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El tráfico comercial en el Estrecho de Ormuz ha superado los 10 millones de barriles diarios de petróleo desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un acuerdo de paz provisional con Irán, según confirmó a Bloomberg un funcionario estadounidense que solicitó el anonimato para describir el estado interno de las negociaciones. El repunte, apuntalado por el despliegue militar de Washington en la zona sur del corredor, tomó por sorpresa a Teherán, cuya capacidad real para paralizar el paso ha quedado en entredicho.

El miércoles se observaron dos grandes convoyes de buques comerciales cruzando el estrecho, en lo que el rastreo de Bloomberg describió como uno de los ejemplos más nítidos hasta la fecha de una táctica de navegación en grupo que gana terreno. Seis cargueros fueron vistos entrando al Golfo Pérsico en formación compacta por la ruta vigilada por Estados Unidos, pegada a la costa de Omán; otros cuatro salían en sentido contrario.

Entre ellos figuran buques cisterna de petróleo, gas y combustible, así como portacontenedores, varios con vínculos con los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Las fuerzas navales occidentales informaron el fin de semana que esa ruta omaní fue ampliada para permitir la entrada y salida simultánea de embarcaciones, lo que explica los movimientos en ambas direcciones registrados el miércoles.

La media móvil de siete días de tránsitos comerciales se situaba en 38 al 30 de junio, aunque una salida acelerada de naves que permanecían atrapadas desde el inicio de la guerra la elevó hasta 40 en los días más recientes, según Bloomberg. Si todos los buques del miércoles completan el trayecto, los datos de rastreo muestran que supondría un incremento respecto al día anterior.

Las naves transitan por dos vías: la gestionada por Estados Unidos, próxima a la costa omaní, y otra que atraviesa aguas iraníes. Irán ha declarado que no autoriza tránsitos sin su conocimiento, y su negociador jefe, Mohammed Bagher Ghalibaf, afirmó el martes en televisión estatal que la soberanía sobre el corredor pertenece a Irán y Omán.

El memorando de entendimiento firmado por Trump e Irán contempla tráfico libre de peajes durante un período de negociación de 60 días y deja abierto el estatus del estrecho más allá de ese plazo. Trump y el secretario de Estado Marco Rubio han declarado que tanto los peajes como las tarifas de servicio marítimo serían inaceptables en un acuerdo definitivo. Irán no ha aceptado públicamente esas exigencias.

Las conversaciones indirectas de esta semana en Qatar, en las que participan los negociadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, tienen como ejes centrales el futuro de las capacidades nucleares iraníes y el control del tráfico por Ormuz, de acuerdo con el funcionario citado. El negociador omaní señaló que los planes para el estrecho no implican la imposición de “tarifas de tránsito”, aunque el país comunicó a funcionarios europeos que algunos cobros podrían ser necesarios, según reportó Bloomberg.

La semana pasada, Irán vulneró las medidas acordadas con un ataque de dron contra un buque portacontenedores de bandera singapurense, lo que desencadenó una cadena de represalias que pusieron en riesgo la tregua. El incidente dañó el puente de mando de la nave, pero no causó víctimas y el barco pudo continuar su travesía.

La decisión de Trump de suspender más ataques y dejar avanzar las negociaciones fue interpretada como una señal de su renuencia a asumir un mayor coste económico derivado del conflicto. El mandatario ha dicho que no quiere ser recordado como Herbert Hoover, presidente durante el desplome bursátil de 1929 que desencadenó la Gran Depresión.

Analistas advirtieron que esas consideraciones económicas y políticas podrían alentar a Irán a dilatar las conversaciones, erosionando la capacidad de Trump para arrancar concesiones sustanciales a Teherán. Restablecer el tráfico por Ormuz representa una vuelta al estado previo a la guerra, no un avance nuevo, según las mismas fuentes.

La capacidad limitada de Irán para monitorear el tráfico alejado de su costa retrasó su percepción del alcance real de los flujos en el corredor sur, lo que contribuyó a su tardía reacción, indicó el funcionario. La administración estadounidense interpreta los ataques de la semana pasada como un intento de Teherán de reafirmar su control sobre el estrecho tras constatar que su poder para paralizarlo es más reducido de lo previsto.

Antes del conflicto, el Estrecho de Ormuz canalizaba cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado, con aproximadamente 20 millones de barriles de crudo y combustible fluyendo a diario. Con al menos 10 millones pasando actualmente por el corredor y otros cinco millones circulando por rutas alternativas, los flujos se acercan a los niveles anteriores a la guerra.

