En el marco de la posible adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés), la discusión es “picante”, sobre todo en materia de semillas y, en parte, esto se abordó durante una jornada organizada por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) sobre la propiedad intelectual.
Ya hay opiniones encontradas por la posible adhesión del país a la International Union for the Protection of New Varieties of Plants 91 (o UPOV 91), un convenio internacional que fortalece los derechos de quienes desarrollan nuevas variedades vegetales, como las empresas semilleras, los institutos de investigación, universidades y organismos públicos.
La Argentina hoy está adherida a UPOV 78, una versión más flexible, pero sigue “en el tintero” el cambio hacia un régimen “que busca conferir protección a las variedades vegetales conforme a estándares internacionales”, dijo durante el encuentro Gonzalo Rovira, a cargo del departamento de propiedad intelectual y licencias para América Latina de Bayer. “Si la Argentina fuera miembro de UPOV 91, el INTA también tendría más reconocimiento por la propiedad intelectual sobre sus desarrollos”, agregó el ejecutivo.
Subrayó también la importancia de Embrapa, la empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria “que es la hermana del INTA”, dijo. “Brasil es miembro del PCT y puedo asegurar que es impresionante el vínculo (con empresas) que existe para favorecer el uso práctico de las investigaciones. Esto genera créditos para llevar adelante nuevos desarrollos biotecnológicos”, aseguró. De hecho, comentó, la compañía cuenta con una “oficina de vinculación”.
Debate
En este punto, se entró directamente en el desarrollo del poroto de soja a través de la tecnología, y se hizo referencia a la controversia con respecto a su comercialización, sobre todo por el “uso propio” de la semilla que suelen hacer los productores en la Argentina, sin pagar regalías. El uso propio es un beneficio contemplado en la actual ley de semillas de 1973.
Desde Carbap, por ejemplo, sostuvieron que el país necesita reglas claras y previsibles que fortalezcan la propiedad intelectual en semillas y promuevan la innovación. “Las empresas deben contar con mecanismos eficaces para proteger y cobrar por su trabajo. Sin embargo, la adhesión a UPOV 91 es el camino erróneo y no refleja lo que precisa la realidad productiva argentina”, sostuvo la entidad en un reciente comunicado.
“El Acta 1991 restringe el uso propio, amplía los derechos del obtentor y modifica el equilibrio histórico entre quien desarrolla la tecnología y quien la adopta”, se difundió desde Carbap. Su posición es que el problema no es la falta de voluntad de pago, sino la ausencia de un esquema equilibrado y consensuado.
Con otra visión, desde Bayer y durante el encuentro organizado por AmCham, Rovira contó que “cuando una empresa tiene trabas para poder lanzar un desarrollo en el mercado de manera segura, se decide no avanzar. La semilla de soja con biotecnología de punta no se pudo comercializar en la Argentina por cómo estaban las reglas dentro del país. Sin embargo, sí llegó a Paraguay, a Uruguay y Brasil”, sostuvo. Cuando esto sucede, agregó, los productores no pueden acceder a la tecnología de vanguardia.
Se refirió también al ahorro de costos para el productor, ya que si usa una tecnología que protege el cultivo de los insectos, o de las malezas, por ejemplo, gasta menos en insecticidas y herbicidas. Mencionó que es un problema “si quiere tener acceso a la última tecnología, pero quiere pagar solamente por la primera bolsa de semillas y después hacer una la fotocopia”, argumentó, refiriéndose a la reproducción de semillas como en soja, una práctica común en el campo argentino.
Por otro lado, el ejecutivo detalló que por cada 5000 moléculas que se descubren solo una llega a ser comercializada, y eso en un lapso de entre 10 y 15 años, con inversiones que superan los US$2000 millones. Por eso considera que es tan importante proteger la patente, “para seguir invirtiendo en el desarrollo de moléculas innovadoras, por ejemplo, para que lleguen a los pacientes si hablamos del sector farmacéutico”.
Gonzalo Rovira también integra el comité de propiedad intelectual de AmCham. “Cualquiera que invierte tiempo y recursos quiere proteger el desarrollo para que nadie pueda apropiárselo. Así se asegura la exclusividad por un período limitado”.
Hoy, como la Argentina todavía no está adherida al PCT, aunque está en vías de tratarse en la Cámara de Diputados, las compañías o desarrolladores que quieren proteger a sus desarrollos intelectuales, tienen que comenzar el trámite de cero en cada país en el que quiera tener presencia.
