YPF dio un paso clave para fortalecer la infraestructura que demanda el desarrollo de Vaca Muerta al firmar una carta mandato con BID Invest para estructurar un financiamiento para infraestructura energética de hasta US$500 millones destinado a obras viales estratégicas en la provincia de Neuquén.
El acuerdo fue confirmado por el presidente y CEO de la petrolera, Horacio Marín, quien destacó que los recursos permitirán avanzar en proyectos fundamentales para acompañar el crecimiento de la producción de hidrocarburos no convencionales. La iniciativa forma parte del Plan 4×4 de YPF, que busca multiplicar por cuatro el valor de la compañía y consolidarla como un actor global en la exportación de energía hacia 2030.
YPF busca mejorar la infraestructura para el desarrollo de Vaca Muerta
La mejora de las rutas es uno de los desafíos más urgentes para el desarrollo de Vaca Muerta. El fuerte crecimiento de la actividad petrolera y gasífera en la cuenca generó una presión creciente sobre la infraestructura vial de Neuquén y Río Negro, provocando congestión, mayores costos logísticos y demoras operativas.
La situación es especialmente crítica en la zona de Añelo, considerada la capital del shale argentino. Allí circulan diariamente cientos de camiones vinculados a la actividad energética, en una red vial que no fue diseñada para soportar el volumen actual de tránsito pesado.
El transporte de arena se convirtió en un desafío logístico
Uno de los principales factores que explica esta demanda es el transporte de arena para fractura hidráulica, un insumo esencial para la explotación de shale oil y shale gas. Actualmente, Vaca Muerta consume cerca de 7 millones de toneladas de arena por año y las proyecciones de la industria estiman que esa cifra podría alcanzar los 9 millones de toneladas anuales hacia 2028.
Ese volumen implica alrededor de 300.000 viajes de camión por año, equivalentes a más de 800 unidades diarias dedicadas exclusivamente al traslado de este material, gran parte proveniente desde Entre Ríos, a más de 1.000 kilómetros de distancia.
Ante este escenario, Neuquén viene impulsando distintos esquemas de financiamiento público-privado para acelerar las obras. Entre ellos se destacan proyectos de pavimentación, nuevos corredores logísticos y un bypass vial de aproximadamente 60 kilómetros impulsado por un fideicomiso integrado por empresas operadoras de la cuenca.
BID Invest aportará financiamiento para obras estratégicas
El acuerdo con BID Invest suma ahora una herramienta de financiamiento multilateral que podría acelerar la ejecución de proyectos considerados estratégicos para la competitividad del sector energético.
La iniciativa llega en un momento de fuerte expansión de las inversiones vinculadas a Vaca Muerta. En paralelo, avanzan nuevos esquemas de financiamiento para obras de transporte de gas e infraestructura energética, mientras YPF trabaja en el desarrollo del proyecto Argentina LNG, una de las apuestas más ambiciosas para transformar al país en un exportador relevante de energía a nivel global.
La infraestructura será clave para el crecimiento energético
Con más producción proyectada para los próximos años, la mejora de la infraestructura vial aparece como una condición indispensable para sostener el crecimiento de Vaca Muerta y consolidar el potencial energético de Argentina.
YPF avanzó en un nuevo paso para fortalecer la infraestructura vinculada al desarrollo de Vaca Muerta. La compañía firmó una carta mandato con BID Invest para estructurar un financiamiento de hasta USD 500 millones destinado a obras viales estratégicas en la provincia de Neuquén.
El acuerdo fue confirmado por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, quien destacó que la iniciativa forma parte del denominado Plan 4×4, la estrategia diseñada para multiplicar el valor de la compañía y consolidarla como uno de los principales exportadores de hidrocarburos no convencionales de la región.
“Firmamos una carta mandato para estructurar un financiamiento de hasta USD 500 millones destinado a obras viales estratégicas en la provincia de Neuquén, como parte de nuestro Plan 4×4”, señaló Marín a través de sus redes sociales.
Una respuesta al crecimiento de Vaca Muerta
La expansión de la actividad en Vaca Muerta generó una presión creciente sobre la infraestructura vial de Neuquén y Río Negro. El aumento de la producción de petróleo y gas elevó de manera significativa el tránsito de camiones y vehículos pesados que abastecen las operaciones en la cuenca.
Las rutas registran mayores niveles de congestión, demoras logísticas y un incremento de los costos operativos para las empresas que trabajan en la formación no convencional.
Desde YPF aclararon que la petrolera no ejecutará directamente las obras, sino que colaborará con la provincia en la búsqueda y estructuración de fuentes de financiamiento para desarrollar la red vial necesaria para sostener el crecimiento productivo.
El desafío logístico de la arena para fractura
Uno de los principales factores que explican la necesidad de nuevas inversiones es el transporte de arena utilizada en los procesos de fractura hidráulica.
Actualmente, Vaca Muerta consume alrededor de 7 millones de toneladas de arena por año, un volumen que podría aumentar hasta 9 millones de toneladas anuales hacia 2028, de acuerdo con proyecciones de la industria.
Ese movimiento implica aproximadamente 300.000 viajes de camión por año, equivalentes a más de 800 unidades diarias dedicadas exclusivamente al traslado de este insumo esencial para la extracción de hidrocarburos.
Gran parte de la arena proviene de Entre Ríos, a más de 1.000 kilómetros de distancia, lo que incrementa la presión sobre una infraestructura vial que no fue diseñada para soportar semejante nivel de actividad.
Financiamiento multilateral para obras estratégicas
El acuerdo con BID Invest se suma a otras iniciativas impulsadas para mejorar la conectividad en la región. En los últimos meses, un grupo de diez empresas operadoras conformó un fideicomiso para financiar un bypass vial de 60 kilómetros en la zona de Añelo.
