Este lunes, a las 9, Sergio Daniel Urribarri volverá a quedar frente a un juez, pero esta vez como un preso que cumple condena en la Unidad Penal Nº 9 El Potrero de Gualeguaychú. El juez de Garantías Mariano Budasoff retomará en el Salón de Audiencias Nº 1 de los Tribunales de Paraná la audiencia de apertura de causa a juicio en el legajo por enriquecimiento ilícito, el expediente que debe resolver si el dos veces gobernador entrerriano se sentará otra vez en el banquillo de un juicio oral y público.
Es la continuidad de un debate que quedó congelado en abril. Las audiencias de remisión a juicio, pedidas por la Fiscalía en noviembre de 2023, se habían programado para casi todo marzo y abril de este año. Pero el trámite se frenó cuando los defensores consiguieron que se concediera, con efecto suspensivo, una apelación contra el rechazo de sus pedidos de exclusión de prueba. Recién el 28 de agosto Budasoff fijó la nueva fecha. Ahora, el expediente vuelve a moverse.
Por el Ministerio Público Fiscal intervendrán los fiscales Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull. La defensa técnica de Urribarri estará a cargo del abogado Miguel Ángel Cullen, el mismo que en las últimas semanas planteó ante la Justicia de Ejecución las condiciones de detención del exgobernador en la UP9. El empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, titular de Relevamientos Catastrales SA y coimputado en la causa, será asistido por los abogados José Raúl Velázquez y Esteban Ignacio Díaz.
El tercer imputado original, Rubén Ángel Martínez, ya no forma parte del proceso. Jubilado, de más de 70 años, quedó afuera del juicio oral en mayo de 2024, cuando el juez de Garantías Julián Vergara homologó un acuerdo de suspensión de juicio a prueba por tres años. La Fiscalía le reprochaba haber comprado en 2011 un vehículo a su nombre y tramitado luego una tarjeta azul para que lo usaran Mauro Urribarri, hijo del exgobernador, y Ana Lía Aguilera, su esposa. También le atribuía haber facilitado el ingreso al país de obras de arte traídas de Europa con destino a la familia Urribarri.
El corazón de la acusación es una cifra: alrededor de 7 millones de dólares. Es el incremento patrimonial que, según los fiscales, Urribarri no pudo justificar durante los años en que ejerció funciones públicas. La pericia contable firmada por la perito oficial Romina Stepanic Pouey y el perito de parte Cristian Dumé llevó ese crecimiento, para el período en que fue gobernador, entre 2008 y 2015, a una suma cercana a los 9 millones de dólares.
El legajo Nº 10.059, caratulado Urribarri Sergio D. y otros s/ enriquecimiento ilícito, describe un hecho único de carácter continuado: el aumento injustificado del patrimonio del exmandatario, con la intervención de Cardona Herreros como persona interpuesta para administrar y ocultar bienes y fondos. La hipótesis fiscal arranca en 2007, cuando Urribarri todavía era ministro de Gobierno de Jorge Busti, y sigue durante sus dos gestiones. Según la acusación, desde el Estado se favoreció a Relevamientos Catastrales en distintas contrataciones vinculadas con sistemas informáticos, con acuerdos previos y entrega anticipada de información, y con sobreprecios que luego habrían servido para pagar sobornos a funcionarios.
Los investigadores reunieron información patrimonial y financiera no solo del exgobernador, sino también de su esposa y de sus hijos: Sergio Damián, empleado legislativo; Mauro Gabriel, exministro de Gobierno de Gustavo Bordet; Bruno Saúl, futbolista; y Franco Daniel, productor televisivo.
En el escrito de remisión a juicio, los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano pidieron para Urribarri 5 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo. Para Cardona Herreros solicitaron 5 años de prisión efectiva, en calidad de partícipe.
Una pelea contra la prueba
Lo que se discute en esta etapa no es todavía la culpabilidad, sino si la causa está en condiciones de llegar a juicio. Y las defensas dieron batalla en todos los frentes. Entre el 25 y el 26 de marzo, Budasoff rechazó uno por uno sus planteos: la prescripción de la acción penal, la inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 67 del Código Penal, la violación del plazo razonable y el supuesto doble juzgamiento. Ante la queja de que el expediente lleva más de diez años abierto, el juez invocó la complejidad de la causa y recordó que Urribarri siguió en funciones públicas hasta 2019 y volvió a ellas en 2020 como embajador, lo que suspende el cómputo de la prescripción.
También desestimó los pedidos para excluir los registros de llamadas obtenidos de las empresas telefónicas, la evidencia digital y los informes técnicos del Gabinete de Informática Forense. Los abogados sostuvieron que hubo una ruptura de la cadena de custodia en el allanamiento realizado en 2018 en un inmueble vinculado a Cardona Herreros, en el country San Jorge Village de Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires. El 20 de abril, el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones Gervasio Labriola confirmó lo resuelto por Budasoff, y las defensas anunciaron que insistirían ante la Cámara de Casación.
El expediente se abrió el 22 de diciembre de 2015, a partir de una denuncia de los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, tras una investigación de la revista ANÁLISIS sobre el patrimonio de la familia Urribarri. En noviembre de 2017, otra investigación de esta revista, El amigo paraguayo, firmada por Daniel Enz, expuso la trama que unía al exgobernador con Cardona Herreros. Casi once años después de la primera denuncia, la causa todavía no llegó a juicio. Ambas se unirán en una causa para llevar adelante el juicio y con una pena también unificada.
La audiencia de este lunes llega en el peor momento judicial de Urribarri. Desde septiembre está alojado en la UP9 de Gualeguaychú, donde cumple la condena firme a 8 años de prisión e inhabilitación perpetua dictada en abril de 2022 en el megajuicio, por peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. En el mismo penal están su cuñado, Juan Pablo Aguilera, y su exministro de Comunicación, Pedro Báez. El 24 de septiembre tuvo, de manera virtual, su primera audiencia de control ante la jueza de Ejecución de Penas, Cecilia Bértora. Y se entiende sucederá lo mismo este lunes.
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