El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió nuevas medidas para verificar las explicaciones que presentó Manuel Adorni sobre el origen de una parte central de su patrimonio, con especial foco en las operaciones con Bitcoin que el exjefe de Gabinete utilizó para justificar casi US$600.000.
La defensa informó la existencia de ocho direcciones de Bitcoin con las que Adorni habría operado entre octubre de 2014 y septiembre de 2018. Según esa presentación, la liquidación de esas tenencias le permitió obtener US$591.544,61, monto con el que buscó explicar los US$565.000 en efectivo que había declarado bajo el concepto de “venta de activos”.
Pollicita decidió ahora comprobar técnicamente esa explicación. Para eso, dispuso convocar al abogado de Adorni, Matías Ledesma, para que se presente en la Fiscalía junto con el perito de parte, el sobre cerrado que contiene las claves privadas y una computadora portátil.
El especialista de la defensa deberá ingresar a las cuentas mediante una billetera de administración, como Sparrow o Electrum, y utilizar la función “Sign” o “Verify Message” para firmar, desde cada una de las ocho direcciones, un mensaje que será entregado por la fiscalía en ese mismo acto.
Después intervendrá personal técnico especializado de la Policía Federal Argentina, que realizará una verificación criptográfica. Para eso, cargará las direcciones, el mensaje entregado por la fiscalía y la firma generada por la defensa, con el objetivo de determinar si existe correspondencia entre esos elementos y dejar constancia del resultado obtenido para cada una de las ocho direcciones.
El procedimiento será grabado y las claves privadas permanecerán bajo resguardo de la defensa. Pollicita pidió además autorización al juez federal que interviene en la causa para concretar la medida y, en caso de obtenerla, coordinar la fecha y hora con los abogados de Adorni.
La defensa había acompañado un informe técnico de análisis forense y actuaciones notariales con las que buscó acreditar la titularidad de las billeteras. También informó que las claves privadas habían quedado guardadas en un sobre cerrado y lacrado para ser utilizadas únicamente ante un requerimiento judicial.
La defensa había explicado que parte del capital utilizado desde 2014 provenía de ahorros familiares anteriores, generados a partir de la actividad profesional del matrimonio. A partir de esa respuesta, el fiscal consideró necesario reconstruir la situación patrimonial y los ingresos de ambos desde el inicio de su vida económica activa y hasta fines de 2011.
Por eso, pidió a la ANSES la historia laboral completa de Adorni desde febrero de 1998 y de Angeletti desde octubre de 2000 (cuando alcanzaron la mayoría de edad), con detalle de remuneraciones, empleadores, aportes, períodos trabajados y actividad autónoma o monotributista.
También solicitó información sobre todos los inmuebles y vehículos que hayan estado a nombre de ambos durante ese período, y requirió determinar si integraron sociedades, asociaciones o fundaciones o si tuvieron cargos de administración o representación.
A la vez, Pollicita pidió al juez ampliar el levantamiento del secreto fiscal de Adorni y Angeletti para períodos específicos de su vida económica. Si la medida es autorizada, ARCA deberá remitir declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales, actividades declaradas, categorías tributarias, información de terceros y posibles adhesiones a blanqueos o moratorias.
El organismo también deberá informar las operaciones de compra de moneda extranjera registradas a nombre de ambos entre enero de 2011 y diciembre de 2015, con fechas, montos, entidades intervinientes y destino declarado de los fondos.
Las nuevas medidas se producen después de que Adorni respondiera un cuestionario de 20 puntos elaborado por Pollicita para justificar la evolución de sus bienes durante el período investigado. La pesquisa abarca su paso por la función pública, entre diciembre de 2023 y junio de 2026.
Según la reconstrucción aportada por Adorni, las ganancias generadas con criptomonedas fueron utilizadas posteriormente para afrontar distintos gastos, inversiones y operaciones inmobiliarias, entre ellas las obras del country Indio Cuá y la compra de un departamento en la calle Miró, en Caballito.
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