La discusión sobre el financiamiento de obras hidráulicas en la provincia de Buenos Aires ofrece una oportunidad para revisar cómo se distribuyen los recursos del Impuesto Inmobiliario Rural y recuperar los fondos que perdieron los caminos rurales.
La aprobación del proyecto que habilita, durante 180 días, a utilizar hasta el 100% de los fondos destinados a caminos rurales para ejecutar obras hidráulicas vuelve a poner sobre la mesa un viejo problema: el de la frazada corta, donde para atender una necesidad se termina desatendiendo otra.
Para comprender cómo llegamos a esta situación, vale la pena revisar la historia de la Ley 13.010, sancionada el 19 de diciembre de 2002, durante la gobernación de Felipe Solá. En su redacción original, la norma establecía una distribución de la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural: el 50% correspondía a la provincia, con destinos expresos que incluían el mantenimiento vial y las obras hidráulicas; el 25% se asignaba al Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales, destinado a los caminos provinciales de tierra y el 25% restante correspondía a los municipios como retribución por la administración del impuesto. El Fondo Compensador, a su vez, se distribuía entre los municipios según los kilómetros de caminos provinciales de tierra.
Sin embargo, en diciembre de 2005, durante la misma gobernación, la ley 13.403 modificó sustancialmente ese esquema. La participación provincial aumentó del 50% al 65%, mientras que el Fondo Vial se redujo del 25% al 12%. Al mismo tiempo, se asignó un 3% a programas sociales y saneamiento, y la participación municipal disminuyó del 25% al 20%.
En apenas tres años, el Fondo Vial perdió 13 puntos porcentuales, equivalentes al 52% de su participación original. Además, se eliminaron de la asignación provincial las referencias expresas al mantenimiento vial y las obras hidráulicas.
Veintiún años después, la discusión legislativa propuso flexibilizar temporalmente el destino de los recursos que aún permanecen afectados a los caminos rurales.
La necesidad de realizar obras hidráulicas es indiscutible. También lo es la de mantener los caminos rurales en condiciones de transitabilidad. Ambas infraestructuras están estrechamente relacionadas: los drenajes, las alcantarillas y la planificación por cuencas son fundamentales para conservar la red vial.
Problema
El problema de la frazada corta aparece cuando, para financiar una infraestructura indispensable, se recortan los recursos de otra igualmente necesaria. Y en este caso, se pretende recurrir a un fondo que ya perdió más de la mitad de su participación original.
La discusión, entonces, debería ser más amplia. Si la Legislatura considera oportuno modificar nuevamente la Ley 13.010, tiene la posibilidad de recuperar su espíritu original y corregir una distribución que lleva más de dos décadas vigente.
Una alternativa concreta sería restablecer el 25% para el Fondo Compensador Vial, asignar el 52% a la provincia y mantener el 3% para programas sociales y saneamiento y el 20% para los municipios. De esta manera, se recuperaría el financiamiento vial sin afectar las asignaciones actuales de estos dos últimos destinos.
También sería conveniente recuperar una asignación expresa para obras viales e hidráulicas dentro de los recursos provinciales. Las necesidades adicionales de financiamiento hidráulico deberían atenderse prioritariamente con fondos provinciales de libre disponibilidad.
Por supuesto, recuperar recursos exige también mejorar su administración. La elaboración de planes directores viales, la planificación hidráulica, la participación efectiva de las Comisiones Asesoras Locales previstas por el Decreto 130/07 y la publicación de información sobre fondos recibidos y obras ejecutadas son herramientas fundamentales para una gestión eficiente y transparente. La infraestructura rural tiene, además, un costo que muchas veces permanece invisible: el costo de las obras que no se realizan. Se expresa en producción que no puede salir de los campos, mayores costos logísticos, escuelas que quedan inaccesibles y familias que sufren el aislamiento.
La provincia de Buenos Aires tiene una oportunidad para abordar de manera integral el financiamiento de su infraestructura rural. Los caminos y las obras hidráulicas forman parte de un mismo sistema productivo y social, y ambos necesitan recursos suficientes y una planificación sostenida.
La solución al problema de la frazada corta no puede consistir en seguir tirando de un extremo y dejando descubierto el otro. Es momento de recuperar los recursos que perdieron los caminos rurales y garantizar que cada peso destinado a infraestructura se transforme en obras.
El autor es director de la Sociedad Rural Argentina
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