El abogado peronista Mariano Giampaolo pidió al Ministerio Público Fiscal de Paraná que investigue los 22 contratos que en 2024 aparecieron a nombre del senador de Diamante, José Gustavo Vergara, expresidente del bloque oficialista. El legislador respondió con un descargo en sus redes, según pudo determinar ANÁLISIS. Detrás del cruce asoma una pulseada política: el peronismo devuelve el golpe por la causa de los contratos legislativos de 2008-2018, ya elevada a juicio.
El sello de la Unidad Fiscal de Paraná quedó estampado sobre la última hoja del escrito: recibido el 17 de septiembre de 2026. Cuatro fojas, sin prueba adjunta, según anotó a mano el empleado de Mesa de Entradas. Con ese trámite de rutina, el abogado penalista Rafael Mariano Giampaolo, de Concordia, dejó formalmente abierta la puerta para que el Ministerio Público Fiscal investigue el destino de los fondos de veintidós contratos que la administración del Senado de Entre Ríos imprimió en un listado el 28 de octubre de 2024, vinculados con la senaduría de José Gustavo Vergara, el hombre del departamento Diamante que entonces presidía el bloque oficialista de Juntos por Entre Ríos.
La denuncia no lleva nombres propios en el banquillo. Está dirigida “contra quienes resulten responsables” por el posible desvío de fondos públicos mediante contrataciones vinculadas con esa senaduría. Pero el objeto es inequívoco: el letrado pide la apertura de la investigación penal preparatoria y un paquete de medidas urgentes de preservación y producción de prueba. Los hechos, dice, podrían encuadrar en peculado y defraudación contra la Administración Pública mediante contratos simulados o administración infiel, y, según lo que se acredite, en malversación, negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, exacciones ilegales y falsedades documentales.
El punto de partida es periodístico. Giampaolo dice haber tomado conocimiento del listado a través de dos publicaciones periodísticas de la provincia. Allí se individualizaron 22 contratos vigentes entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2024, con un total consignado de 65.950.000 pesos, aunque la suma de los importes individuales sería superior y rondaría los 80 millones. Tampoco está claro si esos montos eran mensuales o correspondían a toda la vigencia contractual. Esa misma ambigüedad es la que el abogado convierte en argumento: justamente porque no se sabe, hay que investigar.
La hipótesis que somete a la fiscalía es conocida en los tribunales de Paraná. Determinar si esas contrataciones respondieron a prestaciones reales o si algunas fueron usadas para girar dinero a personas que sólo aportaban su nombre, conservaban una parte de lo acreditado o permitían que terceros dispusieran de la totalidad. Bajo ese esquema, escribe Giampaolo, los fondos podrían haber sido reintegrados al propio senador, a personas encargadas de gestionar los contratos o a otros beneficiarios, para atender fines particulares o políticos ajenos a los servicios invocados. Y lo resume en cuatro preguntas: qué se contrató, quién trabajó, quién certificó las tareas y quién dispuso finalmente del dinero.
El abogado no disimula la referencia. La modalidad que propone verificar, admite en el escrito, guarda semejanza con la investigada en la denominada “causa contratos” de la Legislatura entrerriana, y cita crónicas periodísticas sobre contrataciones con personas que habrían prestado su nombre sin cumplir tareas, además de testimonios de actuaciones iniciadas en Concordia sobre posibles inversiones del producido. Ese antecedente, dice, orienta las comprobaciones, cuya pertinencia deberá establecerse mediante coincidencias concretas de personas, operaciones o mecanismos.
El pedido de relevamiento no se limita a los veintidós contratos difundidos. Giampaolo solicita que abarque todas las contrataciones vinculadas con Vergara desde diciembre de 2023 hasta la presentación de la denuncia, tanto en su despacho de Paraná como en dependencias de Diamante y en el bloque legislativo, en cuanto hubiera intervenido en su propuesta, gestión o certificación. La comprobación inicial, propone, debe concentrarse en el listado conocido y extenderse a otras operaciones cuando los elementos reunidos lo justifiquen.