Además, avanzan esquemas que permiten adelantar inversiones privadas para la pavimentación de rutas, con mecanismos de recuperación mediante peajes o compensaciones vinculadas a regalías hidrocarburíferas.
La incorporación de financiamiento multilateral amplía las alternativas disponibles para acelerar obras consideradas fundamentales para el futuro de Vaca Muerta.
Nuevas inversiones para el sector energético
La iniciativa se enmarca en una etapa de fuerte movilización de capitales hacia proyectos energéticos argentinos.
En paralelo, entidades financieras internacionales como Citigroup, Banco Santander y JP Morgan trabajan en un financiamiento cercano a USD 1.000 millones para una iniciativa de Transportadora de Gas del Sur (TGS) en la cuenca neuquina.
YPF, además, avanza en la estructuración financiera del proyecto Argentina LNG, una de las apuestas estratégicas de la compañía para posicionar al país como exportador global de gas natural licuado, con inversiones que podrían superar los USD 14.000 millones.
La mejora de las rutas aparece como una condición indispensable para acompañar ese crecimiento y garantizar la competitividad de una de las principales fuentes de generación de divisas de la economía argentina.
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LA PLATA.− El Juzgado Federal N°4 de esta capital le exigió al gobierno de Javier Milei que defina en un plazo no mayor a 10 días si avala un crédito de US$270 millones, preacordado entre el Banco Mundial y el gobierno de Axel Kicillof,destinado a obras de saneamiento de efluentes contaminantes en la cuenca del Río de la Plata.
El pedido ante la Justicia federal se produjo luego de la reunión que el presidente Javier Milei mantuvo la semana que pasó en Olivos con la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra.
En ese encuentro en la Quinta de Olivos, donde se acordaron avales por US$2000 millones para la Argentina, participó el ministro de Economía, Luis Caputo, a quien está dirigido el pedido de resolución a favor de una garantía de Nación para que pueda tomar deuda.
En concreto el juez Alberto Recondo hizo lugar a una presentación elevada por la Fiscalía de Estado de la provincia, que representa a Kicillof, para que el Ministerio de Economía de Nación responda en diez días si accede a los avales requeridos para obras por U$270 millones a efectos de sanear la cuenca del Río de La Plata.
El presidente Javier Milei se reunió en la Quinta de Olivos con la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra.Presidencia
El gobierno de Kicillof elevó el pedido en 2024 ante el Ministerio de Economía. El gobernador reiteró la solicitud en abril y mayo de este año, y aún no obtuvo respuesta.
“Hasta la fecha, transcurrido más de un año y medio desde el primer pedido, el Estado nacional no ha dado respuesta a tales requerimientos”, expresó la Fiscalía de Estado en un escrito donde se exigió una pronta respuesta Ministerio de Economía.
Pese a que Buenos Aires aún espera, otras diez provincias sí obtuvieron avales para créditos internacionales, según detalló el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis.
Las provincias beneficiadas fueron Salta, Entre Ríos, Jujuy, Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Chaco, Río Negro, Mendoza y Misiones.
Gabriel Katopodis, funcionario de Kicillof, en la audiencia públicaNacho Amiconi
Los avales otorgados por decreto de Nación ascienden a un total de US$180 millones para distintos créditos, destinados a obras de agua potable, infraestructura, logística, producción y urbanismo.
ElPrograma para el tratamiento y disposición final de residuos de los líquidos cloacales de La Plata, Berisso y Ensenadacontempla una Planta de Tratamiento Primario Avanzado en la localidad de Berisso, dentro del predio de la planta existente, un caño emisario subterráneo, un emisario subfluvial y un difusor. La vinculación entre la planta de tratamiento y el emisario se realizaría a través de una estación de bombeo y una cámara de carga, también dentro del predio actual.
Kicillof, en una inauguración de una planta potabilizadoraDiego Nasello
El gobierno provincial tiene preacordado ese crédito de US$270 millones para la obra, pero no puede avanzar sin la garantía de Nación.
Esta no es la única obra frenada por falta de avales. También se encuentra en esa situación un programa de desarrollo sustentable de la cuenca hídrica de los arroyos San Francisco y Las Piedras, que incluye los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Florencio Varela, Presidente Perón y Quilmes. La construcción de un acueducto en San Martín, la ampliación del cauce del río Salado, la adecuación del cauce del río Areco y la construcción de la Autovía 6 son otras de las obras paralizadas por la falta de garantía nacional para que la provincia pueda endeudarse.
El presidente Javier Milei se reunió hoy en la Quinta de Olivos con la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra.Presidencia
El proyecto de tratamiento y disposición final de los líquidos cloacales en el arroyo El Gato alcanzaría a más de un millón de personas de los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada. La provincia de Buenos Aires tiene 17 millones de habitantes.
Deuda pendiente
Buenos Aires tiene un stock de deuda de US$10.980 millones, de los cuales el 79% está nominado en moneda extranjera y el 21% en moneda nacional.
En 2021, el gobierno de Axel Kicillof reestructuró la deuda y, actualmente, el 53,4% del perfil de vencimientos es a largo plazo. Otro 36% corresponde a vencimientos de mediano plazo hasta 2030, y un 10% vence entre 2025 y julio próximo. Para este año hay servicios totales programados por US$2545 millones, según el Ministerio de Economía bonaerense.
Kicillof tiene autorización de la Legislatura para tomar deuda por US$3000 millones este año. La mayor parte de ese monto se destinará a cubrir servicios de deuda. Según el gobierno provincial, la obra de US$270 millones no puede afrontarse sin financiamiento internacional.
YPF acordó con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Invest un financiamiento de hasta USD 500 millones para obras viales en la provincia de Neuquén, en el marco de su estrategia de expansión en Vaca Muerta.
