El presidente de la Asociación de Abogadas/os Ambientalistas se refiere a lo sucedido con la Ley de Tierras. Sostiene que hoy “hay casi una denegación de justicia”, que los tecnomagnates son los grandes interesados y que la salida es a través del Congreso: “Como sociedad tenemos una cita con la historia”.
“La regresión socioambiental no puede evaluarse exclusivamente a partir de reformas legislativas, decisiones administrativas o recortes presupuestarios. El alcance efectivo del derecho a un ambiente sano depende también de la capacidad del Poder Judicial para garantizar su efectiva vigencia. Cuando los tribunales reducen el alcance de la tutela judicial efectiva, postergan indefinidamente decisiones trascendentes o restringen el acceso a la justicia ambiental o sobre derechos colectivos, contribuyen al debilitamiento del sistema de protección ambiental (…). La omisión judicial no constituye una posición neutral”. El texto pertenece al informe sobre regresiones ambientales durante el gobierno de Javier Milei que elaboró la Asociación Argentina de Abogadas/os Ambientalistas (AAdeAA), publicado en agosto pasado. Un mes después, la Corte Suprema actuó en favor del Ejecutivo nacional y avaló el DNU 70/2023 que daba de baja la Ley de Tierras.
En diálogo con Tiempo, el titular de la Asociación, Enrique Viale, recuerda que luego del decreto de 2023 estaban muy avanzados presentando una denuncia con otras organizaciones sociales cuando salió la cautelar del CECIM, la misma que ahora la Corte denegó. Hoy estudian una nueva acción “pero lo mejor es que el Congreso rechace el decreto. Lo que la Corte hizo el otro día lo están haciendo muchos juzgados, hay casi una denegación de justicia o por supuesta falta de caso concreto o por deslegitimación. La causa Glaciares la iniciamos hace cuatro meses y no hay nada resuelto. Estamos en un momento complejo”.
Los jueces de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz, Horacio Rossatti y Ricardo Lorenzetti junto al ministro de Justicia de Milei, Juan Bautista Mahíques.
–¿Cómo calificarías al fallo de la Corte?
–El fallo es vergonzoso, tanto por su contenido como por el momento. Habla de la pérdida de la brújula social de la Corte. Todas las Cortes del mundo tienen que saber qué pasa en la sociedad en la cual están operando. Hace pocas semanas hubo un debate social enorme sobre este tema, incluso el propio Congreso de la Nación terminó, a partir de movilizaciones ciudadanas, dejando de lado el mismo tema. Y la Corte reaviva esto, con argucias procesales. Lo más perverso del fallo es lo que le responden a los excombatientes que pusieron, literalmente, el cuerpo en Malvinas, por nuestra patria y soberanía, en una guerra, mandados por el Estado. Ahora el Estado les dice que no tienen legitimación activa para acudir a Tribunales por la soberanía de la patria.
–¿Cómo ves el accionar de la Corte en general, más allá de este fallo?
–Es una de las peores Cortes que se tenga en memoria, incluyendo la del menemismo. El Poder Judicial se está transformando en gran parte del problema cuando debería ser la solución. Una Corte es el gran defensor de la Constitución. Y esto se contagia. El Poder Judicial no escapa al clima de época. Y está pasando, que con argucias procesales evitan todo el tiempo pronunciarse sobre las cuestiones de fondo. Y rozan la denegación de justicia, uno de los peores conceptos que existen para lugares democráticos: que la justicia no existe más.
Ley de Tierras: “Tenemos como sociedad una cita con la historia”
–¿Cómo se sigue?
–Esta es la oportunidad de la Cámara de Diputados que viene durmiendo la siesta con este tema. Desde 2024 que el DNU 70 ya tiene el rechazo de la Cámara Alta. Diputados es el camino más directo para restablecer la Ley de Tierras que tenemos, que el 15 de octubre se logre el quórum y luego se consiga la mayoría absoluta de los presentes. No es algo imposible, para nada. Tienen que trabajar a destajo hasta llegar a ese objetivo. Hay que convencer, hay que hablar con gobernadores, con lo que sea, y hay que exponer a los diputados y diputadas que vayan a votar en contra de esto. Ese es el camino más directo. Después se pueden iniciar otras acciones judiciales, pero con los criterios que deja la Corte prácticamente nadie podría tener legitimación activa para iniciar esa acción, salvo que sepamos que está un jeque árabe comprando un pueblo entero y entonces el intendente de ese municipio accione… O sea, lo que hace la Corte es reducir tanto la legitimación hasta un caso concreto, haciendo que prácticamente sea imposible acudir a la justicia.
