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“Este año queríamos abstraernos un poco de la política”, reconoce un empresario que participa del Foro de Llao Llao, en Bariloche, el evento que cada año reúne a algunas de las fortunas más importantes del país para debatir sobre los temas más importantes del momento. Si bien el presidente, Javier Milei, había sido invitado, hasta ayer no había confirmado su presencia. A última hora de ayer, en tanto, aterrizó el ministro Luis “Toto” Caputo. Pero, a diferencia de otras ocasiones, adrede, se intentó que la presencia de políticos estuviera reducida al mínimo.

Aunque las elecciones de 2027 son parte ya de la conversación pública, en el sector privado en algún punto desean que la agenda electoral no se cuele tan pronto en la agenda. De alguna manera, los hombres y mujeres de negocios necesitan sostener el buen clima.

“Se habla mucho del impulso de la inteligencia artificial, de productividad, de nuevas oportunidades. En general, el clima es de movimiento. Pero cuando se hace un doble clic aparece un matiz importante —dice uno de los empresarios que participa del encuentro, en estricta reserva—. Cuando surge la pregunta sobre el país, la respuesta suele venir acompañada de una mezcla de cansancio, prudencia y resignación. Es evidente que algo cambió en la percepción del Llao Llao. Hay energías para construir, pero también hay un malestar profundo que se siente en la calle y que empieza a llegar al mundo empresario”, admite.

También entre los hombres y mujeres de negocios la grieta es cada vez más marcada. Todo depende en qué sector de la economía estén parados.

Son momentos de fuerte reacomodamiento de poder. Los grandes jugadores de siempre no necesariamente lo seguirán siendo en los años que vienen. Y no solo por los avances tecnológicos, la intromisión de la inteligencia artificial o el cambio en la matriz productiva, que hacen que voces que hasta hace muy poco tenían gran autoridad empiecen a perder peso relativo. Sino que también los procesos de privatización están haciendo que emerjan nombres que hasta no hace mucho apenas ocupaban las segundas o terceras filas empresarias.

En poco más de veinticuatro meses, por caso, los hermanos Juan y Patricio Neuss pasaron de ser los dueños de una distribuidora eléctrica en la Patagonia a controlar, de punta a punta, la cadena energética argentina: generación, transporte y distribución. El salto no fue gradual sino en aluvión: primero llegaron las distribuidoras tucumana y jujeña —EDET y Ejesa— junto a la transportista Litsa y la hidroeléctrica Potrerillos, todo en el arranque de 2024; luego, a fines del año pasado, las represas patagónicas Alicurá y Cerros Colorados por US$226 millones; y esta semana, el coronamiento: Transener, el único operador de alta tensión del país, adjudicado por US$356 millones en un proceso que tuvo sus cortocircuitos técnicos. El vehículo de esta expansión es Edison Energía, un holding armado en 2025 junto al fondo Inverlat —cuyos socios incluyen al exjefe de Gabinete bonaerense Federico Salvai— y a los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, del Grupo Newsan. La velocidad de la expansión —tres procesos licitatorios ganados en dos años, en sectores que el Estado estaba vendiendo por primera vez en décadas— habla tanto de la capacidad del grupo para leer el tablero como de su habilidad para estar siempre bien posicionados a la hora de la apertura de sobres. También refleja cuán consustanciados están con el proyecto libertario, al que se acercaron desde los comienzos, de la mano de su amigo de la infancia, Santiago Caputo.

“El proceso de Transener fue desprolijo —reconoce un hombre con mucha experiencia—. Las ofertas económicas se publicaban a las 10 de la mañana. A esa hora salió la publicación, y había dos ofertas de las cuales estaban detallados los precios. Una hora y 12 minutos después se publicó la oferta económica de quien puso la oferta más alta”, describió. Sin embargo, ninguna de las dos empresas que quedaron en el camino cuestionó públicamente el proceso.

En las próximas semanas, se conocerá también si se quedan o no con la participación que tiene YPF en Metrogas, la mayor distribuidora de gas del país, que puso a la venta recientemente de la mano de Citi. Informalmente, tras la presentación de ofertas técnicas la semana pasada, el banco le hizo saber a los interesados quiénes quedaron en el short list para avanzar en la segunda y última etapa vinculante. Según trascendió, además de Neuss Capital, están José Luis Manzano (Integra Capital), Santos Uribelarrea con MSU y Ecogas-Central Puerto. Todos jugadores nacionales.

