleos moderados, cuyos mayores montos estarían asociados a los aportes provenientes por margen izquierda (en particular, en la cuenca del río Miran). Por otro lado, sobre la cuenca propia de Yacyretá, la cuenca alta y baja del río Uruguay, y la cuenca baja del río Salado Bonaerense se proyectan precipitaciones leves. Finalmente, en el resto de la Cuenca del Plata se espera la persistencia de condiciones de precipitación poco significativas o deficitarias”, expresan.
Casi 200.000 animales permanecen en las islas de Entre Ríos
Uno de los principales focos de atención está puesto en las islas entrerrianas, donde la actividad ganadera depende directamente del comportamiento del río.
El director de Ganadería de Entre Ríos, Martín Sieber, explicó que al inicio de la campaña había aproximadamente 480.000 cabezas en campos bajos e islas de la provincia. De acuerdo con los registros del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) mencionados por el funcionario, actualmente quedan menos de 200.000 animales en las islas.
La reducción responde al retiro progresivo de hacienda, aunque no todos los movimientos corresponden necesariamente a evacuaciones: parte de los animales sale normalmente del sistema productivo para su comercialización.
El objetivo de las autoridades es acelerar los traslados mientras las condiciones del río lo permitan y evitar que nuevos rodeos ingresen a zonas expuestas.
Las previsiones que manejan los funcionarios provinciales contemplan la posibilidad de que la creciente se intensifique hacia diciembre y que sus efectos se prolonguen hasta marzo o abril, aunque la magnitud y la duración dependerán del comportamiento de las lluvias.
En ese escenario, uno de los principales desafíos es la logística. La disponibilidad de embarcaciones, camiones y lugares adecuados para desembarcar animales puede limitar la velocidad de los operativos.
Por ese motivo, el Gobierno entrerriano trabaja junto con Prefectura Naval Argentina, la Policía, Senasa y la Fundación de Lucha Contra la Fiebre Aftosa (Fucofa) para organizar los movimientos.
El impacto económico: menos pasturas y mayores costos para los productores
Para los establecimientos ganaderos que utilizan campos bajos e islas, la crecida representa un problema que va más allá del traslado preventivo de animales.
La primera consecuencia es la reducción de la superficie disponible para el pastoreo. Cuando los campos quedan anegados, los productores deben redistribuir sus rodeos, buscar tierras alternativas o recurrir a reservas forrajeras para sostener la alimentación.
Esto puede aumentar los costos de producción, especialmente cuando se necesita contratar transporte, conseguir alojamiento temporal para la hacienda o adquirir alimento suplementario.
También existen riesgos sanitarios. La permanencia de los animales en terrenos inundados o saturados de agua puede afectar su condición corporal y aumentar las dificultades para realizar controles y tratamientos veterinarios.
A estas complicaciones se agrega el estado de los caminos rurales. Los accesos anegados dificultan el traslado de hacienda y el ingreso de insumos, un problema que puede agravarse cuando las precipitaciones se acumulan durante varias semanas.
Por el momento, no existe una estimación consolidada de pérdidas económicas para la ganadería del Litoral, ya que el impacto dependerá de la superficie finalmente afectada, la cantidad de animales que deban desplazarse y el tiempo que permanezcan fuera de sus campos habituales.
Corrientes: preocupación por la velocidad de la crecida
En Corrientes, el avance del Paraná ya obliga a tomar medidas preventivas en establecimientos ganaderos de la zona de Bella Vista.
Según registros hidrométricos difundidos en la región, el río alcanzó los 4,96 metros el lunes 12 de octubre, con una suba de 13 centímetros respecto del día anterior.
Carlos Roldán, presidente de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, confirmó que ya se activaron protocolos para facilitar los movimientos de hacienda.
“Tenemos una crecida extraordinaria tanto del río Paraná como del Uruguay, y eso está llevando a activar los protocolos en los cuales veníamos trabajando”, sostuvo en declaraciones a Radio Bella Vista.
El dirigente vinculó el aumento de los caudales principalmente con las precipitaciones registradas en Brasil y señaló que el sector venía preparando medidas preventivas ante los pronósticos climáticos.
El comportamiento de las lluvias durante los próximos meses será determinante para establecer el alcance del impacto productivo.
El fenómeno de El Niño se encuentra asociado, en términos generales, con una mayor probabilidad de precipitaciones por encima de los valores normales en sectores del Litoral argentino y la Cuenca del Plata.