El CEO de la petrolera estatal, Horacio Marín, confirmó la firma de una carta mandato con James Scriven, titular del BID Invest, para estructurar los fondos destinados a la infraestructura de rutas que la formación no convencional necesita para sostener su crecimiento.
“Firmamos una carta mandato para estructurar un financiamiento de hasta USD 500 millones destinado a obras viales estratégicas en la provincia de Neuquén, como parte de nuestro Plan 4×4”, publicó Marín en su cuenta oficial de X. Según pudo confirmar Infobae, el acuerdo no implica que YPF ejecute directamente las obras, sino que la empresa contribuye con la provincia a identificar vías de financiamiento para una red vial que acusa el impacto del boom productivo de la cuenca.
El Plan 4×4 es la hoja de ruta que Marín diseñó para cuadruplicar el valor de YPF en cuatro años y convertirla en una exportadora de hidrocarburos no convencionales de escala mundial hacia 2030. La infraestructura vial es uno de los cuellos de botella que el plan -y el desarrollo de la industria en la provincia- enfrenta: el salto de actividad en Vaca Muerta provocó un colapso en la red de rutas de Neuquén y Río Negro, con consecuencias directas sobre la operación diaria, como accidentes, horas perdidas por congestión y demoras en la llegada de insumos a Añelo, el epicentro del shale argentino.
Ante ese escenario, el gobierno neuquino recurrió a mecanismos de financiamiento público-privado. De hecho, un consorcio de 10 compañías operadoras conformó un fideicomiso para financiar y ejecutar un bypass vial de 60 kilómetros de pavimentación en Añelo.
Además, avanzan acuerdos para pavimentar rutas mediante el adelanto de capital que las empresas recuperarían a través de esquemas de peajes o compensaciones sobre regalías hidrocarburíferas. El acuerdo con el BID Invest suma ahora una alternativa de financiamiento multilateral a ese menú.
La presión sobre la infraestructura vial se explica, en parte, por la magnitud logística que exige el shale. Uno de los insumos que más tensiona las rutas es la arena de fractura hidráulica, indispensable para mantener abiertas las microfracturas en la roca y permitir el flujo de petróleo y gas.
Vaca Muerta consume actualmente alrededor de 7 millones de toneladas de arena por año, un volumen que podría escalar a 9 millones de toneladas anuales hacia 2028, según proyecciones de la industria. Traducido en logística, eso equivale a unos 300.000 viajes de camión por año —más de 800 unidades diarias dedicadas exclusivamente al transporte de ese insumo.
La arena proviene históricamente de Entre Ríos, a más de 1.000 kilómetros de distancia, lo que encarece cada etapa de fractura y multiplica el tráfico pesado sobre una red vial que no fue diseñada para soportar esa intensidad y que, todavía, no está asfaltada. Las proyecciones de la industria indican que el desafío logístico se profundizará en los próximos años, a medida que crezca la producción de shale oil y shale gas en la cuenca.
Tras la firma de la carta mandato, trascendió que Scriven podría visitar Vaca Muerta para interiorizarse de las necesidades de infraestructura sobre el terreno, aunque esa visita no fue confirmada de manera oficial. El financiamiento multilateral llega en un momento en que la industria energética argentina atraviesa una oleada de acuerdos de gran escala. En los últimos meses, Citigroup, Banco Santander y JP Morgan trabajan en un paquete de financiamiento de cerca de USD 1.000 millones para un proyecto de Transportadora de Gas del Sur (TGS) en la misma cuenca. YPF, por su parte, avanza en paralelo en el cierre del financiamiento para el proyecto Argentina LNG, con compromisos que rondarían los USD 14.000 millones en lo que el propio Marín definió como el project finance más importante de la industria energética en América latina.
La semana pasada, una reunión del plenario de comisiones de Minería, Energía y Combustibles, presidida por Flavio Fama (UCR), y de Presupuesto y Hacienda, comandada por Agustín Monteverde (LLA), de la Cámara alta exhibió posiciones encontradas tanto entre los senadores como entre distintos actores del rubro. Como contó Ámbito, actualmente hay seis textos en danza, incluyendo uno de Bullrich que tiene a la desregulación como mascarón de proa.
El mismo plantea modificaciones a la Ley N° 27.640 -que establece un marco regulatorio de biocombustibles hasta 2030- y propone un régimen que se extienda durante 15 años, ampliando el corte del biodiésel al 10% y el bioetanol al 15%, contemplando que la composición de este último contenga un 6% de materia de origen de la caña de azúcar y otro 6% del maíz, de forma tal de equilibrar la promoción de ambos sectores.
Más allá de las coincidencias en la necesidad de avanzar con cambios, la permisión del ingreso de empresas integradas (productoras de aceite vegetal o harina proteica) al mercado interno de biocombustibles genera tensiones con un puñado de provincias, que advierten por el futuro de las pymes del sector. Sucede que el régimen original fomentaba la radicación de compañías regionales en zonas sojeras -La Pampa, Entre Ríos y San Luis, entre otras- asegurándoles un cupo de biodiésel para el corte en el gasoil.
Senado comisión
Los distintos proyectos sobre biocombustibles ya se discuten en el Senado.
Particularmente, la preocupación gira en torno a aquellas que se encuentran a 80 kilómetros o más del puerto y que, según advierten algunas jurisdicciones, no podrán competir contra los grandes jugadores del sector. Por el contrario, distritos norteños como Salta y Tucumán destacan que se sostenga la protección de la participación de la caña y del maíz en el 12% inicial del bioetanol.
