A pocos días de que el papa León XIV pise suelo argentino, Amnistía Internacional (AI) le dirigió una carta abierta en la que le pidió que, durante sus encuentros con las autoridades y la sociedad del país, haga un llamado a garantizar los derechos de los sectores más vulnerables. El documento, difundido este jueves, abarca desde la situación de las personas con discapacidad hasta la criminalización de la protesta, e interpela directamente al pontífice en cada una de las paradas que tiene previstas entre el 8 y el 11 de noviembre en Buenos Aires, Córdoba y Luján.
El Papa llegará a la Argentina el próximo domingo. Su agenda incluye un encuentro con el presidente Javier Milei, visitas a comunidades religiosas y sociales, misas multitudinarias en Buenos Aires y Córdoba, y un recorrido por el complejo penitenciario federal el último día de su estadía, el martes 11, antes de continuar su gira latinoamericana hacia Perú. Es en ese marco donde AI construyó su carta: cada sección del documento se apoya en uno de los lugares o encuentros programados por el pontífice para introducir una preocupación concreta sobre la situación de los derechos humanos en el país.
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La organización abrió el texto con una bienvenida al Santo Padre y con el reconocimiento de que su visita “representa una oportunidad especialmente significativa para poner en el centro del debate público la dignidad humana, la solidaridad y la responsabilidad de los Estados de proteger los derechos de todas las personas”. Desde ese punto de partida, AI trazó un recorrido por lo que describió como un proceso de retroceso en la protección social y en las garantías civiles bajo la actual administración, aunque aclaró que reconoce los desafíos económicos que enfrenta el país y la necesidad de que las autoridades tomen decisiones para superarlos.
La carta sostiene, sin embargo, que “ninguna política económica puede desentenderse de sus consecuencias sobre los derechos humanos”.
Uno de los primeros puntos específicos de la carta se apoya en la visita que León XIV realizará al Cottolengo Don Orione de Claypole, en el conurbano bonaerense. AI señaló que ese encuentro tendrá lugar en un contexto de “profunda preocupación” por la sostenibilidad de las prestaciones destinadas a las personas con discapacidad. Las demoras en los pagos estatales, las dificultades de financiamiento de las instituciones y las controversias en torno a la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad generaron, según el documento, incertidumbre para miles de personas y sus familias. La propia Conferencia Episcopal Argentina ya había advertido públicamente sobre la gravedad de esa situación.
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En materia laboral, AI recordó que el encuentro del Papa con representantes del mundo del trabajo evoca el legado de la encíclica Rerum Novarum de León XIII, que reconoció la dignidad del trabajo y el derecho de los trabajadores a organizarse. En el presente, la organización advirtió que una de cada cinco personas con empleo vivía en un hogar pobre durante el primer semestre de 2026, y cuestionó la reforma laboral aprobada en febrero por considerar que debilita las condiciones de trabajo, restringe la negociación colectiva y limita el ejercicio del derecho de huelga.
El documento también señaló la situación de los jubilados, quienes enfrentan dificultades para acceder a ingresos suficientes y, en muchos casos, se manifiestan pacíficamente para reclamar mejores condiciones de vida. Según AI, esas protestas recibieron en ocasiones respuestas policiales desproporcionadas.
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El tercer bloque de la carta está orientado al encuentro del pontífice con jóvenes. AI describió a esa generación como la que enfrenta “importantes obstáculos para estudiar, trabajar y construir un proyecto de vida”, con dificultades concretas en el financiamiento de las universidades públicas y en materia de salud mental. Pero el eje central de esa sección fue el deterioro del clima de debate público: la organización documentó el uso desproporcionado de la fuerza en manifestaciones pacíficas, así como ataques y hostigamiento contra periodistas y organizaciones sociales.
AI también advirtió sobre la expansión de herramientas estatales de vigilancia basadas en reconocimiento facial e inteligencia artificial, que, a su criterio, plantean interrogantes sobre la privacidad y la libertad de expresión. El documento citó la encíclica Magnifica Humanitas del propio León XIV para señalar que esas tecnologías deben estar sujetas a controles democráticos y garantías efectivas para los derechos humanos.