Sin embargo, las precipitaciones no se distribuyen de manera uniforme y la evolución de las crecidas depende también de las lluvias que se registran aguas arriba, especialmente en Brasil.
El Instituto Nacional del Agua (INA) mantiene actualizado su sistema de alerta hidrológica para la Cuenca del Plata, con reportes sobre los niveles de los ríos y pronósticos de corto plazo.
Para los productores, la principal preocupación es que una sucesión de precipitaciones impida el descenso del agua y prolongue la permanencia de los animales fuera de sus campos habituales.
El envío del buque chileno Danstar con mercadería e insumos hacia las Islas Malvinas, desde la ciudad de Punta Arenas y programado para noviembre, reavivó una histórica disputa entre Argentina y Chile y escalonó una serie de declaraciones cruzadas que tensionan la relación política y diplomática. Mientras se mantiene la sintonía ideológica de Javier Milei con el presidente chileno, José Antonio Kast, la discusión se trasladó a los parlamentos de ambos países.
El frente de conflicto se da en paralelo a las acciones del gobierno argentino para presionar al Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, específicamente en el proyecto Sea Lion.
En este contexto, la semana pasada el Parlamento chileno aprobó siete resoluciones que podrían blindar la ruta marítima privada que se prepara entre Punta Arenas y el archipiélago: durante una sesión especial el 6 de octubre, la Cámara de Diputados emplazó al presidente José Antonio Kast a adoptar una posición más firme “en defensa de los intereses nacionales”.
Las iniciativas impulsadas por los legisladores exigen la derogación del Decreto 457/2021, una normativa de la gestión anterior en Argentina que definía al Estrecho de Magallanes y al Paso Drake como “espacios compartidos” para fines de exploración y control, una formulación que en Chile es calificada como “una violación de su soberanía”. Ante este panorama, solicitaron un reequipamiento urgente de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) en la zona austral y la consolidación de una política de protección fronteriza con visión a 2040.
A pesar de la buena relación entre Milei y Kast, las resoluciones contaron con el respaldo del bloque oficialista. La N° 265, presentada por diputados como Diego Schalper, Luis Pardo y Juan Carlos Beltrán, ratificó la importancia estratégica del Estrecho de Magallanes para el comercio internacional y el ejercicio del derecho de libre navegación conforme a los tratados vigentes.
Las siete resoluciones aprobadas no son homogéneas ni unánimes: reflejan un arco que va desde el consenso institucional hasta la ruptura con la sintonía oficial entre Santiago y Buenos Aires. La más transversal reafirma la plena vigencia de los tratados limítrofes y obtuvo 100 votos a favor y apenas una abstención. En el otro extremo, otra exige anteponer el interés nacional de Chile a la afinidad política con el gobierno argentino: tuvo 60 votos a favor, 31 en contra y 9 abstenciones. Es, en esencia, un mensaje político directo al Ejecutivo.
Las restantes resoluciones completaron el cuadro. Establece una política integral de resguardo con horizonte a 2040; revierte los recortes presupuestarios que afectan a la región de Magallanes; y exige la derogación formal e inmediata del Decreto 457/2021.
La resolución presentada por diputados del Partido Socialista fue las más ambiciosa: además de reclamar la derogación del Decreto 457/2021, exige gestiones diplomáticas para dejar sin efecto el Decreto 256/2010 y la elaboración de una Estrategia de Estado para la zona austral y antártica que incluya el Estrecho de Magallanes, el Campo de Hielo Sur, la plataforma continental y los derechos antárticos chilenos. Obtuvo 66 votos a favor, 4 en contra y 26 abstenciones.
Estas resoluciones parlamentarias no son vinculantes. Son un encargo político transversal, con votos cruzados, que le exige al Gobierno de Kast pasar de la retórica a los hechos.
“Nosotros vemos con buenos ojos cualquier comercio de chilenos, y si tiene que ser con las Malvinas y se puede hacer, que se haga”, declaró el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, a la cadena TVN. El funcionario restó importancia a los riesgos regionales al comparar la situación con la operación de yacimientos mineros en zonas fronterizas, subrayando que es un negocio entre privados donde el Estado debe limitarse a garantizar condiciones de seguridad y reglas claras.
En la misma línea, el ministro de Defensa chileno, Fernando Barros, descartó de plano los rumores de un eventual “interceptación” de la armada argentina y la posibilidad de escoltar al Danstar, al reiterar que “la navegación fuera del Estrecho de Magallanes no puede ser restringida ni condicionada” por ningún actor externo. No existe, hasta el momento, un anuncio oficial de Buenos Aires sobre una medida de ese tipo.
