Los abogados Damián Petenatti y Miguel Ángel Cullen presentaron el recurso de apelación contra el procesamiento con prisión preventiva dictado el 10 de septiembre por el juez federal Leandro Ríos contra el abogado y comisario de la Policía de Entre Ríos, Daniel Alejandro Rosatelli. El escrito presentado ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná sostiene que no existe nexo alguno entre la operación de compra de la camioneta Citröen Jumper el 4 de noviembre de 2025 y su hallazgo el 13 de febrero de 2026 con 1.345 kilos de marihuana en La Paz. Además, cuestiona que se inflaron los movimientos de sus cuentas bancarias y financieras y sus bienes.
Un punto fuerte del argumento de la defensa es que el vínculo entre Rosatelli en noviembre y quien dirigió la operación narco tres meses después, Juan Esteban Siebenlist Bustos, porque el día de la compra del vehículo la camioneta no fue a la casa de este hombre que está prófugo, sino que paró justo en frente, por calle Pronunciamiento, donde vive el cuñado del vendedor del vehículo, Jonathan Barbieri.
Por otro lado, hay una disputa interpretativa: la búsqueda por parte de Rosatelli de no dejar rastro en la operación comercial, para el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, es un fuerte indicio de su participación; para los defensores, es la ausencia de pruebas de ese rol que le endilga.
Hay cuestiones que no terminan de ser aclaradas en él recurso de apelación: ¿qué hacía un abogado y comisario en medio de la rosca de personajes del ambiente delictivo que intervinieron en la compra-venta del utilitario? ¿A qué obedeció su intervención?
Tampoco se aclara la golpiza que Rosatelli le propinó a un intermediario en la compra del vehículo, en una habitación de la sede de la Asociación Suma de Voluntades: la defensa afirmó que se trató de una discusión por el precio de una obra, por la cual se habían reunido.
Los defensores aclararon inicialmente que no discuten varios aspectos del caso: que la Citroën Jumper fue verificada el 4 de noviembre de 2025 en la sede policial de Avenida Zanni de Paraná, que ese mismo día estuvo cerca del domicilio de Rosatelli, que hubo un conflicto de pago que derivó en una denuncia por estafa, que en la sede de la ONG hubo un altercado con Sixto Maciel y que, tres meses después, la misma camioneta apareció en La Paz con el cargamento de droga. Lo que impugnan es el razonamiento y las inferencias realizadas por el juez federal Leandro Ríos para conectar los hechos y así considerar que Rosatelli fue el artífice de la compra del vehículo en las sombras para ponerlo a disposición del transporte narco.
“Dos eventos distintos”
El argumento general de la apelación es que la resolución da por probado un vínculo subjetivo entre dos episodios que, según sostienen, nunca fueron conectados por prueba directa: la operación de compraventa de la camioneta en noviembre y su aparición cargada de droga en febrero. “Existen dos eventos distintos que la investigación no ha podido acreditar de ninguna manera que se encuentren conectados subjetivamente por una intencionalidad común y organizada entre los imputados”, afirmaron. Y agregaron que, para completar esa conexión, el juez recurrió a lo que definen como “una entusiasta serie de conjeturas que no encuentran respaldo alguno con las pruebas reunidas”.
Los defensores sostienen esta afirmación en la declaración del jefe de la investigación, el comisario Adrián Alfredo Ramos, con la que, afirman, “se acredita que no existe tan sólo una conexión entre nuestro defendido y la organización del transporte del estupefaciente que permita tenerlo -ni siquiera estimativamente- como probable autor de dicho delito”.
La verificación en la planta: “suposiciones desvirtuadas”
Uno de los primeros indicios que había usado el juez para sostener que Rosatelli movía los hilos de la compra era que la Citroën Jumper fue verificada sin turno en la Planta Verificadora de Paraná por orden suya. La defensa lo niega con la propia declaración de Jonathan Barbieri (el vendedor) que primero dijo una cosa y después otra: contó que “esa persona con la que habló por teléfono (presuntamente Rosatelli) le pide (a Martín Pelizzari, intermediario del comisario) que la llevemos a verificar a la planta verificadora, sin turno”. Pero después precisó que quien hizo la gestión fue Pelizzari, no Rosatelli, al llegar a la planta y llamar por teléfono en la puerta. Con esa contradicción, los defensores concluyen que “quien llamó para conseguir un turno, o bien ser atendido sin turno previo, había sido Pelizzari y no Rosatelli, quedando completamente desvirtuadas las suposiciones del Magistrado contra nuestro defendido”. A eso suman que el propio verificador, Marcos Ismael Naumoff, “no dice haber recibido pedido alguno de Rosatelli, incluso declara no conocerlo”.
