La tensión entre el sector industrial y el municipio bonaerense de Ramallo sumó un nuevo capítulo. Después de la implementación de un polémico peaje para el transporte de cargas, las autoridades locales avanzaron con la creación de un registro obligatorio para los transportistas, acompañado de permisos, controles y sanciones. La decisión provocó un fuerte rechazo de las entidades empresarias, que advirtieron sobre el riesgo de clausura de fábricas y denunciaron la creación de una suerte de “aduana interior” que encarece los costos de producción.
La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) y la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA) cuestionaron las medidas adoptadas por el municipio, que afectan la circulación de camiones por la zona industrial y hacia el puerto de San Nicolás, un corredor estratégico para el movimiento de insumos, productos terminados y exportaciones.
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El conflicto comenzó en septiembre, cuando el gobierno municipal estableció un peaje de entre $25.000 y $62.000 por viaje para los vehículos de carga que recorren apenas cinco kilómetros del ex Camino Provincial 87. Según precisaron las entidades mediante un comunicado de prensa, la medida alcanza a más de 100 empresas argentinas y podría representar un costo anual de hasta $500 millones por compañía.
Sin embargo, lejos de limitarse al cobro del peaje, el municipio avanzó con nuevas disposiciones. El 19 de octubre aprobó una ordenanza que creó el Sistema Integral de Gestión del Tránsito Pesado (SIGTP), mediante el cual los transportistas deben registrarse y tramitar autorizaciones para operar dentro del distrito.
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La decisión encendió nuevas alarmas entre los industriales, principalmente por el régimen de sanciones previsto y por la responsabilidad que podrían asumir las empresas que contratan los servicios de transporte.
Las nuevas exigencias y el riesgo para las fábricas
De acuerdo con el comunicado difundido por Uipba y Adiba, el nuevo sistema municipal establece obligaciones administrativas similares a las que contemplaba el Registro Único del Transporte Automotor (RUTA), eliminado por el Gobierno nacional en 2024 como parte de las políticas de desregulación del transporte de cargas.
Las entidades consideran que la creación de registros y permisos a escala municipal implica reinstalar exigencias burocráticas que habían sido removidas con el objetivo de simplificar la actividad logística.
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Uno de los puntos que genera mayor preocupación es el esquema de penalidades previsto para quienes incumplan las disposiciones. Las sanciones pueden incluir multas, restricciones a la circulación y retención de vehículos. Además, según denunciaron las organizaciones industriales, podrían derivar en el cierre de las fábricas que contratan a los transportistas.
El cuestionamiento se concentra especialmente en la responsabilidad solidaria de las empresas dadoras de carga. Esto significa que las industrias podrían afrontar consecuencias por eventuales incumplimientos de los transportistas contratados, aun cuando las infracciones correspondan a estos últimos. Para los industriales bonaerenses, esta disposición agrega incertidumbre a la operatoria de las compañías y representa una nueva carga administrativa sobre la producción.
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La preocupación también está vinculada con el impacto que las restricciones a la circulación podrían generar sobre el abastecimiento de materias primas y el despacho de mercadería, en una zona donde el transporte pesado cumple un papel central para la actividad industrial.
Un peaje de hasta $62.000 por cinco kilómetros
El nuevo registro se suma a la controversia que comenzó en septiembre, cuando el municipio dispuso el cobro de un peaje para el transporte de cargas que utiliza el ex Camino Provincial 87.
Según denunciaron las entidades empresarias, el recorrido sujeto al pago comprende apenas cinco kilómetros y constituye el único acceso habilitado para el tránsito pesado, sin caminos alternativos disponibles para ese tipo de vehículos.
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El esquema contempla tarifas que podrían oscilar entre $25.000 y $62.000 por viaje, dependiendo del transporte.
Las organizaciones industriales estimaron que el sistema afecta a más de 100 empresas y que, según la intensidad de sus operaciones logísticas, el costo podría alcanzar los $500 millones anuales por organización.
Otro aspecto cuestionado es el mecanismo de administración del cobro. De acuerdo con el comunicado, el sistema ya fue concesionado a una empresa privada que recibiría el 50% de la recaudación.
La firma también instaló un pórtico de telepeaje sobre el corredor, mientras que el municipio comenzó a intimar a los transportistas, mediante WhatsApp y otros canales, para que soliciten el dispositivo TAG y completen el registro correspondiente.
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Para los industriales, el cobro constituye una barrera económica a la circulación de mercaderías. Las entidades sostienen que un municipio no puede gravar productos por el solo hecho de atravesar su territorio, incluso cuando el cargo se presenta bajo la denominación de tasa vial.
La controversia adquiere especial relevancia por la ubicación del corredor, utilizado por empresas industriales y transportistas que operan en la zona y se dirigen hacia el puerto de San Nicolás.
La advertencia por las “aduanas interiores”
En el comunicado, Uipba y Adiba calificaron las iniciativas municipales como una nueva expresión del denominado “costo argentino”, al considerar que incorporan gastos logísticos sin generar valor adicional para las actividades productivas.
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Las organizaciones señalaron que los nuevos registros, permisos y mecanismos de fiscalización incrementan la burocracia y contradicen las políticas nacionales orientadas a simplificar el transporte de cargas.
También cuestionaron que las disposiciones se implementen en un contexto de dificultades para el sector industrial, cuando las empresas buscan reducir costos para sostener su competitividad. Según las entidades, el encarecimiento de la logística repercute sobre el traslado de insumos, materias primas y productos terminados, con consecuencias para la industria, el comercio y las exportaciones.
El planteo no se limita a la situación particular de Ramallo. Los industriales advirtieron sobre el riesgo de que otros municipios adopten medidas similares, lo que podría multiplicar los costos para transportar una misma carga a través de distintas jurisdicciones.
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En ese escenario, una empresa que necesite trasladar mercadería por varios distritos podría quedar expuesta a distintos peajes, registros y autorizaciones municipales durante un mismo recorrido. Las entidades consideraron que la proliferación de estas disposiciones podría configurar una red de barreras económicas superpuestas a lo largo del territorio nacional. Y las calificaron las iniciativas como inconstitucionales.
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