Después de más de seis años de investigación judicial, pericias, audiencias y una compleja reconstrucción de movimientos de hacienda, la Justicia de Corrientes dio a conocer los fundamentos completos de uno de los fallos más resonantes vinculados a delitos económicos en el sector ganadero. El Tribunal Oral Penal de Mercedes declaró culpable al productor Rómulo Augusto Bobbio por administración fraudulenta tras comprobar la desaparición de casi 2000 cabezas pertenecientes a la firma Landver SA y avanzó con una condena económica millonaria que, según estimaciones del sector, superaría los US$3,3 millones, intereses incluidos. A ello deberá adicionarse los honorarios correspondientes a los abogados de la parte actora y de la defensa.
La resolución fue adoptada por el Tribunal Oral Penal de Mercedes, integrado por Jorge Alberto Troncoso, presidente, y los vocales Juan Manuel Muschietti y Ramón Alberto Ríos, quienes lo declararon “autor material penalmente responsable del delito de administración fraudulenta”. El hecho ocurrió en la zona rural del departamento correntino de Curuzú Cuatiá entre 2019 y 2020, en perjuicio de la empresa Landver SA.
La causa había comenzado luego de que los directivos de Lanver SA detectaran inconsistencias en el stock bovino administrado por Bobbio en establecimientos rurales de Corrientes. Con el correr de los meses, las auditorías internas y las verificaciones posteriores revelaron el faltante masivo de animales, lo que derivó en una denuncia penal que se transformó en uno de los expedientes más sensibles para el negocio ganadero de los últimos años.
En el sector, el caso siguió de cerca por el volumen de hacienda involucrada y por las implicancias económicas y comerciales que dejó al descubierto en torno a la administración de rodeos de terceros.
Los jueces hicieron lugar además a la acción civil promovida por el abogado Matías Mosca Tressens, apoderado de la firma Landver SA, y ordenaron una reparación económica atada al valor actualizado de la hacienda.
En ese sentido, condenaron a Bobbio al pago de “la suma que resulte equivalente al valor promedio de la hacienda del Mercado Agroganadero de Cañuelas (MAG) al momento en que se efectivice el pago”. Vale recordar que la hacienda que ingresa a esa plaza es para faena, es decir que son animales que no están ya en su fase productiva.
La sentencia detalló que las categorías involucradas son 37 toros que estaban en servicio, 213 vaquillonas de recría, 987 vacas preñadas, 540 vacas secas para entorar y 182 animales de invernada. A ello se agregó “un interés puro del 6% anual en concepto de privación de uso del ganado desde el 23 de septiembre de 2020 y hasta el efectivo pago condenado”.
Fuentes vinculadas al negocio ganadero señalaron que, actualizado a valores actuales y contemplando los intereses fijados por la Justicia, el monto total de la condena rondaría los US$3,3 millones.
En paralelo, el tribunal impuso una pena de tres años de prisión cuyo cumplimiento se deja en suspenso, además de las costas del juicio. También fijó reglas de conducta por cuatro años. Entre ellas, Bobbio deberá fijar residencia y no modificarla sin autorización previa del tribunal, abstenerse de cometer nuevos delitos y evitar “el consumo excesivo de bebidas alcohólicas y consumo de estupefaciente”.
Uno de los puntos que más llamó la atención dentro del expediente fue la compleja ingeniería judicial y patrimonial que debió realizar la querella para intentar garantizar el eventual cobro de la condena civil.
Según pudo reconstruir LA NACION, los abogados de Landver SA avanzaron primero sobre las acciones y derechos sucesorios que Bobbio poseía en una sucesión radicada en Buenos Aires correspondiente a un campo heredado de su padre junto con sus hermanos. Posteriormente, lograron inscribir en Corrientes el embargo sobre “la porción indivisa que le corresponde” dentro de ese establecimiento rural. En la resolución, los magistrados ordenaron que una vez firme la condena, convertir en ejecutivo el embargo respectivo. Asimismo, dispusieron “proceder a la restitución de los elementos secuestrados en autos, no incorporados válidamente al juicio”.
Los fundamentos conocidos ahora profundizaron además sobre el rol que ejercía Bobbio dentro de la operatoria ganadera y la responsabilidad que tenía sobre el manejo del rodeo. Durante el debate oral, el productor había rechazado las acusaciones y cuestionado la investigación.
Según consta en la sentencia, afirmó: “No había esa cantidad de hacienda. Nunca existió esa cantidad de hacienda”. También sostuvo ante el tribunal: “Yo no sacaba las guías. No era ese administrador potencial que todos dicen. Simplemente me ocupaba del trabajo de la hacienda”.
En otro tramo de su declaración, incorporada en los fundamentos, expresó: “Me condenaron prácticamente antes de saber qué había pasado”. Sin embargo, el tribunal consideró acreditada la maniobra de administración fraudulenta y validó los elementos reunidos durante la investigación.
El expediente incluyó pericias, documentación comercial, análisis de movimientos de hacienda, testimonios y reconstrucciones vinculadas con traslados y operaciones ganaderas realizadas entre 2019 y 2020.
El caso impactó de lleno en el ambiente ganadero correntino y nacional porque involucró una de las mayores denuncias por faltante de animales registradas en los últimos años dentro de un esquema privado de producción.
Con la difusión de los fundamentos, la Justicia dejó asentadas las razones técnicas, comerciales y jurídicas que sostuvieron una condena que, por su dimensión económica y el mensaje hacia el sector, ya es observada como un fallo testigo para futuros conflictos vinculados con la administración de hacienda ajena.
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