El dirigente del Frente de Izquierda, Gabriel Solano, denunció penalmente al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, por el presunto incumplimiento de la medida cautelar firme que ordena aplicar la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, que actualiza los salarios y fondos del sector en la misma proporción de la inflación acumulada desde diciembre de 2023.
El referente del Partido Obrero les atribuyó al mandatario y su ministro los delitos de desobediencia, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
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“Milei y Caputo tienen que responder penalmente por incumplir una medida cautelar firme que ordena aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. El Congreso rechazó el veto presidencial con los dos tercios y la Justicia ordenó recomponer los salarios docentes y no docentes y actualizar las becas estudiantiles. Sin embargo, el Gobierno sigue desconociendo estas resoluciones y profundizando el ahogo presupuestario de las universidades públicas”, sostuvo Solano, tras impulsar la acusación penal.
El escrito reconstruye que el Poder Ejecutivo vetó la ley, el Congreso la impuso igualmente con mayoría calificada, y luego el Gobierno elude su aplicación al promulgarla y suspenderla en el mismo acto, mediante el Decreto 759/2025. En sus propios considerandos, la decisión oficial planteó que la ley “quedará suspendida en su ejecución hasta tanto el H. Congreso de la Nación determine las fuentes de su financiamiento”. El resultado práctico fue una ley vigente en el papel pero sin efecto alguno.
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El juez a cargo del amparo original, el doctor Martín Cormick, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, emitió una medida cautelar el 23 de diciembre de 2025, al considerar que tuvo por acreditada la “inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico, concreto y específico, a cargo de la demandada”. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que actúa junto a rectores de cincuenta universidades públicas, promovió el incidente de ejecución el 15 de abril de 2026.
En ese marco, la Corte Suprema la dejó firme el 25 de junio de 2026, al rechazar el recurso extraordinario del Estado Nacional por tratarse de una resolución que no reviste carácter de sentencia definitiva.
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Pese a estas intimaciones, el gobierno no aplicó ni la instrucción del Congreso ni la manda judicial.
“El juzgado intimó reiteradamente al Poder Ejecutivo y constató que sigue sin cumplirse la recomposición salarial según la inflación acumulada ni la actualización de las becas Progresar, Belgrano y otras”, expresó el dirigente del PO. ”No estamos ante una diferencia de interpretación, estamos denunciando el incumplimiento de una orden judicial”, remarcó el ex legislador.
Por qué la denuncia apunta a Caputo
La denuncia no se limita a Javier Milei, sino que alcanza a Luis Caputo porque la orden judicial implica, en esencia, una decisión presupuestaria: mover partidas, liberar fondos, actualizar asignaciones. Esas herramientas están bajo la órbita del Ministerio de Economía.
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La denuncia cita el artículo 20 de la Ley de Ministerios (Ley 22.520), que le asigna a esa cartera la asistencia al Presidente “en todo lo inherente a la política económica, presupuestaria e impositiva” y le encomienda la elaboración y ejecución del presupuesto, la distribución de rentas y la fiscalización de todo gasto sobre el Tesoro de la Nación.
El escrito solicita que la investigación penal avance contra ambos funcionarios, que se los cite a prestar declaración indagatoria y que se identifique a otros posibles partícipes. También pide que se libre oficio a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) para que informe la incidencia presupuestaria estimada de la Ley 27.795.
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“Milei pretende gobernar por decreto, desconocer las leyes votadas por el Congreso y desobedecer a la Justicia cuando sus resoluciones afectan sus intereses. Vamos a defender el financiamiento universitario, los salarios de sus trabajadores y el derecho de los estudiantes”, concluyó.
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