Desde Buenos Aires la presión no es diplomática; también es parlamentaria. El diputado nacional Guillermo Michel, del peronismo entrerriano, presentó un proyecto de ley que propone retirar beneficios fiscales a las empresas chilenas. “La posición es muy clara, si Chile quiere hacer negocios con los isleños, no le demos beneficios económicos nosotros a sus empresas acá. Nada más que eso. O sea, una cuestión de reciprocidad”, afirmó Michel a Infobae.
De manera puntual, la iniciativa dispone que el Poder Ejecutivo argentino denuncie dos acuerdos bilaterales vigentes con Chile: el Tratado sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones (Ley 24.342) y el Convenio para Eliminar la Doble Imposición en Relación a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio (Ley 27.274). El proyecto apunta directamente a las empresas chilenas que invierten o generan rentas en territorio argentino, que hoy se benefician de topes a las retenciones sobre dividendos, intereses y regalías. Si los acuerdos fueran denunciados, esas ventajas desaparecerían.
Al presentar la iniciativa, el legislador aclaró que la propuesta no busca romper las relaciones diplomáticas entre ambos países, sino trasladar el reclamo de soberanía al plano económico. “El circuito comercial de Montevideo con Malvinas es ínfimo, ellos le exportan lana a Uruguay, pero de Uruguay importan muy poco. El apoyo logístico fundamental, más allá de las exportaciones, es de Chile, con el el vuelo una vez por semana y, ahora, con la nueva ruta marítima”, amplió el diputado a este medio.
La respuesta parlamentaria chilena fue inmediata. Los diputados republicano, la fuerza política del presidente Kast, rechazaron en bloque la propuesta y exigieron una respuesta diplomática enérgica de la Cancillería. Stephan Schubert, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, calificó la iniciativa de “bastante irresponsable” y pidió precisiones sobre si refleja la postura oficial de Buenos Aires o es una posición exclusivamente parlamentaria.
Álvaro Carter, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, fue más duro: “La propuesta de retirar beneficios a empresas chilenas no es solo un atentado al libre comercio, es una agresión directa a la estabilidad jurídica y a los acuerdos de mutuo respeto entre Chile y Argentina”, afirmó. En tanto, Catalina Del Real, que también integra la Comisión de Defensa, habló de “chantaje económico” y exigió una protesta diplomática formal.
“Yo creo que este gobierno todo lo que hace con la causa Malvinas es una farsa. No tiene ninguna iniciativa real de cambiar esta situación. Porque si quisieran hacer algo real, harían lo que yo propongo. O con el Reino Unido, ¿por qué no denunciaron el convenio de doble imposición con Reino Unido? A los ingleses le dan un convenio de doble imposición fiscal que le permite a las empresas inglesas que invierten en Argentina ahorrar cincuenta millones de dólares al año. Es la mitad de lo que gasta Reino Unido en seguridad en las Islas Malvinas”, cuestionó Michel.
En paralelo, un grupo de más de una docena de senadores y diputados kirchneristas envió el 29 de septiembre una carta a los presidentes de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, solicitando que sus gobiernos impidan que puertos, aeropuertos e infraestructura de sus territorios sean utilizados para abastecer o facilitar actividades de empresas que participen en la exploración y explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas, las Georgias del Sur y el Sándwich del Sur. Esto es, a quienes apoyen con logística al proyecto Sea Lion.
La misiva fue firmada por Juliana Di Tullio, Jorge Capitanich, Sergio Uñac, Agustín Rossi, Eduardo Valdés, Nicolás Trotta y Eduardo “Wado” de Pedro, entre otros. El documento invoca la Resolución 2065 de la ONU, que reconoce la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido, y la Resolución 31/49, que insta a las partes a abstenerse de modificaciones unilaterales mientras el proceso de negociación recomendado por las Naciones Unidas esté en curso.
“Ningún país latinoamericano debería convertirse, aún involuntariamente, en plataforma logística de actividades económicas que contribuyan a consolidar una situación colonial” en la región, sostiene el texto. Los legisladores argumentaron que Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay poseen, por su ubicación geográfica y su infraestructura portuaria y aeroportuaria, una capacidad estratégica para privar a las empresas involucradas del apoyo necesario para operar en el archipiélago.