–¿A quién le conviene?
–Los grandes interesados, además del extractivismo y el agronegocio, son los del ‘extractivismo digital’ o tecnomagnates, relacionado con la IA y la instalación de mega data centers, como Peter Thiel, que buscan tierras y la Patagonia es el lugar ideal. Para eso le hicieron otro compendio de leyes, como el Súper RIGI, la de sociedades autónomas y la ciudadanía que anunció Caputo.
–¿Cómo ves a los gobernadores?
–Los gobernadores son cómplices en su gran mayoría, incluso en el propio peronismo, de lo que está haciendo Milei. El latrocinio, el retroceso, las regresiones que está haciendo Milei, tienen límites también. Y eso se vio con el tratamiento del 6 de agosto de esta misma Ley de Tierras que los gobernadores dijeron “no, hasta acá yo no te acompaño”. Y dieron libertad a sus diputados y senadores para no avanzar. Estamos en un panorama igual, los gobernadores tienen que defender su gobernabilidad, tienen la cercanía con su pueblo y va a haber marchas en todo el país, que es el gran desafío, ¿no? Tenemos como sociedad una cita con la historia. Está bueno tener una cita con la historia. Tengamos la mejor cita posible.
La decisión judicial de dejar hacer
El informe de la Asociación de Abogadas/os Ambientalistas, publicado apenas un mes antes del fallo del Máximo Tribunal de Justicia sobre Ley de Tierras, ya advertía la “regresión” ambiental, a causa de “la ausencia de decisiones frente a conflictos estructurales cuya trascendencia exigía la respuesta de la Corte”. Mencionan el Caso Yaguareté, que tienen Rosenkrantz, Rosatti y Lorenzetti desde 2019. Este año Greenpeace denunció el agravamiento de los desmontes, pero no hubo acción ni audiencia alguna.
También el Caso Inalafquen relacionado a la inconstitucionalidad de la ley que derogó la emblemática Ley 3308 de Río Negro, norma que prohibía en el Golfo San Matías las tareas de prospección, exploración y extracción petrolífera y gasífera. Desde 2023 la Corte evitó el tratamiento. Lo mismo para la Comunidad Toba Nam Qom, que reclamó en 2014 por la Planta Dióxido de Carbono de Uranio de Dioxitek S.A. La Corte falló en 2025, con el hecho ya consumado. La Ley Bases, que elimina los Fondos de Bosques Nativos, del Manejo del Fuego y de Energías Renovables, tampoco tuvo una decisión cortesana.
Aunque lo más grave ocurrió con la histórica Causa Riachuelo. A pesar de la sentencia firme desde 2008 y los claros incumplimientos de las metas vinculadas al acceso al agua, saneamiento y salud pública, la Corte dio por finalizada la supervisión de cumplimiento del reclamo por el daño colectivo y ordenó archivar la causa.
El 22 de octubre de 2024, sin ningún reporte de mejora sustantiva de la situación y sin que se hubiera cumplido la mayoría de las metas vinculadas a acceso al agua, saneamiento y salud pública; la Corte dio por finalizada la supervisión de cumplimiento de la sentencia de 2008, dio por concluido el trámite del reclamo por el daño colectivo y ordenó archivar la causa. Ante los recursos de reposición presentados por diversas organizaciones, la Corte ratificó el cierre el 14 de agosto de 2025.
«Lo que la Corte no dice en su sentencia, y no puede desconocer –enfatiza la AAdeAA en su informe–, es que ACUMAR ya no cuenta con el respaldo institucional necesario para llevar adelante políticas de reordenamiento territorial que requieren coordinación entre distintos niveles estatales, y que fue progresivamente desfinanciada. Según monitoreo de FARN la ejecución presupuestaria destinada al desarrollo sustentable de la cuenca cayó abruptamente en 2024 respecto de los años anteriores».
Sostienen que tampoco puede desconocer la Corte que el proceso en curso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) –declarada sujeta a privatización por la propia Ley Bases, con el Decreto 494/2025 disponiendo el inicio del proceso de venta del 90% del paquete accionario y licitación lanzada oficialmente en mayo de 2026– complejiza aún más la situación.
Fuente: Tiempo Argentino, Gustavo Sarmiento.
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