Un grupo de legisladores nacionales presentó en el Congreso un proyecto de ley para avanzar hacia la eliminación total de las retenciones al agro. La iniciativa, impulsada por diputados de distintos espacios, propone un esquema de reducción gradual hasta llegar a una alícuota cero en 2029 y, al mismo tiempo, busca limitar la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en materia tributaria.
El anuncio fue realizado por la diputada nacional Gisela Scaglia (Provincias Unidas), quien a través de un posteo en la red social X puso el foco en la necesidad de dar previsibilidad al sector productivo. “Sin decretos de madrugada, sin reglas que cambian de un día para el otro, presentamos el proyecto para eliminar las retenciones”, afirmó.
En ese sentido, la legisladora cuestionó la dinámica reciente en torno a los Derechos de Exportación (DEX). “En 2025 el Ejecutivo modificó los DEX seis veces por decreto, seis veces sin pasar por el Congreso, seis veces de incertidumbre para quien tiene que decidir si siembra o no siembra”, señaló. Y agregó: “Nadie invierte con esa incertidumbre”.
La iniciativa legislativa, que lleva la firma de Scaglia junto a Carlos Gutiérrez, José Núñez, Carolina Basualdo, Alejandra Torres y María Inés Zigarán, plantea un cambio estructural en el esquema impositivo del sector agropecuario y agroindustrial.
Según el texto, el objetivo central es claro: “Establecer la reducción gradual y progresiva de los Derechos de Exportación —en adelante, ‘retenciones’— aplicables a todos los productos del sector agropecuario y agroindustrial de la República Argentina, con miras a su eliminación total”.
La propuesta no se limita a los granos, sino que abarca toda la cadena productiva. Incluye cereales y oleaginosas como trigo, maíz, soja y girasol, así como también sus derivados industriales, desde harinas hasta aceites y subproductos.
El proyecto fija un cronograma de reducción en cuatro años, con una baja lineal del 25% anual sobre la alícuota vigente al momento de sanción de la ley. De este modo, se prevé una eliminación total e “irreversible” de las retenciones hacia el inicio del cuarto período.
En términos concretos, el esquema establece un primer recorte inmediato en 2026, seguido de reducciones acumuladas en 2027 y 2028, hasta llegar a una alícuota del 0% a partir del 1° de diciembre de 2028, ya correspondiente al ciclo comercial 2029.
El texto también incorpora precisiones operativas para evitar distorsiones en el comercio exterior. En ese marco, se determina que “la alícuota aplicable será la vigente a la fecha de inicio del período de embarque declarado por el exportador”, sin posibilidad de beneficiarse por demoras posteriores.
Uno de los puntos centrales del proyecto es el límite a la intervención del Poder Ejecutivo. En ese sentido, se establece que “no podrá aumentar, restablecer ni crear nuevos Derechos de Exportación” sobre los productos alcanzados.
Además, la iniciativa refuerza el principio de legalidad tributaria al disponer que “toda creación, modificación o restablecimiento de alícuotas al sector agropecuario y agroindustrial deberá ser dispuesta por ley formal del Honorable Congreso de la Nación”. Como complemento, se propone la derogación del artículo 755 del Código Aduanero, que actualmente habilita al Ejecutivo a fijar retenciones de manera unilateral.
Otro aspecto relevante es la protección de los recursos provinciales. El proyecto indica que la reducción de estos tributos no podrá implicar recortes en la coparticipación federal ni en los fondos que reciben las provincias.
En paralelo, se incorpora un mecanismo de seguimiento a cargo de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que deberá elaborar informes anuales sobre el impacto fiscal, productivo y exportador de la medida.
En los fundamentos, los legisladores plantean una crítica de fondo al esquema actual. “Hay una pregunta que el campo le viene haciendo a la política argentina desde hace décadas: ¿hasta cuándo el interior produce la riqueza que después se gasta en el centro?”, sostuvieron.
En esa línea, remarcaron que las retenciones “son un impuesto que sale del trabajo de los productores del interior y llega a las arcas nacionales sin que los territorios que lo generan vean un retorno proporcional”.
El documento también destaca el peso del agro en la economía. “El sector agroexportador cerró el año 2025 con un ingreso que superó la suma de US$31.000.000.000, consolidándose como la principal fuente de divisas”, señala.
Sin embargo, advierte que ese potencial convive con limitaciones estructurales. “La Argentina permanece estancada en producción y crecimiento exportador, dependiendo de los precios internacionales”, indica el texto.
Los autores del proyecto cuestionan además la naturaleza del tributo. “Los Derechos de Exportación gravan el ingreso bruto, no la renta neta. No miden si el productor ganó o perdió”, sostuvieron y agregaron que esto “castiga severamente a los pequeños productores”.
Otro de los argumentos apunta a la falta de previsibilidad. “Durante 2025 se produjeron seis cambios en los DEX mediante decretos. Estas alteraciones cambiaron el ritmo de ventas de granos y trajeron distorsiones en el mercado”, indicaron. Frente a este escenario, la iniciativa busca consolidar reglas estables. “Se garantiza la previsibilidad legal necesaria para el mercado”, remarcan.
Los legisladores también plantean que la eliminación de retenciones puede tener un efecto compensatorio en la recaudación. Según explicaron, “la pérdida de recaudación aduanera se compensará con el incremento automático en el impuesto a las Ganancias e IVA”.
El proyecto subraya que estos tributos no son coparticipables. “Las provincias pierden riqueza generada en sus territorios sin mecanismos de distribución”, dijeron.
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