En las últimas horas, el canciller Pablo Quirno denunció que hay sectores y actores externos que intentan hacer pelear a la Argentina y Chile, y aseguró que el Gobierno no va a entrar ahí. En A24, destacó la excelente relación con el Presidente Kast y su Canciller: “En este momento no tenemos notificación oficial de un barco chileno yendo a Malvinas. Lo que sí es muy importante destacar es la relación con Chile, a pesar de que hay varios jugadores, algunos externos. Por eso también es importante entender la Ley de Soberanía Nacional y las influencias externas. Y hay ciertos sectores chilenos que están tratando de hacernos pelear. Nosotros con Chile tenemos una posibilidad y una oportunidad histórica en varios ámbitos”, afirmó .
Lejos de posición, el intendente de Río Grande, Martín Pérez, le envió una carta al embajador de Chile en la Argentina, Gonzalo Uriarte Herrera, para transmitirle “malestar y preocupación” por la actividad comercial en Punta Arenas.
“Chile es nuestro hermano, nuestro amigo y nuestro aliado estratégico. En la isla de Tierra del Fuego tenemos una historia y un futuro común. Por eso nos preocupa que en Punta Arenas se realicen actividades empresariales que terminan ayudando y asistiendo a los ocupantes ilegales de nuestras islas Malvinas“, indicó en X.
Y agregó: “Esas actividades van en contra de todo lo que, desde hace décadas y décadas, costó tanto construir juntos entre argentinos y chilenos. El Reino Unido, una vez más, intentando dañar la hermandad de nuestras naciones”.
La tensión entre Argentina y Chile por la ruta comercial hacia las Islas Malvinas sumó un nuevo capítulo. Legisladores del Partido Republicano, la fuerza del presidente chileno José Antonio Kast, criticaron al diputado entrerriano Guillermo Michel por su propuesta de revisar los acuerdos bilaterales entre ambos países.
El dirigente peronista había planteado que el Poder Ejecutivo argentino reconsidere dos tratados firmados con Chile y elimine los beneficios fiscales asociados a esos acuerdos comerciales.
El origen de la polémica es el viaje que el buque chileno Danstar tiene previsto realizar en noviembre desde Punta Arenas hacia las islas, una ruta que generó objeciones del lado argentino.
Las respuestas desde Chile
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados chilena, Stephan Schubert, consideró que la propuesta de Michel resulta “bastante irresponsable” y le pidió a la Cancillería argentina que aclare si se trata de una postura oficial del Gobierno, pese a que el proyecto es de un opositor.
El diputado republicano Álvaro Carter, representante de comunas del sur de Santiago como La Florida y Puente Alto, calificó la propuesta como una “agresión directa” a la seguridad jurídica y a los compromisos de respeto mutuo entre los dos países. “Cancillería debe actuar con fuerza y defender los intereses nacionales ante esta nueva provocación argentina y evidente falta de respeto a los tratados vigentes”, reclamó.
En la misma sintonía, la diputada Catalina del Real exigió una “protesta diplomática enérgica”. Por su parte, Alejandro Riquelme, legislador por la región de Magallanes, sostuvo: “Chile no necesita pedirle permiso a nadie para ejercer sus derechos soberanos”.
El cruce se produce días después de que Argentina presentara ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar un pedido para frenar la explotación de hidrocarburos que el Reino Unido autorizó en la zona norte de las islas.
La “malvinización” del gobierno de Javier Milei y las declaraciones de jefes militares argentinos sobre una eventual presencia “militar conjunta” en el estrecho de Magallanes, de soberanía chilena, dispararon la presión de la Cámara de Diputados del vecino país sobre el presidente José Antonio Kast: la semana pasada se aprobaron siete resoluciones legislativas -una de la bancada oficialista Comité Republicano-, exigiendo más firmeza diplomática con Argentina, el reequipamiento de la Fuerza Aérea y una política más activa para defender la ruta marítima que uniría Punta Arenas, a través del mencionado canal, con las Malvinas.
Se trata de la navegación del buque Danstar, de bandera chilena y propiedad de la naviera Easter Island Naviera, proyectada para noviembre próximo para abastecer de mercaderías a los habitantes de las Islas y restablecer una ruta comercial con Puerto Argentino. La firma naviera habría decidido atravesar el Estrecho de Magallanes y no el Mar de Drake, más al sur.
