“Es endémico”: un productor citrícola hizo 115 denuncias por robo en Misiones y perdió hasta 400 toneladas de fruta en un año

En Puerto Amado, una localidad del norte de Misiones a 60 kilómetros de las Cataratas del Iguazú y pegado a la frontera con Paraguay, Ricardo Ranger cultiva naranjas, mandarinas y limones en 200 hectáreas desde hace años. También convive con una realidad conflictiva. Es que varias veces por semana, alguien entra a su chacra, corta el alambrado, arranca la fruta directamente de las plantas y se la lleva en bolsas para revenderla en la calle a $1000 el kilo.

“Es endémico, nos roban permanentemente”, dijo Ranger a Infobae, a la vez que reveló que desde el 5 de septiembre de 2023, acumula 115 denuncias policiales por robo, un promedio cercano a una por semana que convirtió su establecimiento en un caso testigo de la inseguridad rural en la zona de frontera.

Según contó el productor, hace aproximadamente tres años y medio, el ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Gabriel Pérez, —que tiene a la Policía bajo su órbita— se reunió con Ranger y le hizo un pedido concreto: que denunciara cada robo, uno por uno, para dimensionar el problema con datos oficiales.

Cuando la cifra rondaba las 80 exposiciones, el productor llevó un informe al Ministerio con la expectativa de que el registro sirviera de algo. “La verdad que respuesta ninguna, porque nos siguen robando”, afirmó. Esta tarde, aseguró a este medio, presentará la denuncia número 116.

Robos de hasta 1.000 kilos por semana

Los episodios no son esporádicos, sino que ocurren una, dos o hasta tres veces por semana. Según detalló Ranger, los delincuentes se llevan entre 100 y 200 kilos por incursión, aunque en algunas oportunidades el volumen trepó a los 1.000 kilos. La semana pasada, aseguró, le sustrajeron 400 kilos; en los días siguientes, otros 300. La mercadería —mandarina, naranja y limón— se revende después en la vía pública, y el productor asegura que conoce a buena parte de los responsables: “siempre los mismos, que reinciden sin consecuencias”.

El fenómeno tuvo su pico hace cuatro años, cuando las pérdidas alcanzaron las 400 toneladas de fruta por año. Hoy el volumen es menor, pero la frecuencia se mantiene.

La violencia escaló al punto de que sostener vigilancia privada en determinados sectores resulta inviable. “Ningún obrero se anima a trabajar”, contó Ranger a este medio. Según su relato, los delincuentes ingresan armados y disparan contra quienes intentan frenarlos. “Es tierra de nadie y una anarquía total”, definió.

El propio productor reconoció que hubo períodos en los que el trabajo policial permitió reducir los robos a cero. “Cuando las cosas se hicieron bien, logramos el robo cero. Se logró cuando la Policía hizo las cosas bien”, admitió.

Sin embargo, Ranger cuestionó el funcionamiento del sistema judicial en la zona. “La Policía agarró a un grupo de ladrones varias veces. Pero la Justicia al otro día los larga”, sostuvo. Mantiene además 15 causas como querellante, todas paralizadas según su testimonio, y presentó 12 prontos despachos para intentar acelerar los expedientes. Existe, además, un oficio judicial emitido hace aproximadamente tres años que ordena a la Policía realizar recorridas en los sectores donde se concentran los robos. “Está todo judicializado, pero nos siguen robando”, señaló.

La inseguridad transformó la estructura productiva de la región. Varios productores vecinos abandonaron el cultivo de cítricos y reconvirtieron sus campos a la forestación o a la yerba mate ante la imposibilidad de contener los saqueos. El establecimiento de Ranger es, en la práctica, el último de su tipo que resiste en el área y emplea a unas 10 familias de la zona.

Pese al desgaste acumulado, el productor aseguró que seguirá denunciando. “Si uno no tiene Justicia ni seguridad jurídica, no puede trabajar”, concluyó.