Las multinacionales, por ahora, mantienen su mirada casi exclusivamente en el negocio de minería y de Vaca Muerta, aunque el gobierno de los Estados Unidos está siguiendo con especial interés las licitaciones que se vienen de la Hidrovía y del Belgrano Cargas, tal vez los negocios de infraestructura más relevantes del país.

En los próximos días, en tanto, Chevron estará presentando un proyecto para el desarrollo de Vaca Muerta que buscará incluir dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que superará en tamaño al que recientemente presentó Pluspetrol, por US$ 12.000 millones. YPF, según anticipó el presidente de la compañía, Horacio Marín, también sumará otro RIGI por varios miles de millones de dólares en el cortísimo plazo. Y habrá más. Entre los estudios de abogados hay una puja grande por conseguir el armado de los RIGI, por los cuales los honorarios rondan en cada caso los US$250.000. Como siempre, hay quienes venden que tienen la más alta tasa de aprobación. Incomprobable. De cualquier manera, los nuevos RIGI serán buenas noticias para el equipo económico, que sigue sin poder superar el interés que suscita la discusión sobre el presupuesto familiar del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. A veces, los números chicos son más comprensibles que los grandes.

Es cierto que en los últimos días de abril ya hay algunas variables que comenzaron a darle la razón al presidente, Javier Milei, que viene anticipando que lo peor ya habría quedado atrás. En Hacienda se aliviaron al ver los números de recaudación la semana pasada, lo que se tradujo al mismo tiempo en una mayor generosidad hacia dependencias que vienen reclamando pagos retrasados hace meses. Nada para tirar manteca al techo, pero al menos es una pequeña señal. También en los bancos reconocen un leve repunte de la demanda de crédito, mientras que el mayor consumo de energía eléctrica permite anticipar un crecimiento de la actividad industrial. El tono del Presidente hacia la prensa suele volverse más áspero cada vez que la economía cruje por algún lado y la percepción de riesgo aumenta. Tal vez encuentre pronto motivos para el sosiego.

La maquinaria oficial para intentar mejorar el humor de la calle está encendida hace rato. El Banco Nación, muy activo últimamente en el mercado de crédito, saldrá la semana que viene al mercado con dos bonos, uno en UVA y otro atado al dólar MEP, para mejorar su fondeo. Es la primera vez en 30 años que la entidad financiera estatal emitirá bonos. Esperan poder pagar una tasa del orden del 5% en cada caso.

Hay un jugador que todo el sistema financiero espera que tarde o temprano salga a la cancha para contribuir a mejorar el mercado de crédito, sobre todo el hipotecario. Y es la Anses, mediante el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). En el último tiempo, el FGS estuvo muy activo pero comprando acciones en el mercado de capitales. Si bien no hace públicas sus tenencias —el último dato disponible es de abril de 2025—, los documentos que presentan las empresas argentinas que cotizan en Nueva York reflejan el fuerte incremento que tuvo la Anses en el capital social de algunas empresas clave. Grupo Financiero Galicia informó ante la Securities Exchange Commission (SEC, la comisión de valores de los Estados Unidos) que la Anses aumentó su participación del 16,8% informado en abril de 2025 al 22,5%. También Loma Negra vio aumentar el peso relativo del Estado, del 5,33% del capital al 9,2%; TGS, del 24% al 25,33%; YPF, del 1,46% al 8%; Banco Macro, del 28,8% al 29,75%; y ByMA, del 3,34% al 8%. Contra toda prédica libertaria, el Estado parece más presente que nunca.

El 11 de noviembre de 1991, el entusiasmo para recibir al portaaviones de los Estados Unidos USS Kitty Hawk (CV-63) era de buena parte de la sociedad marplatense más que presidencial. Algunos curiosos pedían autógrafos a la tripulación que no estaba conformada por marines, sino por electricistas y enfermeros, un detalle que tampoco evitó que militantes argentinos y ex combatientes en Malvinas quemaran una bandera de los Estados Unidos. La tripulación no se desanimó. El capitán del navío visitó el Golf Club de la ciudad, donde dejó un cuadro firmado y los tripulantes colaboraron con la reparación de la escuela provincial N 13. A pesar de la gestualidad, el entonces presidente Carlos Menem, que había acompañado a George Bush en la guerra en Irak, prefirió no acercarse hasta la ciudad costera.