Es en este contexto en el que grupos parlamentarios de la Cámara baja de Chile emplazaron al mandatario trasandino a disponer distintas medidas para garantizar la soberanía de ese país sobre la región austral, con el reemplazo de aviones de la Fuerza Aérea y el cumplimiento de los tratados internacionales con Argentina respecto a la soberanía sobre el canal descubierto por el navegante portugués, en 1520.
También le piden a Kast que reclame a Milei la derogación del decreto 457/2021, firmado por Alberto Fernández, que aprobó la nueva Directiva de Política de Defensa Nacional de la Argentina y en un anexo considera al Estrecho de Magallanes y al Mar de Hoces (Paso Drake) como “espacios compartidos” para la exploración, el estudio y el “control conjunto” con el país trasandino.
El proyecto aprobado de Comité Republicano, en tanto, reafirma “la importancia estratégica del Estrecho de Magallanes para el tránsito marítimo y el comercio internacional, destacando que su régimen de libre navegación se ejerce en conformidad con los tratados vigentes y bajo la plena y exclusiva soberanía de la República de Chile”. Otra iniciativa, en tanto, considera que el vecino país tiene la potestad de garantizar el comercio de cualquier empresa que pretenda utilizar dicho canal.
La reacción nacionalista en el vecino país generó críticas a Kast, que analiza realizar una reunión de gabinete a Punta Arenas en enero próximo junto a un desfile militar.
Un funcionario de la administración libertaria, en tanto, consideró que siempre hay “grupos políticos interesados en confrontar con Argentina” y no descartó que “esta presión sea el fruto del lobby de los sectores interesados en reequipar las FFAA de ese país”.Y recordó que en septiembre pasado, tras una reunión de Kast con Milei en Santiago de Chile, ambos países emitieron sendos comunicados en el que dieron por terminada la controversia por Magallanes.
Por su parte, el diputado Guillermo Michel (UP), presentó un proyecto de ley para disponer sanciones económicas a empresas chilenas que operan en el país si finalmente se abre la ruta marítima entre Punta Arenas y las Malvinas.
“Si Chile decide hacer negocios de manera ilegal en Malvinas, no puede tener de parte de la Argentina beneficios económicos y fiscales por sus inversiones en nuestro país. El planteo es razonable, no se busca romper el diálogo ni las relaciones diplomáticas. Pero tampoco nuestro país puede mantener ventajas económicas y fiscales a Chile si sigue yendo en contra de la causa Malvinas”, expresó el diputado entrerriano. Y propuso dar de baja “los Convenios que dan beneficios económicos y fiscales a las empresas chilenas que invierten en Argentina”.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, ratificó su respaldo a la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) tras regresar de la gira por París junto al presidente Javier Milei. En una entrevista con Radio Splendid, el mandatario provincial cuestionó la posibilidad de que los ciudadanos deban concurrir hasta cinco veces a las urnas durante 2027 y sostuvo que los partidos deberían definir sus candidaturas por su cuenta.
Frigerio, que participó de la Argentina Week junto a Milei y otros doce gobernadores, también hizo un balance de la gira y destacó que la principal inquietud entre los empresarios e inversores con los que se reunieron estuvo vinculada con la continuidad política del programa económico.
“Me sorprendió el interés en Argentina, había muchos inversores. Y también me sorprendió que el principal cuestionamiento o temor de los inversores no pasara por alguna cuestión puntual del plan económico sino por la política, por la posibilidad de sostener este rumbo en el tiempo. Lo político fue lo que prevaleció en las conversaciones con inversores”, señaló al programa No vale arrugar.
En ese sentido, el gobernador destacó la composición de la delegación argentina en Francia. “Fue muy llamativo el hecho de que en una comitiva nacional se hayan sumado 14 gobernadores, de alguna manera planteando que el norte no se toca. Frente a la incertidumbre fue una cuestión bastante contundente”, dijo.
El dirigente del PRO se refirió al debate por la reforma electoral que impulsa el oficialismo nacional y respaldó la eliminación de las PASO. En ese punto, puso el foco en la cantidad de convocatorias electorales que podrían concentrarse el próximo año entre comicios provinciales, legislativos y nacionales.
“Yo creo que en este momento, donde hay tanta grieta entre la ciudadanía y la política, obligar a la gente a ir a votar cinco veces en algunos casos durante 2027 es tirar demasiado de la piola”, afirmó.
Frigerio insistió con ese argumento y aludió a la participación en los últimos comicios. “Yo creo que no están las condiciones dadas como para que la ciudadanía vaya cinco domingos de 2027 a votar, sobre todo porque en las últimas elecciones votó poco más del 60%, y recordemos que votar es obligatorio”, expresó.
