Después de muchas dilaciones, finalmente este viernes se iniciará el juicio oral por supuesto lavado de dinero, que tendrá en el banquillo a Cristina y Máximo Kirchner, así como a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez. La causa conocida como Hotesur-Los Sauces, que será desarrollada como un solo trámite judicial, busca determinar si los Kirchner y los empresarios montaron un sistema de beneficios en la obra pública a cambio de supuestos alquileres en hoteles.
Con Cristina y Máximo Kirchner conectados de manera virtual, por Zoom, el juicio se pondrá en marcha desde las 10. A un ritmo de tres audiencias semanales, buscará determinar si los fondos públicos que recibieron empresarios beneficiados por el kirchnerismo retornaron al patrimonio de la familia Kirchner a través de sus negocios hoteleros e inmobiliarios.
Se trata de una causa clave que podría cerrar un gran círculo de corrupción. El proceso –que tiene a la expresidenta sentada nuevamente en el banquillo de los acusados y a su hijo por primera vez frente a un tribunal– guarda relación con otros expedientes y ocupa un lugar central en el mapa judicial del kirchnerismo.
Mientras en la causa por Vialidad la expresidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, luego de que se acreditara el direccionamiento de la obra pública en favor del empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz, en Hotesur-Los Sauces la Justicia deberá determinar si parte de los fondos obtenidos por Báez reingresaron al patrimonio de la familia Kirchner mediante el alquiler de hoteles y propiedades.
La conexión entre ambas causas quedó reflejada en la sentencia dictada en 2022. Los jueces que condenaron a la expresidenta hicieron expresa referencia a sus vínculos comerciales con Báez y marcaron que la suerte del empresario con la obra pública no podía serle indiferente.
Según consta en la documentación del juicio que se inicia en la jornada de hoy, de las empresas de Lázaro Báez, en concepto de alquileres de hoteles, los Kirchner recibieron, directamente en sus cuentas personales o en las de la sociedad que controlaban, más de $40 millones entre 2008 y 2013.
Pero la causa Hotesur-Los Sauces va más allá de Báez y los desmanejos de la obra pública de Santa Cruz. Bajo la lupa judicial también figuran los negocios inmobiliarios que los Kirchner mantuvieron con Cristóbal López y Fabián de Sousa, dueños del Grupo Indalo.
Por parte de los empresarios López y De Sousa, la familia Kirchner recibió más de $19 millones, mayormente por el alquiler de departamentos en Puerto Madero. En este caso, el beneficio recibido por los empresarios no provino de la obra pública, sino de una supuesta retención indebida de impuestos.
Así, Oil Combustibles, la empresa petrolera del grupo Indalo, se habría hecho con más de $8000 millones, al retener el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y no ingresarlo a la AFIP.
Al igual que la obra pública con Vialidad, esta parte de la maniobra también tuvo su propio capítulo judicial: la causa por Oil Combustibles, que lleva más de diez años de recorrido. El exdirector de la AFIP Ricardo Echegaray fue condenado, pero los empresarios López y De Sousa fueron absueltos y ninguna de esas situaciones tiene todavía una resolución definitiva por la Corte Suprema.
Ninguno de estos vínculos comerciales está controvertido: llegan al juicio oral acreditados desde la instrucción, con documentación y peritajes contables.
De hecho, uno de los argumentos utilizados por las defensas en la causa es que los pagos están bancarizados, motivo por el cual, aseguran, no hubo ningún intento de ocultamiento.
La discusión central del juicio no será, entonces, si existieron esos vínculos comerciales, sino si las operaciones fueron utilizadas para lavar dinero, como sostiene la acusación, o si se trató de negocios legítimos, como argumentan las defensas de los acusados.
Lavado de dinero
En Hotesur-Los Sauces, Cristina y Máximo Kirchner, los empresarios y el resto de los imputados, que son profesionales, mediadores o personas que ocuparon alguna dirección en las sociedades implicadas, como Romina Mercado, serán juzgados por lavado, entre otros delitos, informó La Nación.
Por eso, los fiscales que instruyeron el caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, consideran a Vialidad como el delito precedente en el caso de Báez y a Oil Combustibles como el delito precedente para López y De Sousa. En el juicio, esto será sostenido por el fiscal Diego Velasco.
El juicio estará a cargo del Tribunal Oral Federal Nº 5, integrado por José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti y se transmitirá por YouTube, indicaron fuentes judiciales.
La audiencia de hoy se realizará en la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py y estará destinada a una lectura resumida de las acusaciones. Los imputados podrán participar de manera virtual durante la etapa inicial, aunque deberán asistir luego a las indagatorias. Los abogados defensores sí deberán estar presentes en la sala.
El origen
Según la acusación, la génesis de la maniobra comenzó en 2008, con la compra de Hotesur. Néstor Kirchner pagó casi US$5.000.000 por la totalidad de las acciones de la sociedad, propietaria del hotel Alto Calafate, y utilizó a un hombre de su confianza, Osvaldo Sanfelice, para concretar la operación.
Ese día, Sanfelice llevó más de US$3.000.000 millones en efectivo a una sucursal del Banco Santander Río, en la calle 25 de Mayo 140, en la ciudad de Buenos Aires. Los US$1.632.000 restantes fueron transferidos desde el Banco de Santa Cruz.
Kirchner ya había adquirido por 700.000 dólares la hostería Las Dunas, también en El Calafate. En aquella operación intervino su hijo Máximo, quien lo representó ante el escribano. Luego llegaría la compra de La Aldea, en abril de 2009, a través de la sociedad Los Sauces.
¿De dónde provino el dinero inicial para comprar los hoteles? Los fiscales identificaron tres grandes fuentes de financiamiento: los negocios inmobiliarios y préstamos con empresas del propio Lázaro Báez; la compraventa de tierras fiscales en Santa Cruz, adquiridas a precios reducidos y revendidas con ganancias extraordinarias; y los créditos concedidos por el Banco de Santa Cruz, de los Eskenazi.
Días antes de la compra de Hotesur, en 2008, el banco le concedió préstamos que sumaron más de $10 millones, que, según los fiscales, fueron otorgados a la misma tasa que la entidad pagaba a la familia por sus depósitos a plazo fijo.
Adquiridos los hoteles, los Kirchner entregaron su administración y explotación a Valle Mitre, del empresario Báez.
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