El arsenal de medidas
Lo más extenso del escrito es el capítulo de prueba, y allí se nota la mano de un penalista que conoce el manual de las investigaciones de corrupción. Pide habilitación de días y horas inhábiles para las medidas urgentes de preservación, con orden de conservar documentación, registros digitales y respaldos, e impedir su eliminación rutinaria. Si algún registro ya no existiera, dice, deberá informarse cuándo y por qué fue eliminado y si subsiste en otro soporte.
A la Presidencia, la Secretaría Administrativa, Recursos Humanos, Contaduría y Tesorería del Senado les reclama la nómina completa de contratos del período, con beneficiarios, DNI o CUIT, domicilios, montos, vigencia, tareas, lugar y modalidad de prestación, y los funcionarios que los propusieron, aprobaron y certificaron. Quiere los expedientes íntegros: currículums, antecedentes de selección, contratos y anexos, facturas, informes de tareas, certificaciones, órdenes de pago, retenciones, constancias de transferencias y formularios de CBU con sus modificaciones. También las auditorías y observaciones del Tribunal de Cuentas, el organismo cuya omisión de controles permitió, según los fiscales de la causa madre, que la maniobra de la década anterior se extendiera sin ser detectada.
Pide oficios al Renaper y a la Justicia Electoral para cotejar domicilios; autorización judicial para levantar el secreto bancario en los términos del artículo 39 de la Ley 21.526; circularización al Banco Central para identificar cuentas, titulares, cotitulares, apoderados y autorizados; y a las entidades financieras y proveedores de cuentas de pago, los movimientos completos en formato procesable, con saldos, fechas, horas, importes, cuentas de origen y destino, legajos de apertura, entrega y activación de tarjetas, teléfonos y correos asociados, dispositivos e IP. La reconstrucción, propone, debe comprender las cuentas pagadoras del Senado y las receptoras de los contratos, y extenderse a Vergara, colaboradores, familiares o terceros cuando se establezcan conexiones económicas u operativas concretas. Para los contratos de octubre a diciembre de 2024 sugiere una ventana inicial de septiembre de 2024 a marzo de 2025.
El detalle llega hasta los cajeros automáticos. Respecto de las extracciones relevantes, requiere al banco emisor, al operador del cajero y a la red interviniente la identificación de la terminal, fecha, hora, importe, comprobante y las imágenes que subsistan. El cotejo, explica, deberá establecer si una misma persona utilizaba tarjetas de distintos contratados, si existían retiros sucesivos en iguales lugares y horarios y si el efectivo era luego entregado a terceros. Es, casi punto por punto, la mecánica que la fiscalía anticorrupción probó en la causa de los contratos truchos, donde el efectivo salía de las cuentas de los contratados de papel y volvía, por vías informales, a manos de quienes armaban el circuito.
Hay más: oficios a Personal, Claro y Movistar para identificar titularidades y registros de llamadas de los beneficiarios y de las personas vinculadas con la gestión y cobro de los contratos, incluidas las líneas de Vergara y las fijas de su despacho; preservación y pericia de mensajes, audios y correos; allanamientos y extracciones informáticas si surgen fundamentos concretos; informes de ARCA y de los registros de inmuebles, automotores y sociedades; movimientos migratorios y pasajes; declaraciones separadas de contratados, supervisores y personal administrativo, con la protección del artículo 259 del código procesal cuando existan riesgos de amedrentamiento; y la designación de peritos contable e informático para reconstruir el recorrido del dinero desde la orden de pago hasta su disposición final.