Sobre el otro dato que el juez había destacado como sospechoso —que la camioneta tenía un pedido de secuestro vigente al momento de la verificación y que sin embargo salió “sin novedades”—, la apelación sostiene que ese pedido nunca figuró en las consultas de dominio disponibles ese día, y que lo único registrado entonces era una prohibición de circular por una denuncia de venta, “circunstancia que no obsta a la verificación y ni siquiera a la transferencia del rodado”.
El 4 de noviembre: negociaciones y videos del 911
La resolución había calificado de “operación opaca” el encuentro entre Pelizzari y Barbieri en la calle 25 de Mayo, frente al Club Echagüe, donde el 4 de noviembre del año pasado dejaron la camioneta estacionada, para que Rosatelli pudiera mirarla, e interpretó que se buscó alejar a Barbieri unos metros para preservar la identidad del verdadero comprador. Los defensores afirmaron que “resulta inexplicable que el supuesto encuentro clandestino se realizara precisamente en frente o en inmediaciones de su propio domicilio, en plena vía pública y en un sector sometido a videovigilancia policial por el domo policial”. Y agregaron: “No se escogió un lugar apartado, reservado o ajeno a Rosatelli, sino un espacio público próximo a su domicilio y alcanzado por un domo de seguridad”.
El tramo del pago por la camioneta realizada ese mismo día en horas de la tarde, mediante una entrega de 2.400 dólares y cheques entregados por Pelizzari, y dos transferencias de un millón de pesos cada una hechas por Claudio Luna, también es cuestionado por la defensa. La resolución había señalado que Rosatelli “no efectuó personalmente transferencia alguna” y que esa fragmentación de tareas era “compatible con una deliberada estrategia” para no dejar rastro.
Petenatti y Cullen retrucaron: si la intención era ocultarse, ¿por qué la operación se cerró a metros del “domicilio que tenía públicamente declarado ante el Colegio de la Abogacía”? Sostienen que se contradice con la hipótesis del ocultamiento: “una abogada del propio estudio de Rosatelli -María Florencia Domingo- fue quien solicitó dos informes de dominio sobre la camioneta, por lo cual, si la finalidad era evitar cualquier conexión con el vehículo, ¿por qué generar voluntariamente registros documentales que permitían establecer justamente esa vinculación y su trazabilidad?”.
Sobre la orden de las transferencias de dinero atribuida a Rosatelli, los defensores afirman que “no surge de ningún lugar más que de una suposición tan infundada como equivocada del a quo y acerca de la cual no explica en qué evidencia se basa”, y agregan que fue el propio Luna quien declaró haber actuado por pedido de Pelizzari, no de Rosatelli.
Los llamados telefónicos
La resolución había presentado un cruce de comunicaciones entre distintos abonados como prueba de “connivencia” entre Rosatelli, Pelizzari y Luna. La defensa sostiene que esa conexión se disuelve: el único contacto directo que registran los llamados analizados es, según el escrito, una comunicación de tres segundos, el 26 de diciembre, entre una tercera persona y el abonado atribuido a Rosatelli. “No existe, entonces, el intercambio entre Rosatelli, Pelizzari, Luna y los restantes abonados que presenta la resolución, ni tampoco surgen comunicaciones entre las líneas de Rosatelli y la atribuida a Claudio David Luna”, afirman.
La golpiza en la ONG: “por un tema de una obra”
Quizás el episodio más grave que pesa sobre Rosatelli y explicaría su preocupación ante la denuncia por estafa realizada por Barbieri (a quien le pagaron la camioneta con cheques falsos) es la golpiza a Sixto Maciel en la sede de Suma de Voluntades, con el objetivo, según estos testigos, de levantar la denuncia. Esto es interpretado por los abogados defensores de otra manera. Según el escrito de la apelación, Maciel vinculó la discusión con un contrato de obra que buscaba conseguir de la ONG, no con la camioneta: “Discutimos yo y Daniel por el tema de la obra”, habría declarado el propio Maciel. Remarcan además que la cronología que arma el juez resulta materialmente imposible: la denuncia de Barbieri contra Pelizzari —que ni siquiera mencionaba a Rosatelli— se radicó a las 16, y la golpiza ocurrió a las 17:30. “¿Supone el juez que en una hora y media Rosatelli tomó conocimiento de una denuncia que no lo mencionaba, luego de ello a través de Avellaneda logró una reunión con éste más Maciel, Pastrana y (Anabella) Albornoz (…) y allí luego lo golpeó para que levante una denuncia que no había radicado Maciel y que tampoco había sido presentada contra él?”, preguntaron. Además, apuntaron: “Una denuncia penal no se ‘levanta’ ni desaparece por voluntad del denunciante”, algo que “necesariamente sabía” un abogado penalista y oficial de policía como Rosatelli.
