Desde las cárceles de Irán, las ejecuciones de presos políticos y manifestantes se han intensificado en las últimas semanas bajo el pretexto de la guerra, según informó el diario británico The Guardian. Al menos 16 hombres han sido ahorcados en el último mes por órdenes del régimen iraní, incluidos activistas y opositores acusados de desafiar al gobierno.
Las cartas y videos grabados en secreto por algunos de los condenados, y obtenidas por el diario británico, revelan detalles sobre sus últimos días y el clima de temor dentro de los centros de detención.
Las víctimas incluyen activistas, opositores y personas acusadas de pertenecer a grupos disidentes, mientras familiares y organizaciones de derechos humanos denuncian el aumento de la represión y la falta de garantías legales.
En la prisión de Rajai Shahr, ubicada en la ciudad de Karaj, se encontraba Babak Alipour, un abogado de 34 años aficionado al montañismo, que había pasado tres años en el corredor de la muerte.
En sus escritos enviados a amigos, Alipour describió la situación de otros reclusos como Behrouz Ehsani, de 69 años, y Mehdi Hassani, de 48, también condenados a muerte y señalados por el régimen como integrantes del grupo opositor Muyahidines del Pueblo de Irán (PMOI o MeK).
A pesar de la amenaza constante, Alipour afirmó en sus cartas que no sentía miedo. El 12 de marzo, grabó un video con un teléfono móvil ingresado clandestinamente a la cárcel.
En esa grabación, denunció la represión estatal y el ascenso de Mojtaba Khamenei al liderazgo supremo tras la muerte de su padre, Ali Khamenei, ocurrida en medio de ataques aéreos atribuidos a Estados Unidos e Israel.
La familia de Alipour, su hermano Roozbeh, su hermana Maryam y su madre Ommolbanin Dehghan, fueron arrestados después de asistir a una vigilia frente a la prisión.
El 31 de marzo, las autoridades trasladaron a Alipour a la prisión de Ghezel Hesar, donde fue ahorcado junto a Pouya Ghobadi, ingeniero eléctrico de 32 años.
Ese hombre sido arrestado por su supuesta implicación en acciones contra el régimen. Su ejecución formó parte de una ola de muertes que, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos, busca instalar un clima de miedo en la sociedad iraní.
Junto a los nombres de Alipour y Ghobadi se suma el de Amirhossein Hatami, un joven de 18 años ahorcado el 2 de abril tras una confesión forzada por cargos de moharebeh (enemistad contra Dios) y efsad-fil-arz (corrupción en la tierra), en relación con un ataque a una base militar durante las protestas de enero.
La víctima más reciente es Amirali Mirjafari, estudiante y técnico informático de 24 años, ahorcado tras ser acusado de participar en manifestaciones. Activistas afirman que 11 presos políticos más permanecen en el corredor de la muerte, con edades entre 23 y 68 años, a la espera de una posible ejecución.
Por otro lado, el caso de la familia Younesi expone el alcance de la represión. Reza Younesi, profesor universitario en Suecia, denunció la detención de su hermano Ali, estudiante premiado de astronomía, y la desaparición temporal de su padre Yousef, de 73 años, ambos encarcelados en Irán por presuntos vínculos con el MeK.
Reza relató al diario británico que durante nueve días su familia no supo nada de su padre, hasta que confirmaron su traslado a la misma prisión que su hijo. Para Reza, la incertidumbre y el temor a nuevas represalias aumentan ante la falta de control internacional sobre la situación en Irán.
“Estamos hablando de un régimen horrible y brutal. Cuando hay guerra, se vuelven aún más brutales. Pueden hacer prácticamente lo que quieran con los prisioneros”, manifestó Younesi en declaraciones al medio británico.
Además, añadió que la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos no consiguen frenar la escalada represiva y que, incluso si se pronuncian, el régimen no reacciona ante la presión externa.
El impacto de las ejecuciones, según detalló Mahmood Amiry-Moghaddam, director de la organización Iran Human Rights con sede en Noruega, ha alcanzado un nivel inédito en las últimas semanas. La mayoría de los ejecutados en el pasado eran condenados por delitos comunes, como narcotráfico o asesinato, pero en el último mes la cifra de presos políticos y manifestantes ejecutados no tiene precedentes.
“El objetivo de estas ejecuciones es infundir miedo en la población”, declaró Amiry-Moghaddam a The Guardian. “El coste político de la ejecución de un manifestante o un preso político es mucho mayor en circunstancias normales. Sin embargo, ahora todo queda eclipsado por la guerra”, agregó.
Leave a Reply