Armadores, compañías petroleras y otros actores del sector advirtieron que cualquier tarifa —o cobro que la encubra— constituye una violación inaceptable del derecho internacional y sentaría un precedente peligroso que podría alentar cobros similares en otras vías navegables del mundo.

Pedro Di Nezio, científico con trayectoria académica en Estados Unidos y especialista en predicción climática, asumió hoy la conducción del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en reemplazo de Antonio Mauad, quien completó la primera etapa de reestructuración del organismo. La nueva gestión tendrá a su cargo la puesta en marcha de un plan de inversión para automatizar la red de estaciones meteorológicas del país.

Di Nezio es doctor en Meteorología y Oceanografía Física por la Universidad de Miami e ingeniero mecánico egresado del ITBA. Su designación formal rige desde este 1° de julio, aunque, según pudo reconstruir Infobae, ya había comenzado a trabajar antes en articulación directa con el equipo saliente, en el marco de lo que fuentes oficiales describieron como “una transición ordenada”.

La decisión la tomó el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, cartera de la que depende el SMN. Di Nezio llega con un perfil infrecuente para la conducción de un organismo estatal argentino: veinte años radicado en Estados Unidos, donde lideró programas de investigación aplicada en las universidades de Colorado, Texas y Hawái, con pasos también por NOAA y el Centro Nacional de Investigación Atmosférica.

A lo largo de su carrera, estuvo a cargo de proyectos que demandaron inversiones millonarias en el ámbito privado, con responsabilidad técnica y administrativa directa. Además, según consta en su currículum, publicó más de sesenta trabajos científicos, varios de ellos en Science y Nature. En 2017 firmó, además, uno de los primeros pronósticos de La Niña con dos años de anticipación, una capacidad especialmente valorada en el sector agropecuario por su incidencia en la planificación de campañas y en la anticipación de sequías prolongadas.

Su trayectoria incluye, además, experiencia de gestión por fuera del ámbito académico: desde 2011 integra el panel internacional de diagnóstico de El Niño/La Niña que coordina el Centro de Predicción Climática de la NOAA, y en los últimos dos años se desempeñó como consultor en riesgo climático para la red de reaseguros WTW Research Network, un antecedente que el equipo de conducción del ministerio destaca como prueba de su capacidad para articular información técnica con la toma de decisiones en sectores productivos. En 2024 fue disertante invitado en el Simposio Fronteras de la Ciencia de la Fundación Kavli, en Kyoto, uno de los encuentros científicos internacionales de mayor prestigio en su área.

Su llegada a la conducción del SMN no es una novedad completa: en octubre de 2025, la cartera de Defensa ya había confirmado que Di Nezio ocuparía el cargo, aunque aquella designación no llegó a formalizarse en el Boletín Oficial. En los meses siguientes, la conducción del organismo quedó en manos de Antonio Mauad, quien asumió el compromiso de completar una primera etapa de reestructuración antes de dar paso a la gestión que el Gobierno proyectaba desde un principio para Di Nezio.

Según pudo reconstruir este medio con fuentes con acceso directo al proceso, el esquema de recambio estuvo planificado desde el verano. Mauad solicitó en diciembre un plazo de seis meses para llevar adelante una reestructuración que consideraba necesaria, con foco en ordenar una estructura territorial que, según el diagnóstico oficial, arrastraba numerosas designaciones de origen político.

El Gobierno indicó que, de los entre 120 y 125 puntos de observación meteorológica distribuidos en el país, cada uno llegó a contar con hasta ocho personas asignadas a tareas de relevamiento, en muchos casos sin formación ni certificación como observadores meteorológicos.

En ese diagnóstico, fuentes oficiales describieron una lógica de designaciones que respondía en buena medida a pedidos de intendencias del norte y el litoral del país, más que a necesidades operativas del organismo. En ese marco, el SMN avanzó en los últimos meses en la desvinculación de alrededor de 100 agentes. En ese momento, el Ejecutivo resaltó que las medidas no habían afectado al personal científico del SMN.

Cumplida esa etapa, el Gobierno decidió dar paso a la fase de expansión y modernización que reservaba para Di Nezio desde el momento en que definió su incorporación. La nueva gestión pondrá el foco en una inversión de varios millones de dólares destinada a automatizar buena parte de la red de estaciones y reemplazar de manera progresiva el esquema de observadores humanos por tecnología de última generación, en línea con el perfil técnico y científico del nuevo director.