Los reclamos de las provincias
Desde el Gobierno bonaerense, el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, consideró que la promoción que se propone “favorece únicamente a las grandes empresas y llevaría al cierre a las pymes, radicadas en el interior bonaerense”. Rodríguez destacó que en PBA funcionan 11 pequeñas y medianas empresas dedicadas al sector y afirmó que cualquier modificación normativa debe garantizar la preservación y el crecimiento de la capacidad productiva existente.
“Es imprescindible que un nuevo régimen de promoción no perjudique la capacidad instalada ni provoque una mayor concentración del mercado, como ocurriría si se aplican los criterios del proyecto del oficialismo. La continuidad de las empresas existentes y su impacto positivo en las comunidades donde están radicadas, no es negociable para la visión de desarrollo que tiene la Provincia”, lanzó el funcionario de la gestión Kicillof.
Por último, sostuvo que la Argentina tiene el potencial para tener más biocombustibles, más agregado de valor en origen y más desarrollo regional, aunque remarcó que cualquier cambio regulatorio “debe apuntar en esa dirección y no consolidar posiciones dominantes que afecten el empleo y la producción”.
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El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez.
En la misma sintonía se expresó el ministro de Desarrollo Productivo Sustentable de San Luis, Federico Trombotto, quien envió una carta a los legisladores puntanos instándolos a no acompañar las modificaciones a la ley. Trombotto detalló en la misiva que la industria del biodiesel en la provincia representa el “sustento directo para más de 250 familias locales y tracciona a otras actividades productivas, industriales y de servicios, que consolidan adicionalmente cientos de puestos de trabajo más, aportando un gran valor a la competitividad sistémica provincial”.
Al respecto, el funcionario que responde al gobernador Claudio Poggi manifestó su “profunda preocupación” y advirtió que las pymes regionales productoras de biodiesel “irían hacia un inminente cierre y desaparición de nuestra industria provincial, en beneficio de las grandes empresas del rubro, por quedar nuestras pymes productoras de biodiesel fuera de toda posibilidad de competir con las grandes industrias aceiteras integradas y exportadoras”.
El texto les fue remitido a los diputados nacionales Ernesto Ali, Carlos Almena, Claudio Álvarez, Mónica Becerra y Jorge Fernández y a los senadores Bartolomé Abdala, Ivanna Arrascaeta y Fernando Salino.
Embed – Daniel Pablo Bensusán en Instagram: “Hoy recorrimos Pampa Bio, una planta que demuestra la enorme capacidad productiva, operativa y tecnológica que tiene La Pampa. Quiero destacar especialmente a sus trabajadores y trabajadoras, que con compromiso, conocimiento y esfuerzo sostienen una empresa estratégica para nuestra provincia. Pampa Bio es una fortaleza pampeana: genera empleo, agrega valor, impulsa la producción local y demuestra que La Pampa tiene presente y futuro cuando apuesta al trabajo, la industria y el desarrollo. Defender este tipo de emprendimientos es defender a nuestra gente y a la capacidad productiva de la provincia.”
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La Pampa también anticipó diferencias con el proyecto del oficialismo. El senador Daniel Bensusán (PJ), cercano al mandatario Sergio Ziliotto, aseguró que la iniciativa “perjudica la producción regional, en manos de pequeñas y medianas empresas, poniendo en riesgo de quebrar a 25 pymes”. “Solamente en La Pampa, se pone en la cuerda floja el sustento de alrededor de 100 familias que trabajan de forma directa o indirecta con estas empresas”, detalló el legislador, quien días atrás visitó las plantas productoras de Catriló y General Pico.
Junto a su coterráneo Daniel Kroneberger (UCR) y a los peronistas Adán Bahl (Entre Ríos) y Fernando Salino (San Luis), Bensusán presentó una nota proponiendo cambios al texto. “Que haya competencia pero entre segmentos iguales, similar a lo que ocurre con el bioetanol. Un segmento para las pymes, uno para las no integradas y otro para las integradas de Santa Fe”, plantearon los autores.
Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, en tándem
Desde la Región Centro, en tanto, los gobernadores Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora trabajan en tándem. Aunque coinciden con la necesidad de elevar el corte del biodiesel, también ponen el acento en la situación de las pymes. El mandamás santafesino difundió cinco puntos entre su tropa legislativa buscando meter mano en la iniciativa libertaria.
En el documento, Pullaro destaca la desregulación y mayor competencia del texto original, aunque agita cambios. Por ejemplo, propone que el corte del biodiésel se eleve al 15% en lugar de al 10% original. Asimismo, pide reservar el 40% del mercadopara productores no integrados, en sintonía a lo que sucede con el el bioetanol de caña. El 60% restante, en tanto, quedaría abierto a empresas integradas y refinadoras.
Llaryora Pullaro
Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro buscan cambios para el sector del biodiésel.
También impulsa la creación de un sistema de monitoreo para detectar prácticas anticompetitivas, las denuncias de conductas irregulares ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por parte de la Secretaría de Energía y diversos mecanismos de intercambio de información para prevenir abusos de mercado.
Ante la consulta de Ámbito, en la gobernación de Córdoba señalaron que se pliegan a las modificaciones propuestas por su vecino radical. Según datos de la Secretaría de Agricultura, Pesca y Ganadería de la Nación, Santa Fe concentra casi el 85% de la producción de biodiésel en el país. En 2025, la Argentina produjo cerca de 970 mil toneladas, exhibiendo una caída frente a las 1.1 millones del 2024.
El Ministerio de Salud de la Nación encendió las alarmas sanitarias al confirmar un incremento en los contagios de tuberculosis en Argentina.
Según el último reporte oficial, se notificaron 6.482 casos en el país hasta la semana epidemiológica 22 de 2026, lo que representa 133 infecciones más que en el mismo período del año anterior, impulsado por un avance desigual en distintas regiones del territorio.