Entre los fundamentos, Giampaolo invoca la Instrucción General 073/2018 del procurador Jorge Amílcar Luciano García, que reconoce las dificultades de investigar la corrupción política y reclama enfocar esos hechos con todo el arsenal de recursos humanos y tecnológicos disponibles. Y cita un antecedente reciente: la resolución del Juzgado de Garantías N° 5 de Paraná, a cargo de Elbio Osir Garzón, del 11 de septiembre de 2025, en la causa “Albarenque Rubén Darío y otros s/su denuncia”, donde quedó documentada la apertura de una investigación del fiscal Gonzalo Badano por presuntas irregularidades contractuales del entonces IOSPER. Pide que se comunique la denuncia a la Fiscalía de Estado para que evalúe intervenir como actor civil en defensa del patrimonio provincial, reclama la revisión automática del artículo 210 en caso de desestimación o archivo y deja planteada la cuestión federal para llegar, si hiciera falta, a la Corte Suprema.
En el parte de prensa que distribuyó tras la presentación, el abogado fue más llano. Sostuvo que la denuncia no pretende reemplazar las obligaciones que ya pesan sobre la Justicia ni anticipar responsabilidades penales, sino algo más elemental: que se investigue. “La transparencia democrática no puede depender exclusivamente de declaraciones públicas, se demuestra abriendo registros, preservando los documentos, siguiendo el dinero y permitiendo que la Justicia investigue”, afirmó. Y agregó que lo verdaderamente importante no es la cifra sino que existen caminos objetivos para saber quiénes cobraron realmente ese dinero y para qué. “El dinero abonado es del Estado, es público”, remató.
El descargo del senador
Vergara eligió Facebook para responder, y lo hizo con el tono de quien se siente agraviado. Habló de “varios días atravesados por una campaña de difamación, construida sobre publicaciones y acusaciones falsas y agraviantes”, y aclaró que expresaba su posición “por única vez”, no para alimentar una polémica sino por respeto a quienes lo conocen y confían en él.
El senador sostuvo que en su vida pública no tuvo reproche alguno sobre la administración de los recursos que le tocó manejar, y consideró desproporcionada la opinión de quienes no conocen su historia. Sobre su patrimonio, fue enfático: no es un secreto, está declarado y a disposición de los organismos de control. Dijo haber vivido siempre de su trabajo y, durante el ejercicio de funciones públicas, de la remuneración que legalmente corresponde. “No tengo nada que ocultar respecto de mi patrimonio, ni antes, ni durante, ni después de mi paso por la función pública”, escribió.
Luego pasó a los números. Desde que el actual gobierno inició la gestión, afirmó, en la Cámara de Senadores se redujeron todos los gastos: los contratados pasaron de 691 a 234, y la planta permanente de 226 agentes a 185. “Personalmente, nunca administré ni manejé fondos del Senado de la Provincia de Entre Ríos”, aseguró.
El párrafo central de su descargo es el que intenta desarmar la denuncia desde la raíz. En 2024, explicó, firmó 22 contratos de los casi 700 que existían al inicio de la gestión, cuando ejercía la presidencia del bloque de Juntos por Entre Ríos. “Esos contratos correspondían al bloque y fueron suscriptos por mí en ejercicio de esa función institucional. No eran contratos de mi equipo personal como senador por el Departamento Diamante”, precisó. Hoy, en septiembre de 2026, dijo tener tres personas contratadas que forman su equipo como senador, información que, subrayó, es pública a partir de la actual gestión.
El cierre fue político, sin nombres pero con destinatario. “Quieren y creen que borrar el pasado es fácil con este circo mediático, y yo como cualquier otro entrerriano de bien entendemos y no olvidamos cada una de las actitudes que tuvieron”, escribió. Y terminó agradeciendo los mensajes de apoyo: “No vamos a aflojar”.
La respuesta que faltaba
Para entender el cruce hay que mirar el calendario judicial y el mapa político. La denuncia de Giampaolo llega en el mismo mes en que la jueza de Garantías Marina Barbagelata cerró la remisión a juicio de la causa de los contratos truchos de la Legislatura, la investigación por corrupción más grande en la historia de Entre Ríos. Entre 2008 y 2018, según la acusación, se desviaron más de 53 millones de dólares a través de casi 800 contratos falsos en ambas cámaras, con un estudio contable de calle Misiones como usina de facturas y un circuito de efectivo que volvía a la política. Diecisiete imputados irán a juicio oral; otros doce ya obtuvieron la suspensión del proceso a prueba. Y desde fines de 2025 corre una segunda causa que apunta a las autoridades parlamentarias de aquellos años, con citaciones a Sergio Urribarri, Adán Bahl y José Eduardo Lauritto, entre otros.