La estrategia oficial para el SMN y el rol del organismo

El nombramiento se enmarca, además, en una estrategia más amplia del Gobierno para el organismo. En el equipo de conducción sostienen que el SMN funciona como una de las principales vías de contacto cotidiano entre la gestión y la ciudadanía —a través de alertas y pronósticos— y le asignan también una función estratégica vinculada al sistema de defensa nacional.

La elección de un perfil científico de trayectoria internacional busca, según esa misma lectura, dotar al organismo de mayor jerarquía técnica y despegarlo de una lógica de gestión tradicional, en un ámbito que históricamente mostró resistencia a conducciones ajenas a la propia comunidad meteorológica local. También apunta a responder a reclamos que distintos sectores venían planteando en torno a la conducción del organismo.

Mauad, por su parte, continuará ligado al Ministerio de Defensa y se reincorporará a tareas vinculadas a las Islas Malvinas, área en la que ya había tenido desempeño previo y que en su momento condujo con buenos resultados, según la evaluación del propio ministerio.

Si bien no va a cumplir con aquella promesa, simbólica o no, de dinamitar el Banco Central (BCRA), el gobierno de Javier Milei se prepara para cambiar sus funciones. La Carta Orgánica de la autoridad monetaria, instrumento esencial de la política monetaria, tuvo su última reforma en 2012, en el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y hacia allí apunta el gobierno, según explicó el propio Presidente durante una reunión con legisladores oficialistas en la que se repasaron las prioridades de la agenda parlamentaria.

La reforma del 2012, impulsada por la presidenta del BCRA de entonces, Mercedes Marcó del Pont, dispuso diversos cambios. El kirchnerismo puso especial énfasis en modificar el artículo 3, que establecía como “función primaria y fundamental” de la entidad “preservar el valor de la moneda”. Esa función se reemplazó por un mandato múltiple que sumó “promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”.

Con ello, se aspiraba a que el rol del Central no se limite a contener la inflación sino que tenga también obligaciones que la orienten a fomentar el crecimiento de la economía y promocionar el empleo, pese a existir otros organismos del Estado a cargo de esas tareas. Tal fue el impulso a esa idea, que Marcó del Pont mandó a cambiar el cartel montado en el ingreso al edificio de Reconquista 266 con el antiguo artículo 3 para que pudiera leerse el nuevo.

Los años posteriores no trajeron ni inflación baja ni desarrollo con equidad. Pero si fueron testigos de una consecuencia de fondo de la nueva Carta orgánica -menos anunciada pero más utilizada- que fue el cambio del artículo 20 dedicado a los adelantos transitorios. Se trata de una herramienta crucial para que el Banco Central financie al Tesoro con emisión monetaria. Antes de la reforma, los adelantos transitorios se otorgaban por un plazo de 12 meses y no podían superar el 12% de la base monetaria, a lo que podía sumarse un 10% de la recaudación obtenida por el Gobierno nacional en el último año.

La reforma del kirchnerismo elevó esos topes y añadió otro 10% de la recaudación del último año con “carácter excepcional”. También eliminó la asignación específica para el pago a organismos multilaterales, permitiendo al Poder Ejecutivo utilizar los adelantos transitorios para cualquier destino.

De ese modo, siguiendo el principio impulsado por Marco del Pont de que el BCRA debía financiar al Tesoro como función primordial, en 2012 se inició un proceso de llevar al límite los fondos que el Central le giraba al Gobierno. Como contrapartida, el Banco Central debía emitir sus propios títulos para esterilizar esos fondos y atenuar el impacto inflacionario. Así comenzó el crecimiento de los pasivos remunerados del BCRA, que derivaron en consecuencias posteriores.

Otros aspectos de la reforma establecían que el Banco Central deberá actuar “en el marco de las políticas establecidas por el Gobierno Nacional”, para reducir su margen de independencia.

Si bien el actual gobierno ya limitó de hecho la independencia del Central, y aún sin conocerse los detalles de la contrarreforma que propone Milei, se espera que la iniciativa busque reducir la capacidad de emisión monetaria, ampliada por la reforma de 2012 para cubrir el déficit fiscal, especialmente en contextos de restricción o ausencia de financiamiento.

En su presentación ante la Fundación Faro la semana pasada, Milei propuso volver a la Carta Orgánica previa a 2012. “¿Qué podemos pretender de alguien de un Banco Central kirchnerista?“, afirmó el Presidente.