Las provincias y regiones con mayor impacto del brote
Los datos de la Agencia Noticias Argentinas revelan que la región Centro aportó el mayor número absoluto con 264 casos adicionales.
Sin embargo, el brote de tuberculosis muestra picos porcentuales muy preocupantes en provincias específicas del interior.
Misiones lidera la suba con un incremento del 44,9%, seguida de cerca por Mendoza con un 42,6% y Entre Ríos con el 38,8%. En la vereda opuesta, la región Sur registró un descenso del 22,3% en sus planillas oficiales.
El arrastre del año anterior y las zonas endémicas
Este escenario se suma a la tendencia consolidada durante el período previo, ya que en 2025 se notificaron 17.283 casos totales en el país.
El mapa epidemiológico histórico demuestra que la densidad poblacional juega un rol clave, concentrando el 66,1% de los afectados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la Provincia de Buenos Aires (PBA).
No obstante, si se analiza la tasa por cada 100.000 habitantes, la provincia de Salta se ubicó a la vanguardia de la vulnerabilidad con un índice de 63,8, escoltada por el territorio porteño y Jujuy.
Estrategias oficiales para frenar la enfermedad en el país
Frente a esta coyuntura, las autoridades sanitarias enfocan sus esfuerzos en la distribución de insumos críticos para la detección temprana.
Desde diciembre pasado se repartieron 40.500 cartuchos para el diagnóstico molecular rápido de la patología y más de 2.800 dosis de Derivado Proteico Purificado (PPD).
El foco principal del Gobierno se mantiene en el seguimiento de la tuberculosis farmacorresistente, una variante compleja que requiere medicamentos de segunda línea.
Actualmente se encuentran bajo tratamiento nominalizado 546 pacientes bajo esta condición, centralizados en su mayoría en el AMBA.
En la fallida sesión especial convocada por el kirchnerismo para analizar la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el PRO -junto con la UCR y bloques provinciales “dialoguistas”-, resolvió no dar quórum tras una negociación con el oficialismo. “Era un show mediático y no quisimos ser parte”, aseguró el líder del bloque amarillo en Diputados, Cristian Ritondo. Por lo bajo, otros dirigentes apoyaron la estrategia, aunque señalaron: “Es una decisión correcta, pésimamente transmitida”. De fondo, los acuerdos políticos de cara al 2027 y las necesidades financieras en el corto plazo.
A modo de recapitulación. La sesión de ayer no apuntaba a interpelar o someter a Adorni a una moción de censura, sino a aplicar el mecanismo de emplazamiento: una herramienta del reglamento interno que obliga a una comisión parlamentaria a incorporar determinados expedientes a su agenda. En este caso, los proyectos de pedidos de informes, interpelación y eventual censura contra el funcionario, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
“Lo que hay que aclarar es que la sesión de ayer no era una sesión para remover a Adorni ni para sacar la interpelación. Ese es un camino legislativo que es mucho más largo”, explicó Ritondo a Radio Mitre. “Era un show, no era lo que resolvía el tema, no era lo que hacía que Adorni viniera, no era lo que hacía que la Comisión funcionara, porque eso ya estaba establecido”, agregó.
El artículo 147 del reglamento de la Cámara establece que ningún tema puede debatirse en el recinto sin pasar antes por comisión. La vía alternativa —el tratamiento sobre tablas— requiere el voto de dos tercios de los diputados, un umbral que La Libertad Avanza (LLA) puede bloquear por sí sola. “Cualquier proyecto de resolución de ley, no solamente una interpelación, necesita en el recinto los dos tercios. Nunca se van a lograr los dos tercios, porque La Libertad Avanza tiene más de noventa legisladores”, precisó Ritondo.
Entrevista a Cristian Ritondo
Ese dato numérico es la clave de la postura del PRO. El lunes 22, un día antes de la sesión, el interbloque formado por el PRO, la UCR y el MID logró que la Comisión de Asuntos Constitucionales se convocara por iniciativa propia para el martes 30 de junio, con todos los expedientes en temario: pedidos de informes, interpelación y remoción. “El día lunes, en algo que hablamos el fin de semana, la Comisión llamó a reunión para el martes 30 para tratar los mismos proyectos. Por lo tanto, la sesión de ayer quedaba sin efecto”, señaló Ritondo.
El interlocutor del PRO fue el presidente de la Cámara, Martín Menem. Un importante legislador amarillo, ante la consulta de Infobae, sostuvo: “El Gobierno, a través de Menem, puso una fecha, pero en un principio quisieron hacer una maldad y pusieron que era una reunión informativa, o sea, sin la posibilidad de emitir un despacho. Ahí amenazamos con bajar y dar quórum. Entonces ellos quitaron que sea informativa y quedó citada una reunión de comisión para tratar todos los temas el martes 30. No había motivos para ir ayer. ¿A qué ibas a ir, a darle el gusto a quienes habían pedido la reunión?”.
Solo 117 diputados avalaron la apertura de la sesión, 12 menos del mínimo de 129 requerido. A la decisión del PRO, la UCR y el MID se sumaron los bloques provinciales que habitualmente garantizan gobernabilidad a LLA: Innovación Federal, el bloque Independencia y Producción y Trabajo, entre otros.
Un importante dirigente del PRO reconoció ante Infobae que la jugada fue correcta en términos reglamentarios, pero mal explicada hacia afuera. “Es una decisión correcta, pésimamente transmitida porque parece que quedamos a medio camino. No podemos ser funcionales al show del kirchnerismo ni hacer lo que el periodismo quiere que hagamos, pero tampoco podemos no hacer nada por temor a quedar pegados a los K“, sostuvo.
