El primer ministro del Reino Unido defendió ante Trump la explotación petrolera en las Islas Malvinas y cuestionó las sanciones de Argentina

El primer ministro británico, Andy Burnham, mantuvo este viernes dos conversaciones telefónicas que evidencian la ofensiva diplomática de Londres para blindar su posición sobre las Islas Malvinas: en la primera, trasladó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la importancia de respetar el derecho de los isleños a desarrollar sus recursos naturales y le expuso las consecuencias económicas de las medidas legales impulsadas por Argentina. En la segunda, le planteó al mandatario de Chile, José Antonio Kast, su interés en que los habitantes del archipiélago conserven la capacidad de ejercer la autodeterminación.

La llamada con Trump tuvo como eje el proyecto petrolero Sea Lion y el impacto de las acciones coercitivas de Buenos Aires contra empresas vinculadas a la exploración de hidrocarburos en la zona. Según un comunicado de Downing Street, Burnham expuso al presidente estadounidense “las consecuencias económicas que las medidas coercitivas de Argentina tienen para el Reino Unido y Estados Unidos” y reiteró el derecho de los malvinenses a explotar los recursos del territorio, según informó la agencia EFE.

La conversación con Kast se produjo en un contexto particular: Chile ha respaldado de manera reiterada el reclamo argentino sobre la soberanía del archipiélago. Durante una visita de Estado a Buenos Aires en abril de este año, el presidente chileno reiteró formalmente ese apoyo, según un comunicado conjunto difundido por ambas cancillerías. Sin embargo, el primer ministro británico no dejó pasar la oportunidad de plantearle “el interés del Reino Unido en garantizar que los isleños de las Malvinas conserven la capacidad de ejercer su derecho a la autodeterminación”, de acuerdo con la nota oficial de Downing Street.

El yacimiento Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, es operado por la empresa israelí Navitas Petroleum, que posee el 65% de la participación, y por la británica Rockhopper Exploration, titular del porcentaje restante. El campo contiene un estimado de 1.700 millones de barriles de crudo y prevé iniciar la producción en 2028, con una primera fase que alcanzaría los 50.000 barriles diarios. La aprobación del desarrollo del yacimiento fue confirmada a mediados de octubre por el secretario de Energía británico, Ed Miliband, según informó The Independent.

El gobierno de Javier Milei respondió con una batería de acciones legales. A principios de septiembre, tras un discurso televisado en el que calificó la explotación petrolera como “un peligro claro y urgente” para la soberanía argentina, el país inició procedimientos sancionatorios contra decenas de personas y empresas vinculadas a la exploración de hidrocarburos en las islas. El canciller Pablo Quirno presentó además una denuncia penal contra Navitas Petroleum, sus subsidiarias y directivos por operar con licencias otorgadas por el Reino Unido en la cuenca norte del archipiélago.

Milei envió al Congreso un proyecto de ley para endurecer las sanciones contra quienes participen en actividades no autorizadas por las autoridades argentinas, y su gobierno denunció al Reino Unido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, para solicitar la suspensión cautelar del proyecto.

Las declaraciones previas de Trump añadieron combustible a la disputa. En septiembre, el presidente estadounidense afirmó que la posición de neutralidad de Estados Unidos sobre la soberanía de las islas era “una de muchas bajo revisión”.

Días después, durante una visita a Irlanda, el jefe de Estado norteamericano insinuó que el Reino Unido no estaría dispuesto a defender el territorio: “No estoy seguro de que vayan a recorrer esa distancia. Tienen un pequeño problema con la inmigración, un pequeño problema con la energía”, dijo a los periodistas, y agregó que, si se lo pedían, él podría “resolver” el conflicto. Esas declaraciones fueron aprovechadas por Milei, un aliado cercano de Trump, para intensificar su ofensiva diplomática y legal.

Burnham ha mantenido una postura firme desde que estalló la crisis. En la Asamblea General de las Naciones Unidas, a finales de septiembre, el primer ministro declaró: “Nos mantendremos firmes ante cualquier amenaza. Defenderemos el derecho de los isleños de las Malvinas a la autodeterminación y a seguir siendo británicos”.

En octubre, ante la Cámara de los Comunes, prometió hacer “lo que sea necesario” para mantener las islas bajo soberanía británica y abrió una investigación tras informes de hostigamiento contra residentes del territorio atribuidos a presiones argentinas. En esa misma sesión parlamentaria, el jefe de gobierno confirmó que había planteado el asunto directamente a Trump y que el presidente estadounidense “entendió perfectamente” la posición británica.

En cuanto a la llamada con Kast, el comunicado oficial de Downing Street detalló que ambos líderes coincidieron en la necesidad de que el Reino Unido y Chile trabajen juntos para modernizar sus capacidades de defensa. Los mandatarios también destacaron el fortalecimiento de los vínculos culturales, científicos y entre ciudadanos de ambas naciones, y reconocieron la existencia de “oportunidades comerciales sin explotar” entre los dos países.

La conversación se enmarcó en un momento delicado para la relación bilateral: en septiembre, durante un encuentro en Santiago, Milei agradeció a Kast por “el tradicional apoyo del gobierno de Chile en la cuestión de las islas Malvinas” y valoró los esfuerzos chilenos para “evitar la consolidación de actividades logísticas ilegales” vinculadas a la industria de hidrocarburos en el archipiélago, según un comunicado difundido por la Oficina del Presidente argentino.

En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Milei había declarado que las islas se encontraban bajo “ocupación extranjera ilegal” y afirmó que la autodeterminación de los habitantes “no aplica en este caso, ya que la población fue implantada por la potencia ocupante en un territorio cuya soberanía está en disputa”. No obstante, el mandatario argentino descartó la vía militar y aseguró que su gobierno perseguirá el reclamo de soberanía exclusivamente por canales diplomáticos.

La delegación británica ante las Naciones Unidas respondió que los isleños “tienen tanto derecho a determinar su estatus político como cualquier otro pueblo”. En 2013, un referéndum celebrado en el territorio arrojó que el 99,8% de los votantes eligió mantener el estatus de territorio británico de ultramar, con apenas tres votos en contra de un total de 1.518 sufragios emitidos. Argentina rechazó la consulta.