”La bruta de Marcó del Pont a un instrumento de política económica le asignó cinco objetivos. Si uno lee la Carta Orgánica actual por cualquier motivo puede emitir dinero. Así estábamos, nos dejaron plantado una hiper. Pero, lo que quiero decir es que el artículo 3 de la Carta Orgánica del Banco Central, decía que era misión fundamental del Banco Central de la República Argentina defender el valor de la moneda. Parece que no les salió, le sacaron 13 ceros”, sentenció Milei.

La Educación Sexual Integral en Argentina volvió al centro de la agenda pública tras los cuestionamientos de Clara Muzzio, vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sus declaraciones, difundidas en redes sociales, pusieron en duda la efectividad del programa en la reducción de enfermedades de transmisión sexual y generaron una ola de respuestas de referentes políticos y especialistas.

Muzzio expresó en un posteo que “la ESI tampoco redujo las enfermedades de transmisión sexual”. Citó el caso de una joven que, tras descubrir un diagnóstico de sífilis, afirmó no haber recibido información sobre la enfermedad durante su escolaridad. Y mencionó estadísticas del Boletín Epidemiológico Nacional sobre el aumento de sífilis en jóvenes de 20 a 21 años. Este enfoque generó controversia incluso dentro del PRO, partido al que pertenece la funcionaria.

Pilar Molina, secretaria general de Gestión del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires destacó en Infobae en Vivo que “la ESI no refleja un posicionamiento ideológico” y señaló que su implementación trasciende gobiernos y partidos políticos.

Datos del Ministerio de Salud de la Nación muestran una reducción de embarazos adolescentes tras la implementación de la ESI y el programa ENIA. En 2005, se registraron 107.109 embarazos en menores de 20 años. Para 2024, esa cifra descendió a 35.292, lo que representa una disminución del 67%.

Molina aportó datos del Ministerio Público Tutelar. Destacó que “entre el 70% y el 80% de los chicos y chicas de entre 12 y 14 años que pasaron por la sala de entrevistas especializadas pudieron reconocer y contar que habían sido víctimas de abuso gracias a lo aprendido en Educación Sexual Integral”.

Al mismo tiempo agregó que la actualización de esos datos en 2024 mostró que “uno de cada cuatro chicos elige el entorno escolar para develar voluntariamente situaciones traumáticas”. Según la funcionaria, la ESI permite que la escuela funcione como un refugio y espacio de confianza para niñas, niños y adolescentes.

La secretaria general explicó que la ESI “no es una asignatura” y que abarca cinco ejes: derecho y cuidado de la salud, afectividad y perspectiva de género, entre otros. “La ESI tiene una profundidad que va más allá de la currícula”, señaló la funcionaria. Molina remarcó que nunca registró intervenciones estructurales de adoctrinamiento, aunque reconoció la posibilidad de casos aislados.

La funcionaria atribuyó la resistencia social a la ESI principalmente al miedo y al desconocimiento. “Fundamentalmente es miedo y desconocimiento”, afirmó Molina, y sostuvo que la ESI busca dar respuesta a la mayoría de las preocupaciones de madres, padres y docentes sobre la infancia y la adolescencia.

Programa ENIA y políticas públicas vinculadas

Junto a la ESI, el Programa Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) fue señalado como un factor relevante en la disminución de embarazos adolescentes. El programa promovió el acceso a bienes y servicios vinculados a la salud sexual y reproductiva.

El ENIA integró programas preexistentes de educación, salud y desarrollo social, con el objetivo de coordinar esfuerzos entre Nación, provincias y municipios. Molina recordó que coordinó el ENIA en la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal y que la política contó con consenso transversal.

Sobre el estado actual del programa, Molina señaló que en 2024 y 2025 se produjo un “desmantelamiento bastante intensivo” a nivel nacional, lo que generó respuestas de diversos sectores de la comunidad y la academia en defensa de la política.

La funcionaria enfatizó la importancia de actualizar y fortalecer la ESI para abordar emergentes sociales y tecnológicos. Sostuvo que “la ESI debería ser una herramienta que se actualice periódicamente” para acompañar los procesos de crecimiento y las nuevas realidades de niñas, niños y adolescentes.

