Detrás de la parálisis industrial del Frigorífico Guillermo Huarte de Victoria se encuentra una trama de narcolavado y la lucha por el trabajo y la producción. Por un lado, la socia mayoritaria Estela Mari Gallo —condenada a seis años de prisión por actuar como testaferro del Clan Loza— busca mantener la planta bajo un esquema marginal mediante maniobras societarias denunciadas como clandestinas, la cesión del establecimiento a firmas insolventes como Vien Food S.R.L. y la simulación de falsas inversiones, perpetuando una fachada que, según observan socios y empleados despedidos, estaría destinada a inyectar capitales de origen ilícito mientras evade millonarias multas y ejecuciones tributarias del Estado Nacional. Por el otro, unas 80 familias trabajadoras y el socio minoritario Marcelo Bosio exigen el fin del vaciamiento y el cese de las “puestas en escena” engañosas, condicionando cualquier apertura al pago inmediato de las quincenas adeudadas y respaldando la llegada de grupos industriales solventes que devuelvan la dignidad laboral y la productividad genuina a las Siete Colinas.
La historia de esta importante planta cárnica, contada en la Revista ANÁLISIS del 15 de julio, se remonta a unos 18 años atrás, cuando comenzaron las gestiones municipales y privadas para instalar un complejo industrial con potencial exportador. El proyecto originalmente se constituyó bajo la firma Guillermo Huarte S.A., impulsada por el empresario bonaerense Luis Guillermo Huarte, quien se asoció para lograr mayor capital de inversión con el productor agropecuario santafesino Marcelo Bosio. Sin embargo, la iniciativa se desvió hacia un terreno oscuro cuando el fundador creó de manera paralela la firma Frigorífico Guillermo Huarte S.A. y le cedió las acciones a Estela Mari Gallo, una marplatense de 61 años.
Gallo no era una empresaria del rubro: en 2021 fue condenada por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 a seis años de prisión efectiva —fallo dejado firme en 2024 por la Cámara Federal de Casación Penal— por ser una pieza clave en el esquema de lavado de activos del Clan Loza, una organización narco transnacional que traficaba cocaína a España e ingresaba divisas ilícitas al país. Imputada en 16 hechos de blanqueo, Gallo intentó justificar la compra compulsiva de bienes e inmuebles adjudicándosela a ganancias del frigorífico, cuando en realidad las operaciones se sostenían con bolsos de dólares provenientes del narcotráfico que ingresaba su entonces pareja, Miguel Ángel Suárez.
A pesar de que Bosio logró recuperar judicialmente un 30% del capital de ambas sociedades, Gallo continuó incidiendo en la administración del predio, pese incluso a encontrarse inhibida por la condena por el grave delito de lavado de activos del narcotráfico. Al parecer, en Entre Ríos nadie se había enterado de esta situación porque un informe de la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas y Registro Público de Entre Ríos, la mujer “no se encuentra inhibida según información de base de datos”.
La empresa fantasma Vien Food y las irregularidades societarias
Actualmente, la planta fabril se encuentra paralizada mientras Gallo pretende traspasar la explotación del establecimiento a Vien Food S.R.L., una sociedad de reciente constitución creada en diciembre de 2025 por Marcelo Ricciardulli y Diego Peña. El contrato con Vien Food fue impugnado por la parte societaria perjudicada por tratarse de una firma de apenas meses de vida, sin idoneidad ni solvencia financiera acreditada, y que carece de cuentas bancarias formales para saldar pasivos o distribuir utilidades legítimas.
En paralelo, la firma operadora precedente vinculada al predio, Establecimiento Frigorífico Victoria S.A., presenta una severa calificación de deuda en Situación 3 (“Con problemas / Mora relevante”) en la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Asimismo, los directivos de Vien Food figuran asociados a otras empresas registradas con categorías de alto riesgo crediticio (4 y 5) ante el BCRA.
En el plano legal, según se denunció, la permanencia de Gallo al frente de decisiones corporativas infringe directamente los artículos 264 y 265 de la Ley General de Sociedades, los cuales inhabilitan para ejercer cargos de administración a personas con condena firme por delitos contra la fe pública y la administración, marco bajo el cual Gallo acumula además una década sin presentar balances contables ni actas de asamblea.
El reclamo unánime de Marcelo Bosio y los trabajadores
Frente a la parálisis fabril, el reclamo del socio minoritario Marcelo Bosio y los trabajadores es tajante. A través de un comunicado urgente, las más de 100 familias trabajadoras afectadas denunciaron hallarse en un estado de absoluta desprotección tras acumular entre cuatro y siete quincenas de salarios sin cobrar. Los operarios exigen el pago íntegro de los haberes adeudados antes de avalar cualquier intento de apertura o “puesta en escena” clandestina.
