Kicillof sale contener y mostrar coordinación en medio del pedido por las policías municipales

Son varios los intendentes, sobre todo del conurbano bonaerense, que aguardan que el gobierno de Axel Kicillof gire a la Legislatura un proyecto para reformar y actualizar la actual Ley de Seguridad Pública de la provincia de Buenos Aires. Los jefes comunales esperan con detalle el apartado que, entienden, estará referido al desempeño de las Policías Municipales; un tema siempre presente y que en tiempos electorales, como lo será el año que viene, es materia de debate. Pero en el Gobierno bonaerense salieron en las últimas horas a mostrar que la articulación y el trabajo con los intendentes en materia de seguridad son fluidos, más allá de la pertenencia política de cada jefe comunal.

Este miércoles, Kicillof inauguró una base policial de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) en el municipio de San Isidro donde gobierna Ramón Lanús, un intendente cercano a Patricia Bullrich. Pese a ello, el jefe comunal mostró predisposición y hasta agradecimiento a la Provincia. “Estamos inaugurando una nueva base de la UTOI, como fruto del trabajo que venimos haciendo con la provincia de Buenos Aires desde hace dos años y medio que asumimos la gestión. Nos hicimos cargo de la seguridad de San Isidro, sin querer buscar excusas, y trabajamos muy bien con la provincia estos dos años y medio y hoy vemos que está dando resultados ese trabajo”, dijo Lanús con Kicillof a su lado. También dijo sentirse “muy contento”.

Las palabras del jefe comunal son el muestreo de lo que busca exhibir el Ejecutivo bonaerense: que Kicillof mantiene una agenda de trabajo en seguridad con todos los intendentes, más allá de los requerimientos sectoriales. Uno de esos requerimientos en materia de seguridad tiene que ver con el marco legal para el funcionamiento de las policías municipales.

“Por encima de cualquier pertenencia partidaria, nuestro objetivo como gobierno provincial es llevarles tranquilidad y respuestas a los vecinos y vecinas de cada distrito”, planteó Kicillof y agregó con el caso de San Isidro: “Por eso, asumimos la responsabilidad de planificar y articular políticas con los gobiernos locales que generan resultados concretos en materia de seguridad: ya hay 100 agentes de la UTOI que están desplegados para fortalecer la prevención en los barrios de San Isidro”.

Hoy, varios distritos cuentan con fuerzas de seguridad propias. En rigor, según el caso, tienen mayor o menor despliegue en sus funciones. Algunas, incluso, portan armas de uso no letal. En Escobar, por ejemplo, donde gobierna el kicillofista Ariel Sujarchuk, el cuerpo de seguridad municipal utiliza las Byrna, un dispositivo de defensa personal de letalidad reducida que dispara municiones de calibre .68. En Vicente López, donde gobierna la intendenta del PRO, Soledad Martínez, las fuerzas locales también portan este tipo de armamento. San Isidro, Ezeiza y Tigre son otros distritos.

En su apertura de sesiones, en marzo de este año, Kicillof anunció una reforma a la Ley de Seguridad Pública. En ese gran proyecto marco se iba a incluir un marco normativo para el funcionamiento de las policías locales. En ese momento, los intendentes celebraron el anuncio ya que intuyeron que esa decisión también alcanzaría el envío de recursos de parte de la Provincia para solventar el funcionamiento de las fuerzas. Como contó Infobae, hubo algunas reuniones con el ministro de Seguridad, Javier Alonso, al respecto. Pero hasta el momento, la iniciativa en cuestión no fue girada ni a la Cámara de Diputados bonaerense ni al Senado de la provincia de Buenos Aires.

Días atrás, el municipio de Lanús aprobó la creación de una policía municipal. El intendente, Julián Álvarez (La Cámpora), había anunciado la convocatoria para incluir a 100 agentes en la nueva fuerza. Luego el concejo deliberante de su distrito terminó dándole un marco regulatorio a dicha fuerza de seguridad. Así, se definió que la nueva Policía de Prevención Municipal articulará con las fuerzas policiales para prevenir conflictos, violencias y delitos. Como en otros distritos, los agentes portarán armas no letales y se está realizando la compra de 30 nuevos vehículos para el uso exclusivo de este nuevo cuerpo.

En el mes de agosto, Álvarez inauguró la Escuela de Policía Municipal de Lanús, donde 120 cadetes se están capacitando para, en el mes de diciembre, pasar a conformar el primer Cuerpo de Policía de Prevención y Disuasión. Para eso, indicaron que desde el distrito de la Tercera Sección Electoral se firmaron convenios de cooperación con el Instituto Universitario Vucetich y la Universidad Nacional de Avellaneda; ambos participan de la formación de los cadetes. El objetivo central, consideraron en el Ejecutivo local ante la consulta de Infobae, es profesionalizar la seguridad mediante una formación orientada a la prevención y la proximidad comunitaria. En ese sentido, también se incorporaron 20 Jeep Renegade, que patrullan durante las 24 hs los puntos de acceso de la ciudad.

En vista de la campaña del año que viene, hay distintas posiciones al respecto de este tema en la provincia de Buenos Aires. En el kirchnerismo, el presidente del bloque de Fuerza Patria en el Senado bonaerense, Sergio Berni, dijo estar en contra de la ley de policías locales. Proyecta que una nueva fuerza a cargo de los intendentes solo complejizará la cuestión y que distintos elementos, como el narcotráfico, podrían encontrar en una nueva fuerza de seguridad un foco donde penetrar y garantizarse su desarrollo.

Hay algunos legisladores no peronistas que empujan a las policías locales y que creen que Kicillof no girará el proyecto anunciado, que ya está “en retirada” y que solo está dejando “pasar el tiempo”, para que el próximo gobernador avance -o no- sobre el tema. En La Plata relucen los distintos fondos de seguridad que el gobernador habilitó para los intendentes en cada negociación presupuestaria, con el objetivo de dar cuenta que la agenda y el rol que deben tener los intendentes son de su incumbencia. El año pasado, el Ejecutivo bonaerense definió en su presupuesto que para este 2026 se destinen $1,6 billones para el área de Seguridad y Servicio Penitenciario. El proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Pública podría girarse antes de fin de año. Su discusión y tratamiento serán otro capítulo.