La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abrió el análisis de una denuncia contra el Estado argentino por el caso del ex cura Justo José Ilarraz, luego de que la Corte Suprema declarara prescripta la acción penal. Así lo explicó el abogado de las víctimas, Andrés Gil Domínguez, quien indicó que se inició un proceso internacional para determinar posibles violaciones a derechos humanos.
En declaraciones al programa “A quien corresponda” (Radio Plaza 94.7), el letrado señaló que la instancia internacional se activó tras el cierre de las vías judiciales locales. “Una vez que la Corte Suprema de Justicia dictó el fallo por el cual declaró prescripta e impune la acción penal y los delitos cometidos por Ilarraz, quedaron agotadas las vías de jurisdicción interna, todas las vías que uno podía tener a mano dentro del Estado argentino”, explicó.
En ese sentido, indicó que la denuncia ante la CIDH apuntó contra el accionar del propio Estado. “Se abrió la posibilidad de interponer una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado argentino, porque con el accionar de la Justicia y especialmente la Corte Suprema se habían violado varios de los derechos humanos contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, afirmó.
Entre los derechos vulnerados, enumeró: “El derecho a la integridad personal, la protección de la honra y la dignidad, los derechos del niño y el derecho a la protección judicial integral”.
Sobre el avance del proceso, detalló que el organismo internacional ya dio un primer paso formal. “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después de hacer un primer examen de admisibilidad, resolvió abrir el trámite dentro del proceso transnacional, evaluar si el Estado argentino ha violado estos derechos o no de las víctimas y darle un traslado al Estado argentino por un plazo de tres meses, prorrogable por un mes más, para que conteste sobre la denuncia que realizamos”, explicó.
Además, señaló que durante esta etapa podría abrirse una instancia de acuerdo. “En este período eventualmente se puede llegar a lo que se llama un procedimiento de solución amistosa con el Estado argentino”, indicó.
En esa línea, Gil Domínguez confirmó gestiones en ese sentido. “Ya me comuniqué con las autoridades pertinentes para ver si es posible llegar a un acuerdo en donde se reconozcan los derechos de las víctimas sin tener que llegar eventualmente a una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenando al Estado argentino o eventualmente una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, sostuvo.
Finalmente, destacó la relevancia de la instancia internacional tras el fallo del máximo tribunal argentino. “Por suerte, lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia no cerró definitivamente el caso y en una instancia supranacional se está revisando la responsabilidad internacional del Estado argentino”, concluyó.
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