Y amplió: “En el PRO hay unanimidad de que Adorni se tiene que ir, hay acuerdo con la interpelación, pero con la moción de censura tiene que haber un análisis más profundo. No es ‘lo echamos y listo’, porque está en juego la institucionalidad y estamos creando un precedente. De todas formas, todo nace de la ridiculez de tener un Presidente que no lo echa”.
Otro legislador, consultado por este medio, amplió el análisis a una dinámica política más macro y nacional, y apuntó también contra la lógica de los gobernadores aliados al oficialismo. “¿A los gobernadores nadie los mira? Los tipos están con el agua en el cuello y desde Casa Rosada extorsionan. ¿Si lo hacía Cristina (Kirchner) estaba mal y si lo hace (Javier) Milei está bien?”, cuestionó, en una referencia velada a Ritondo y a los bloques provinciales que acompañaron la decisión de no dar quórum.
Sobre los próximos pasos, el jefe del bloque amarillo en Diputados fue claro: la interpelación avanzará, pero por la vía del Senado. “El PRO ya lo va a hacer en el Senado, que ya lo ha votado y ahora tiene sesión el jueves. La interpelación se va a hacer en una sola cámara, no se va a hacer en las dos cámaras”, afirmó. Para que prospere en Diputados, el proyecto deberá obtener primero dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el diputado Nicolás Mayoraz, quien ya fijó esa reunión para el 30 de junio con todos los expedientes sobre Adorni en el temario.
Así, la actitud del PRO en el Congreso no puede leerse de manera aislada del tablero electoral que se empieza a delinear de cara a 2027. Dos escenarios a modo de ejemplo: CABA y la provincia de Bueno Airea. En el primer caso, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, busca cerrar un acuerdo con LLA que lo impulse al lograr la reelección. Desde hace varios meses, en la sede de Uspallata, analizan varias alternativas, entre ellas, unas PASO. Como informó Infobae, en el Gobierno no descartan un acercamiento. En las últimas horas, el alcalde porteño oficializó su intención de buscar la reelección.
En la provincia de Buenos Aires, el mapa es diferente. Ritondo ya se pronunció a favor de una candidatura del actual ministro del Interior, Diego Santilli, para suceder al gobernador Axel Kicillof. En este punto, y con ironía, un experimentado armador bonaerense, sostuvo que la discusión de fondo en este caso es “de copyright”. Santilli, ¿sería candidato de LLA o del PRO?
El trasfondo de estas negociaciones está Mauricio Macri, quien en los últimos meses retomó una agenda de recorridas territoriales y reuniones con gobernadores —entre ellos Alfredo Cornejo (Mendoza), Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). No son pocos los dirigentes puertas adentro que reclaman, luego del Mundial de Fútbol, una definición del expresidente sobre su vínculo con LLA y su futuro electoral. Aún recuerdan en el PRO la advertencia de Martín Menem de que Macri “le haría un favor al kirchnerismo” si compite por separado.
Por lo pronto, Macri volverá a mostrarse en un acto político este viernes, en Mar del Plata. Desde las 18.30, se realizará en La Normandina (Playa Grande) una nueva edición de Próximo Paso. La jornada, se informó, comenzará con actividades de los distintos segmentos del partido: la Escuela Nacional de Dirigentes, PRO Mujeres y la Juventud PRO, que desarrollarán encuentros de trabajo y formación previos al acto central.
Entre los principales expositores, además de Macri, estarán el intendente de General Pueyrredón, Agustín Neme, y el de Pinamar, Juan Ibarguren; el senador provincial Guillermo Montenegro; la diputada provincial Rita Salaberry; Cristian Ritondo; el secretario general del PRO, Fernando de Andreis, y la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez.
Cada 47 minutos, una empresa dejó de prestar actividades en la Argentina desde la asunción presidencial de Javier Milei, de acuerdo con datos que se desprenden del último informe de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).
El organismo oficial reportó que entre noviembre de 2023 y marzo de este año, la cantidad de empresas empleadoras se redujo en un 5,2%, con 26.213 firmas, y la única excepción fue Neuquén, que, por el impacto en la actividad económica general de la provincia que resultó del desarrollo de Vaca Muerta, se constituyó en el único caso con un aumento en el número de compañías.
De todos modos, el incremento de 186 empresas empleadoras en esa provincia no implica un cambio en la tendencia general, si se lo compara con la desaparición en el mismo período de 2.909 firmas en CABA, 2.993 en Santa Fe, 4.388 en Córdoba y 5.615 en Buenos Aires.
Caída en todos los sectores
Según un relevamiento sectorial de la consultora Politikon Chaco, la caída relativa más profunda está en la Construcción, que perdió en los 28 meses analizados 2.067 empresas empleadoras, equivalentes al 9,5% del total de la actividad.
Por su parte, la merma fue de 3.393 casos en la Industria Manufacturera (-6,8%), de 6.836 en el Comercio (-4,6%), de 2.425 en el Agro (-4,5%) y de 11.492 empresas en el resto de los sectores (-4,9%).
El desempeño regional
Salvo la excepción de Neuquén, que tuvo en la Presidencia de Milei un incremento del 2,1% en la cantidad de empresas empleadoras, los 23 distritos subnacionales restantes muestran retracciones sin excepciones.
Más allá del impacto en términos absolutos, la Ciudad de Buenos Aires es la jurisdicción que acusó la menor pérdida porcentual, con un 2,4% de empresas empleadoras menos que en noviembre de 2023.
Le siguieron en orden creciente Río Negro (-2,6%), Tucumán (-2,7%), San Juan (-2,8%), Buenos Aires (-3,4%), Salta (-4%) y Jujuy (-4,8%).