Para el gobernador entrerriano, el debate debe contemplar el deterioro del vínculo entre la dirigencia y los votantes. “La política tiene que volver a escuchar a la gente. Parte de la reconciliación con la gente es que la política no esté todo el tiempo hablando de elecciones”, sostuvo.
No obstante, el mandatario indicó que no existió una reunión formal entre todos los gobernadores para tratar ese asunto, aunque reconoció que el tema sobrevoló en conversaciones informales.
Frigerio, al igual que otros gobernadores, mantuvo contactos con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y con dirigentes cercanos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para abordar la iniciativa. Según explicó, el eventual avance de la reforma electoral también está ligado a las negociaciones sobre acuerdos políticos para 2027.
“Hay otras cuestiones que se empiezan lentamente a discutir en algunas provincias respecto a cómo van a ir en la elección del año que viene, si en acuerdo o no con el gobierno. Así que yo creo que también eso forma parte de una discusión y me parece que se van a ir destrabando ambas cosas a la vez. Es una suposición”, analizó.
Por otro lado, el gobernador defendió el rumbo fiscal y económico de la administración nacional. En ese sentido, afirmó que la Argentina arrastra dos obstáculos estructurales que limitaron su expansión durante décadas.
“Argentina tuvo dos restricciones para crecer durante el último medio siglo: el déficit de las cuentas públicas y la restricción externa. Esto ha sido una constante y en estos dos aspectos se ha avanzado muchísimo”, planteó y destacó que el país ahora tiene superávit y logró acumular reservas.
La iniciativa busca dejar sin efecto dos acuerdos con Chile sobre inversiones e impuestos. El diputado cuestionó la reanudación del servicio marítimo entre Punta Arenas y Puerto Argentino.
El diputado nacional Guillermo Michel, del peronismo entrerriano, presentó un proyecto para que la Argentina denuncie dos acuerdos económicos con Chile, en rechazo a la reanudación de una ruta comercial marítima entre Punta Arenas y las Islas Malvinas. La iniciativa apunta a retirar las protecciones y ventajas fiscales que esos convenios otorgan a las empresas chilenas que invierten en el país.
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El legislador cuestionó la navegación del buque Danstar, de bandera chilena y propiedad de Easter Island Naviera, prevista para noviembre. Según señaló, el viaje permitirá abastecer a los habitantes de las islas y restablecer un servicio comercial regular con Puerto Argentino.
“El retorno de la ruta comercial Punta Arenas-Malvinas […] es una muestra concreta de la falta de solidaridad de Chile con la causa Malvinas”, manifestó Michel.
Qué acuerdos busca dejar sin efecto el proyecto
La propuesta insta al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a efectuar la denuncia de dos instrumentos bilaterales, es decir, dar los pasos para poner fin a la participación argentina en esos acuerdos.
El primero es el Tratado sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones, aprobado por la Ley 24.342. El segundo es el Convenio para Eliminar la Doble Imposición en Relación a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y para Prevenir la Evasión y Elusión Fiscal, aprobado por la Ley 27.274.
Según los fundamentos difundidos por el legislador, estos acuerdos conceden beneficios a las empresas chilenas que realizan inversiones y obtienen rentas en la Argentina. Entre ellos, mencionó los límites a las retenciones sobre pagos de dividendos, intereses y regalías.
La iniciativa busca que el Gobierno revise esas ventajas como respuesta a la colaboración logística que Michel atribuye a Chile en el territorio insular.
Michel cuestionó el vínculo comercial con Malvinas
“Nuestro país debe sostener la defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas, su territorio y recursos naturales”, sostuvo el diputado. También afirmó que la Argentina no puede ignorar el accionar de países que “prestan colaboración logística al accionar ilegal de empresas en ese territorio argentino”.
Michel vinculó su propuesta con la necesidad de trasladar el reclamo de soberanía al plano económico.
“Si Chile decide hacer negocios de manera ilegal en Malvinas no puede tener de parte de la Argentina beneficios económicos y fiscales por sus inversiones en nuestro país. Tienen que decidirse”, expresó.
El legislador aclaró que su planteo no busca interrumpir las relaciones diplomáticas entre ambos países. “No se busca romper el diálogo ni las relaciones diplomáticas. Pero tampoco nuestro país puede mantener ventajas económicas y fiscales a Chile si sigue yendo en contra de la causa Malvinas”, concluyó.
