El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, firmó el decreto presidencial número 219/2026, por el cual destituyó a Volodimir Kompanichenko como jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) en la región de Zhytomyr, en el norte del país. La decisión se produjo días después de que un tribunal ordenara su prisión preventiva por 60 días sin posibilidad de fianza, en el marco de una investigación por malversación de fondos destinados a la construcción de defensas en aeródromos militares.
Kompanichenko asumió la jefatura del SBU en Zhytomyr en noviembre de 2022, en plena ofensiva rusa. El 25 de febrero, agentes de seguridad interna lo sorprendieron junto al coronel Andri Ukrainets, comandante de logística de la Fuerza Aérea, mientras recibían 320.000 dólares en efectivo. Ambos fueron arrestados en flagrante y acusados en virtud de los artículos del Código Penal que tipifican el soborno y el abuso de poder por parte de un funcionario militar.
La trama se remonta a mayo de 2025, cuando el Estado destinó 1.400 millones de grivnas —unos 32 millones de dólares— para construir estructuras de arco prefabricadas destinadas a proteger la aviación en aeródromos operativos. El Departamento de Contrainteligencia Militar detectó serias irregularidades: diseños que no cumplían los estándares, estructuras con protección inadecuada y costos inflados. Pese a ello, ya se habían iniciado pagos anticipados conforme a los contratos.
Ante la investigación interna, Ukrainets recurrió a Kompanichenko para frenar las inspecciones. El jefe del SBU actuó como garante del acuerdo e implicó directamente a uno de los contratistas en el esquema. Ambos planearon transferir unos 13 millones de grivnas —cerca del uno por ciento del financiamiento— para sobornar a los auditores y encargar dictámenes ficticios sobre la calidad de las obras.
El caso provocó una reacción inmediata en la cúpula de seguridad. Un día antes de las detenciones, Zelensky anunció una “depuración” de los servicios y advirtió que serían apartados quienes antepongan sus intereses a los del país. El jefe interino del SBU, Yevhen Khmara, declaró que “la corrupción en tiempos de guerra equivale a traición”. La Fiscalía apeló la decisión del tribunal, que fijó una fianza inferior a la solicitada por los fiscales.
El episodio se suma a una cadena de escándalos que han sacudido al gobierno de Zelensky durante la guerra. El más grave fue la Operación Midas: una investigación que en noviembre de 2025 destapó una trama de sobornos por 100 millones de dólares en la empresa estatal Energoatom. Ese caso implicó al exministro Galushchenko, al asesor presidencial Andri Yermak y al empresario Timur Mindich, exsocio de Zelensky en Kvartal 95, que huyó a Israel antes de que la Oficina Nacional Anticorrupción registrara su domicilio.
Ucrania ocupa el puesto 105 de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional, y es el segundo Estado más corrupto de Europa. Pese a la mejora desde el puesto 142 que ocupaba en 2014, Kiev sigue lejos de los estándares que exige la Unión Europea para avanzar en el proceso de adhesión. Que el aparato de seguridad encargado de vigilar los contratos de defensa figure entre los imputados del fraude que debía prevenir ilustra la profundidad del problema.
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