El titular del Ministerio Público de la Defensa (MPD) de Entre Ríos, Maximiliano Benítez, cuestionó con dureza la ley que bajó la edad de punibilidad. A su entender, el problema central no es solo la reducción de la edad, sino que la norma equipara a adolescentes y adultos sin diferenciar la gravedad de los hechos.
El ejemplo que eligió fue elocuente: con la nueva norma, “una amenaza en una escuela, en un recreo, se puede transformar en un hecho que dé lugar a un proceso penal”. “Eso es insólito”, afirmó en diálogo con Un martillo para darle forma – Radio Plaza.
Benítez presenta este viernes en Concordia el discurso de balance del organismo, en el que la nueva ley será uno de los ejes.
“El problema más grave es que no discrimina entre niños y mayores”
Para Benítez, el debate público se concentró demasiado en la edad. “La baja edad es un problema, se puede decir que esto implica que es regresivo, pero a mi entender no es el problema más grave de esta ley”, planteó. “El problema más grave de esta ley es que no discrimina entre niños y mayores”.
El defensor apoyó su argumento en la neurociencia. “La capacidad de ver cuáles son las consecuencias de los hechos no es lo mismo en un niño de 14 años que en un adolescente de 17, o que una persona mayor de edad. Es distinto, y acá no hace diferencia”, explicó.
La comparación con la ley de la dictadura
Benítez recordó que la Ley 22.278, sancionada durante la última dictadura, sí hacía esa distinción, aunque coincidió en que “había que modificarla”. Esa norma fijaba la edad de punibilidad en 16 años, pero para los delitos con penas de hasta dos años la elevaba a 18.
Es decir, un adolescente de 16 años acusado de amenazas o lesiones leves no podía ser sometido a un proceso penal. “En cambio, ahora no hace esa diferencia. En consecuencia, un delito, una amenaza en una escuela, en un recreo, se puede transformar en un hecho que dé lugar a un proceso penal”, advirtió.
Equiparación con adultos y traslado a cárceles
El defensor recordó que la ley ya fue declarada inconstitucional en varias jurisdicciones. Entre los puntos más cuestionados mencionó “la equiparación de los delitos de mayores con los delitos de menores” y el traslado a cárceles comunes al cumplir la mayoría de edad.
“Si un niño o un adolescente de 15, 16 años comete un delito y es encontrado culpable, recién está en condiciones de ir a una cárcel, de acuerdo a lo que dice esta ley, cuando cumpla los 18 años de edad”, explicó.
Un solo homicidio imputado en la franja de 14 a 18 años
Consultado sobre las condiciones de detención de un menor que deba cumplir una pena, Benítez pidió “ir separando las cosas”. “En este momento nosotros no tenemos ninguna persona de esa franja etaria con posibilidad de cumplir una pena”, aclaró.
Recordó que para cumplir una pena no alcanza con estar imputado: hay que ser condenado. Y que los delitos que se registran en esa franja “son realmente muy menores”. “Muchas veces lo que nosotros tenemos son las imputaciones, lo que no quiere decir que ellos lleguen después a un proceso o a una condena”, explicó.
Según precisó, en lo que va del año se registra “un solo homicidio cometido en la provincia de Entre Ríos” por un adolescente de entre 14 y 18 años.
Dónde cumpliría la pena un menor condenado
Si ese adolescente fuera juzgado y declarado culpable, iría a alguno de los dos centros cerrados que existen hoy en la provincia: uno en Paraná, sobre la costa del Paraná, y otro en Concordia, sobre la costa del Uruguay. Ambos dependen del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf).
De acuerdo con la nueva ley, solo al cumplir los 18 años podría ser trasladado a una cárcel.
El plan: protocolos para restarle punibilidad a la ley
Benítez sostuvo que la norma “se introduce en cuestiones que son propias de la provincia”, como los códigos de procedimiento, que son facultades no delegadas a la Nación. Sobre esa base, la Defensa trabaja con el Ministerio Público Fiscal en protocolos de actuación. “Ya hemos avanzado muchísimo”, aseguró.
El objetivo, explicó, es que “la punibilidad sea mucho menor a lo que la ley dice”. La herramienta son las salidas alternativas al proceso penal: “La mediación, la probation, etcétera, todas cuestiones que no impliquen la privación de libertad”.
Incluso ante delitos graves, “que no ocurren en Entre Ríos, pero que pueden ocurrir”, Benítez planteó analizar caso por caso si, utilizando “nuestros códigos procesales y nuestras facultades no delegadas”, se puede lograr “que la pena privativa de libertad no sea lo central”.
Qué temas abordará el balance del MPD
Benítez anticipó que abrirá su discurso con el Órgano de Revisión de Salud Mental y la problemática del suicidio, “que en general es en todo el país, pero sobre todo también en la provincia de Entre Ríos”. Precisó que las víctimas son “fundamentalmente la franja etaria de 15 a 25 años”. “Voy a dedicar una parte especial a eso”, adelantó.
Además, repasará el trabajo de la Unidad de Letrados, el Registro Único de Adoptantes y las defensorías civiles y penales. Según explicó, la demanda creció “a partir de la crisis social que estamos viviendo en nuestro país”, de la que la provincia no es ajena.
También se referirá a las defensorías multifuero de las localidades más pequeñas, donde no hay especialización y los defensores atienden causas civiles, de familia y penales a la vez. Y a la situación de las cárceles de la provincia.
En materia penal, recordó que “aproximadamente el 85%” de las causas pasa por la defensa pública.
Sobre la nueva ley, Benítez llamó a trabajar “en conjunto con las autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo”, porque toca “un tema central, que es la niñez para nosotros”.
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