La dirigencia de la Federación Agraria Argentina (FAA) en Entre Ríos puso en alerta al Departamento Diamante ante la creciente tensión entre la actividad agropecuaria y el entramado judicial. Convocados por la filial Puiggari del Distrito III, técnicos, abogados y productores se reunieron para evaluar el impacto de amparos relacionados con las distancias de aplicación de productos agrotóxicos en Colonia Ensayo y Aldea Salto, dos localidades donde la incertidumbre ya empieza a condicionar decisiones productivas.
Al encuentro asistieron el director Matías Martiarena, el ingeniero agrónomo Alfredo Bel, el presidente de la filial Carlos Bender y un equipo de letrados que sigue la evolución de las causas. Según informaron, hay actualmente tres amparos en trámite —uno de carácter colectivo— en cuyo expediente la FAA se presentó como “tercero interesado”, una figura institucional destinada a respaldar a los productores afectados.
Más allá del marco jurídico, la preocupación en el territorio tiene raíces profundas: se percibe que el régimen normativo vigente —resultado de años de consensos técnicos y políticos— se ve erosionado por decisiones judiciales que, en algunos casos, redefinen las reglas de juego. “La situación es compleja: los productores aseguran que no se hizo nada fuera de regla. Existe una ley provincial que cuenta con respaldo científico y que fue fruto de un amplio acuerdo. Queremos trabajar con tranquilidad”, sintetizó Bender.
En la misma línea, Martiarena remarcó la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica y avanzar en un ordenamiento territorial que brinde previsibilidad. La defensa de la Ley Provincial de Fitosanitarios aparece así como una demanda común de la dirigencia agraria, tanto por su contenido técnico como por el carácter participativo del proceso que la originó.
La discusión trasciende los límites de Diamante: lo que está en juego es la capacidad del sistema productivo para operar bajo reglas claras, en un equilibrio siempre delicado entre sustentabilidad ambiental, salud pública y viabilidad económica. Para el sector agropecuario entrerriano, la exigencia de previsibilidad no es menor: constituye la condición indispensable para sostener inversiones, planificar campañas y evitar que la incertidumbre judicial se transforme en un riesgo estructural.
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