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La minera con base en Canadá AISA Group presentará un nuevo RIGI por USD 1.500 millones para expandir Gualcamayo y convertirlo en una plataforma de exploración, reposición y crecimiento mineral de largo plazo. La decisión, según comunicó la compañía, amplía el desembolso que ya había comprometido en San Juan y se suma al régimen de promoción de inversiones que ya acumula 20 proyectos aprobados por más de USD 33.000 millones.

El anuncio lo hizo Juan José Retamero, CEO y fundador del grupo, durante el encuentro que el presidente Javier Milei mantuvo el último viernes en Madrid con empresarios e inversores españoles. La reunión estuvo organizada por la Embajada de la Argentina en España y contó con la presencia del embajador argentino Wenceslao Bunge Saravia y del canciller Pablo Quirno.

La iniciativa de AISA Group se denomina Programa G50 y complementa el RIGI ya aprobado para el Proyecto Carbonatos Profundos. Ese primer esquema prevé una inversión de USD 665 millones y exportaciones estimadas en USD 26.500 millones entre 2030 y 2055.

En tanto, el segundo RIGI buscará llevar el desarrollo de Gualcamayo a una escala mayor. Según la información difundida por la empresa, el Programa G50 plantea una estrategia intensiva y sostenida de exploración distrital para ampliar el inventario de recursos, fortalecer el flujo de proyectos operativos, sostener la vida útil de la mina y desarrollar el potencial total del yacimiento.

En una primera etapa, el plan prevé acelerar la evaluación de recursos remanentes en un plazo de 24 a 36 meses para incorporar nuevas onzas al perfil productivo de corto plazo. En paralelo, avanzará sobre nuevos sectores del distrito, que abarca 38.000 hectáreas de concesión minera, incluidas áreas con potencial aurífero y de metales industriales.

Nicolás Bareta, head of mining de AISA Group, explicó el alcance del proyecto: “Estamos pensando Gualcamayo como distrito, no solo como mina. La oportunidad está en integrar Carbonatos Profundos, exploración brownfield, nuevos targets y una nueva mirada de toda nuestra propiedad. La Argentina necesita proyectos que repongan reservas, generen divisas y sostengan empleo durante décadas para que haya más minería en las próximas décadas; ese es el sentido estratégico del Programa G50, aprovechando los incentivos adecuados para la reinversión”.

El primer RIGI de la compañía fue aprobado en enero de 2026. Ese proyecto contempla el desarrollo de Carbonatos Profundos, un cuerpo mineralizado ubicado debajo de las antiguas zonas productivas de Gualcamayo, junto con la construcción, puesta en marcha y operación de la planta de tratamiento asociada.

La operación cuenta hoy con 7,1 millones de onzas de oro en recursos y 4,9 millones de onzas en reservas, certificadas bajo NI 43-101 y Código JORC. Ese activo constituye, según la empresa, el eje del nuevo ciclo minero de Minas Argentinas.

Gabriel Corvo, gerente general de la compañía, sostuvo: “Gualcamayo dejó de ser una operación en declive para convertirse en un distrito minero con futuro. El primer RIGI nos permitió asegurar la viabilidad de Carbonatos Profundos; este segundo proyecto apunta a consolidar una plataforma de crecimiento de largo plazo, con más exploración, más reservas y más oportunidades para San Juan”.

Retamero vinculó la nueva presentación con la estrategia que el grupo desarrolla desde su llegada a Gualcamayo en 2023, cuando impulsó la continuidad operativa, el saneamiento financiero, la recategorización de recursos y reservas y la reactivación de la exploración. “El RIGI es una herramienta clave para que la Argentina pueda transformar potencial geológico en inversión real. Nuestra decisión es seguir apostando por el país, por San Juan y por una minería moderna, competitiva y de largo plazo. Gualcamayo demuestra que una mina que parecía llegar al final puede renacer si hay visión, equipo, parámetros macroeconómicos estables y seguridad jurídica que permitan invertir”.

Los proyectos mineros lideran las presentaciones al RIGI

El nuevo proyecto de Gualcamayo se enmarca en un contexto donde la minería tiene un peso central. De acuerdo con la página oficial del Gobierno que recopila los datos del régimen, además de los 20 proyectos ya aprobados bajo el RIGI, hay otros 19 en observación por más de USD 109.000 millones. El total de capital comprometido asciende a USD 121.237 millones.

De esta forma, del total de iniciativas ingresadas al RIGI, 19 corresponden al sector minero: 13 de litio, cinco de cobre, dos de oro y una de plata.