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La visita al establecimiento penitenciario federal el 11 de noviembre fue otro de los puntos de apoyo del documento. AI recordó que esa actividad se producirá en un contexto en el que el Gobierno acaba de reducir la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años, una medida que la organización rechaza por considerar que prioriza el castigo sobre la protección de adolescentes. También señaló que la Procuración Penitenciaria —el organismo encargado de controlar las condiciones de detención en las cárceles federales— sigue sin titular designado.
La carta reclamó atención del Estado sobre las condiciones de detención, el acceso a la salud dentro de los establecimientos, la prevención de la violencia institucional y las posibilidades de reinserción social para las personas privadas de libertad.
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En el tramo final, AI amplió su planteo hacia colectivos que, aunque no forman parte del itinerario oficial del Papa, atraviesan situaciones que el documento considera críticas. La organización denunció los recortes presupuestarios en políticas de prevención y atención de la violencia de género, el debilitamiento de la Educación Sexual Integral (ESI) y la reducción de programas de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia. También expresó preocupación por los discursos que estigmatizan a las personas LGBTI+ y por las restricciones al acceso a derechos de las personas migrantes.
En el cierre de la carta, AI le pidió al pontífice que aproveche sus encuentros con las autoridades y la sociedad argentina para promover el trabajo digno, la justicia social, la protección de los sectores vulnerables, la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica, y para “rechazar toda forma de violencia, discriminación y exclusión”.
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León XIV comenzará su visita apostólica a la Argentina el próximo 8 de noviembre.
La carta completa de Amnistía Internacional a León XIV
Su Santidad, Papa León XIV:
Desde Amnistía Internacional queremos darle una cálida bienvenida a nuestro país. Su visita representa una oportunidad especialmente significativa para poner en el centro del debate público la dignidad humana, la solidaridad y la responsabilidad de los Estados de proteger los derechos de todas las personas, especialmente de aquellas que enfrentan mayores situaciones de vulnerabilidad.
La Argentina atraviesa un momento de profundas transformaciones económicas, sociales e institucionales. En los últimos años hemos documentado y expresado nuestra preocupación por decisiones gubernamentales que afectan el ejercicio de derechos fundamentales, debilitan mecanismos de protección social y restringen el espacio para la participación y el disenso.
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Reconocemos los desafíos económicos que enfrenta nuestro país y la necesidad de que las autoridades adopten decisiones para superarlos. Sin embargo, ninguna política económica puede desentenderse de sus consecuencias sobre los derechos humanos. Los Estados tienen la obligación de garantizar niveles esenciales de protección, evitar medidas discriminatorias y evaluar especialmente sus impactos sobre quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.
Los lugares que usted ha elegido visitar durante su estadía en la Argentina ofrecen una oportunidad para reflexionar sobre algunos de estos desafíos.
La dignidad y los derechos de las personas con discapacidad
Su visita al Cottolengo Don Orione de Claypole tendrá lugar en un contexto de profunda preocupación por la sostenibilidad de las prestaciones y los apoyos destinados a las personas con discapacidad.
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Las demoras en los pagos estatales, las dificultades de financiamiento de las instituciones y las controversias en torno a la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad han generado incertidumbre para miles de personas y sus familias.
La propia Conferencia Episcopal Argentina ha advertido sobre la gravedad de esta situación.
Garantizar los derechos de las personas con discapacidad no constituye una concesión ni un acto de caridad: es una obligación del Estado. Supone asegurar los apoyos necesarios para que cada persona pueda desarrollar su proyecto de vida con autonomía, igualdad y dignidad.
El derecho al trabajo digno y a la protección social
El encuentro que mantendrá con el mundo del trabajo evoca especialmente el legado de León XIII y su encíclica Rerum Novarum, que reconoció la dignidad del trabajo, la importancia de un salario justo y el derecho de las personas trabajadoras a organizarse.
En la Argentina actual, tener empleo no siempre alcanza para superar la pobreza. Al mismo tiempo, las transformaciones en la legislación laboral generan preocupaciones sobre la desprotección frente al despido, las condiciones de trabajo, la negociación colectiva y el ejercicio del derecho de huelga.
