Numerosas organizaciones alertaron por la denuncia que recibió la jueza Laura De Marinis ante el Consejo de la Magistratura, tras haber declarado la inconstitucionalidad de la baja de edad de punibilidad en un caso concreto.
“Las organizaciones firmantes expresamos preocupación por la decisión del ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires de denunciar a la jueza porteña Laura De Marinis ante el Consejo de la Magistratura, por haber declarado la inconstitucionalidad de la baja de la edad de punibilidad en un caso concreto. Este tipo de denuncias constituye una injerencia indebida a la independencia judicial, erosiona la separación de poderes y debilita la capacidad de los tribunales para desempeñar su función en resguardo del estado de derecho y de los derechos fundamentales”, señalaron en un comunicado conjunto enviado a ANÁLISIS.
Recordaron que “la jueza De Marinis, en un fallo sustentado en el derecho internacional de los derechos humanos y en las recomendaciones de los organismos especializados del sistema internacional de protección de niños, niñas y adolescentes, entendió que en el caso concreto no correspondía perseguir penalmente a un adolescente de 14 años que había sido detenido por un intento de robo de un celular. Ese fallo se hizo eco de la especial protección que tienen los niños, y en que la sanción penal debe ser el último recurso del Estado frente a niños, niñas o adolescentes. Entendió que en ese caso, el mundo adulto había fallado y no había dado ni contención ni ningún otro tipo de guía frente a una situación social crítica que atravesaba la familia del niño”.
Manifestaron que “más allá del acierto o no de la solución adoptada en su carácter de jueza especializada en niñez —cuya resolución resulta eventualmente recurrible—, la reacción del Poder Ejecutivo de la Ciudad y de otras figuras políticas del oficialismo pone en riesgo la independencia judicial necesaria para que el Poder Judicial pueda cumplir con su función de garantizar el estado de derecho en un sistema democrático. Esto es lo más preocupante de este ataque que sufrió la jueza”.
Como señaló recientemente la Relatora Especial sobre la Independencia de los magistrados y abogados de las Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, “los jueces pueden ser objeto de sanciones disciplinarias, entre ellas la suspensión o la destitución, en formas que atentan contra los derechos humanos y los valores democráticos, por ejemplo, cuando se los sanciona por su labor en defensa de los derechos humanos de grupos que sufren el oprobio social”. A su vez, agregó: “Las medidas disciplinarias de motivación política descritas anteriormente pueden minar la capacidad de los sistemas de justicia para cumplir su función democrática esencial y debilitar la confianza pública en ellos. Los jueces pueden sufrir un efecto amedrentador o ´disuasorio´, susceptible de influir en el contenido de sus decisiones, reducir la independencia judicial y socavar el estado de derecho”. Esto es lo que está sucediendo en este caso.
“Es por ello que las organizaciones firmantes expresamos preocupación frente a lo realizado por el Poder Ejecutivo de la Ciudad, y solicitamos al Consejo de la Magistratura que archive prontamente esta denuncia, que pone en riesgo la vigencia de la independencia judicial, el estado de derecho, y en definitiva, el sistema democrático en la Ciudad de Buenos Aires”, cerraron.
Las organizaciones firmantes son:
- Red de Abogados y Abogadas por los Derechos en Acción (RADA)
- Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
- Amnistía Internacional Argentina
- Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)
- Asociación Pensamiento Penal (APP)
- Asociación por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
- Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM)
- Fundación Sur Argentina
- La Poderosa
- Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia de Argentina, integrada por:
- Asociación Civil de Familiares de Detenidos (ACIFAD);
- Fundación Emmanuel;
- ADI Capital,
- Asociación Azul,
- Asociación Civil Surcos (Provincia de Buenos Aires);
- DONCEL (trabajo nacional con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires);
- Colectivo Cordobés por los Derechos de Niños, Niñas y Jóvenes;
- Servicio Habitacional y de Acción Social SEHAS (Provincia de Córdoba);
- Foro provincial por la Niñez y Adolescencia;
- Movimiento Pampeano y Popular por los Derechos Humanos (Provincia de La Pampa);
- Práctica Alternativa del Derecho PRADE (Provincia de Santiago del Estero);
- Abogadas y Abogados del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales ANDHES (Provincia de Salta, Jujuy y Tucumán);
- Asociación Civil Crecer Juntos (Provincia de Tucumán);
- Asociación para la promoción y protección de los derechos humanos XUMEK (Provincia de Mendoza);
- Chicos.net (Ciudad Autónoma de Buenos Aires);
- El Hormiguero (Provincia de Santa Fe);
- El Amanecer (Provincia de Formosa);
- La Comunitaria (Provincia de La Pampa y Buenos Aires).
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