Ese período coincide con las gestiones de Urribarri y con el primer gobierno de Gustavo Bordet, cuando Bahl era vicegobernador y, por lo tanto, presidente del Senado. Es decir, el peronismo que gobernó la provincia durante dos décadas es el que carga hoy con el costo político de la causa, y el oficialismo de Rogelio Frigerio la usó como bandera: el gobernador pidió a los presidentes de las cámaras la nulidad administrativa de los contratos y reivindicó haber reducido a la mitad la nómina de contratados del Poder Legislativo. Los números que ahora exhibe Vergara en su descargo, de 691 a 234, son parte de ese mismo relato.
En ese escenario, el listado de los 22 contratos de 2024 fue para el peronismo una oportunidad de dar vuelta el espejo. Y el mensajero no es casual. Rafael Mariano Giampaolo no es un abogado ajeno a la política: fue concejal de Concordia entre 2007 y 2015 y presidió el Concejo Deliberante durante buena parte de la intendencia de Gustavo Bordet, hasta que éste dio el salto a la gobernación. Sigue siendo un dirigente del Partido Justicialista de la capital del peronismo entrerriano, con intervenciones públicas sobre la reconstrucción del partido y la necesidad de recuperar el rol de oposición. En junio de este año ya había presentado otra denuncia penal, por la contratación directa del servicio de recolección de residuos de Concordia con la firma VITSA, que las concejalas justicialistas de esa ciudad reclaman que avance. La ofensiva contra Vergara se inscribe en esa línea: el peronismo concordiense, que perdió la intendencia en 2023 por primera vez en cuatro décadas, busca disputar la agenda de la transparencia que el oficialismo se apropió con la causa de los contratos truchos.
El argumento de Giampaolo tiene, además, un filo que el propio Vergara ayudó a afilar. Al reconocer que firmó los 22 contratos como presidente de bloque y que no eran de su equipo personal, el senador trasladó la responsabilidad del uso de esos fondos a una estructura colectiva. La pregunta que el abogado plantea en su escrito es precisamente ésa: quién propuso, quién certificó las tareas y quién dispuso finalmente del dinero. Si los contratos eran del bloque, la fiscalía tendrá que establecer qué hicieron esas 22 personas, en qué despachos, bajo la supervisión de quién y con qué resultado documentado.
Hay una diferencia de escala que ninguno de los dos actores puede ignorar. La causa de los contratos truchos involucró cientos de contratos y una década de funcionamiento; el listado de Vergara son 22 contratos de un trimestre. Pero la mecánica que la fiscalía anticorrupción probó en la causa madre dejó una lección que los propios fiscales Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano repitieron en las audiencias: la magnitud del desvío no se conoció por la denuncia, sino por seguir el dinero. Un policía de custodia en una sucursal del Banco de Entre Ríos vio algo raro con unas tarjetas de débito en septiembre de 2018, y de esa observación menor nació todo lo demás.
Giampaolo apuesta a que la fiscalía aplique el mismo método. Vergara apuesta a que su descargo alcance para desactivar la sospecha. Lo que sigue depende de la Unidad Fiscal de Paraná: debe decidir si abre la investigación penal preparatoria, asignar fiscal y número de legajo, y resolver sobre las medidas de preservación urgente. El abogado ya anticipó que ante demoras o denegatorias irá a la superioridad fiscal y al juez de Garantías. Por ahora, el expediente tiene un sello de recepción, cuatro fojas y ninguna prueba adjunta. Es, como reconoce el propio denunciante, un pedido para que se investigue. En Entre Ríos, después de la causa de los contratos truchos, ya nadie puede decir que eso es poco.
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