Para la camarista María Gabriela López Arango, el proyecto que impulsa el Gobierno de Entre Ríos no está a la altura de su nombre. “Esto es una pequeña reforma, una mini reforma. Es como que llamar la reforma del Código Procesal Laboral parece como demasiado título para lo que se está discutiendo en estos pocos artículos del proyecto”, sostuvo.
La magistrada también puso el foco en el destinatario de los cambios: a su entender, la iniciativa “pareciera que de alguna forma está como bastante enfocada” en los juicios por accidentes de trabajo, donde las principales afectadas son las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART).
López Arango, vocal de la Sala Laboral de la Cámara de Apelaciones, vicepresidenta de la Asociación de Magistrados de Entre Ríos y de la Federación Argentina de la Magistratura, analizó el proyecto en Un martillo para darle forma, por Radio Plaza. Aclaró que habló “desde mi lugar de trabajo y desde la aplicación diaria del Código Procesal Laboral”, y no en nombre de la asociación, cuya comisión aún no debatió la iniciativa.
“Demasiado título” para una reforma parcial
Según la camarista, el proyecto “más que nada se ciñe a un tema de conformar un cuerpo de peritos médicos” y no aborda el proceso laboral en su conjunto. “La reforma en realidad es muy parcial, porque cuando uno tiene una reforma de un código de procedimiento, analiza el proceso laboral, analiza lo que hay que ver de la demanda, de la contestación, de la prueba”, explicó.
López Arango recordó que el código vigente es de 1973 y que, en su momento, fue innovador: “La oralidad que tiene nuestro código la tiene desde 1973”. Sin embargo, “toda la tecnología que hemos incorporado no está en ninguno de los códigos, ni siquiera en el procesal civil al que nosotros nos remitimos”.
También señaló un problema que la reforma no resuelve: el código laboral remite a un Código Procesal Civil que hoy está derogado. “Si estamos hablando de una reforma procesal laboral, sería una oportunidad bárbara para que se quede remitiendo a un código procesal vigente. Bueno, eso no se toca acá en esta reforma, por eso digo que esto es muy parcial”, subrayó.
“Mover todo el aparato legislativo para hacer una pequeñísima modificación, por ahí pareciera como que un desperdicio de oportunidades”, resumió.
Un proyecto enfocado en las ART
El Gobierno justificó la reforma en la alta litigiosidad laboral, al punto de ubicar a Entre Ríos como la segunda provincia más litigiosa del país. La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), que valoró el proyecto, informó 2.502 juicios en 2025, con un aumento del 38%.
López Arango aclaró que no cuenta con estadísticas propias, pero precisó que esos números no reflejan todo el fuero: “Yo creo que está referido a los accidentes de trabajo, no a la litigiosidad en general”. Y lo ejemplificó con su propia tarea: “Yo tengo muchos más accidentes de trabajo para resolver que cobros de créditos laborales”.
Consultada sobre quiénes son los más afectados por esa litigiosidad, fue directa: “Son las ART, sí, sí, son las ART”. Y agregó que “quizás determinada doctrina o jurisprudencia” inclina la balanza de una forma distinta a la de otras jurisdicciones, ya que ese criterio depende de los jueces de cada lugar.
Para la magistrada, allí está la clave del proyecto: “Pareciera que de alguna forma está como bastante enfocada a este tema, este proyecto, como está presentado”. Por eso, dijo, desde el fuero lo ven como “una posibilidad que se pierde, ya que se va a tratar con todo lo que significa mover el aparato legislativo”.
El cuerpo médico y los honorarios periciales
El núcleo del proyecto es la creación de un cuerpo de peritos médicos con sueldo fijo, que determinará los grados de incapacidad de trabajadores y trabajadoras en accidentes y enfermedades laborales. “Un cuerpo médico independiente”, lo definió la camarista.
Hoy, las pericias del fuero las realizan los médicos de Tribunales, que “tienen un sinfín de tareas” y atienden también causas de familia y penales, entre otras. Para López Arango, la iniciativa busca que esos peritos “se especialicen”, y no le ve mayores objeciones: “No sé si alguien pueda molestarle que se forme un cuerpo médico de peritos. No, creo que eso no es grave”.
De todos modos, aclaró el alcance de esa tarea: “Los peritos nos dan el soporte técnico que nos falta a los jueces porque no somos médicos”. La discusión sobre cómo ocurrió el accidente o si hay causalidad probada, recordó, “lo tenemos que hacer los jueces, no lo hacen los peritos”.
Honorarios: hasta 8 jus
Si se recurre a un perito externo al cuerpo médico, el proyecto fija honorarios de hasta 8 jus. Eso, explicó, rompe con el criterio actual: “No va a estar nunca vinculado ni al porcentaje de incapacidad ni al monto indemnizatorio”. Hoy, para cualquier perito, “siempre es la base económica la que se tiene en cuenta para regular los honorarios”. “Ahí no he estudiado qué conflicto puede surgir”, admitió, y señaló que serán los propios peritos quienes deberán plantearlo.
El depósito para apelar: “Va a ser resistido”
El punto que anticipó como más “álgido” es la eliminación de la obligación del empleador de depositar la condena de primera instancia, a valor histórico y con un 30% adicional para intereses y costas, como requisito para apelar.
“Es lo que va a ser resistido muy probablemente por los letrados y por la gente que está en el fuero del trabajo”, advirtió. Según explicó, ese depósito es “la manera de asegurarse, en alguna medida, el trabajador que obtiene una sentencia favorable, el cobro posterior”.
“Si nosotros por ahí dilatamos con recursos, eso puede dilatar mucho en el tiempo el cobro del crédito, que no debemos olvidar que es un crédito alimentario para el trabajador que está reclamando”, remarcó.
Aun así, aclaró que las sentencias no son automáticamente favorables al trabajador: “Las sentencias son favorables a medida que el derecho está bien, los hechos están bien expresados y el derecho encuadra dentro de lo que se peticiona”.
Sin convocatoria formal
Los magistrados del fuero no fueron convocados formalmente a debatir el proyecto. López Arango confirmó que no recibieron una invitación formal. A través de contactos informales sugirieron participar, y la respuesta fue que “más adelante se va a tratar una reforma más profunda”.
La camarista se mostró dispuesta a aportar: “Siempre es bueno en las reformas que todas las partes involucradas estén, den su opinión y participen”. Y destacó que hay “mucha gente que tiene muchos años” en el fuero, tanto en la magistratura como en el ejercicio de la profesión, que “sin duda van a poder aportar”.
Con cierta resignación, recordó los intentos fallidos de reforma: “Ya no sé la cantidad de apuntes que tengo de trabajos de proyectos anteriores que quedaron en nada”. Por eso, insistió: “Que ahora hay una voluntad legislativa de hacer una reforma es una oportunidad importante para aprovecharla en toda su magnitud”.
“Pero eso son decisiones gubernamentales, y yo entiendo que eso sea así, porque cada uno maneja los tiempos políticos para hacer las reformas”, cerró.
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