Ante el deterioro de los caminos rurales y los cuestionamientos sobre el destino de los fondos recaudados mediante la tasa vial, productores autoconvocados de Necochea reclaman que el municipio restablezca el Ente Vial Rural (EVR), un organismo descentralizado que funcionó con participación del sector y que, según sostienen, permitió administrar los recursos con mayor eficiencia.
“La bronca es muy grande porque los caminos en general están totalmente destrozados; del lado de la costa es más grave el tema y no vemos reacción”, dijo a LA NACION Gustavo Redolatti, productor rural del distrito y uno de los más de 50 productores que impulsan el reclamo al intendente Arturo Rojas, de Nueva Necochea.
Para Redolatti, el problema no se resuelve solamente con más dinero, sino con una administración organizada y personal capacitado: “La plata que llega para los caminos rurales es muy poca de la que tendría que llegar, pero aún así, están haciendo mal los trabajos. No hay gente capacitada para desarrollarlos y lo peor es que se va avanzando a la destrucción total”.
La propuesta de recuperar el ente tiene un antecedente concreto. A fines de 2009 se creó el Ente Descentralizado Vial Rural, que comenzó a funcionar plenamente en 2010. El esquema buscaba separar la administración de los caminos de otras áreas municipales y garantizar que los fondos recaudados mediante la tasa vial se destinaran a ese servicio.
“En 2010 habíamos logrado una comisión con fondos afectados que se destinen exclusivamente a eso, como tendría que ser toda tasa”, recordó Redolatti. Según explicó, el organismo tenía una contadora, administradores y personal operativo que permitían conocer cuánto dinero ingresaba, cuánto faltaba cobrar y qué recursos estaban disponibles para ejecutar los trabajos.
Aunque, según el productor, los fondos comprometidos no siempre llegaban completos, el sistema permitía organizar mejor las tareas. “Aunque nunca entraba lo que prometían, se manejaba de manera eficiente. Y eran eficientes los capataces y gente que había”, señaló.
En un comunicado, los productores autoconvocados reconstruyeron la historia de la red vial y sostuvieron que el deterioro se profundizó cuando la tasa dejó de estar afectada exclusivamente al mantenimiento rural. Según dijeron, durante la actual gestión se incorporaron servicios urbanos y otras áreas, como aguas y cloacas, lo que habría diluido el destino de los recursos y complicado el control de las transferencias. “Al no estar el fondo afectado perdemos control de cuánto pasa y cuánto no pasa al ente vial para manejar los caminos rurales”, explicó Redolatti. Por eso el reclamo combina dos objetivos: recuperar una estructura específica para los caminos y volver a contar con información clara sobre el dinero que se recauda y su aplicación.
En marzo pasado, estos productores avanzaron con una acción de amparo colectivo contra el municipio para acceder a información oficial sobre la recaudación y el destino de los fondos de la tasa vial. La presentación judicial forma parte de un reclamo más amplio, que ahora busca recuperar el esquema de administración descentralizada que, según sostienen, permitía controlar los recursos y mejorar la gestión de los caminos rurales.
Los productores saben que las acciones judiciales avanzan con dificultades. Pablo Torres Barthe, abogado de los productores, contó que la Cámara de Mar del Plata rechazó la recusación, con lo cual volvieron al Juzgado de Contencioso Administrativo de Necochea, a la espera de ver qué resuelve el juez: “Estamos preparando una nueva acción en virtud de una documentación pública que encontramos para que inviertan todo lo recaudado en la tasa en caminos rurales”.
El estado actual de las trazas es, para los productores, la expresión más visible del problema. Redolatti señaló que Necochea tiene cerca de 1400 kilómetros de caminos rurales, de los cuales unos 400 son provinciales, y cuestionó que el deterioro persista pese al pago de una tasa que considera elevada en comparación con la de distritos vecinos. Dijo que el municipio cobra alrededor de $2200 por hectárea por mes, aunque el monto varía según la superficie. En partidos como Benito Juárez, Tandil y San Cayetano, contó, los valores rondan entre $700 y $900, mientras que los caminos se encontrarían en mejores condiciones.
También cuestionó la forma en que se ejecutan las reparaciones. “Reparan un camino y lo hacen mal, mezclan la tierra que está a la vera del camino con el entoscado, ni utilizan la cuestión hidráulica para limpiar los caminos”, afirmó y agregó que la falta de planificación y de controles hace que las intervenciones no resuelvan los problemas y, en algunos casos, agraven el deterioro. “Cada vez que sale la maquinaria a trabajar hace desastre. Están sin control, son máquinas absolutamente anárquicas”, cuestionó Redolatti.
La situación preocupa especialmente en la zona costera, donde los caminos anegados pueden impedir la salida de la producción y complicar el acceso a los establecimientos. Pero el problema, advirtió, también afecta a las zonas más altas del partido, donde hay trazas destruidas y sectores cortados. “Eso implica no solo lo productivo, sino las cuestiones de salud, lo social y lo educativo”, dijo Redolatti.
En los últimos días, dijo, el municipio convocó a los productores a una reunión para discutir la posibilidad de restablecer el ente vial. Redolatti expresó desconfianza sobre el alcance de esa iniciativa, aunque señaló que el grupo busca mantener abierta esa vía de diálogo mientras continúa con sus gestiones. La intención es que el organismo vuelva a tener una función delimitada, con fondos destinados al mantenimiento de los caminos y sin la incorporación de otros servicios municipales. Los productores también buscan apoyo de concejales de la oposición para impulsar una solución que no dependa de una gestión en particular.
LA NACION intentó conseguir una opinión del municipio sobre el reclamo, pero no tuvo respuestas hasta el momento.
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