La defensa plantea otro razonamiento mediante otra pregunta: “¿Resulta razonable pensar que para una operación de semejante magnitud -un cargamento de más de 3 millones de dólares- se asumiría el riesgo de utilizar, tres meses después, una camioneta de escaso valor comparativo que ya estaba individualizada, denunciada y con pedido de secuestro, cuando durante todo ese tiempo podían disponer de cualquier otro vehículo?”.
El recorrido de la camioneta
Otro de los agravios del recurso señala lo que los abogados consideran un error de lectura de las cámaras del 911. El procesamiento sostiene que la Jumper, tras el encuentro del 4 de noviembre, “fue trasladada a calle Pronunciamiento a la altura del catastral 500, donde se encuentra el domicilio de Juan Esteban Siebenlist Bustos” —el prófugo señalado como organizador logístico del transporte de febrero—. La defensa, con capturas de la filmación del domo de Avenida de las Américas y Pronunciamiento, afirma que eso es falso: la camioneta se detuvo en realidad frente al domicilio de Emmanuel Wursten, cuñado de Barbieri, mientras que Siebenlist Bustos vive “al 517 del otro lado de la calle, lugar donde hubiera sido coherente estacionarla de haber sido llevada hacia su domicilio”. El escrito califica esa atribución como un intento de “vincular a Rosatelli con Siebenlist Bustos -un coimputado a quien nuestro defendido no conoce y con quien nunca en su vida ha tenido vinculación alguna-”.
También analizaron el único contacto documentado entre Rosatelli y la camioneta aquel 4 de noviembre. La defensa remarca que, incluso en la reconstrucción de los propios investigadores, “no hay rastro de que el vehículo haya sido conducido hacia Siebenlist Bustos ese día, y que tampoco pudo establecerse quién tenía la camioneta el 30 de enero, cuando salió definitivamente de Paraná con el nuevo dominio ya colocado”.
Los movimientos bancarios: “una ficción financiera”
Los abogados se explayaron para contrarrestar la lectura que el juez hizo de la situación patrimonial de Rosatelli, que la resolución había calificado de “desproporcionada” respecto de su sueldo de comisario (algo más de 2 millones y medio de pesos). La defensa sostiene que el análisis mezcla períodos distintos, cuenta dos veces el mismo dinero cuando pasa de una cuenta a otra del mismo titular y confunde rescates de inversiones con ingresos nuevos. En sus palabras, se trata de “un error clásico de duplicación de saldos por movimientos internos, también conocido en finanzas y peritajes como ‘inflado de flujos’”, que termina generando “una verdadera ficción financiera”.
Puntualmente, el escrito cuestiona que se hayan contabilizado ocho propiedades inmuebles a nombre de Rosatelli. Según el cruce que hicieron con datos actualizados de ARCA y de ATER, esas ocho referencias corresponden en realidad a registros históricos repetidos, y la titularidad actual se limita a tres inmuebles —su vivienda de avenida Echagüe 550, una propiedad en Chajarí y un terreno en Paraná— más un Honda Civic 2018.
Además, afirmaron que “la información bancaria examinada no documenta una transferencia de Rosatelli a Pelizzari o Luna ni una salida compatible con el precio y la modalidad de pago atribuidos”.
El pedido de libertad
Los defensores cuestionaron en forma subsidiaria la prisión preventiva: “La investigación ha avanzado de manera ostensible (…) quedando así todavía más reducida -hasta prácticamente desaparecer- cualquier posibilidad de que el Dr. Rosatelli pudiera interferir en la producción de prueba testimonial”, sostuvieron.
Sobre la negativa de Rosatelli a entregar la clave de acceso a su teléfono celular IPhone 17, la defensa responde que se trata del ejercicio de una garantía constitucional, no de un indicio de entorpecimiento de la investigación: “El imputado no tiene la obligación jurídica de colaborar con la investigación que se dirige en su contra”, plantean, y agregan que el dispositivo ya está en poder de la Justicia, que puede peritarlo sin necesidad de la clave.
Como pedido subsidiario final, la defensa solicitó que, de no prosperar la libertad lisa y llana, se sustituya la prisión preventiva por medidas alternativas —presentaciones periódicas, prohibición de salida del país, caución— o, en su defecto, arresto domiciliario en el departamento de Rosatelli en calle Echagüe, con monitoreo electrónico si la Cámara lo considera necesario.
Se aguarda conocer la fecha de la audiencia ante la Cámara Federal de Apelaciones donde se deberá discutir estas cuestiones entre defensores y el Ministerio Público Fiscal, para luego conocer si los camaristas revocan o modifican el procesamiento, la prisión preventiva y el embargo dictados por el juez Ríos.
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