La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) presentó ante la Secretaría General de la Presidencia una carta dirigida al presidente Javier Milei para pedir cambios en el proyecto de ley de biocombustibles que se encuentra en tratamiento en el Senado. La entidad, que según indicó agrupa a la totalidad de las pymes productoras de biodiésel de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis, sostuvo que el esquema previsto pone en riesgo la continuidad de esas empresas.
La carta fue firmada por Federico Martelli, director ejecutivo de Cepreb y se produjo mientras continúa la negociación por el nuevo régimen. El proyecto que obtuvo dictamen el 3 de septiembre eleva el corte obligatorio de biodiésel del actual 7,5% al 10% a los 12 meses de sancionada la ley y lleva el bioetanol del 12% al 15% en el mismo plazo. Para el bioetanol se mantienen seis puntos porcentuales para la caña de azúcar y seis para el maíz, mientras los tres puntos restantes quedan abiertos.
En biodiésel, el dictamen había establecido que, una vez alcanzado el corte del 10%, 6,5 puntos quedarían inicialmente reservados para las empresas no integradas y 3,5 puntos pasarían a un segmento abierto, en el que podrían competir empresas integradas y no integradas. En 2029 la relación prevista era de 5,5% y 4,5%, respectivamente, y en 2030, de 5% y 5%. El texto dictaminado reducía luego la participación reservada para las no integradas al 3% desde 2031 y hasta fines de 2035, pero en las negociaciones posteriores se acordó elevar ese piso final del 3% al 4% hasta 2036.
Frente a ese esquema, Cepreb aclaró en su carta que no se opone a la actualización del régimen, al aumento del corte de biodiésel ni a una mayor competencia, pero reclamó para las pymes regionales un tratamiento equivalente al que, según planteó, reciben otros segmentos. En particular, mencionó el caso del bioetanol de caña de azúcar y el de las plantas de biodiésel de Santa Fe.
La cámara señaló que el proyecto reserva un volumen del 6% para el bioetanol elaborado con caña de azúcar y afirmó que ese porcentaje incluso supera el volumen que actualmente abastece ese sector. A la vez, cuestionó la segmentación de las plantas de biodiésel según su grado de integración y sostuvo que ese mecanismo permitiría aumentar la participación de las compañías radicadas principalmente en el complejo aceitero santafesino. Según Cepreb, las pymes regionales que representa son el sector cuyos reclamos no fueron contemplados en el diseño del nuevo esquema.
“Compartimos con usted una convicción de fondo: no venimos a defender privilegios ni a pedir mercados cerrados. Estamos de acuerdo con modernizar el régimen, con elevar el corte de biodiésel y con avanzar hacia una mayor competencia. Lo que le pedimos, con humildad y con firmeza a la vez, es igualdad de trato con otros sectores como el Bioetanol de Caña y como las plantas de biodiésel de Santa Fe”, dijo la entidad.
Cepreb sostuvo que el proyecto mantiene segmentos, asignaciones y precios de referencia y, por esa razón, rechazó caracterizarlo como una desregulación completa. Según la cámara, el esquema podría concentrar una mayor parte del mercado interno en empresas vinculadas con el complejo aceitero de Santa Fe. Esa es una interpretación planteada por la entidad en la carta.
Cepreb indicó que el aceite de soja representa cerca del 80% del costo de producción del biodiésel y señaló que las empresas integradas que producen ese insumo podrían competir en el nuevo mercado con las pymes que actualmente deben comprárselo. La entidad agregó que las plantas regionales tienen además costos de transporte por estar ubicadas lejos del área portuaria.
Planteó un cuestionamiento relacionado con la ley 27.640, cuyo régimen tiene vigencia hasta 2030. Explicó que las empresas realizaron inversiones de largo plazo sobre la base de ese marco regulatorio y de los criterios de localización y tamaño establecidos por el Estado. Por eso sostuvo que reemplazar el régimen antes de su vencimiento modificaría las condiciones sobre las que se tomaron esas decisiones de inversión.
Cepreb señaló que la producción de biodiésel permite continuar la industrialización de la soja dentro del país y afirmó que la actividad tracciona a unas 400 extrusoras del interior y sostiene miles de puestos de trabajo en ciudades pequeñas y medianas.
“Señor Presidente: le escribimos quienes producimos, invertimos y damos trabajo en el interior de la Argentina. No le pedimos que nos regale nada. Le pedimos que no se nos condene a desaparecer con la firma de una ley que, en nombre de la libertad, nos quita la posibilidad de competir. Le pedimos, sencillamente, la oportunidad de seguir existiendo. Estamos convencidos de que hay una salida que honra sus convicciones y, al mismo tiempo, preserva a nuestras empresas y a nuestra gente. Quedamos a su entera disposición, y a la de sus funcionarios, para exponerla con el detalle técnico que usted estime necesario”, indicó.
Como alternativa al esquema que se negocia en el Congreso, propuso llevar el corte obligatorio total de biodiésel al 12,5%, porcentaje que ubicó como punto intermedio entre el 10% previsto en el proyecto y el 15% reclamado por sectores productivos. Su planteo consiste en reservar 5% para las pymes regionales situadas a más de 80 kilómetros del puerto de Rosario, 2,5% para las empresas no integradas del cordón portuario y otros 5% para un segmento de libre mercado en el que puedan ingresar las grandes aceiteras integradas, que, según la entidad, actualmente tienen 0% del mercado interno de biodiésel.
Dicen que “con esa distribución podrían incorporarse las empresas integradas al mercado interno y, al mismo tiempo, mantenerse un espacio para las plantas regionales”. También planteó que su propuesta permitiría reemplazar los cupos y precios determinados por el Estado por competencia dentro de cada uno de los segmentos y argumentó que la segmentación busca evitar que las compañías que controlan el principal insumo puedan desplazar a quienes deben comprárselo.
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