España atraviesa una ola de manifestaciones en medio de la crisis inmobiliaria y exigencias por la implementación de medidas que faciliten el acceso a la vivienda. Entre las demandas, miles de ciudadanos piden mayor protección para inquilinos luego de que el proyecto presentado por el gobierno de Pedro Sánchez fuera rechazado este viernes en el parlamento.
Miles de manifestantes salieron a las calles a pedir más protección, luego de que gobierno no lograra aprobar el viernes la legislación de emergencia que preveía evitar desalojos hasta 2030 prorrogar alquileres hasta 2028.
Así, este sábado se prevén cerca de 50 marchas en ciudades como Madrid, Valencia y Barcelona. Al respecto, desde el Sindicato de Inquilinos de Valencia expresaron a BBC que “hay mucha rabia en las calles”.
Manifestantes en toda España exigen medidas ante la crisis de la vivienda.
El conflicto comenzó por el desalojo de la ciudadana Maricarmen Abascal (87), después de que no pudiera afrontar un fuerte aumento del alquiler. Su desahucio desencadenó protestas a nivel nacional pidiendo alquileres más bajos, el fin de los desahucios y la prohibición de que los fondos de inversión —o “fondos buitre”, llamados así por el gobierno— compren propiedades.
La derrota de Sánchez en el Congreso este viernes aumenta las especulaciones de que podría convocar elecciones generales anticipadas, previstas recién el próximo verano. Su gobierno de coalición, formado por su gobernante partido socialista y su socio minoritario, la alianza Sumar, no cuenta con la mayoría en el parlamento.
Las fotografías mostraron a manifestantes en la ciudad costera de Valencia enfrentándose a agentes de policía el sábado cerca del centro de artes Palau de les Arts Reina Sofía, que acogía una cumbre inmobiliaria. Varios manifestantes retiraron las barricadas y arrojaron objetos a los efectivos, que respondieron con balas de goma.
Una de las mayores manifestaciones tiene lugar en la capital, Madrid, con una estimación de participantes entre 500.000 y 700.000 personas. Los manifestantes llevan días acampando en una de las plazas principales de la ciudad, la Puerta del Sol.
El viernes por la noche, el sindicato de inquilinos de Madrid afirmó que, si bien las medidas propuestas por el gobierno eran insuficientes, el rechazo de la legislación propuesta “agrava la crisis de la vivienda que está costando la vida a la clase trabajadora”.
Qué proponía el decreto inmobiliario de Pedro Sánchez
La iniciativa trata de dos Decretos Leyes de vivienda, tras un consenso del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar, para “dar respuesta a las demandas de la ciudadanía y avanzar en derechos”, indicó El País.
Las medidas se votaron en el Congreso español este viernes, con el apoyo del Consejo de Ministros. Entre sus directrices, incluyen la protección frente a los desahucios ampliada hasta 2030, la regulación del alquiler de temporada y habitaciones; la prohibición de la compra de fondos buitre hasta el 2028 y la prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028, entre otras cuestiones. A su vez, se consideraba con la renovación automática de los alquileres, que irá en un segundo real decreto.
Antes de la votación, el conservador Partido Popular (PP) y el ultraderechista Vox ya habían anunciado que votarían en contra de ambas iniciativas, dejando al gobierno minoritario a merced del apoyo de los partidos nacionalistas más pequeños de Cataluña y el País Vasco.
Sin embargo, en vísperas de la sesión parlamentaria, el partido de centroderecha independentista Juntos por Cataluña (JxCat) ya había manifestado su oposición. La coalición gobernante de Sánchez elaboró apresuradamente los decretos en un intento por apaciguar las protestas.
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