La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por Beatriz Aranguren, Mateo Busaniche y Cintia Gómez, confirmó la resolución que dictó la falta de mérito para Luis Miguel, Sebastián y Juan Diego Etchevehere y Leonor Barbero Marcial en el marco de la denuncia por presunta extorsión y falsificación de documentos públicos vinculada a una disputa por la herencia familiar.
La querella, impulsada por Dolores Etchevehere, sostiene que entre 2009 y 2021 fue víctima de un plan criminal destinado a despojarla de sus derechos hereditarios. Según la acusación, los imputados la habrían obligado a firmar un acuerdo de partición de bienes en agosto de 2018 mediante intimidaciones, mensajes amenazantes y aprovechando la condición de Ministro de Agroindustria de la Nación que en ese momento ostentaba uno de sus hermanos, Luis Miguel.
Dolores apeló la decisión inicial y sostuvo que el juez de primera instancia interpretó equivocadamente los hechos como una “negociación válida”, sin aplicar una perspectiva de género ni reconocer la violencia económica que, según ella, se ejerció para forzarla a aceptar un porcentaje menor en la sucesión.
La defensa de los imputados rechazó las acusaciones, calificándolas de “inconsistentes y sin respaldo probatorio”. Afirmaron que el acuerdo de 2018 fue una transacción voluntaria con concesiones recíprocas, negaron la existencia de mensajes amenazantes y el despojo de una vivienda, y sostuvieron que la denunciante no residía en la ciudad desde hacía décadas.
Al resolver, los camaristas entendieron que por ahora no hay elementos probatorios de entidad para procesar o sobreseer de manera definitiva a los involucrados. El fallo señala que no se acreditó una intimidación idónea —los mensajes presentados no tendrían carácter amenazante—, que no existen pruebas suficientes sobre la supuesta falsificación de firmas por ausencia de documentos originales y pericias caligráficas, y que el acuerdo cuestionado aparece, en esta etapa, como un contrato oneroso propio de una negociación patrimonial familiar.
Aunque confirmó la falta de mérito, el tribunal aclaró que la investigación no está cerrada y ordenó profundizarla. Entre las nuevas medidas, el juez de instrucción solicitó al Juzgado Civil y Comercial N° 7 de Paraná la entrega de documentos originales y citó a las partes para conformar cuerpos de escritura que permitan realizar peritajes caligráficos.
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