La Justicia condenó este martes a un abogado de 51 años que integró una asociación ilícita dedicada durante una década a cometer estafas inmobiliarias mediante la venta fraudulenta de terrenos ajenos y la falsificación de documentación en Santa Fe y la región.
Se trata de Javier Andrés Cóceres, quien aceptó mediante un juicio abreviado una pena de tres años de prisión efectiva. El acuerdo fue homologado por el juez Pablo Spekuljak y había sido alcanzado entre la fiscal Bárbara Ilera y la defensa del acusado.
El abogado fue declarado culpable por integrar una asociación ilícita en carácter de miembro; estafas reiteradas como autor, coautor y partícipe principal; ejercicio ilegal del corretaje inmobiliario y abuso de su profesión; además de falsificación de documentos privados y públicos, publicó AIRE.
Fue inhabilitado y deberá reparar a 27 víctimas
La sentencia estableció además la inhabilitación para ejercer la abogacía durante tres años y el corretaje inmobiliario por cinco años. Sin embargo, la Justicia dispuso otorgarle la libertad condicional debido a que llevaba más de dos años detenido.
El acuerdo judicial contempló una reparación económica destinada a los 27 damnificados identificados en la causa, que comenzó en 2024.
El monto acordado superó los 60 millones de pesos. La mitad fue abonada al momento de realizarse el juicio abreviado, mientras que el resto será cancelado en 15 cuotas.
Cómo funcionaba la organización
Con esta resolución, ya fueron siete las personas condenadas en el marco de la investigación que permitió descubrir el funcionamiento de una organización dedicada a comercializar fraudulentamente lotes sin autorización de sus verdaderos propietarios.
Según determinó la investigación, el grupo utilizaba como fachada agencias inmobiliarias y estudios jurídicos. Entre los nombres utilizados aparecieron “AS Inmobiliaria”, “J.C. Consultoría Jurídica” y “Javier Cóceres y Asociados”.
La captación de potenciales compradores se realizaba mediante publicaciones de terrenos en redes sociales y cartelería. Posteriormente, los integrantes mantenían reuniones con los interesados, les exhibían planos y les aseguraban que podrían tomar posesión de los inmuebles para construir, además de prometer una rápida escrituración y facilidades de pago.
Documentos falsos para aparentar legalidad
Los terrenos ofrecidos eran ajenos o quienes los comercializaban no contaban con la titularidad, administración ni autorización de sus legítimos propietarios.
Para dar apariencia de legalidad a las operaciones, la organización confeccionaba boletos de compraventa y cesiones de derechos apócrifos. Según la
investigación, inventaba cadenas de transmisión de dominio y utilizaba timbrados fiscales falsos, sellos de organismos oficiales, partidas inmobiliarias inexistentes y firmas falsificadas de escribanos.
A partir de esas maniobras, las víctimas entregaban importantes sumas de dinero en efectivo, realizaban transferencias bancarias o incluso entregaban vehículos como parte de pago.
Los documentos llegaban hasta los tribunales
El mecanismo continuaba con la utilización de la documentación adulterada para iniciar juicios de escrituración ante los Juzgados Civiles y Comerciales, con el objetivo de obtener resoluciones que otorgaran apariencia de legalidad a las operaciones fraudulentas.
Las víctimas descubrían finalmente el engaño cuando intentaban escriturar los terrenos y no podían hacerlo, eran intimadas por los verdaderos propietarios de los inmuebles o comprobaban que los loteos ofrecidos no estaban aprobados.
La condena de Cóceres se convirtió así en la séptima dictada en la causa iniciada en 2024 por las maniobras inmobiliarias fraudulentas.
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