También las personas mayores enfrentan dificultades crecientes para acceder a ingresos suficientes que les permitan vivir dignamente. Muchas de ellas se manifiestan pacíficamente para reclamar mejores condiciones de vida y han enfrentado respuestas policiales desproporcionadas.
Creemos que su palabra puede contribuir a recordar que el trabajo, la protección social y el derecho a reclamar pacíficamente son componentes fundamentales de una sociedad que reconoce la dignidad de todas las personas.
Las juventudes, la libertad de expresión y el derecho a participar
Durante su encuentro con jóvenes, usted estará frente a una generación que enfrenta importantes obstáculos para estudiar, trabajar y construir un proyecto de vida.
La situación de las universidades públicas, las dificultades económicas y los desafíos de salud mental requieren políticas sostenidas que garanticen oportunidades y acompañamiento.
Al mismo tiempo, observamos con preocupación un deterioro del clima de debate público, expresado en ataques y hostigamiento contra periodistas, organizaciones sociales y personas que ejercen su derecho a manifestarse.
Amnistía Internacional ha documentado el uso desproporcionado de la fuerza en manifestaciones pacíficas, así como la expansión de herramientas estatales de vigilancia que plantean serios interrogantes sobre la privacidad, la libertad de expresión y la participación ciudadana.
La tecnología y la inteligencia artificial ofrecen oportunidades extraordinarias, pero su utilización por parte del Estado debe estar sujeta a controles democráticos, transparencia y garantías efectivas para los derechos humanos, tal como lo retoma en su encíclica Magnifica Humanitas.
Las personas jóvenes deben poder expresarse, organizarse, disentir y participar en la construcción del futuro sin temor a represalias.
La dignidad de las personas privadas de libertad y la protección de las infancias
Su visita a un establecimiento penitenciario constituye una oportunidad para recordar que la privación de libertad nunca puede significar la pérdida de la dignidad humana.
Las condiciones de detención, el acceso a la salud, la prevención de la violencia institucional y las posibilidades de reinserción social requieren una atención permanente del Estado y mecanismos independientes de supervisión.
Nos preocupa especialmente la reducción de la edad de imputabilidad penal, en un contexto en el que resulta indispensable fortalecer las políticas de prevención, inclusión y protección integral de niños, niñas y adolescentes.
Una sociedad comprometida con los derechos humanos debe garantizar justicia y seguridad sin renunciar a la protección de las personas, especialmente durante la infancia.
Los derechos de las mujeres, niñas, personas LGBTI+ y migrantes
Finalmente, queremos llamar su atención sobre situaciones que, aunque no formen parte de los lugares previstos en su recorrido, afectan profundamente la vida de millones de personas.
Los recortes presupuestarios en políticas de prevención y atención de la violencia de género, el debilitamiento de la Educación Sexual Integral y de programas de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia comprometen herramientas fundamentales para proteger a mujeres, niñas y adolescentes.
También nos preocupan los discursos que estigmatizan a las personas LGBTI+ y las restricciones al acceso a derechos de las personas migrantes.
En todos estos casos, el principio debe ser el mismo: ninguna persona puede ser privada de sus derechos o tratada como menos digna por su género, orientación sexual, identidad, nacionalidad o situación social.
Su Santidad:
En un tiempo en el que las sociedades enfrentan profundas divisiones, creemos que su visita puede contribuir a recuperar un principio esencial: la dignidad humana debe estar por encima de cualquier diferencia política, económica o social.
Por ello, le pedimos respetuosamente que, en sus encuentros con las autoridades y con la sociedad argentina, haga un llamado a garantizar los derechos de las personas en situación de mayor vulnerabilidad, proteger el trabajo digno y la justicia social, respetar la libertad de expresión y la protesta pacífica, y rechazar toda forma de violencia, discriminación y exclusión.
Los derechos humanos no son un obstáculo para el desarrollo de un país. Son una condición indispensable para construir una sociedad democrática, justa y verdaderamente libre.
Confiamos en que su presencia y su palabra puedan contribuir a que las voces de quienes más necesitan ser escuchados ocupen un lugar central en el debate público argentino.
Con nuestro mayor respeto, Amnistía Internacional Argentina
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