La llamada Causa Contratos II, que involucra a las principales figuras de la política entrerriana de las últimas dos décadas, comenzó a avanzar. Tal como adelantó el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Entre Ríos abrió formalmente, el 23 de noviembre de 2025, la segunda etapa de la investigación por contrataciones irregulares en el ámbito legislativo.
Esta semana, los cinco exfuncionarios bajo la lupa judicial fueron emplazados a designar representantes legales. Marcos Rodríguez Allende asumió la defensa de los exvicegobernadores Adán Bahl y José Cáceres. El expresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, seguirá con el patrocinio de Miguel Cullen. En tanto, el exvicegobernador José Lauritto y el expresidente de la Cámara Baja José Allende eligieron a Leopoldo Lambruschini.
La causa, que abarca el período 2008-2018, se divide en dos grandes bloques: Contratos I, que está en plena remisión a juicio —con fecha de reinicio prevista para el 26 de mayo a las 9—, y la naciente Contratos II.
El conflicto de intereses
En la primera etapa de la investigación el foco se puso en empleados legislativos e intermediarios que, según la Fiscalía, desviaban fondos públicos mediante contratos de obra falsos. De los 32 imputados originales, hoy quedan 18: 12 aceptaron la probation, el contador Gustavo Falco fue sobreseído y Esteban Scialocomo optó por un juicio abreviado.
Un punto de tensión son las calificaciones legales. Mientras los responsables de las Cámaras están acusados de Peculado Culposo —un delito con penas de multa y sin inhabilitación—, los empleados afrontan pedidos de prisión efectiva. Esa asimetría abre la posibilidad de un choque de estrategias: un empleado como Sergio Cardozo enfrenta un pedido de pena muy superior al que podría recibir su jefe político por el mismo desfalco.
Sobre este punto habría algunos “cortocircuitos” entre los representantes legales de los imputados, ya que algunos letrados estarían analizando pedir que primero se determine qué tipo de responsabilidad tienen los “jefes políticos”.
Segunda etapa
Los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro apuntan ahora a establecer la responsabilidad política detrás de un perjuicio al Estado estimado en más de 53 millones de dólares.
La trama —calificada como el mayor caso de corrupción en la historia provincial— comenzó casi por azar en la primavera de 2018, cuando un agente policial advirtió que una sola persona retiraba dinero de un cajero automático en Paraná utilizando múltiples tarjetas de débito. Ese hallazgo fue el hilo que permitió desovillar una estructura de “prestanombres” y empresas fantasmas.
El laberinto judicial
Tras un largo parate por planteos de competencia que llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la causa recuperó impulso en 2024. Las audiencias pusieron al descubierto una red compleja que involucraría a funcionarios, estudios contables y reclutadores de firmas. La hipótesis fiscal sostiene que el dinero sustraído no solo financió la actividad política, sino que terminó en inversiones inmobiliarias y agropecuarias de carácter privado.
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