Los fiscales Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull, acordaron con los defensores la remisión a juicio oral de numerosa evidencia que cimenta la causa por presunto enriquecimiento ilícito del ex gobernador Sergio Urribarri y el empresario paraguayo, Diego Armando Cardona Herreros. A lo largo de una audiencia que se desarrolló ante el juez de Garantías, Mariano Budasoff, las partes nombraron documental y testigos que pretenden llevar a un futuro debate oral.
Desde informes bancarios, telefónicos, correos electrónicos, informes de organismos oficiales como registros de la propiedad, registros de la propiedad automotor, registros notariales, informes de compañías de seguros, de prepagas, Policía provincial y Policía Federal, informes contables, psicológicos, psiquiátricos, declaraciones de imputados, de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), de organismos financieros, la Universidad Católica de Entre Ríos (UCA) Paraná, de varios clubes de fútbol, de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), de registro de maquinarias avícolas y viales, de Migraciones, del Ministerio de Relaciones y Culto, de empresas de Turismo y hoteles, entre otros. La copiosa papeleta constituye la base documental sobre la que se estructura la acusación pública del ex gobernador Urribarri y el empresario paraguayo por presunto enriquecimiento ilícito. Buena parte de la misma, también, será necesaria para desplegar la estrategia defensiva de ambos.
El cúmulo de evidencia supera los 250 puntos y fue mencionada, una por una, en la audiencia de este lunes. El fiscal Badano contó que casi todo cuenta con acuerdo de los dos defensores técnicos, los abogados José Velázquez y Miguel Ángel Cullen. Sin embargo, hay algunos puntos sobre los cuales los abogados presentaron oposición. Por ejemplo, rechazaron que se remita a juicio oral un informe de técnicos informáticos del Ministerio Público Fiscal (MPF) a partir del cual se extrajo información de dispositivos electrónicos en el marco de la investigación. Ocurre que ese informe de los fiscales ya fue cuestionado formalmente por los abogados y esa presentación defensiva espera resolución de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ). “Está a despacho para resolver. No podemos menos que explicar que, estando pendiente de resolución un cuestionamiento, si convalidamos esa evidencia hoy y acá, tornamos abstracto ese el recurso defensivo”, argumentó el defensor Miguel Cullen y agregó: “No queremos interrumpir la continuidad de este proceso. Pero no podemos permitir que cuenten con nuestra complacencia”.
“Para esta parte resulta indispensable que la incorporación sea a partir del trabajo pericial, y no a partir de un mero informe donde no conocemos cómo se volcaron los metadatos, ni el modo en que se hizo, ni el IP en el cual se produjeron o crearon esos datos. Hay mucha información que no se volcó en los informes del Ministerio Público Fiscal sobre los dispositivos informáticos. Lo mismo ocurre con los listados telefónicos, que son listados enviados por compañías. También está para resolver por parte de la Sala Penal”, dijo Cullen.
–Claro, esto es una especie de reserva de lo que resulte en el STJ, pero no se dijo nada de pertinencia de estos informes en la causa –respondió Badano.
Cuando se concluyó con la explicitación de acuerdo sobre los documentos, las partes avanzaron con los testigos que pretenden citar a un futuro debate. Así se mencionaron profesionales del MPF que estuvieron a cargo de producir informes periciales como la contadora Romina Stepanic Pouey; el contador de parte Cristina Dumé; la contadora Victoria González Brunet; los ingenieros Guillermo Fritz, Fernando Ferrari y el licenciado Martín Herrlein; Julio Cabrera, José Alfonso Campitelli; Héctor Campitelli; Guillermo Andrés Linares; Laura Suárez: Emilce Naranjo -los últimos cinco ex empleados jerárquicos de relevamientos Catastrales SA-; Federico Alberto; Ricardo Altamirano; Néstor Abel Muñoz; Facundo Moyano; Agustín Luis Perciavale, Carlos Luis Castillo; y Andrés Benjamín Britos; Héctor Eduardo Enrique; Nicolás Gómez; Federico Agustín Paz, entre otros. También se citará a Mariano Nicolás Ibarra, apoderado de Telecom; a Osvaldo Sánchez de la gerencia de relevamientos judiciales de Telecom; a José Luis Pérez Elías, apoderado Telefónica Argentina; y a Grisel Benica.
Los fiscales también desplegaron un listado de escribanos públicos que pretenden llamar como testigos para el juicio: Carlos Franchi; Mariana Prinsich; Luis Daniel Orsini; Carlos Martín Carminio; Laura Fernando Camejo; María Lucrecia Piana; María Gasparin; Agustín Vairetti; José Fabián Bravo; Cristina Giacoboni; Mauricio Paredes; Cecilia Challiol; Elda Carolina Bergés; Julieta Álvarez; Carlos Lascurain; María Silvina Morelli; Sebastián Augusto Minatta; y Jorgelina Nanni, entre otros.
Quieren citar a directivos de quipos de fútbol
Por su parte los defensores también ofrecieron informes, documentos y testimonios. Particularmente, el abogado Miguel Cullen planteó que será necesario citar directivos de equipos de fútbol en los que jugó Bruno Urribarri. Cabe recordar que parte de la estrategia defensiva del ex gobernador tiene que ver con que, buena parte de la fortuna proviene del desempeño de su hijo como jugador de fútbol.
Los fiscales no se opusieron a la comparecencia de Gonzalo Núñez de Boca Juniors; Daiana Córdoba de Boca Juniors; Filomena Vitale de Argentino Juniors; Cristian Malaspina, presidente de Argentino Juniors; entre otros.
La audiencia pasó a un cuarto intermedio y se retomará este martes.
Presunto enriquecimiento
La causa por presunto enriquecimiento tiene basta evidencia. Pero entre todo, una sola prueba es la principal y determinante para la acusación: la pericia contable que determinó un patrimonio injustificado superior a los 11 millones de dólares en el caso de Urribarri y más de 7 millones de dólares en el caso de Cardona Herreros.
Para comprender el contexto en el que esto ocurrió, es necesario recordar que la empresa Relevamientos Catastrales de Cardona Herreros fue contratista del Estado provincial durante las dos gestiones de Urribarri. Pero entre ambos hubo una relación que excedió las formalidades. Urribarri y Cardona fueron mucho más que contratista y contratante. El empresario dispuso en sus oficinas cajas fuertes destinadas al ex gobernador, le compró paquetes turísticos para las vacaciones de él y su familia en numerosas ocasiones y a los destinos más variados del mundo, adquirió autos y extendió cédulas para que los familiares de Urribarri pudieran manejarlos, le organizó mudanzas y reacondicionamiento de inmuebles, puso al servicio de la familia Urribarri parte de sus empleados ejecutivos.
La causa es complejísima. Para que todo ocurriera, en el medio hubo sobreprecios en las contrataciones de la empresa por parte del Gobierno provincial, y supuestas “coimas” para Urribarri, el propio Cardona Herreros y miembros del Gabinete provincial. Pero esta arista puntual es “harina de otro costal”. Es decir, una causa independiente de la investigación por el presunto enriquecimiento ilícito, que tiene sus propios imputados y pedidos de pena, y un curso judicial autónomo.
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