Treinta y cinco años después, cuando Donald Trump, a cargo de la primera potencia militar del mundo, se embarca en otra guerra en medio Oriente -esta vez en Irán- Javier Milei visitó el portaaviones de propulsión nuclear USS Nimitz (CVN-68). Se trata de uno de los más grandes y el más antiguo de EE.UU desde que el Kitty Hawk fue retirado del servicio, vendido por un centavo y convertido en chatarra, en 2021.

El entusiasmo del mandatario argentino que alineó a su administración con la del magnate republicano fue tal que llevó frente a las costas de Mar del Plata a su hermana Karina Milei -la funcionaria más poderosa del gobierno- y también al canciller Pablo Quirno– y es consecuente con sus 14 viajes a los Estados Unidos desde su asunción, además de otros gestos de acercamiento.

Esta vez ni la interna evitó que se perdieran la visita y la foto Santiago Caputo y el presidente de Diputados, Martín Menem; además del ministro de Defensa, Carlos Presti, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare, y el jefe de la Armada, Juan Carlos Romay.

En 2024, el entonces jefe de la cartera militar, Luis Petri, había visitado el portaaviones George Washington, cuando presenció el ejercicio PASSEX “Gringo-Gaucho II” entre la Armada Argentina y la de EEUU. Ese mismo año, el Gobierno firmó un convenio con el cuerpo de Ingenieros del ejército de los Estados Unidos para el intercambio de información, capacitación y cooperación en el manejo de la Hidrovía.

Milei ya había recibido en dos oportunidades a las máximas autoridades del Comando Sur, a cargo de las operaciones de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en este hemisferio. En abril de 2024 viajó a reunirse con Laura Richardson en Ushuaia. Un año después recibió en Casa Rosada al actual jefe del comando, el almirante Alvin Holsey.

En Mar del Plata aprovechó para reunirse con el contraalmirante Mark A. Schafer, que dirige el Comando de Operaciones Especiales Sur.

Durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner el Congreso sancionó la autorización para una nueve serie de ejercicios Gringo-Gaucho, que se habían discutido durante el gobierno de Mauricio Macri. Significó un acercamiento del peronismo después de la distancia que ese espacio tomó tras los años de Menem, cuando la Argentina se convirtió en el primer país latinoamericano en incorporarse al grupo de “Principales Aliados Extra-OTAN de los EEUU”, y después del la gestión de CFK que terminó su mandato con un combativo acto en Mar del Plata para recibir a la Fragata Libertad que había quedado varada en Africa, para evitar su embargo.

El ministro de Defensa de Macri, Oscar Aguad, descartó también la posibilidad de que un portaaviones estadounidense custodiara la Cumbre del G-20 en Buenos Aires, en 2018 adonde asistió Trump. La primera administración también le vendió armamento al gobierno de JxC y ahora avanzó en la misma dirección con Milei.

Menem, que inauguró el capítulo de “relaciones carnales” con Estados Unidos y autorizó la llegada del Kitty Hawk, prefirió visitar las inmediaciones del antiguo portaaviones argentino 25 de Mayo; antes de pasarlo a retiro y venderlo para su desguace.

Ante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) que lleva adelante el juicio por el caso Cuadernos, se escuchó el descargo de Ricardo Jaime, el ex secretario de Transporte de la primera etapa del gobierno kirchnerista. Negó las acusaciones que pesan sobre él: asociación ilícita en carácter organizador y tres hechos de cohecho pasivo (recepción de coimas). Confrontó con los dichos de tres empresarios que se convirtieron en imputados colaboradores y lo responsabilizan de haber exigido el pago de sobornos para garantizar los subsidios al transporte. “No es verdad lo que dijeron y uno declaró bajo extorsión”, dijo.