En un comunicado difundido este martes, cuestionan que se promocionen presuntas inversiones de capital para exportar cuando Gallo carece de actividad económica lícita declarada, exigiendo que salde prioritariamente las deudas laborales y la multa de más de $9.423 millones de pesos impuesta en su contra por la Justicia Penal Federal por delitos contra el Estado.
Por su parte, Bosio denuncia el vaciamiento sistemático de la empresa y la simulación de maniobras contables. El accionista promueve la intervención de firmas conocidas del sector cárnico para reanudar la actividad con respaldo operativo e institucional. El principal oferente en este sentido es el Grupo Lequio, que actualmente tiene cinco frigoríficos en el país, entre ellos el Alberdi de Oro Verde.
La denuncia de Bosio ante la Justicia provincial
La crisis derivó en reiteradas denuncias policiales y penales formuladas por Marcelo Bosio ante la Unidad Fiscal de Victoria y la PROCELAC (Procuraduría de Lavado de Activos) entre mayo y junio de 2026. En sus presentaciones, el productor ganadero expuso el vaciamiento de la empresa Guillermo Huarte S.A., la insolvencia artificial mediante el desvío de ingresos hacia circuitos informales, el cese de pagos a proveedores y servicios (lo que derivó en el corte de luz por parte de Enersa) y el desmantelamiento informático tras la sustracción ilícita de ocho computadoras con documentación contable sensible.
La Fiscalía provincial desestimó las acusaciones por vaciamiento en el fuero ordinario al calificar el conflicto como una disputa estrictamente civil y comercial entre socios, declarando la incompetencia de la justicia provincial en materia de lavado de dinero y disponiendo remitir las actuaciones al fuero federal.
La situación actual en el Juzgado Federal de Victoria
Según se informó a ANÁLISIS, las investigaciones penales se concentran en el Juzgado Federal de Victoria, bajo la titularidad del juez Federico Martin, donde avanzan dos causas principales. La primera causa es por el delito de Falsedad ideológica en documento público, donde se investiga si Gallo cometió el delito previsto en los artículos 293 y 296 del Código Penal al intentar inscribir una sociedad en el registro de exportadores de la Aduana mediante la declaración falsa de no poseer inhabilitaciones legales, simulando para ello una cesión de acciones.
Aunque la fiscalía subrogante (a cargo de los fiscales federales de Rosario Matías Scilabra y Claudio Kishimoto) solicitó el archivo, el magistrado dispuso revisar el expediente para evaluar su conexidad con la causa segunda causa, más grave, por lavado.
Este segundo expediente nació por denuncias de Bosio impulsadas en 2026 y remitidas tras la incompetencia provincial y la intervención de PROCELAC. Se investiga la inyección de capitales de origen ilícito vinculados al Clan Loza dentro de las firmas Frigorífico Guillermo Huarte S.A. y Guillermo Huarte S.A.. El Juzgado Federal aceptó la competencia, la Fiscalía promovió la acción penal y el juez Martin citó a Marcelo Bosio para el próximo martes 6 de octubre para ratificar y ampliar la denuncia.
Cabe aclarar que, además, en la Secretaría Civil del mismo Juzgado Federal tramitan 51 ejecuciones tributarias promovidas por la ARCA contra Huarte S.A. debido a millonarios incumplimientos impositivos acumulados.
El testimonio del obrero Juan Carlos Perlo
El costado humano del conflicto quedó retratado en las palabras del trabajador Juan Carlos Perlo, quien se desempeñó entre abril de 2025 y mayo de 2026 en el lavadero de medias reses y cámaras de frío. Es uno de los 80 trabajadores que quedaron en la calle luego del cierre por las irregularidades mencionadas.
En diálogo con el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), Perlo relató: “Empezamos a protestar porque ya llevábamos cuatro quincenas sin cobrar un solo peso. Ahí la empresa me tomó a mí como si fuera el ‘puntero’ que organizaba los acampes y las protestas, y empezaron a darme suspensiones de a cinco días. Iba a trabajar, no me dejaban ingresar y así siguieron hasta que me dejaron directamente afuera. En total me quedaron debiendo siete quincenas que nunca me pagaron ni me van a pagar”.
Sobre la falta de trabajo en Victoria, el deterioro del predio y el manejo de Gallo, el obrero contó: “Acá en Victoria no hay mucha fuente laboral; lo único que sale son tareas rurales en el campo o changas de albañilería. El frigorífico era un motor importantísimo para la ciudad, pero esta señora, Estela Mari Gallo, lo tiene totalmente trabado haciendo contratos por su cuenta sin que firmen los demás socios. Hoy la planta está paralizada y las instalaciones se vienen abajo: las calderas y las cañerías de agua caliente están en pésimo estado porque todo se deteriora estando parado. Ella no quiere el frigorífico para darle trabajo a la gente, sino para seguir con el negocio del Clan Loza y usarlo como lavado de dinero. A los compañeros los tiene con engaños y falsas promesas de que los va a volver a tomar, haciéndolos ir y venir sin que pase nada”.
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