La jueza de Garantías N° 3, Paola Firpo, rechazó el pedido de sobreseimiento presentado por el abogado, asesor del Senado y funcionario municipal Carlos Guillermo Reggiardo, y desestimó la recusación que él mismo había planteado en su contra, ratificando así su competencia en la causa, supo ANÁLISIS.
La decisión de Firpo se produjo este martes durante la audiencia de elevación a juicio por el supuesto delito de coacciones contra la jueza Carolina Castagno. En esa instancia, la magistrada ordenó continuar con la remisión de la causa a juicio, en línea con la acusación del Ministerio Público Fiscal. Ante la resolución, Reggiardo anunció su reserva de apelación, mientras que el fiscal Martín Abraham mantuvo su oposición al sobreseimiento.
La fiscalía le imputa al abogado coacciones contra la jueza Castagno.
El conflicto procesal escaló cuando Reggiardo —conocido por haber defendido judicialmente al intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi— intentó apartar a Firpo mediante una recusación. La jueza no hizo lugar al planteo y, para que la vocalía interviniente (un juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones) resuelva definitivamente sobre su continuidad en el expediente, resolvió suspender la audiencia.
Esta causa se originó a partir de la denuncia de que Reggiardo habría intentado amedrentar a la jueza María Carolina Castagno para forzar su apartamiento de un tribunal que debía juzgar presuntos sobreprecios en la obra de pavimentación de 14 cuadras en Santa Elena en 2014. Con la resolución de Firpo, el letrado queda un paso más cerca del juicio oral, a pesar de sus intentos por frenar el proceso y recusar a la magistrada de Garantías.
Además de su trabajo como abogado, Reggiardo se presenta como comunicador y mantiene una activa presencia en TikTok, plataforma donde difunde teorías conspirativas y realiza denuncias que, según la nota, carecen de sustento probatorio. Es asesor legal de la Municipalidad de Santa Elena y contratado de la senadora provincial Patricia Díaz, por lo que percibe un doble sueldo del Estado municipal y del Senado entrerriano.
Qué dice la imputación
Según la imputación, el letrado habría exigido mediante un escrito que Castagno se abstuviera de intervenir en el juicio oral, bajo la amenaza de denunciarla por prevaricato ante el Honorable Jurado de Enjuiciamiento de la provincia, “con plena conciencia de la falsedad de tales acusaciones”.
La acusación agrega que, en un presunto intento de frustrar el inicio del debate oral y obstaculizar la acción de la justicia, Reggiardo promovió recusaciones contra la magistrada y los vocales Alejandro Grippo y Juan Francisco Malvasio, planteos que fueron rechazados el 25 de junio de 2025 por considerarse carentes de sustento legal.
Otras dos causas
El asesor legal de la Municipalidad de Santa Elena tiene, además, otras dos causas acumuladas en Gualeguay por las que también será juzgado en esa localidad, con pedido de pena de prisión efectiva por parte de la acusación pública. Los fiscales Mariángeles Schell y Rodrigo Molina lo imputaron por desobediencia judicial en un expediente, y por coacciones agravadas contra una funcionaria pública, perturbación de audiencia y desobediencia judicial en el otro, ambos en el marco de un contexto de violencia de género.
En el primer hecho se lo acusa de no haber cumplido una orden judicial dictada el 16 de octubre de 2024 y reiterada el 31 de marzo de 2025 por la jueza Rosa Fernández Campasso, que le exigía iniciar y acreditar un curso de capacitación sobre violencia de género en la Asociación Pablo Besson. Según la Fiscalía, Reggiardo no cumplió con esa disposición entre el 5 de noviembre de 2024 y el 3 de abril de 2025, pese a haber sido notificado. La medida se originó por un episodio ocurrido el 26 de agosto de 2024 en la mesa de entradas de la Fiscalía de Gualeguay, donde el imputado habría tenido una “actitud corporal agresiva y beligerante” con insultos, gritos y golpes en el mostrador, lo que habría causado malestar y temor en las empleadas. La calificación para este hecho es desobediencia judicial.
El segundo hecho se remonta al 9 de mayo de 2025, durante una audiencia de remisión a juicio en el Juzgado de Garantías de Gualeguay. Se acusa a Reggiardo de perturbar el acto procesal a cargo de la jueza Alejandra Gómez mediante “conductas coactivas” para impedir que la magistrada desarrollara la audiencia. Según los fiscales, el imputado buscaba suprimir la decisión de la jueza y reemplazarla por la suya, menoscabando su libertad. Durante la audiencia, le dijo a la jueza frases como: “considero que usted no está a la altura de llevar adelante este juicio”, “usted desprestigia el derecho”, “usted es una delincuente” y “los jueces como usted tienen que salir de la justicia”. Además la amenazó con denuncias ante el Jurado de Enjuiciamiento y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, comenzó a filmar a la jueza con su celular, desobedeciendo la orden de detenerse, lo que forzó la suspensión de la audiencia. Ese mismo día publicó en el sitio La Caldera una nota titulada “La jueza de la vergüenza”, que concluía con la frase: “no habrá paz donde reine la impunidad con toga”, que la Fiscalía consideró otra amenaza. Los delitos imputados son coacciones agravadas contra una funcionaria pública, en concurso ideal con perturbación en audiencia y en concurso real con desobediencia judicial, todo en el contexto de violencia de género.
Al discutir la elevación a juicio de estos expedientes, Reggiardo también sostuvo la teoría de una conspiración en su contra: dijo que existe una “operatoria destinada a meterlo preso” por sus enfrentamientos políticos con la diputada María Laura Stratta y por sus denuncias de corrupción, y atribuyó la causa a una persecución orquestada por figuras del poder judicial y político de Gualeguay.
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