El tramo de la causa en el que se encuentra implicado Jaime es el referido a la ruta de sobornos para la adjudicación de contratos ferroviarios y de subterráneos, y de balizamiento y mantenimiento de la hidrovía del río Paraná. Junto a él, están acusados Cristina Kirchner, Julio De Vido, su sucesor en Transporte, Juan Pablo Schiavi; y los empresarios Aldo Benito Roggio y Benjamín Gabriel Romero.

Durante la instrucción del caso, el fiscal Carlos Stornelli consideró que la organización de la asociación ilícita liderada por la exmandataria y organizada por De Vido en el área de transporte se encontró a cargo de Ricardo Jaime entre el 1 de junio de 2003 y el 1 de julio de 2009. Entre él y Schiavi habrían recaudado en concepto de coimas el 5% de los contratos con los empresarios del sector.

En la acusación del juicio se ponderaron como relevantes los aportes de los imputados colaboradores Roggio y Romero. Sobre ellos dos concentró su descargo Ricardo Jaime, quien anticipó que nadie -a excepción de su defensora- podía formularle preguntas.

“Niego totalmente las acusaciones sobre todo los dichos de Romero, Roggio y algunos dichos de (Sergio)Taselli”, fue una de sus primeras explicaciones ante el TOF 7. En ese momento se refirió a las anotaciones en los cuadernos atribuidos, tras una pericia técnica, a Oscar Centeno -el ex chofer de Roberto Baratta-, como “las fotocopias” donde “habrían escrito que hubo coimas” que él exigía.

Con esa misma línea argumental, el ex funcionario kirchnerista se corrió de los aportes de los arrepentidos. Calificó los aportes como “falsedades totales”. Sus palabras fueron: “Tengo referencia que estas aseveraciones fueron hechas bajo la figura extorsiva utilizada por la instrucción. Dichas acusaciones no están en las llamadas fotocopias de los cuadernos del señor Centeno”.

La estrategia del acusado se centró en desarmar los dichos que pronunciaron los arrepentidos bajo juramento de decir verdad.

Jaime, negó de forma taxativa que se haya reunido con Aldo Roggio a pocos días de haber iniciado la presidencia de Néstor Kirchner. El empresario declaró que se le había requerido un 5% en concepto de coimas sobre el dinero correspondiente a los subsidios al transporte público. “Nunca tuve la presencia del señor Roggio en mi despacho. Tengo entendido que con el ministro De Vido sí se reunía”, señaló el exfuncionario K.

Jaime dedicó varios minutos en desarrollar una explicación técnica: “El sistema de pago de las concesiones ferroviarias no podía tener demoras, una demora hubiera generado una paralización del servicio porque el sistema de subsidio cubría casi totalmente la ejecución”. Y a continuación enfatizó: “Con esto desmiento lo dicho por Roggio y Romero sobre la discrecionalidad de los pagos”.

Aunque “consideraba que eran empresarios honorables”, Jaime considero que “estas declaraciones se hicieron bajo extorsión. Jamás se solicitó el pago ni se dilataron los pagos, y además los pagos se realizaban a través del Ministerio de Economía”.

Luego de declarar, el exfuncionario K volvió a prisión en cumplimiento de la condena confirmada por la Corte en el caso por la Tragedia de Once.

En su confesión como arrepentido, Roggio se había referido a un “peaje” por los subsidios. El empresario fue uno de los primeros grandes empresarios en admitir el pago de coimas.

Sumó al a causa información sobre un esquema del 5% de retornos. Confesó que debía “entregarle a Ricardo Jaime el 5% de los subsidios que recibía su empresa por la explotación de los ferrocarriles (Metrovías)”.

Además consignó que los pagos se realizaban mensualmente y en efectivo. “El objetivo de estos pagos era asegurar que el Estado mantuviera el flujo de subsidios y no pusiera trabas operativas”, se consignó en la causa.

Por su lado, Gabriel Romero hizo aportes a la justicia federal respecto al decreto de la Hidrovía. Fue de los primeros en referir a cifras de dinero implicadas en el circuito de sobornos.

Habló en aquella ocasión de su aporte como colaborador, del pago de 600.000 dólares a cambio de un decreto que lo favorecía, prorrogando la concesión de la explotación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, cuya operación justamente ahora está en discusión.

Según los dichos de Romero, el nexo para concretar estos pagos ilegales era Jaime. Lo definió como el interlocutor inicial y el encargado de coordinar la maniobra.