La investigación por las múltiples denuncias por la estafa a ahorristas por parte de una financiera que funcionaba en el microcentro de Paraná está cerca de las imputaciones y la remisión a juicio por 85 hechos. Se apunta la responsabilidad de Santa María, Andrés Gamarci, Julio Gamarci. Además, se abrieron causas paralelas por ocultamiento de bienes y porque los acusados habían comprado el supermercado La Peruana y no cumplieron con los pagos.
En octubre de 2024 estalló uno de los escándalos financieros más graves de los últimos años en Paraná. Lo que aparentaba ser una sólida financiera en pleno centro paranaense operaba en realidad como una especie de mesa de dinero no autorizada. Durante al menos tres años, la firma captó a cientos de ahorristas (desde trabajadores y familias hasta empresarios) prometiendo rendimientos inauditos de entre el 2% y el 5% mensual en dólares y pesos.
Con ese flujo millonario, los responsables montaron una fachada de extrema solvencia e inversiones como la compra del supermercado La Peruana, mientras ostentaban una vida de lujos con vehículos importados y embarcaciones. Sin embargo, a fines de 2024 la estructura piramidal colapsó, se interrumpieron los pagos y se desató la ola de denuncias.
La investigación, conducida por el fiscal Santiago Alfieri, avanzó con la indagatoria de Matías Santa María como principal acusado y la imputación del contador Andrés Gamarci y su hermano, el abogado Julio Gamarci. Tiempo después, la pericia contable oficial del Ministerio Público Fiscal confirmó la magnitud del engaño, fijando el perjuicio económico directo en más de un millón ochocientos mil dólares y 387 millones de pesos. A pesar de los reclamos de las defensas, la Fiscalía ratificó que existió un dominio conjunto en las maniobras para captar y retener dinero simulando una capacidad financiera que nunca existió.
En la actualidad, el expediente ya cuenta con el informe contable oficial finalizado tras haberse contestado todas las observaciones de las partes. Con esta prueba técnica concluida, la Fiscalía tiene lista la acusación formal por 85 hechos defraudatorios cometidos entre febrero y octubre de 2024.
Según la hipótesis acusatoria, Santa María y Andrés Gamarci operaron ocultando de forma deliberada la falta de liquidez y la imposibilidad de devolver los fondos. Por su parte, Julio Gamarci intervino simulando servicios legales para sostener el ardid y hacer creer a los ahorristas que se trataba de un problema contractual remediable, cuando en realidad el dinero no se iba a restituir.
El paso inmediato será la formulación de las imputaciones y la elevación de la causa a juicio oral. A la par, se abrieron causas paralelas por la venta y ocultamiento de bienes prendados o hipotecados. Por ejemplo, lo sucedido con el supermercado La Peruana, que adquirieron sin dinero suficiente y en cuotas; al entrar en cesación de pagos, se ejecutaron garantías y los acusados habrían ocultado o vendido ilegalmente vehículos de alta gama y embarcaciones que respaldaban esas deudas.
Con respecto a este clásico supermercado de avenida Ramírez, se supo que el dueño anterior que vendió el negocio a Gamarci, Santa María y Vital dejó de cobrar. Hay un trámite en la justicia civil de Paraná que estaría por fallar la ejecución de dos bienes que Gamarci puso en garantía cuando se realizó la operación en 2022: un terreno en Puerto Urquiza y el estudio jurídico de calle 9 de julio, entre 25 de mayo y Alem.
Otro personaje que había aparecido en la trama es el dueño de la concesionaria V12 de avenida de las Américas, Gustavo Bupo, porque recibía los vehículos que Santa María tomaba como inversión de terceros. De hecho, fue uno de los lugares allanados hace dos años en busca de autos de alta gama y documentación. En algunos casos, habría acordado reparar a los damnificados, pero en otros no. De hecho, hace unos tres meses aproximadamente lo denunciaron por dos vehículos de alta gama que estaban en garantía de una operación de Santa María, y nadie sabe dónde están.
Leave a Reply