Sobre el total de dinero comprometido, la minería reúne USD 42.200 millones, mientras que la energía, con 13 proyectos, concentra USD 78.300 millones. El anuncio de AISA Group se incorpora a esa cartera en momentos en que las empresas buscan aprovechar el régimen para escalar inversiones de largo plazo.

Las autoridades de Salzburgo, el cuarto municipio más grande de Austria, puso en marcha una prohibición temporal para que los turistas accedan en automóvil al centro histórico durante los meses de julio y agosto. La medida, que entró en vigor este verano, busca responder al aumento del turismo y a las crecientes quejas de los residentes por el tráfico intenso en el casco antiguo, según reportó el diario británico The Guardian.

El alcalde de la ciudad, Bernhard Auinger, anunció que la restricción se centra en los visitantes que llegan en coche desde otras regiones, mientras garantiza que los habitantes y trabajadores de Salzburgo no se vean afectados. “No queremos situaciones de tráfico caóticas como las que vimos el año pasado”, declaró el funcionario de acuerdo con The Guardian.

La decisión forma parte de una estrategia llamada “menos tráfico, más ciudad”, que pretende reducir en al menos 1.000 vehículos diarios la entrada al casco antiguo durante el verano.

Restricciones de acceso y sistema de sanciones

A partir del 1 de julio y hasta el final de agosto, los turistas que intenten ingresar en coche al área delimitada por el Staatsbrücke —el puente estatal sobre el río Salzach— enfrentarán multas de hasta 80 euros (aproximadamente USD 90) si sus vehículos portan matrículas de fuera de la región. La policía local vigila los accesos para asegurar el cumplimiento de la norma, según informó el medio británico.

Las autoridades establecieron excepciones para residentes, trabajadores, vehículos de reparto, taxis, coches de alquiler, personas con discapacidad y huéspedes de hoteles con reserva confirmada dentro del área restringida. Además, los visitantes procedentes de las localidades bávaras de Berchtesgaden y Bad Reichenhall, en la vecina Alemania, no estarán sujetos a las sanciones.

En paralelo, se habilitaron aparcamientos disuasorios en las afueras de la ciudad. Por 7,50 euros (USD 8,54), los visitantes pueden adquirir un billete de estacionamiento que incluye el uso ilimitado del transporte público local para cinco personas durante un día. Esta alternativa busca desalentar el uso del automóvil privado y facilitar el acceso al centro histórico sin contribuir al congestionamiento.

Modelos europeos y motivos de la medida

Heidi Strobl, portavoz de la oficina de turismo de la ciudad, explicó que la nueva política se inspira en las zonas de tráfico limitado implementadas en ciudades italianas como Roma, Florencia y Pisa, así como en la prohibición similar aplicada en Dubrovnik, Croacia, después de que esos destinos experimentaran episodios de saturación vehicular en temporada alta.

El alcalde insistió en que la medida también beneficia a los propios turistas, quienes podrán disfrutar de la ciudad sin quedar atrapados en atascos. “Sin duda, es mucho mejor que pasar horas atascado en el tráfico. Y además, facilita mucho la vida a quienes viven y trabajan en Salzburgo”, aseguró el funcionario. La administración local subraya que la iniciativa responde a la presión de los habitantes, quienes solicitaron acciones concretas para preservar la calidad de vida durante los principales meses turísticos.

Según cifras oficiales recabadas por The Guardian, el centro histórico de Salzburgo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, acoge a poco más de 158.000 habitantes, pero recibe más de 3 millones de pernoctaciones anuales. El pasado verano, la ciudad experimentó un auge turístico adicional debido a las celebraciones por el 60 aniversario de la película “Sonrisas y lágrimas”, filmada en la región.

Impacto en la movilidad y perspectivas futuras

El ayuntamiento considera que la restricción vehicular permitirá devolver el espacio público a peatones y ciclistas, al tiempo que protege el patrimonio arquitectónico del centro histórico frente al impacto del turismo masivo. “Básicamente, permitimos que los turistas entraran en coche a nuestra casa”, reconoció el jefe comunal, en declaraciones recogidas por el portal Salzburg24.

Las autoridades no descartan mantener o ampliar las restricciones en el futuro si se confirma una mejora en la calidad de vida urbana y una reducción significativa de los atascos. Mientras tanto, el municipio se suma a la tendencia de otras ciudades europeas al priorizar la movilidad sostenible y la protección de los cascos históricos ante la presión del turismo internacional.