Con caídas superiores al 5,2% general se ubicaron La Pampa (-5,3%), Mendoza (-5,8%), Santa Fe (-6%), Entre Ríos y Santa Cruz (-6,3% en cada caso), San Luis (-7,1%), Santiago del Estero (-7,2%), Chubut (-8%), Córdoba (-8,5%) y Formosa (-8,6%).
En seis provincias las bajas fueron de dos dígitos porcentuales: Corrientes (-11%), Misiones (-11,3%), Chaco (-11,7%), Tierra del Fuego (-11,8%), Catamarca (-12,8%) y La Rioja (-17,6%).
La explicación de los cierres netos
El economista Fernando Marull relativizó el impacto real de los cierres de empresas empleadoras, aunque advirtió que no está “ni cerca” de asegurar que “está todo bien”.
Al respecto, aclaró que las más de 26.000 empresas cerradas no surgen de un relevamiento de “concursos y quiebras” sino que son “CUITs que dejaron de aportar” a través del formulario 931 de ARCA, en el que se detalla la declaración jurada de Seguridad Social.
“De los 26.000 CUITs netos cerrados, 17.000 son CUITs de un empleado y 3.300 de 2 empleados, o sea, no son empresas ni Pymes”m indicó, al tiempo que agregó que “con más de 2 empleados, son cierres netos de 5000 en 2 años, donde incluye al sector público”.
Marull señaló que “el ‘cierre neto’ es porque cayó la ‘apertura de CUITs’, ya que el ‘cierre de CUITs’ se mantuvo estable.
Asimismo, precisó que “hubo una fuerte sustitución de empleo formal (-217.000) que mas que se compensó por el aumento en monotributo e informales”, por lo que concluyó que “Argentina tiene que crear mucho más empleo”.
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La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) de la Fiscalía de Saltapresentó una acusación formal por fraude a la administración pública contra el ex presidente de la Sociedad del Estado “Pan Solidario”, su esposa y su cuñada, por presuntas maniobras irregulares cometidas durante 2023 que generaron un daño económico superior a los $150 millones.
Se trata de Luis Emilio F. M., quien estuvo al frente del organismo entre abril de 2021 y enero de 2024. De acuerdo con la fiscal Ana Inés Salinas, se trata del presunto autor del delito; mientras que su esposa —R.G.D. y la hermana J.G.D.—fueron imputadas como partícipes necesarias.
A partir de la acción llevada a cabo por la funcionaria la Oficina Judicial deberá sortear al juez interviniente y convocar a la audiencia de control donde se definirá si la causa queda en condiciones de ser elevada a juicio.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada el 24 de mayo de 2024 por el Procurador General de la Municipalidad de Salta. Según la hipótesis fiscal, el hombre acusado habría intervenido en contrataciones con proveedoras vinculadas a su propio grupo familiar, lo que configuró una situación de conflicto de intereses en el manejo de fondos públicos.
De acuerdo con la información publicada por el Ministerio Público Fiscal de la provincia, ambas mujeres se incorporaron como proveedoras del organismo poco antes de concretarse las operaciones investigadas, sin registrar antecedentes comerciales ni experiencia previa en el rubro. Las contrataciones con la esposa del implicado alcanzaron $48.833.755,34; y las realizadas con su cuñada sumaron $7.739.180, según la documentación contable incorporada al expediente.
La Fiscalía argumentó que parte de los insumos facturados no habrían ingresado efectivamente al organismo ni fueron registrados en stock. El informe del Gabinete de Delitos Económicos del Centro de Investigaciones Fiscales (CIF) determinó faltantes de mercadería por montos millonarios, con una proyección actualizada que supera los $150 millones en uno de los casos analizados. Entre los principales faltantes figuran importantes volúmenes de harina y dulce de leche.
A eso se suman diferencias entre los precios abonados y los valores de mercado en la compra de determinados insumos. También se detectaron compras de materias primas en cantidades superiores a las requeridas para la producción, sin que el excedente quedara registrado ni en stock.
Según la hipótesis fiscal, Luis Emilio F. M. autorizaba las contrataciones y los pagos cuestionados, en tanto las dos proveedoras habrían intervenido en el circuito de facturación de las operaciones investigadas. Esto para las autoridades significaría que el accionar conjunto permitió el desvío de fondos públicos mediante compras sobrefacturadas, mercadería que no ingresó al organismo y operaciones incompatibles con los deberes de administración propios del cargo.
A principios del mes pasado, una auditoría interna del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) detectó una red de fraude sistemático en prestaciones oftalmológicas y ópticas que se replica en múltiples provincias del país, con al menos cinco modalidades de desvío que van desde la sobrefacturación de anteojos hasta el cobro de prestaciones inexistentes. Los datos, a los que Infobae tuvo acceso exclusivo, surgen de cruces del sistema de Órdenes Médicas Electrónicas (OME) y relevamientos prestacionales en Santiago del Estero, Buenos Aires, Entre Ríos, La Rioja y Concordia.
Los prestadores recetaban lentes de baja graduación, pero facturaban módulos de alta graduación, hasta cinco veces más caros. La segunda modalidad eran las prestaciones fantasma, consultas sin historia clínica, estudios de fondo de ojos o topografías nunca realizados, con hasta el 50% de las órdenes sin respaldo clínico en algunos casos. Se sumaron la manipulación de códigos de facturación, circuitos cerrados con conflicto de interés y el cobro indebido a afiliados por prestaciones que debían ser gratuitas. En este último esquema, el prestador cobraba dos veces: al afiliado y al PAMI. Se detectaron casos de hasta USD 1.500 más $353.500 por lentes que debían estar cubiertos.
