El juez Carlos Mahiques fue citado el próximo jueves al Senado para defender el pliego enviado por el gobierno nacional que pretende que permanezca cinco años más en la Cámara Federal de Casación Penal. Al ser padre del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, su situación no es sencilla: dos de las organizaciones más reconocidas en el ámbito judicial —la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)— impugnaron el pliego. Desde el oficialismo legislativo, en cambio, aseguran que cuenta con los votos necesarios para que el magistrado, que cumplirá 75 años en noviembre, continúe en el cargo.
Mahiques deberá presentarse el jueves a las 10 en la Comisión de Acuerdos, que preside el libertario Juan Carlos Pagotto. El presidente Javier Milei envió su pliego en febrero, pocas semanas antes de que Juan Bautista Mahiques fuera designado ministro de Justicia a instancias de Karina Milei. Tanto ACIJ como INECIP presentaron de manera conjunta ante la comisión una impugnación al pliego que busca otorgar un “nuevo nombramiento” a Mahiques. Las organizaciones sostienen que la medida es inconstitucional porque, según plantearon en un escrito, Mahiques nunca fue designado para ese cargo federal mediante el procedimiento previsto por la Constitución.
En 2013, Mahiques fue designado juez de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la ciudad de Buenos Aires. Había sido ternado por el Consejo de la Magistratura y luego propuesto por el Poder Ejecutivo; esa postulación fue aprobada por el Senado, tal como exige el artículo 99, inciso 4, de la Constitución. Sin embargo, cuatro años después —y con la única solicitud del propio magistrado y la conformidad del Consejo— el entonces presidente Mauricio Macri ordenó su traslado a la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país después de la Corte Suprema. En 2018, ese traslado fue convalidado por la Cámara alta.
Transcurridos nueve años, Mahiques está próximo a cumplir 75 años, por lo que necesita que el Poder Ejecutivo renueve su “nombramiento”. “Lo cierto es que técnicamente nunca fue designado para el cargo que actualmente ocupa en la justicia federal. Esto, por una razón simple: no cumplió las etapas del proceso constitucional para acceder a la judicatura, que exige atravesar un concurso ante el Consejo de la Magistratura, ser seleccionado por el Poder Ejecutivo y obtener un acuerdo del Senado. Las había cumplido para su primer cargo en el fuero ordinario de la Capital Federal, pero no para el federal”, señaló ACIJ en un comunicado.
Los traslados constituyen, según advierten las organizaciones, una vía irregular de selección de jueces y juezas que no está prevista ni en la Constitución ni en ninguna ley. “Por sus características, suponen un riesgo para la independencia judicial, la idoneidad y para garantías como la de juez natural, al permitir al Poder Ejecutivo la designación de magistrados en cargos para los cuales no concursaron, así como el movimiento de jueces entre tribunales según los casos que tenga cada uno”, alertaron ACIJ e INECIP.
Según las ONG, Mahiques concursó para ser designado juez nacional, pero el traslado se concretó para un cargo en la justicia federal; por eso remarcaron que se trata de jurisdicciones distintas: la justicia nacional tiene competencia ordinaria en materia penal, mientras que la federal es una jurisdicción de excepción que interviene únicamente cuando están en juego intereses federales. Además citaron el precedente “Bertuzzi” de la Corte, que sostiene que los traslados son actos provisorios que “en modo alguno pueden equipararse a los nombramientos”.
“Si Carlos Mahiques no fue nombrado, sino que apenas fue trasladado provisoriamente, no se comprende cómo podría renovarse su nombramiento. El hecho de que hayan transcurrido 9 años no altera esta conclusión. La única forma en la que podría continuar en la Cámara Federal de Casación Penal sería presentándose al concurso que el Consejo de la Magistratura inicie para cubrir la vacante y quedando ternado, para que luego continúe el procedimiento ante los poderes Ejecutivo y Legislativo”, subrayaron.
La Constitución establece que los jueces cesan en sus funciones al cumplir 75 años, salvo que el Ejecutivo los vuelva a nombrar por cinco años más con el aval del Senado. En 2024, por ejemplo, se aplicó esa prórroga a Jorge Morán, vocal de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, y a Roberto Hornos, vocal de la Cámara Nacional en lo Penal Económico. En cambio, no se prorrogó el mandato del juez de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda, que cumplió 75 años en diciembre de 2024. Tampoco se extendió el mandato de Stella Maris Martínez, la ex defensora general de la Nación, que al cumplir 75 años en febrero pasado debió dejar su cargo.
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