La auditoría documentó tres casos con datos específicos. En Santiago del Estero, se confirmaron 606 casos de sobrefacturación con un perjuicio de $10,4 millones en la muestra auditada y el 95% de las recetas derivadas a una misma óptica con vínculo familiar con el médico prescriptor. En Mar del Plata, 58 prestaciones carecían de historia clínica. En Entre Ríos, un único profesional sobrefacturó 613 casos, con 151 consultas sin historia clínica y 16 recetas emitidas sin dioptrías. En Concordia, 830 casos quedaron concentrados en un solo médico.
“Esta gestión no encubre, investiga y denuncia. Hay un mandato claro de sanear el sistema y erradicar los abusos”, afirmaron fuentes del organismo en diálogo con Infobae. Hay al menos seis causas judiciales activas impulsadas por el PAMI y la Unidad Fiscal Especializada (UFI-PAMI) ante la Justicia Federal en distintas jurisdicciones.
Aún sin el cronograma electoral definido, en el Gobierno no descartan presentarse en unidad con el PRO para competir por la Ciudad de Buenos Aires de cara a las elecciones de 2027. Si bien desde La Libertad Avanza aseguran que el tema no está planteado, en Casa Rosada dejan abierta la posibilidad y sostienen que, antes de encarar negociaciones electorales, deben resolver previamente algunas definiciones del sistema electoral, como el futuro de las PASO.
“Todavía no estamos pensando en eso. Nosotros antes tenemos que definir algunas otras cosas, como por ejemplo, si hay PASO o no”, sostuvo una fuente del armado porteño ante Infobae. “Todo puede ser”, postuló al respecto una importante fuente con acceso al despacho presidencial.
En las filas libertarias esperan tener despejadas algunas incógnitas antes de sentarse a cranear el mapa de alianzas que posibilite la reelección del presidente Javier Milei en los próximos comicios. Uno de esos puntos pendientes es la aprobación de la reforma electoral que incluye la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).
Las declaraciones llegan después de que el actual jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, manifestara su intención de competir por un nuevo mandato. “Deseo tener cuatro años más de gestión. Los planes que estamos llevando adelante y la planificación estratégica, desde el subte a toda una transformación muy grande de movilidad de la ciudad, tiene que dar un salto cualitativo grande”, planteó en declaraciones a Infobae En Vivo.
“Lo dijo como un deseo de él, es libre de quererlo”, ironizaron desde la sede porteña del partido violeta que le atribuyen al alcalde querer acordar con la fuerza que fundó Milei.
Si bien desde el armado libertario negaron que figure en los planes inmediatos, dado que postergaron para después del Mundial 2026 las definiciones electorales, no descartaron una potencial alianza a futuro como ocurrió en las legislativas de octubre de 2025. “Todo puede ser, pero por ahora no”, plantearon desde las filas libertarias.
Es que en el último tiempo, el oficialismo dio un vuelco respecto de la relación que mantenía con el referente del PRO en CABA. Ese cambio en la relación y el complejo presente del Gobierno obligaron a flexibilizar la postura que supo encarnar la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien dio la orden a la regional que comanda la legisladora y referente porteña, Pilar Ramirez, de no acordar en la Ciudad para potenciar el sello y competir con candidatos “puros”.
Desde el Poder Ejecutivo no solo consideran que hubo un cambio positivo en la gestión porteña sino que se atreven a afirmar que harán todo lo que “garantice la reelección” del libertarioen 2027. Incluso, en los últimos intercambios, el mandatario volvió a saludar al dirigente del PRO al que sacó de la lista de “traidores”.
En otros sectores del ecosistema violeta no ven con malos ojos un entendimiento con los socios legislativos que, pese a las diferencias públicas por la polémica que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, auxiliaron al oficialismo para la postergación del tratamiento de la interpelación en el Congreso.
“El problema con Macri nunca fue aliarnos o no aliarnos. Fue quién definía los términos de esa alianza”, definieron en Balcarce 50 hace algunas semanas.
No obstante, aseguran que el entendimiento dependerá de la imagen que el mandatario libertario tenga a la hora de encarar las negociaciones. “Veo posible un acuerdo, pero dependerá mucho de qué tan competitivo llegue Milei al cierre de alianzas”, precisó una fuente que transita a diario Casa Rosada, y argumentó: “Si llega fuerte, es menos probable que haya acuerdo, y si llega mal o más o menos es mucho más factible que ocurra”.
Desde el campamento amarillo evitan hablar de la posibilidad y hasta se animan a vaticinar un incremento en la intención de voto del titular del espacio, Mauricio Macri, algo que rechazan en La Libertad Avanza. “Hoy Mauricio está viviendo su mejor momento, pero si tiene ganas de competir, sale a recorrer y lleva a la fuerza a dos dígitos, ojo. La gente está muy enojada con el Gobierno”, alertaron desde el espacio que se fundó en 2015.
Sin embargo, son claros respecto al nombre con el que aspiran retener la Ciudad de Buenos Aires. “Es demasiado temprano para hablar de alianzas. Lo que no hay dudas de que el PRO tiene candidato en la Ciudad y es Jorge”, precisó un legislador cercano al alcalde. “No estamos pensando en las elecciones del 2027, falta mucho como para hipotetizar escenarios electorales. Estamos muy concentrados en seguir mejorando la gestión de la Ciudad”, coincidieron desde el entorno de Macri, horas después de que el ex intendente ratificara sus deseos por volver a competir.
En otra coincidencia entre ambos espacios que descartan que Patricia Bullrich, pese a protagonizar varias actividades por los barrios porteños, tenga intenciones de competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y coinciden en que las aspiraciones de la senadora tienen proyección nacional.
Tanto en el oficialismo como en el PRO evitan dar definiciones prematuras, y aguardan las definiciones del calendario electoral. En Balcarce 50 garantizan que primero deberán resolverse las reglas del juego electoral para habilitar el debate sobre candidaturas y alianzas, incluso para la Ciudad.
